Se lavan las manos priistas sobre turismo electorero

04 julio 2013
Noticias de Yucatán ()

Carlos Sobrino Argáez, subsecretario general del gobierno del Estado, declaró que ignora las acusaciones que se hacen en su contra sobre el supuesto “Plan Primavera”, por lo tanto, no tiene nada que declarar al respecto.
Jorge Sobrino Argáez, presidente del comité municipal del PRI en Mérida y diputado local, también aseguró que ignora las acusaciones que hacen los panistas contra su hermano Carlos.En la edición Yucatán del Diario se informó que, según Daniel Ávila Ruiz, senador del PAN, el “Plan Primavera” para llevar electores de Yucatán a votar en Quintana Roo fue orquestado por Carlos Hernando Sobrino Argáez, subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político; Reyes Porfirio Cortés Pech, subcontralor de Programas Federales, y directivos locales del PRI, llegando hasta la propia Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán.
Entrevistado al respecto, el subsecretario reiteró que no tiene nada que declarar al respecto y pidió que si se tienen pruebas de lo que dicen en su contra las presenten ante las instancias que consideren y que las autoridades correspondientes resuelvan el caso.

Nueva defensa de la compra de luminarias

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El Cimey respaldala adquisición de las luminarias


El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán (Cimey), Jorge García Valladares, refuta la afirmación de los regidores del PRI según la cual las lámparas que recientemente adquirió el Ayuntamiento, mediante el proceso de adjudicación directa, tengan precios inflados.
El proceso tuvo tantos filtros que es difícil creer en una suposición de ese tipo, explica.
La denuncia de los precios inflados, añade, es más una suposición para desviar la atención del verdadero problema, que se centra en que las lámparas de inducción magnética, arrendadas por la administración anterior a ABC Leasing, “no cumplen con la aplicación para las que fueron adquiridas”.
En el Cimey estamos seguros de que el proceso de adjudicación fue “exitoso y transparente”, tanto que en el resto del país se ha convertido en “la punta de lanza y en ejemplo para otras ciudades que afrontan problemas con luminarias fraudulentas”, dice García Valladares.- HERNÁN CASARES C.

Defensa | Autoridad
El Cimey aglutina a los ingenieros mecánicos y electricistas del Estado.
Antecedentes
Fue la primera organización profesional en advertir el grave error de cambiar las luminarias en el gobierno anterior.
Otros grupos
Además del Cimey, la Coparmex y la Canaco también han defendido el proceso de adjudicación directa para comprar las nuevas lámparas.

El precio que da el PRI, “incompleto”

