Denuncia el PAN “una etapa más de acoso e intromisión”

25 mayo 2010
Noticias de Yucatán

“Del fraude se pasó a la tortura”, dicen en la capital del país
25/05/2010

El presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, denunció públicamente ayer en la capital del país lo que llamó “una etapa más de acoso e intromisión” de la gobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco.

—La gobernadora de Yucatán ha pasado del fraude electoral a la tortura, tenemos acreditados hechos de tortura contra dos miembros de Acción Nacional —aseguró Nava Vázquez, en una rueda de prensa en que lo acompañaron José González Morfín, secretario general del PAN, y Hugo Laviada Molina, senador yucateco del mismo partido.

El líder panista hizo referencia a los hermanos Hugo y Michel Caballero Rodríguez, quienes el 8 de mayo fueron detenidos en Komchén por agentes de la policía estatal, ya que, según la Procuraduría local, iban a “reventar” la elección del pasado 16 de mayo.

Ambos hermanos fueron detenidos en compañía de otros sujetos, quienes al igual que los primeros fueron arraigados por la Procuraduría por un periodo de 30 días.

Desde la ciudad de México, Nava Vázquez relató lo ocurrido a los hermanos Caballero Rodríguez, quienes según documentos oficiales, han sido torturados y amenazados de muerte en el centro de arraigo de la Procuraduría local.

El dirigente panista exhibió un documento expedido por una autoridad judicial federal en Mérida, en el que constan las lesiones a causa de la tortura que presentan ambos hermanos.

Nava Vázquez exigió a la gobernadora Ortega Pacheco la liberación inmediata de los arraigados y su presentación ante la opinión pública.

—Interpondremos una demanda para revertir la elección en el estado ya que existen los elementos necesarios para hacerlo —apuntó.

Por su parte, Hugo Laviada hizo un recuento de la detención de los arraigados y aseguró que las heridas de éstos estaban infectadas y despedían mal olor, según relatos de los familiares de los detenidos.

El senador yucateco se quejó además de que hasta el momento la Procuraduría no ha permitido que ningún médico legista revise a los arraigados durante el tiempo de su detención.
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