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Felipe Calderón responde a las acusaciones de AMLO sobre el robo de combustible durante su gobierno

15 enero 2019
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy
Felipe Calderón rechazó este martes las acusaciones en su contra por presuntamente estar vinculado en el robo de combustible. 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ex presidente de México aseguró que no fue cómplice ni se hizo de la vista gorda al tratarse del combate al robo de gasolina en el País. 

Mencionó que seguramente hubo muchos errores pero enfrentó de manera rotunda a la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones. 

Asimismo, el ex mandatario nacional hizo una invitación a López Obrador a que se conduzca con la verdad como lo prometió. 

“No es honesto calumniar ni acusar sin pruebas”, expresó Calderón Hinojosa señalando que es una falta de respeto a mucha gente que sirvió a México durante su gobierno. 
Durante su conferencia de prensa del día lunes, López Obrador dijo que sus antecesores, incluyendo a Felipe Calderón, tenían conocimiento del robo de combustible, incluso le daban el ‘visto bueno’. 

En su mensaje a medios de comunicación de este lunes, Andrés Manuel dijo que no quiere chivos expiatorios pero fue muy claro al asegurar que los ex presidentes estaban enterados de lo que ocurría en México. 

“Todos los negocios jugosos que se hacen en el País se hacen con el visto bueno de los presidentes de la República, el presidente sabe, o es cómplice o se hace de la vista gorda”.

Asimismo, el mandatario nacional agregó que de abrirse expedientes judiciales, comenzarían con los altos mandos desde Salinas a Peña Nieto, sin embargó, recalcó que él no guarda rencor y sólo busca justicia. Fuente:Elimparcial.

Fiscalía Anticorrupción se prepara para ejecutar órdenes de aprehensión contra Borge

02 noviembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy




La Fiscalía Anticorrupción se prepara para ejecutar órdenes de aprehensión contra Roberto Borge Angulo, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) no logre mantener la vinculación a proceso contra el ex funcionario.
Este martes un juez federal le otorgó al ex gobernador, un amparo que dejó sin efectos la vinculación a proceso, realizado en enero pasado, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto cercano a los 900 millones de pesos.
Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscal Especial en Quintana Roo, dijo que los escenarios posibles es que la PGR impugne la resolución; en caso de que no lo haga, se llevaría a cabo una nueva audiencia de imputación en la que el juez federal decidirá si se vincula o no a proceso por el delito que lo acusa la federación.
“En caso de que no se vincule, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se encuentra lista para cumplir las órdenes de aprehensión, y con esto traerlo al Estado para que comparezca por los 3 procesos que se le investigan”, informó la Fiscalía al referirse a Roberto N.
A nivel local, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, mantiene abiertas investigaciones contra el ex mandatario por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
De acuerdo con las denuncias penales presentadas, en su oportunidad, al ex mandatario se le relaciona con diversos hechos que pudieran configurarse como delito, entre ellos un presunto quebranto patrimonial por más de tres mil millones de pesos.
También se le menciona en las investigaciones, por la venta presuntamente irregular de nueve mil 500 hectáreas de tierra, propiedad del estado, en beneficio de familiares y colaboradores. En su momento, la Secretaría de la Gestión Pública afirmó que los terrenos abarcan 24 veces el tamaño de Isla Mujeres.
Otro caso, es la existencia de contratos irregulares para la renta de aeronaves para su uso personal, amigos y familiares, con un daño cercano a los 590 millones de pesos.
A su llegada a México, luego de estar detenido siete meses en Panamá, Roberto Borge enfrenta la acusación de las autoridades federales a través de la PGR por ser probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este martes, el Juzgado Sexto de Distrito del Estado de México resolvió el amparo 105/2018 y le otorgó al ex funcionario la protección de la justicia federal para efectos de que el Juez de Control de esa entidad deje insubsistente la vinculación a proceso dictada dentro de la carpeta administrativa 381/2017.