Sus acusaciones no tienen sustento, dicen especialistas

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Yucatán (Cimey), Jorge García Valladares, miembro del Consejo Ciudadano que vigiló el proceso de adjudicación de 62,000 luminarias por parte del Ayuntamiento, dice que es falsa la acusación del PRI, de que esa compra se hizo a precios inflados.
“No es lo mismo comprar una lámpara al contado en el mostrador de una tienda, como hizo el PRI para sustentar su acusación, que miles de ellas, financiadas a 24 meses”, dice el directivo.
Como informamos, el 26 de junio, el presidente municipal del PRI, Jorge Sobrino Argáez, y los regidores de este partido denunciaron que el gobierno de Renán Barrera Concha habría comprado 60,000 lámparas de vapor de sodio de 100 watts y 12,000 de 150 watts, mediante el proceso de adjudicación directa, casi al doble de precio de otras lámparas de las mismas características, adquiridas en abril por la Comuna, como stock de reposición.
Sobrino y los regidores dijeron que adquirieron una lámpara similar a éstas que el Ayuntamiento compró en abril, de 100 watts -en la tienda de material eléctrico Promessa- y pagaron por ella $1,183, cuando Barrera Concha las compró en $2,097, dos meses después.
En total, juntando las 62,000 luminarias, los priistas calculan un desvío de casi $67 millones.
El precio que dan los priistas es incompleto, dice García Valladares. “No incluye, por ejemplo, el costo del financiamiento, el seguro -que en este caso es de cinco años, y no de tres, que es lo normal-, el costo por subir y bajar las lámparas y almacenarlas, etcétera.
Dudas
“Además, si Promessa ofrece lámparas tan baratas, ¿por qué no participó en el proceso de adjudicación?”, pregunta el dirigente. “Y más aún, ¿por qué los regidores del PRI no propusieron el nombre de Promessa para participar en el proceso?”
“Cualquiera que haya estado cerca del proceso de adjudicación sabe que era muy difícil manipular los precios de los equipos, porque el Consejo Ciudadano estableció muchos filtros, entre ellos calificar las propuestas primero en base a su propuesta técnica y luego, si se aprobaba ésta, a su propuesta económica. La información se presentó en sobres cerrados, que se abrieron a la vista de todos los participantes”.
Según García Valladares, tal parece que denuncias sin sustento como ésta se hacen para desviar la atención del verdadero problema de las luminarias. Este, explica, trata del millonario arrendamiento de 82,000 lámparas de inducción magnética realizado por la Comuna anterior, que “no cumplen con la aplicación para la que fueron adquiridas”.
