Ciudad Caucel, en busca de salidas

05 junio 2013
Noticias de Yucatán ()

Nuevo puente en el Periférico, un proyecto en puerta


 Cuatro obras, que tienen un avance de más de 90%, forman la primera etapa de una serie de trabajos con los cuales se busca acabar con el embudo vial que afecta en horas pico a Ciudad Caucel y a vecinos procedentes de otras poblaciones del Poniente.
Esas obras, de las que hemos ofrecido detalles, son la ampliación de 1.5 kilómetros en la avenida que comunica a la capital yucateca con la comisaría del mismo nombre, a la altura de la glorieta que conduce a los fraccionamientos; dos pares viales, para descongestionar la avenida Jacinto Canek, y una calle lateral al final de la avenida Anikabil, que atraviesa el sur de Ciudad Caucel para salir al Anillo Periférico.
Una obra en proyecto, que se podría hacer en 2014, ayudaría a resolver mejor el caos vial: un puente bajo sobre el Periférico, en el entronque con la avenida Anikabil.

Piden cuentas sobre el Isstey

Noticias de Yucatán ()


Una queja por los Cendis revive el caso de una deuda


Una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dio pie ayer a nueva petición de que se aclare la situación financiera del Isstey.
“Que nos digan a dónde fueron a parar los recursos que el gobierno del Estado retuvo y no entregó al instituto durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco”, subrayó el diputado Mauricio Vila Dosal a las puertas de la Comisión.
“El Isstey tiene un quebranto muy grande. Sólo en cuotas que el gobierno anterior no entregó al instituto hay de 1,000 a 1,200 millones de pesos. Ese desfalco tiene nombres y apellidos. Coincidentemente, quien era jefe del despacho de la gobernadora (Ulises Carrillo Cabrera) es ahora director de la dependencia”.
El 4 de abril pasado publicamos que entre 2008 y 2012, durante la gestión de Ivonne Ortega, se desviaron cerca de $1,650 millones del Isstey. Según documentos oficiales, el gobierno cobró a sus trabajadores las cuotas que deben pagar al instituto y los abonos de quienes pidieron préstamos, pero no entregó el dinero. Tampoco pagó sus propias cuotas.
Vila Dosal se presentó a la Codhey para interponer una queja a nombre de madres trabajadoras del gobierno, quienes, según explicó, le plantearon su malestar por la próxima cancelación del nivel de preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Atribuyó la medida a los apuros del Isstey.

“Atentado” a los burócratas

Unas 2 mil familias afectadas por una medida del Isstey


De 1,500 a 2,000 familias resultan afectadas por la cancelación del servicio de preescolar en el Isstey, una medida que es violatoria de los derechos de las madres trabajadoras del gobierno del Estado, declaró el diputado Mauricio Vila Dosal.
En breve entrevista al salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde presentó una queja a solicitud de las madres afectadas, el legislador calificó de atentado a los derechohabientes la decisión del Isstey y recalcó su convicción de que ésta tiene su origen en los problemas económicos del instituto.
Vila Dosal entregó a la Codhey un memorial en el que relata los motivos de la queja y los preceptos legales, algunos basados en tratados internacionales, que la sustentan.
Según explica en el documento, madres de familia afectadas le solicitaron su intervención después de acudir a oficinas del Isstey para pedir información o solicitar la inscripción de sus hijos al nivel de preescolar en el próximo ciclo.
Los encargados de la dependencia les informaron que ya no era posible la inscripción porque se modificaron las normas, lo cual, según indica Mauricio Vila, es falso.
“Esta medida viola la Constitución Política de México y varios tratados internacionales suscritos por nuestra nación”, añade. “También fomenta la discriminación al género femenino y a los menores, que están considerados como grupos vulnerables”.
“También contradice el reglamento del Cendi, que en su artículo 4 dice: ‘Los menores podrán ingresar desde la etapa de lactantes y hasta que concluyan su educación pre-escolar’”.El diputado panista agrega que no se cumple el artículo 20 del reglamento del Cendi, donde se mencionan tres casos en los cuales se suspendería el servicio y en ninguno de ellos se incluye que estas medidas se adoptarán para reducir la deuda que se contrajo en pasadas administraciones, de manera que la arbitrariedad en su ejecución “es totalmente violatoria de las garantías básicas del ser humano, tal como menciona el director del Isstey en repetidas ocasiones en que ha declarado a la prensa”.También dice lo siguiente:”A simple vista es notorio que la Seguridad Social, como garantía de respeto a los derechos humanos, está en franca debacle por parte de la institución encargada de brindarla en Yucatán, el Isstey. La protección de los medios de subsistencia, las prestaciones económicas y servicios sociales son una faltante diaria en esta institución.”El Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad social mediante el servicio público, que se encarga de suministrar el esquema de protección en la forma y términos que establece la ley. Este servicio público es: nacional, definido, contributivo y eminentemente obligatorio”.Posteriormente el diputado local declaró que esperará la respuesta de la Codhey en los plazos legales. En caso de que no sea así recurrirá a otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).También afirmó que presentó la queja a nombre de las madres trabajadoras porque éstas han sido amenazadas con el despido laboral si hacen pública su inconformidad.-