Conceden amparo a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

01 noviembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Un juez concedió un amparo a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, contra una orden de aprehensión por lavado de dinero.
Se instruyó al juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México dejar sin efecto la medida. También que se pronuncie nuevamente sobre la orden de aprehensión, pero que aclare si se trata de un delito continuado o prescrito.
¿Cuáles son los delitos que enfrenta Tomás Yarrington?
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba gobernó Tamaulipas de 1999 a 2005. En 2012 fue acusado por la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de lavar dinero para Los Zetas y el Cártel del Golfo.
En mayo de 2012, el gobierno de Estados Unidos solicitó la confiscación de propiedades de Yarrington, adquiridas a través de prestanombres. Una en San Antonio, Texas, de 18.6 hectáreas, otra en Corpus Christi y un condominio en Isla del Padre.
También fue involucrado en el asesinato del excandidato priista al gobierno de Tamaulipas en 2010, Rodolfo Torre Cantú.
De acuerdo con investigaciones de la entonces Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR, Tomás Yarrington recibió más de 8.5 millones de dólares para financiar su campaña para gobernador, lo que habría derivado en que durante su administración la Policía estatal brindara protección a los cárteles de la droga.
Un comunicado del FBI de diciembre de 2013 lo señala como benefactor de pagos de narcotraficantes en Tamaulipas, como el cártel del Golfo, a cambio de dejarlos operar libremente.
En noviembre pasado, la PGR ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para quien proporcionara información útil y veraz que ayudara a la localización de Tomás Yarrington, acusado de delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Era buscado en 150 países a través de la Interpol.
En diciembre de 2016, el PRI lo expulsó de sus filas, luego de considerar que vulneró sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y haber afectado la imagen del partido.
Este domingo fue detenido en Italia, donde permanece en espera de ser repatriado a México por la Procuraduría General de la República.
Con información de FOROtv

PRI reconoce que César Duarte generó daño irreparable a este partido

30 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró que César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, generó un daño irreparable al partido y para evitar que deteriore aún más la imagen para el proceso electoral 2018-2019, decidió suspenderle sus derechos político partidistas.
El exmandatario tiene más de 10 días para defender, de así considerarlo, su derecho.
De acuerdo con el documento en el que se justifica esta decisión, Duarte Jáquez actuó de manera indebida y contraria a lo que marcan los estatutos del partido, respecto a un militante funcionario federal.
“De no emitirse la medida cautelar correspondiente durante la tramitación del procedimiento sancionador, se permitiría la posibilidad de que César Duarte Jáquez se presente de nuevo, en nombre del Partido Revolucionario Institiucional, en el proceso electoral 2018-2019 que inició en cinco estados de la República, con la consiguiente afrenta al resto de militantes, la ciudadanía y el prestigio del partido y con la imposibilidad de reparar esa afectación, pese a que al concluirse el procedimiento se sancionará al denunciado”, determinó la comisión.
La sentencia, que se explica en 31 páginas, indica también que los priístas consideraron que la actitud de Duarte Jáquez debe ser considerada como grave, toda vez que se trata de hechos de interés ciudadano que exigen sustituir conductas pasivas e indiferentes, por acciones diligentes que permitan esclarecer lo más pronto posible las acusaciones en su contra.
- Con información de El Universal

Arnold Schwarzenegger admite haberse 'sobrepasado' con mujeres

18 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy
Años atrás, específicamente en el 2003, Arnold Schwarzenegger fue acusado de abusar y humillar a varias mujeres; sin embargo, nada se probó y él lo negó todo, hasta el día de hoy…

El actor confesó haberse sobrepasado en el pasado con varias mujeres: “echando la vista atrás, crucé la línea varias veces, y soy el primero en decir que lo siento. Me siento mal por ello y pido perdón. Cuando me convertí en gobernador quise asegurarme de que nadie, incluido yo, cometiera este error”, declaró a la revista Men’s Health.

“Es por eso que hacemos cursos de acoso sexual, para tener una comprensión clara, desde un punto de vista legal y también desde un punto de vista de comportamiento regular, de lo que se acepta y de lo que no”, agregó.