“El asunto no es si encienden o no encienden, sino que los equipos de ABC Leasing no se ajustan a la norma establecida, ni dan los niveles de iluminación y uniformidad que se requieren en el alumbrado. Ese es el tema central”. Continuará.- HERNÁN CASARES CÁMARA
Sobrino Argáez | Datos
Jorge Sobrino Argáez fue regidor de la Comuna con Angélica Araujo Lara.
Carrera
Actualmente es diputado local y presidente del PRI en Mérida.
Ligas
Fue regidor con Angélica Araujo, señalada como la principal responsable del cambio de luminarias, que propició la caída del sistema de alumbrado de la ciudad y una polémica sobre el presunto desvío de cuantiosos recursos públicos.

El PAN: Siempre será día de luto

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Los autores de la golpiza se cubren entre sí, afirma


Aunque sectores de la sociedad acusan directamente a Ivonne Ortega y Angélica Araujo como las responsables de la represión del 4 de julio, el PAN dice que no puede afirmar que ellas ni el PRI ordenaron, dirigieron u organizaron esos hechos.
Sin embargo, considera que fue una acción “orquestada” y que los autores se cubren y protegen entre sí.
En rueda de prensa, los presidentes estatal y municipal del PAN, Hugo Sánchez Camargo y Gerardo Bolio de Ocampo, respectivamente, expusieron lo siguiente:
-La violenta represión fue orquestada por autoridades priistas para cumplir su capricho de construir una obra sin viabilidad, carente de estudios de factibilidad ignorando la desaprobación ciudadana al respecto.
-Condenamos el cinismo con que Angélica Araujo e Ivonne Ortega intentaron, pese a las evidencias, presentar como culpables a los ciudadanos.
-Exhortamos a los órganos de impartición de justicia a que, con las evidencias que tienen de grabaciones, testimonios y denuncias, consignen a los agresores plenamente identificados.
-Que el gobernador Rolando Zapata se pronuncie sobre esos hechos, no sea tapadera de Ivonne Ortega y ponga fin a la impunidad.
-El 4 de julio siempre será recordado como un día de luto para la sociedad meridana. En esa fecha se vulneraron derechos elementales de la población que fortalecen la vida democrática.

Mucha actividad en la víspera del aniversario de la represión

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La víspera del segundo aniversario de la golpiza registrada en el llamado paso deprimido fue de mucha actividad en esa glorieta, donde se vio a trabajadores del Ayuntamiento en labores de reforestación, a una empresa privada cambiando una cámara de vigilancia y a integrantes de grupos civiles invitando, por medio de mantas, a las actividades que realizarán hoy para conmemorar el violento suceso. 