Ayuntamiento denuncia a Angélica Araujo por las luminarias

Noticias de Yucatán ()


El alcalde Renán Barrera anunció hoy en rueda de prensa la presentación de una denunciaen la Fiscalía General del Estado en contra de la ex presidenta municipal Angélica Araujo Lara, el secretario de la Comuna, Álvaro Omar Lara Pacheco, funcionarios municipales, representantes de la empresa AB&C Leasing, que arrendó las luminarias; y del Banco Santander.
En un comunicado de la comuna se precisa que el alcalde Renán Barrera Concha externó su confianza en que los hechos denunciados por el Ayuntamiento sean juzgados, de manera objetiva, que la sociedad los conozca y que nunca más vuelva a pasar lo sucedido en el municipio durante la anterior administración municipal.
—Cumplimos con los compromisos financieros, disminuimos el gasto, recuperamos el espacio de diálogo con los ciudadanos… –expresó.
Barrera Concha calificó el contrato de arrendamiento de las luminarias como “un capricho muy costoso” ya que representaría un gasto de más de $450 millones. Anticipó que en el momento de la conferencia de prensa estaba reunido el Consejo Ciudadano que se instaló para acompañar y vigilar el proceso de adquisición de las nuevas luminarias para revisar las propuestas de las empresas que buscan proveer las lámparas del sistema de alumbrado público, el cual será propiedad del Ayuntamiento.
—El Ayuntamiento cumple hoy nuevamente una instrucción que nos dio el Cabildo al presentar las denuncias correspondientes, con posibles hechos delictuosos, en el tema relativo a las luminarias –manifestó—. Cumplimos con presentar en las instituciones de justicia el análisis de todos estos procesos que ocurrieron en la administración pasada para que juzguen de manera expedita todo lo que consideren sobre este caso… Todos los ciudadanos merecen saber si hubo dolo, mala fe, alianza ilegal, malas decisiones administrativas, daño al patrimonio municipal.
—No queremos luchas innecesarias, pleitos y tampoco enconos, mucho menos cazar brujas…, ya no estamos en la Edad Media –abundó—. Queremos que los hechos sean analizados, que se juzguen imparcialmente.
En la rueda de prensa, la directora de Gobernación, Lizette Mimenza Herrera describió los motivos que ocasionaron la denuncia así como el sustento legal.
También estuvieron presentes el Oficial Mayor Mario Martínez Laviada y Rafael Pinzón Miguel, subdirector de Gobernación.