Cabe mencionar que las acusaciones contra el ex gobernador de California nunca llegaron a tribunales.
Fuente Men´s Health

Sin rendir cuentas... así se fueron Graco, Mancera, Eruviel y Moreno Valle

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 En los 10 estados de la República en que hubo cambio de gobierno entre 2017 y 2018, los gobernadores salientes quedaron a deber en materia de rendición de cuentas presupuestal. Y a pesar de ejercer el erario estatal de manera discrecional e ineficiente, al margen de la ley y bajo el velo de la opacidad, en nueve casos no hubo consecuencias legales para los ex mandatarios.
En la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán –así como en el resto de los 32 estados que componen la Federación mexicana– los problemas presupuestales, hasta el cierre del año pasado, estuvieron relacionados con el crecimiento injustificado de partidas de gasto administrativo, diferencias significativas entre los montos aprobados y devengados, sobreejercicios sistemáticos en el gasto burocrático y falta de contrapesos en el ejercicio de los recursos públicos estatales, refieren datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
A pesar de que en el último año las administraciones de estos 10 estados no cumplieron (a cabalidad) con algunos de los estatutos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Poder Legislativo no exigió, en todo caso, la comparecencia de los ahora ex mandatarios.
Los congresos locales, por su parte, también fallaron como contrapeso al hacer “poco uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que las secretarías de finanzas locales les remiten”, refiere el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018 del IMCO.
Sólo en el caso del estado de Nayarit, por ejemplo, el ex Gobernador Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017) fue sancionado.
En agosto de este año, la Comisión Especial de Gran Jurado del Congreso local aprobó la inhabilitación de Sandoval, por casi 13 años, para desempeñarse en cualquier cargo público. La determinación derivó de una investigación en su contra por el presunto desvío de 2.7 mil millones de pesos del erario público a favor de algunos integrantes de su partido (el PRI).
En el resto de los casos, no hubo sanciones.
Mientras que los ex gobernadores Mario López Valdez (Sinaloa), Graco Ramírez Garrido (Morelos), Miguel Márquez Márquez (Guanajuato) y Rolando Rodrigo Zapata (Yucatán) libraron los problemas de rendición de cuentas no aclarados de sus respectivas administraciones, otros –como en los casos de Miguel Ángel Mancera Espinosa (CdMx), Eruviel Ávila Villegas (Edomex), Rafael Moreno Valle (Puebla), Rubén Moreira Valdés (Coahuila) y Mariano González Zarur (Tlaxcala)– ahora se desempeñan en el Congreso de la Unión sin responsabilidad imputable por las posibles violaciones legales.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto mejoraron la transparencia y el acceso a la información pública. No obstante, dijo a SinEmbargo Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del IMCO, “el proceso de rendición de cuentas todavía no ha llegado a México”.
Ello se debe a que, a pesar de que hay más y mejor información pública, aún no existe una justificación adecuada de las acciones que realizan las autoridades o los gobiernos (como las modificaciones y variaciones presupuestarias). Tampoco existe un debido proceso de seguimiento o fiscalización, que aleja la posibilidad de que haya sanciones a quienes incurran en violaciones legales y administrativas.
Para Liliana Ruiz, investigadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, la administración peñanietista dejará pendientes los asuntos relacionados con las variables de ingresos (máxime de aquellos “por aprovechamientos” de los que se desconoce el detalle de su origen; y también de aquellos “excedentes” anuales en que no hay claridad en cuanto a su origen y destino), de gastos (sobre todo en materia de aprobación y adecuaciones presupuestarias, que es opaca y que sólo se justifican si coadyuvan al adecuado desempeño de los programas gubernamentales) y de deudas (cuyo justificación y destino no son claros).
La falta de contrapesos a los poderes ejecutivos estatales, de castigos adecuados ante el incumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental, de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, así como la carencia de rigor en las evaluaciones oficiales, han creado –según el IMCO– amplios márgenes para la “creatividad contable” de las administraciones estatales de México.
Esta situación implica que la aprobación de los presupuestos de egresos sea “una mera formalidad” que, en lugar de imponer un tope al gasto público, constituye un “cheque en blanco” para los poderes ejecutivos de los estados.