La glorieta, muy “activa”

Adornan la zona, anuncian un acto y cambian un "ojo"

En la víspera de otro aniversario de la violenta represión del 4 de julio, el paso deprimido y la glorieta de ese lugar lucieron ayer, desde muy temprano, con mucha actividad.
Hubo actividad del Ayuntamiento y del gobierno estatal, así como de ciudadanos inconformes con las agresiones y violaciones a derechos ocurridos ahí hace dos años.
Uno de los tres grupos que se vio ahí acudió a terminar de embellecer la zona, y otro fue a cambiar una de las cámaras de vigilancia de la glorieta pues instaló otra que realice mejor esa tarea.
El tercer grupo colocó dos mantas en uno de los puentes peatonales que pasan sobre el túnel. Una mostraba fotografías de manifestantes sangrando o siendo atacados el 4 de julio de 2011.
La otra tenía la leyenda “4 de Julio no se olvida” e invitaba al público a una manifestación que se realizará hoy en ese sitio, a partir de las siete de la noche. También llevaba los nombres de las agrupaciones convocantes.
Poder Ciudadano, Colectivo 4 de julio, Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio, Frente Cívico Familiar, Red de Maestros, Líderes en Acción, Libre Pensadores de México, Sociedad en Movimiento y Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión son los que invitan a manifestarse.
Las dos mantas estuvieron poco tiempo en exhibición. Las personas que las llevaron las retiraron antes del mediodía por temor a que “alguien se las robe”.
Respecto a la instalación de la nueva cámara de vigilancia, a comerciantes de la zona llamó la atención la premura para realizar ese trabajo. Se preguntaron por qué se quiere tener listo ese equipo antes del aniversario de la golpiza.
Indicaron que la cámara de ese lugar se dañó desde hace un mes, el 3 de junio, a raíz de un accidente automovilístico en la zona.
El Diario publicó que, según la policía, el accidente causo pérdidas de cerca de $300,000 y dejó sin señal a las dos cámaras de vigilancia que la SSP tiene instaladas en ese sector pues el impacto causó desperfectos en la instalación.
Incluso una de las cámaras fue derribada y quedó a poco más de 15 metros del poste donde estaba colocada.
Ayer una empresa acudió con un vehículo con grúa a instalar el nuevo ojo vigilante del gobierno.
En la zona también se vio a cuadrillas de trabajadores del Ayuntamiento que se afanaban en terminar una costosa jardinería que lucirá el derredor de la fuente y otras zonas de la glorieta.
En las aceras hicieron pocetas para sembrar palmas, y en las zonas de jardines terminaron de colocar amplia variedad de árboles y plantas de coloridas flores.
Esa tarea abarca unos 100 metros cuadrados de césped y de vegetales de ornato. El lugar tenía unas 100 plantas y ahora, según la Comuna, se colocaron más de dos mil, entre flores, plantas de bajo tamaño y árboles.
La glorieta tiene ahora ejemplares de mariposa cubana (450 piezas), árbol pata de vaca (8), palma de cocoyol (5), palma de datilero de Senegal (16), petunia morada y blanca (1,000), y planta de platanillo color coral (740).
Los trabajos estuvieron a cargo de 17 empleados y debieron estar listo el pasado día 28.
El Ayuntamiento no informó la inversión de esa tarea.

Ya no es Glorieta de la Paz

Ediles del PRI votan en contra de la propuesta

Ante las solicitudes para eliminar el nombre de Glorieta de la Paz impuesto durante el gobierno de Angélica Araujo, el Cabildo aprobó ayer por mayoría revocar esa denominación creada un año después de la represión.
Los ediles que integran la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas analizarán si es viable ponerle nuevo nombre.
La denominación Glorieta de la Paz está impresa en una placa instalada en ese lugar durante la inauguración del polémico paso deprimido.
Al discutirse ayer ese tema los ediles del PAN y el PRI se enfrentaron respecto a la conveniencia o no del cambio.
Los priistas votaron en contra, con el argumento:
-No se debe politizar o tomar como bandera política un hecho tan lamentable que involucró a los ciudadanos.
-Los ediles del PRI apostarán siempre por la tranquilidad social, la unidad y la reconciliación de una ciudad que se caracteriza por la armonía en sus habitantes.
-Este tema no abona en nada a un hecho tan lamentable como el ocurrido. No seremos partícipes en este tema que sólo contribuye al encono y ahondar en las diferencias sociales.