El contenido de la denuncia  contra la administración anterior

El Ayuntamiento de Mérida, por medio de su apoderado legal, José Rodrigo Osorio Cáceres, interpuso hoy ante la Fiscalía General del Estado, formal denuncia y/o querella en contra de la ex alcaldesa Angélica del Rosario Araujo Lara, Alvaro Omar Lara Pacheco, ex secretario de la Comuna; Carlos Ariel Bastarrachea Lara, Jorge Emilio Barrera Jure y Raúl Jesús Ricalde Zárate, ex directores de Finanzas y Tesorería, de Servicios Públicos Municipales y de Administración, respectivamente, en la anterior administración, como responsables de la comisión de hechos de carácter posiblemente delictuosos, en perjuicio y detrimento del Ayuntamiento y los ciudadanos del Municipio de Mérida.
También fueron denunciados por el mismo asunto representantes de la empresa AB&C Leasing, arrendadora de las de 82,430 lámparas que debió instalar en Mérida y por las que en 60 meses la Comuna le pagaría  $468,821,323.08 a razón de $7,813,688.71 al mes, así como funcionarios del Banco Santander, y la corredor público No. 1 de Guadalajara, Rocío A. Velasco Galindo.
El punto principal de la denuncia radica en las numerosas irregularidades que se cometieron con el contrato de factoraje mediante el cual se autorizó al banco a adquirir los derechos de cobro de proveedores, respecto de los créditos del Ayuntamiento por este asunto.
En la denuncia se precisa que el factoraje se aceptó sin el consentimiento del Ayuntamiento a pesar de que una de las cláusulas del contrato de arrendamiento con AB&C Leasing se asentó que los derechos y obligaciones que se deriven de ese instrumento no podrían cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier persona, exceptuando de dicha disposición los derechos de cobro, estipulándose que en ese supuesto debía contarse con el consentimiento por escrito del H. Ayuntamiento.
Para poder realizar el factoraje, los ex funcionarios municipales, incluyendo a la entonces alcaldesa, no solicitaron la aprobación del Cabildo, en contravención a lo que obliga el artículo 55, fracción XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
Fueron 16 los contratos de prenda  de las luminarias –signados en esta ciudad el 11 de abril de 2011—, mediante los cuales AB&C Leasing otorgó en prenda a Banco Santander todas las lámparas, para lo cual Araujo Lara, Lara Pacheco y Bastarrachea Lara acudieron para dar “el consentimiento del Ayuntamiento de Mérida” al otorgamiento de dicho contrato, mediante el cual se autorizó al Banco para descontar, con cargo a una cuenta de cheques del Ayuntamiento ante esa institución, el importe de la renta mensual de las lámparas, con lo que el Ayuntamiento de Mérida sufrió un daño en su patrimonio al verse obligado a pagar cantidades por un arrendamiento de menos bienes que los acordados con AB&C Leasing.
Esos contratos fueron “ratificados” el 29 de abril de 2011 ante Velasco Galindo en la ciudad de Guadalajara, inexplicablemente y ocasionando gastos innecesarios.
Por otra parte, en diferentes fechas, fueron suscritos en el Distrito Federal, también sin autorización del Cabildo, 16 contratos de prenda de luminarias.
En la denuncia se hace hincapié que en buena parte de los contratos de prenda, a simple vista se nota que las fechas de las supuestas suscripciones se encuentran entrelineadas o fueron insertadas en textos previamente impresos, lo que hace presumir que los documentos fueron elaborados en una sola fecha con la firme intención de obligar al Ayuntamiento de Mérida en términos desventajosos y evidentemente favorables a Banco Santander y AB&C Leasing.
Estos contratos del Distrito Federal fueron “ratificados” en fechas posteriores a su suscripción, de nuevo recurriendo a la fedataria Velasco Galindo en Guadalajara, pero cuando Araujo Lara y Lara Pacheco se encontraban en esta ciudad, a miles de kilómetros de distancia, y con sólo unos minutos de diferencia entre la hora consignada en la certificación y aquéllas en las que ambos funcionarios estuvieron presentes en Mérida en sesiones de Cabildo.
—El 1 de junio de 2011, a las 15 horas, se realizó la ratificación en Guadalajara. A las 18 horas, Araujo Lara como Lara Pacheco participaron en sesión extraordinaria de Cabildo.
—El 20 de septiembre de 2011, la ratificación en Guadalajara se hizo a las 11:15 horas, pero a las 12 ambos funcionarios presidieron en el Instituto Tecnológico de Mérida una sesión solemne de Cabildo con motivo del aniversario de esa institución educativa.
—La ratificación del 6 de diciembre de 2011fue a las 14:15 horas, pero entre las 13 y 13:50 horas, los dos regidores se encontraban en sesión extraordinaria de Cabildo, por lo que sólo necesitaron de 25 minutos para llegar de Palacio Municipal a las oficinas de la fedataria en Guadalajara.
Ante tan evidentes irregularidades, se deduce que no fueron mas que documentos redactados a modo, tiempo y conveniencia.
Se concluye que los regidores y funcionarios municipales modificaron las condiciones de un contrato favoreciendo a personas ajenas al Ayuntamiento y con el fin de comprometer ilegalmente dinero del erario municipal por un período mayor al de su administración y a favor de sujetos distintos al Ayuntamiento de Mérida, y se confabularon con funcionarios ajenos al Ayuntamiento de Mérida para suscribir indebidamente diversos contratos mediante simulaciones, haciendo constar en documentos públicos hechos falsos,

No cobrará, por ahora Altabrisa

Noticias de Yucatán ()

Nuevo rechazo a esa pretensión en las redes sociales


A través de sus cuentas en Facebook y Twitter, Plaza Altabrisa anunció que por ahora no cobrará el estacionamiento y, en caso de hacerlo, avisará a la sociedad.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como informamos ayer, falló a favor de Altabrisa para que pueda cobrar, aunque aún debe acordar con la Comuna el monto de la tarifa.
En su comunicado, el centro comercial afirma que sus clientes no deben preocuparse del cobro “y todos los comentarios sobre este tema son rumores.
“Pueden estar seguros de que en caso de que esto se fuera a poner en marcha se les avisaría con antelación sobre el proceso y consideraciones al respecto”, asevera la plaza comercial.
El anuncio de que Altabrisa cobraría el estacionamiento desató nueva ola de rechazo en las redes sociales.

