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Esta es la misma estrategia seguida por los hermanos López Cortés para facturar $17.2 millones a la Coordinación de Comunicación Social en los últimos tres años, como publicamos ayer en la primera entrega de este reportaje.
Los desvíos
Sueños
Estos fundaron su primera compañía, Ancoa SA de CV, el 26 de febrero de 2007. Uno de sus socios, Francisco Javier Aragón Montalvo, aportó $450,000. El otro, Andrés Avelino Coaña Ojeda, secretario de la ABY, dio $50,000. El objetivo social de la compañía, según su acta constitutiva, es la participación "en todo tipo de proyectos de ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, estructuras metálicas, de concreto", etcétera, así como la construcción de hoteles, hospitales y toda clase de edificios. También la renta, compra y arrendamiento de maquinaria de construcción y la construcción de carreteras, autopistas y sistemas de drenaje.
Servicios
Periodistas de Central 9 trataron de averiguar el nombre y localización de algunas obras realizadas por esta compañía, entre industriales de la industria de la construcción de Yucatán, pero el intento fue infructuoso: nadie la conoce y ni siquiera aparece en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal.
No obstante, en 2008 Ancoa SA de CV emitió cuatro facturas de $164,000 cada una, para hacer un total de $656,000 ese año, por servicios muy alejados de sus objetivos marcados en su propia acta constitutiva. Cobró esa cantidad por "cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo", el concepto preferido por la CGCS para disfrazar el pago de servicios al parecer inexistentes.
En 2009, Ancoa expidió un sólo recibo, de $492,000, por "servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2008". En total esta empresa emitió facturas a la Coordinación de Comunicación Social por $1.148,000.
En el Registro Público de la Propiedad el principal accionista de Ancoa, Aragón Montalvo, declaró tener su domicilio en el predio No. 493 de la calle 27, de Itzimná, en el que actualmente se puede ver el siguiente letrero en su entrada: "despacho jurídico". Sin embargo, el local está cerrado hace varios años.
Pistas
En ese sitio funcionó la oficina del abogado Alfredo Espejo Sánchez, quien estuvo en la cárcel en 2004, en la ciudad de México, por denuncias de fraude hechas en su contra por uno de sus antiguos clientes, Ricardo Nevares Ocampo. Espejo salió libre por falta de elementos, un año después.
Nevares Ocampo también estuvo preso en el Distrito Federal, a fines de la década de los noventas, acusado por la Procuraduría General de la República de defraudación fiscal. Nevares tuvo relación con el caso de la Arrendadora Havre, ya que en su calidad de asesor del Grupo Havre concedió indebidamente préstamos, realizó operaciones de factoraje y consiguió créditos preferenciales para otorgarlos ilícitamente a empresas inexistentes, según la PGR.
En esa época, Espejo Sánchez era uno de los principales asesores de Nevares Ocampo en Mérida. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencias para relacionar a Aragón Montalvo con el abogado Espejo, que dejó de vivir en Mérida hace más de tres años. Entre ambos el único vínculo conocido es el domicilio abandonado de Itzimná, donde, sin duda, no funciona alguna empresa constructora de hoteles u hospitales y es el único domicilio conocido de Aragón Montalvo.
Respecto al otro socio de Ancoa, Andrés Coaña Ojeda, secretario de la Asociación de Billaristas de Yucatán (ABY), el presidente de esa agrupación, Salvador Guillermo Chapa Zapata, dijo a Central 9 que no sabe dónde localizarlo. "Dejé de verlo desde hace varios años", comentó.
El socio de Coaña Ojeda, Aragón Montalvo, fundó otra empresa presuntamente fantasma, el 21 de febrero de 2007, cinco días antes de abrir Ancoa: Comedimex SA de CV.
Socios
Son dueños de esta compañía, además de Aragón Montalvo, que aportó $49,000 al capital social de la empresa; Pablo Chi Pech, que dio $551,000. Entre 2008 y 2009, Comedimex facturó a la CGCS un total de $4.150,000, por la prestación de los mismos servicios genéricos caraterísticos de las empresas fantasmas del gobierno: "Servicios de cobertura y publicidad de programas y obras del poder ejecutivo del Estado".
Esta compañía, según la información de la propia CGCS, empezó a emitir facturas "fantasmas" desde octubre de 2007, apenas dos meses después del inicio de esta administración, aunque las cobraría en 2008.
Facturas
Ese año, de acuerdo con la información en poder de Central 9, Comedimex expidió y cobró tres facturas de $200,000; diez de $250,000 y una de $300,000 para hacer un total de $3.400,000, sólo en ese año.
El 17 de febrero de 2009, la empresa expidió la factura 1,328, por $750,000 por "servicio de cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado durante octubre, noviembre y diciembre de 2008".
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Ancoa
Uno de los colegas de Coaña en la Asociación de Billaristas de Yucatán, José Edilberto Piña Ojeda - éste es el segundo vocal y Coaña el secretario - facturó $3,068,500 a la CGCS, entre 2009 y 2010, también por concepto de "cobertura y publicidad de programas y obras". Sin embargo, a ninguno de los dos se les ubica en el medio de la publicidad y la comunicación social en Yucatán, ni tampoco son localizables para los demás socios de la Asociacion de Billaristas, según ha dicho el presidente de esa agrupación, Salvador Guillermo Chapa Zapata.
Piña Ojeda emitió ocho facturas de $87,500 en 2009, una de $125,000, una más de $200,000, otra de $280,000 y dos de $420,000, para sumar un total de $2.145,000.
Cuentas
En 2010, este presunto proveedor de la CGCS expidió una factura de $200,000, otra de $300,000 y una más de $423,500, para hacer un total de $923,500. El monto facturado puede ser mayor porque la información en poder de Central 9 sólo abarca el periodo de enero a septiembre de 2010.-
Crece en esta administración el pago de facturas por supuestos servicios.
Cálculo
Según una investigación de Central 9, sólo en la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del Estado se calcula un desvío de alrededor de $135 millones.
Beneficiarios
Participan en este mecanismo por lo menos 74 entidades
Responsables
Muchas de ellas son compañías de reciente creación o en estado de quiebra, o personas físicas con actividad empresarial.
Indicios
Hay indicios para presumir que esta práctica no es privativa de la Coordinación de Comunicación.
Red
Al parecer, se extendería a muchas otras dependencias del gobierno de Yucatán