Herida abierta a dos años de la represión en la glorieta

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La sociedad civil lamenta que aún no haya castigo


La obra

Obra polémica, a dos años}


A pesar del tiempo transcurrido, el paso deprimido de Prolongación Paseo de Montejo es una obra polémica y viva en la sociedad meridana, consideró el investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Marco Tulio Peraza Guzmán.

Dice que no hay algún estudio vial que demuestre si el primer túnel de Mérida resolvió o no los problemas de fluidez del tránsito de Circuito Colonias con Prolongación Paseo de Montejo, que fue el fundamento para construir esa infraestructura, o esos problemas se trasladaron a otros puntos viales de ese sector con las modificaciones de circulación en los semáforos y calles cercanas.
“Falta una valoración técnica vial para conocer con precisión si se resolvieron los problemas de fluidez, de accidentes, de horas de tráfico pico y el número de vehículos que pasaban y ahora pasan por el túnel”, indicó el doctor en Arquitectura.
De lo que sí está seguro el investigador, porque la Facultad realizó un estudio, es que la construcción del paso deprimido apresuró el cambio de uso del suelo y ahora hay una transformación comercial y de oficinas ejecutivas que sustituyen a la casa habitación de la zona.
“La circulación de automóviles, el ruido y la inseguridad generada por la vialidad hace que las familias abandonen sus viviendas”, señaló. “Las colonias que sufren estas transformaciones son Buenavista, México e Itzimná. Ya se daba el crecimiento del equipamiento comercial, pero el paso deprimido aceleró ese proceso”.
La franja de la glorieta “está casi muerta” porque hay viviendas en venta y renta, una residencia desapareció y dio paso a un negocio de telefonía y varios comercios antiguos cerraron.
Otro perjuicio que dejó de herencia el paso deprimido es un daño ambiental. Antes la zona de la “Glorieta 4 de Julio” ó “Glorieta de la Paz” tenía confort peatonal y una buena densidad forestal por sus árboles de más de 25 años de antigüedad. Sin embargo, la construcción del túnel ocasionó el retiro de unos 50 árboles y hoy en día la glorieta no recuperó su densidad forestal porque la mayoría de los árboles plantados no vivieron.
“El paso deprimido es una herida abierta en la memoria de la sociedad y sigue dando de qué hablar porque no se ha curado”, subrayó. “El problema será permanente mientras no se subsane el agravio de la golpiza, la imposición y el abuso de poder”.
El doctor Peraza Guzmán consideró que una forma de resarcir el daño a los meridanos es que las asociaciones civiles organicen un referéndum y la sociedad vote sobre el destino final de esa obra de infraestructura. Para él no sería descabellado rellenar el túnel y devolver la antigua imagen urbana de esa zona “porque si el Ayuntamiento está cambiando las luminarias que no funcionaron en el alumbrado público, también puede enterrar el túnel”.
Cree que falta conocer la opinión de los conductores que pasan por el túnel para que relaten sobre la peligrosidad de las subidas y bajadas, si les intimida o no el túnel a la hora de elegir la ruta de trayecto y que los vecinos directamente afectados digan si les causó o no perjuicios.
Las fallas técnicas en la construcción del paso deprimido, como las rejillas recién cambiadas y la reparación de las filtraciones, son descuidos “por no oír a los especialistas”.
Peraza Guzmán recordó que la herida social que causó la obra es porque el Ayuntamiento, que encabezó Angélica Araujo Lara, del PRI, impuso la obra, desoyó a la sociedad, a los organismos ciudadanos y técnicos, orquestó una agresión y demostró que todavía no hay una democracia consolidada.
Recordó que la Fundación Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en Arquitectura (Docomomo) advirtió en una carta a la alcaldesa Araujo que la zona donde construirían el túnel era considerado patrimonio cultural y había un decreto del Ayuntamiento donde la zona está considerada como patrimonio porque data de mediados del Siglo XX. Pero la alcaldesa hizo caso omiso.
Independientemente si el paso deprimido sirvió o no, el doctor en Arquitectura afirmó que el túnel ocasionó un impacto visual, alteró el confort ambiental y desvalorizó la zona. Por ello cree que no en balde cientos de personas defendieron el lugar y se opusieron a la construcción del túnel.
El investigador dice que como colofón de esta polémica obra ocurrió la golpiza que hasta hoy continúa impune porque de 20 denuncias penales no hay una reparación de daño, no hay detenidos ni presos y la Fiscalía General del Estado no ha hecho un balance sobre los resultados de las investigaciones.
“Mucha gente sufrió traumas severas, aquí en la Facultad de Arquitectura hubo jóvenes golpeados que estuvieron enyesados y lesionados”, recordó. “Esa es una deuda pendiente y parte de la herida que no va a cerrar con facilidad”.
El doctor Peraza Guzmán lleva 33 años de trabajo académico en la Uady, 20 de los cuales los ha dedicado a la investigación sobre temas de Centro Histórico y desarrollos urbanos y dice que siempre le interesa lo relacionado al patrimonio cultural de Mérida.

