El juicio popular es el que vale

29 junio 2013
Noticias de Yucatán ()

Daniel Jesús Carrillo Polanco

A dos años de la represión

El próximo jueves se cumplen dos años de que ocurrió un acto de barbarie en Mérida, en un punto de la ciudad que sólo una mente con visión absurda pudo denominar como “Glorieta de la paz”.
Un hecho sumamente lamentable que manchó de sangre a nuestra querida Mérida, y que hasta el día de hoy, pese a las evidencias en fotos, vídeos, testigos presenciales, y denuncias, el caso sigue en la absoluta impunidad.
Y seguirá así como una prueba determinante de que el sistema de administración de justicia estando en manos del PRI-Gobierno no es para los ciudadanos, sino para proteger a sus huestes, como efectivamente ha ocurrido.
La impunidad ha sido no sólo para los gamberros golpeadores quienes ejecutaron órdenes -porque es obvio que no actuaron por cuenta propia-, sino también para los autores intelectuales.
En un escrito que dirigió al Diario la ex alcaldesa priista, quien ha sido señalada una y otra vez de manera pública como autora intelectual de los hechos, se limitó a señalar lo siguiente:
“En cuanto a los lamentables hechos de la glorieta de la Paz, es pertinente recordar que en nuestro Estado de derecho el que acusa tiene la obligación de probar, por lo que quien presuma tener evidencias de cualquier acción ilegal debiera acudir a las instancias correspondientes a fin de aportarlas, pues de lo contrario caería en complicidad o cuando menos en difamación”.
Es fácil salirse por la tangente pidiendo que se presenten pruebas y se denuncie, y más para quien tiene la seguridad de que la “administración de justicia” está de su lado. Al respecto, es importante recordar, pues la amnesia está presente, los siguientes hechos.
El lunes 25 de julio de 2011, el Diario de Yucatán publicó: “En las denuncias penales sobre la violenta represión del 4 de julio la presidenta municipal, Angélica Araujo Lara, es señalada como una de las responsables del hecho, pero la Fiscalía rehusó asentarlo en el acta, a pesar de la insistencia de los denunciantes, dijo el agredido Alberto Arjona Ordaz, uno de los agredidos e integrante del Frente Cívico Familiar”.
Arjona Ordaz expuso: “También solicité, infructuosamente, poner en el acta que hubo tentativa de homicidio, pues vehículos de la Comuna, con los colores y emblema de esta administración, se lanzaron contra nosotros”.
¿Así o más claro sobre la terrible y parcial actuación de la Fiscalía?
Otro hecho que comprobó la parcialidad en el sistema de “justicia” fue la negativa de proceder contra Araujo Lara cuando, el 8 de agosto de 2011, la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado aprobó por mayoría priista, con 5 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que desechó la solicitud de juicio político contra Araujo Lara. Hay cientos de pruebas (fotos, vídeos y audios) y denuncias, lo que no existe es la administración de justicia, que ni siquiera hicieron el intento de valorarlas.
Si durante la agresión, que ocurrió en un lapso de 15 horas, no se activó de modo deliberado el “sistema de justicia priista”, era más que obvio que después menos lo iba a hacer.
Mientras el PRI siga en el poder, lo más seguro es que siga la impunidad jurídica, pero ni la señora Ortega ni la señora Araujo podrán escapar del juicio popular.

Podrán seguir en su postura de que son inocentes y no tuvieron nada que ver con las agresiones, incluso podrán ser eximidas por su sistema de “justicia”, pero son los ciudadanos quienes tienen el juicio final, y ya las han declarado responsables intelectuales de la agresión. Y me parece que así quedará para la historia y durante toda su vida.
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