Ejemplo de ello son algunos de los gastos desproporcionados que el IMCO registró en Coahuila, Morelos y Yucatán en 2017. De acuerdo con el IIEG, el primero gastó 1 mil 429 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cantidad equivale al gasto total en materia de seguridad pública de la entidad (1 mil 449 millones de pesos) en donde el 55 por ciento de la población considera a la inseguridad como el principal problema.
Morelos, por su parte, destinó 154.7 millones al rubro de comunicación social. De este modo invirtió 63.2 millones más que lo que erogó para impulsar programas relacionados con los servicios de salud estatal (91.6 mdp). Y en el caso de Yucatán, el Poder Ejecutivo local gastó 378.4 millones para realizar ceremonias oficiales, cantidad que equivale al 97 por ciento de su gasto en inversión pública (390 mdp).
Los excesos en los gastos de los estados reflejan “una mala planeación” presupuestaria que deriva en más contratación de deuda pública y en gastos “innecesarios” en partidas “no prioritarias” (como suministro de materiales, gasolina, sueldos y honorarios, ceremonias oficiales, viáticos y publicidad oficial) que terminan siendo inconsistentes con ciertas prioridades gubernamentales, como lo es la austeridad presupuestaria.
En 2017, por ejemplo, las entidades federativas tuvieron 18 por ciento más ingresos que lo presupuestado (17 mil millones de pesos equivalentes a casi el doble del gasto federal en turismo) y gastaron 17 por ciento más de lo estimado. Asimismo, su deuda pública conjunta fue 246 por ciento mayor.
Con su actuar, al menos en el último año, las administraciones estatales no sólo violaron las disposiciones del Artículo 134 constitucional que establecen que, los recursos de que dispongan los diferentes entes públicos de México, deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
También, incurrieron en el “incumplimiento generalizado” de los presupuestos de egresos y violaciones a la Ley de Disciplina Financiera que establece candados para el destino de los ingresos excedentes (aunque sólo es aplicable en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Zacatecas).
De acuerdo con el IMCO, las variaciones ingentes en los diferentes presupuestos de ingresos y egresos de los 32 estados de la República, que carecen de justificación real, hacen que las promesas de buen manejo del erario público y los presupuestos sean “de juguete”.
EL SALDO EN 10 ESTADOS
Tan sólo en 2017, las 32 entidades federativas ejercieron un total de 2 billones 52 mil 847 millones de pesos equiparables a casi el 40 por ciento del gasto total del país. Y por lo general, en México, a mayores niveles de gasto hay mayores niveles de opacidad en su ejercicio y viceversa, refiere el informe del IMCO.
Entre las 10 entidades que tuvieron elecciones de Gobernador en los últimos dos años, seis (CdMx, Coahuila, Edomex, Morelos, Nayarit y Yucatán) tuvieron peores resultados en el IIEG de 2017, en comparación con los Índices de 2015 y 2016 en materia de “cumplimiento de la información financiera publicada para los ejercicios fiscales”. En cambio, tres estados (Guanajuato, Puebla y Sinaloa) mejoraron y uno más (Tlaxcala) permaneció igual.
A nivel nacional, en promedio, el año pasado las entidades federativas tuvieron un cumplimiento del 58 por ciento (lo que es bajo). Y a pesar de las calificaciones “aprobatorias” –como en el caso del estado de Puebla– las administraciones estatales no fueron, necesariamente, más transparentes.
Según el IMCO, “el acceso a la información financiera de los poderes ejecutivos estatales durante 2017 fue deficiente” y “no se encontró el 11.8 por ciento de la información que permite dar seguimiento a los ingresos y el gasto de los poderes ejecutivos estatales”. Además, “sólo la mitad de los gobiernos (53.2 por ciento) respetó los formatos establecidos”. Estas circunstancias no permiten que la ciudadanía conozca a cabalidad cómo son ejercidos los recursos públicos.
Contrario a la realidad, el Artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental obliga a los estados a la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial de todos los entes públicos. Sin embargo, menciona el IMCO, “la información financiera estaba dispersa, desactualizada, con diversos formatos y conceptos heterogéneos”.
Aunado a la deficiente rendición de cuentas, el Índice Global de Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial refiere que México ocupa la posición 121 de 137 países en cuanto a eficiencia del gasto gubernamental. Esto significa que nuestro país tiene un mal ejercicio de los recursos públicos derivado de una deficiente planeación presupuestaria.