La sociedad civil

Impunidad y justicia politizada

El doctor en Sociología Othón Baños Ramírez, investigador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uady, opinó que hay una impunidad total por la agresión del 4 de julio de 2011 y “eso demuestra que la justicia yucateca está totalmente politizada”.
A dos años de la represión en la glorieta de Circuito Colonias con Prolongación Paseo de Montejo, el doctor Baños Ramírez dice que lo más importante que dejó la obra y la represión fue la participación ciudadana.
“Quisiera ver esa participación ciudadana en otros ámbitos donde el gobierno toma decisiones sin tomar en cuenta a los ciudadanos”, señaló. “Esa concentración que vimos el 4 de julio quisiera verla más extendida porque sería la forma de contener a la clase política que está acostumbrada a tomar decisiones desde las esferas del poder”.
Baños Ramírez consideró que los gobiernos sólo dan capotazos a los ciudadanos en decisiones trascendentales. Por ello en su opinión la participación ciudadana en torno a la glorieta tiene mucho valor cívico.
“La impunidad en este caso sólo se puede explicar porque la gente que vino a golpear y reprimir a los ciudadanos son gentes allegadas al gobierno”, consideró. “Fueron enviadas por el gobierno. El tema de la impunidad es muy importante, imagínese, está demostrando que la justicia esta totalmente politizada”.
Dijo que la Fiscalía General y el Poder Judicial estatal hicieron un “figurado” un “teatro” de que llamarían a los denunciados, pero en el fondo no hubo una intención seria de castigar a los responsables de la agresión.
“Aunque lo niegue el gobierno, se sabe perfectamente que fue una represión ordenada por las autoridades en turno”, recalcó. “La memoria ciudadana no puede pasar por alto un evento de tal naturaleza, menos que quede impune y que fue ordenada por el gobierno”.
El investigador de la Uady afirmó que la construcción del paso deprimido y la represión siguen generando descontento porque fue un ejercicio del poder de arriba hacia abajo, pero el movimiento ciudadano no se consolidó ni creció porque le faltó cohesión y el PRI aprovechó muy bien la presencia de dirigentes del PAN para politizar la protesta y manejar mediáticamente en los medios que era una lucha entre partidos políticos, uno que quería reafirmarse en el poder (PRI) y otro que quería regresar (PAN).
“A la hora de la golpiza la gente acudió al llamado de los ciudadanos y los dirigentes del partido de oposición (PAN) también se presentaron”, recordó. “A partir de ese instante el partido en el gobierno, el PRI, politizó la agresión. Manejó en los medios como un enfrentamiento entre partidos y eso le restó fuerza al movimiento ciudadano”.
Dijo que con ese argumento el partido en el gobierno logró engañar a la sociedad que no estaba muy enterada, pero los que no se dejaron engañar mantuvieron su lucha de justicia. Sin embargo, el grupo ciudadano no pudo convencer de que la lucha tenía intereses ciudadanos, no políticos.
“Lo deseable es que en los diferentes eventos ciudadanos no intervengan los partidos políticos de oposición”, recomendó. “En mi punto de vista lo que hizo que el movimiento y la participación fuera a menos fue que el PRI personalizó el pleito entre dos personajes políticos, Angélica Araujo (PRI) y Beatriz Zavala (PAN), cuando no fue así”.
El sociólogo consideró que no hubo apatía de los ciudadanos hacia el movimiento, sino que actuaron de acuerdo a la desinformación que se manejó en los medios y redes sociales y por temor a la agresión.
“Hay dos cosas que hacen que los ciudadanos no se expresen públicamente: uno es la desinformación y el otro es el temor por su seguridad”, subrayó. “La gente antepone su interés individual al colectivo y en ese balance superficial no quiere meterse en broncas, tiene miedo de que lo golpeen y no quiere problemas”.
Pero esa actitud pasiva no quiere decir que los ciudadanos no estén descontentos. Y la prueba es que en las elecciones en Mérida los ciudadanos se volcaron al partido de oposición y castigaron al partido de Angélica Araujo.
Baños Ramírez dijo que es necesario que la gente tenga una participación visible para que los gobiernos tomen en cuenta a los ciudadanos en sus decisiones.
A raíz de la represión del 4 de julio surgieron nuevos grupos defensores de los derechos ciudadanos, como “Cadena de las Glorietas”, se solidarizaron otros, y apenas el 12 de junio pasado surgió la asociación civil “Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio”, que dirige el licenciado José Enrique Gutiérrez López, uno de los agredidos y lesionados ese día.
“Es importante la creación de ese colectivo porque tengan por seguro que ellos se encargarán de mantener vivo en la memoria de los yucatecos esa histórica represión”, señaló. “No veo que vaya a ser una agrupación con mucha gente, pero tienen la capacidad para mantener como día simbólico el 4 de julio y procurar que ese día no se olvide ni quede superado nunca”.