Incertidumbre por un cobro

Rechazo y dudas por una decisión en Plaza Altabrisa


Un llamado al boicot hecho en Twitter y Facebook, confusión entre los condóminos, escasa información de los administradores de la plaza, la incógnita sobre cuándo dejará de ser gratis el estacionamiento y cuánto se cobrará por el servicio fue el panorama ayer en Plaza Altabrisa.
La noticia de que ese espacio cobrará a quien estacione su vehículo ahí causó revuelo en las redes sociales desde el lunes por la tarde y se intensificó ayer.
Abundó el rechazo a esa decisión y los llamados a no visitar ese centro comercial y comprar bienes y servicios en otras plazas.
Incluso un diputado federal se unió a la convocatoria de boicot. Sergio Chan Lugo, del PAN, difundió un mensaje en Twitter opinando que si la población se une contra esa medida entonces la plaza comercial dará marcha atrás.
En las oficinas administrativas de Altabrisa no fue posible hablar con directivo alguno. Una secretaria, amable, dijo que aún no se cobrará el estacionamiento y desconoce cuándo entraría en vigor esa decisión, ya que eso corresponde a directivos de la ciudad de México, donde hay oficinas del Grupo Carso, accionista principal del inmueble.
Debido a lo anterior tampoco se sabe la tarifa.
El alcalde Renán Barrera reiteró, vía Twitter, que el Ayuntamiento no autorizó el alza, pues se opone a ella.
Entre propietarios de tiendas de ropa, centros de diversión, establecimientos departamentales, restauranteros, los encargados de los cines y otros establecimientos de ese lugar hay confusión al respecto, debido a que no han recibido información oficial del tema.
Los empleados y los que rentan los locales de la plaza se preguntan si ellos también pagarán la cuota o les darán descuento. Especulan además si la cuota será la misma en el estacionamiento exterior y en el subterráneo.
Predomina la opinión respecto a que las empresas establecidas ahí no podrán cargar con el costo del estacionamiento de sus clientes. Serán pocos los que sellen los boletos de sus compradores para que éstos no paguen el estacionamiento.
Hay temor de que baje el flujo de visitantes a ese edificio comercial y se reduzcan las ventas. Los entrevistados afirmaron que ayer no se reflejó gran variación en el flujo de gente al lugar.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, José López Campos, dijo que ninguno de sus socios establecidos en Altabrisa se ha quejado del problema, pero sí han manifestado preocupación por el impacto económico que sufrirían con el cobro del servicio citado y por la posibilidad de que se reduzca la clientela.
-Debido a que junio, julio y agosto son meses bajos para el comercio local, los locatarios no podrán absorber el costo de ese servicio -indicó-. Hay además el temor de que el cobro del estacionamiento se generalice a otras plazas ubicadas en zonas con menor poder adquisitivo que caracteriza a la del Norte, donde está Altabrisa.
López Campos señaló que hay otras ciudades del país donde se cobra el estacionamiento en las plazas comerciales, y recordó que en Mérida ya hubo un intento de hacer lo mismo, en Plaza Las Américas, pero la presión social hizo desistir a los administradores.
A su vez, el regidor priista Jorge Dogre Oramas manifestó que es lamentable que el alcalde Renán Barrera carezca de un equipo jurídico capaz y preparado, pues esta deficiencia hace que pierda juicios en el tribunal contencioso administrativo.
La consecuencia de ello, añadió, es que se permita hacer “cobros indebidos que afectan a todos los meridanos, como es el caso de Plaza Altabrisa”. Luego recomendó al actual gobierno municipal preguntar a funcionarios de la administración anterior cómo hizo para clausurar las casetas que se instalaron en Plaza Las Américas y así evitar el cobro.
-No quiero pensar que el actual gobierno se haya puesto de acuerdo con los propietarios para que estos demanden al Ayuntamiento y éste, por medio de la directora de Gobernación, Lizette Mimenza, hiciera una débil defensa, se lavara las manos y acusara al Tribunal de haber dado el permiso

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