Los implicados


"No llevé gente, ni me pagó la alcaldesa": "Calín" Herrera
Me castigaron porque estuve en el lugar, dijo Juan Carlos Herrera Chalé, el Calín, cuando el juzgado federal lo sentenció al pago de una multa de $58,000 por agredir a la senadora Beatriz Zavala Peniche, del PAN.
A dos años de que Calín participó en la agresión de ciudadanos en el paso deprimido, sólo la jueza Margarita Nahuat Javier, titular del Juzgado 1º. de Distrito en Yucatán, ya emitió una sentencia contra él. Pero Calín no estuvo conforme y apeló la sanción.
La sentencia de primera instancia contra Carlos Herrera fue por la denuncia de lesiones que interpuso Beatriz Zavala Peniche, pero "Calín" sostiene que a ella no la tocó.
Herrera Chalé tiene otros dos procesos pendientes en el Juzgado 6º. Penal y está libre bajo fianza. En uno de los expedientes recibió el perdón del ex panista Orlando Pérez Moguel, quien resultó uno de los peores “trompeados”, pero el denunciante cambió de partido político y retiró su demanda contra sus golpeadores.
El Diario ha entrevistado en varias ocasiones a Herrera Chalé sobre el caso y recordamos algunas preguntas.
¿Todos te señalan como el líder de los golpeadores y como el principal agresor?
-Sí, dicen que soy el principal y así aparece en las fotos y vídeos. Yo sólo respondí a los madrazos y sí me "pelié", señaló. “No llevé gente ni me pagó la alcaldesa (Angélica Araujo Lara) ni algún funcionario del Ayuntamiento. Fui sólo al lugar. Ese día fui a hacer una diligencia”.
¿Qué tipo de diligencia?
“A contratar un grupo musical para que toque en el gremio de los matarifes el 10 de agosto en San Sebastián”, explicó. “De allí me quité y pasé por la glorieta. Como yo sí estoy a favor que se construya esa obra, pues me quedé en el lugar. Cuando se armó la trifulca… me defendí.”
Las versiones de los 20 denunciantes, las fotografías y vídeos demuestran que Herrera Chalé comandó el violento ataque y los testimonios de los lesionados lo señalan como el principal agresor.
¿Te arrepientes de tu conducta?
“No puedo arrepentirme. Quedaría como un cobarde”, dijo. “Me hubiese gustado que no pasaran esos hechos”.
La Fiscalía General del Estado informó que recibió 25 denuncias por la agresión del 4 de julio de 2011 y consiguió 10 órdenes de aprehensión en 8 denuncias. De esas órdenes de captura sólo cumplió una y detuvo en junio pasado al taxista Ramón Bacilio Pat Canul, pero éste salió en libertad bajo fianza en menos de 24 horas.
Los otros porros denunciados, los hermanos Marco Antonio y Mariel Flota Alcocer, y Diego y Pablo de la Rosa Rodríguez, Teresa Herrera Chalé, Felipe Díaz Novelo (a) Café Tacuba, Manuel Che, Carmen Campos, entre otros, tramitaron amparos, comparecieron por citatorio y pagaron fianzas para continuar en libertad. En conclusión, hasta el día de hoy nadie de los agresores y autores intelectuales de la agresión está preso.
En uno de los casos, los agresores resultaron víctimas porque María Elena Chan Carrillo y Jennie Idelma Souza Mézquita, quienes apoyaban a las autoridades municipales, denunciaron a Juan Carlos Cámara Díaz, “de que quiso atropellarlas con su camioneta” y el Juzgado 6º. Penal otorgó la orden de aprehensión contra el ciudadano que acudió a la protesta.
Diecisiete denuncias permanecen en los archivos de la Fiscalía General del Estado porque, justifica la dependencia, no hubo interés de los denunciantes y tampoco aportaron mayores pruebas para acreditar los delitos, principalmente de lesiones y ataques peligrosos.
La omisión premeditada de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco de no evitar la agresión por medio de la policía también quedó impune.
“"Lo que sí es un hecho inobjetable, comprobable, es que la gobernadora (Ivonne Ortega Pacheco) sí faltó a su obligación de mandar a la policía para detener la brutal represión contra los ciudadanos que se manifestaban libre y pacíficamente en la glorieta de Montejo", afirmó el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Jorge Manzanilla Pérez, en relación a los hechos.
Y la gobernadora también fue aliado de los porros porque no entregó el vídeo de la represión a la Fiscalía y Juzgados Penales para evitar que con esa filmación oficial identificaran plenamente a los organizadores, operadores y agresores

La clase política

¿Dónde están los políticos involucrados?


Minutos antes de la brutal agresión del lunes 4 de julio de 2011, en la glorieta de Montejo, fue notoria la presencia en la zona de funcionarios de la administración municipal priista que encabezó Angélica Araujo Lara.
En el sitio donde ahora se levanta el “paso deprimido“, hace dos años estuvieron hijos y parientes de veteranos políticos, junto con integrantes del movimiento ciudadano que se opuso a la construcción de la obra, quienes minutos más tarde serían salvajemente agredidos por un grupo organizado de porros.
De los funcionarios que estuvieron ese violento día, la mayoría ocupa en la actualidad algún cargo público en el gobierno estatal, y al menos uno de los implicados directamente en las agresiones a los ciudadanos continúa con su empleo en la Comuna meridana. Uno de los empleados del anterior gobierno del Estado que fue testigo de la represión en la glorieta de Montejo, conserva su puesto
Aquella tarde del 4 de julio fue evidente la presencia del regidor Jorge Sobrino Argáez e Ignacio Mendicuti Priego, subdirector de Servicios Públicos Municipales, hijos de Carlos Sobrino Sierra e Ignacio Mendicuti Pavón, hoy convertidos en diputado local y presidente municipal del PRI y director de Planeación en la Secretaría de Salud de Yucatán, respectivamente.
Otros funcionarios que fueron retratados en el sitio de la golpiza fueron el entonces regidor Humberto Hevia Jiménez, hermano de Luis, presidente estatal del PRI, ahora director de Transporte estatal, y Ermilo Barrera Jure, director de Servicios Públicos hoy subdirector Técnico de la Junta de Agua Potable de Yucatán.
Además, la síndico Elizabeht Vargas Aguilar que en la actualidad es directora del Instituto de Defensa Pública del Estado; Julián Colonia Várguez, director de Comunicación Social, quien ahora trabaja por su cuenta en el ámbito de la comunicación.
Desde la noche anterior a la represión de hace dos años estuvo Carlos Antonio Duarte Briceño, director de Obras Públicas del Ayuntamiento. El ex funcionario es director general de Arquitectos, Constructores, S.A. de C.V.
Al parecer, Antonio Aldana Castro y Gaspar Quintal Parra, hace dos años director de Gobernación y oficial mayor del Ayuntamiento, respectivamente, no ocupan algún cargo público.
Marco Antonio Flota Alcocer, quien tuvo activa participación en la golpiza del “paso deprimido” junto con su hermano Mariel, quien se desempeñaba como jefe operativo de la Central de Mantenimiento de la Comuna, sigue trabajando en el archivo de concentración municipal, dependiente de la Dirección de Administración.
Del gobierno estatal de hace dos años, estuvo en la represión Raúl Baeza Sánchez, entonces coordinador general del C4, adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública. En diciembre de 2012, el todavía funcionario de esa dependencia tomó protesta como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Tizimín.

Los árboles

Arboricido consumado


El más grande arboricidio urbano quedó consumado con el paso deprimido: no vivieron todas las ceibas y las palmeras de la glorieta de la paz, ni la resiembra de árboles del zoológico Animaya.
De acuerdo con datos publicados, la construcción del paso deprimido ocasionó el retiro de cuando menos 50 árboles antiguos del camellón de Prolongación Paseo de Montejo y los alrededores de la glorieta. Además, en la reforestación del lugar sembraron 30 ceibas traídas de los montes de Muna y 4 palmeras gigantes.
Hoy en día ya no existen las palmeras y las ceibas no sobrevivieron todas.
La subdirección de Servicios Generales del Ayuntamiento de Mérida informó que no existe un registro o bitácora de los árboles que fueron retirados de Prolongación Paseo de Montejo y de Circuito Colonias con motivo de la construcción del paso deprimido.
Por investigaciones en el Departamento de Parques y Jardines la subdirección se enteró que el personal de esa oficina retiró 31 árboles de Prolongación Paseo de Montejo antes del inicio de la construcción del paso deprimido y los trasladó en camiones al zoológico Animaya donde, con asesoría de especialistas del CICY, Conafor y subdirección de Ecología, resembraron los 31 árboles.
A dos años de ese trasplante, la Subdirección de Servicios Generales informó que de los 31 árboles de Animaya sólo sobreviven 18: 9 flamboyanes, 1 caoba, 3 algarrobos, 3 maculix y 2 ramones.
Los trabajadores municipales de Parques y Jardines que participaron en la operación forestal recordaron que los otros árboles retirados de Circuito Colonias fueron destruidos al momento del corte. No saben cuántos fueron ni dónde fueron trasladados.
Cuando inició la reforestación del paso deprimido, el Ayuntamiento de Angélica Araujo Lara informó que las 30 ceibas que sustituyeron a los árboles tenían de 15 a 12 años de antigüedad y medían 10 y 7 metros de altura.
El comisario ejidal de Muna, Fernando Martín Redondo, donó las ceibas a la alcaldesa y el biólogo del CICY, Francisco Chi May, realizó los trámites ante Semarnat para su traslado a Mérida y supervisó la siembra.

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