Este déficit –más allá de la susceptibilidad justificable de los presupuestos a ser modificados en cada año fiscal– es observable, en parte, en las variaciones sistemáticas y significativas entre los montos aprobados y ejercidos para cada estado de la República mexicana. Variaciones sólo posibles gracias al amplio margen de discrecionalidad asociada a la falta de contrapesos democráticos reales (como el de los congresos locales).
En las 10 entidades mencionadas, los resultados del IIEG 2017 reflejan una asimetría sistemática en el gasto de partidas no prioritarias (gasto burocrático, comunicación social, etcétera) en comparación con aquellas prioritarias (infraestructura y servicios básicos, por ejemplo).
Por un lado, salvo en los casos del Estado de México y Tlaxcala, el gasto burocrático ejercido en estas entidades (que es la suma del gasto en servicios personales, materiales y suministros, además de los servicios generales) fue, en promedio, 13.3 por ciento mayor que el aprobado por el Poder Legislativo en el ejercicio fiscal 2016.
A nivel nacional, los datos de las cuentas públicas de los poderes ejecutivos estatales (base 2016) refieren que 28 de las 31 entidades federativas con información disponible, ejercieron en conjunto 84 mil 982 millones (17 por ciento) adicionales a lo presupuestado (499 mil 984 mdp) por concepto de gasto administrativo.
Esto es indicativo “de ineficiencia en el ejercicio del gasto”, en el entendido de que algunos gobiernos estatales podrían “lograr resultados similares, en términos de reducción de pobreza, acceso a servicios médicos, entre otros, con menos recursos”, se lee en el documento del IMCO.
“Si los gobiernos estatales hubieran gastado lo que dijeron que gastarían, solamente en 2017 habrían ahorrado por concepto de gasto burocrático un total de 62 mil 047.3 millones de pesos” (que equivalen a 2.3 veces el gasto total del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2017 ), abunda el escrito.
Entre 2016 y 2017, el gasto administrativo real de Coahuila (11 por ciento), Yucatán (ocho) y la Ciudad de México (0.8) fue al alza. En los casos de Morelos (-17.6), Nayarit (-9), Guanajuato (-3.3), Tlaxcala (-3), Estado de México (-1.4) y Puebla (-1.2), en cambio, la tendencia fue a la baja. Sin embargo, todas estas entidades pudieron haber tenido mejores resultados si se hubieran apegado, a cabalidad, a sus presupuestos.
Según el IMCO, si el presupuesto se hubiera ejercido de manera adecuada, el ahorro potencial adicional de estas entidades hubiera sido diferente al real.
Coahuila, en lugar de haber aumentado su gasto en 11 por ciento, hubiera economizado 20.3 por ciento de sus recursos durante el periodo. Morelos, por su parte, podría haber reducido su gasto en 18.9 puntos (en lugar de la reducción real de 17.6 por ciento) y Nayarit en 13 (en lugar de nueve).
Yucatán, contrario al aumento de su gasto en ocho puntos, podría haber ahorrado el 9.1 por ciento de su gasto. La Ciudad de México, en lugar de incrementar su gasto en 0.8 por ciento durante el periodo, hubiera podido reducirlo en 6.9 puntos. Y Puebla y Tlaxcala, que tuvieron un decremento en su gasto de 1.2 y 3.3 por ciento, respectivamente, podrían haber ahorrado 5.3 y 0.8 puntos porcentuales adicionales.
Si en los últimos tres años las entidades hubieran gastado lo que presupuestaron para gasto burocrático, “se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos, equivalentes al financiamiento de seis años de la pensión federal para adultos mayores”, refiere el IIEG 2018.
De manera comparativa y por ejemplo, el presupuesto ejercido en materia de infraestructura pública (con base 2016) fue menor al aprobado en estas entidades, a excepción del Estado de México, Guanajuato y Puebla.
A nivel federal, en ese mismo periodo, 19 de las 32 entidades federativas ejercieron en conjunto 10.6 mil millones de pesos (-9.3 por ciento) menos de lo presupuestado (como en el caso de Yucatán, donde la variación fue a la baja en 89 por ciento).
La misma disparidad observable entre el gasto ejercido y el gasto aprobado en los 32 estados de la República en 2016 –que fue 14 por ciento más de lo aprobado, equivalente a 223 mil 726 mdp o al saldo de la deuda de 26 estados, a reserva de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Veracruz– también aparece en los ingresos excedentes obtenidos en 2016, que equivalen al 49 por ciento del saldo de la deuda pública estatal.
Con el excedente, por ejemplo, Puebla pudo haber pagado 3.3 veces el saldo total de su deuda pública, Guanajuato 2.2, Morelos 1.9, Sinaloa 0.8, Estado de México 0.7, Ciudad de México 0.5, Nayarit 0.4 y Coahuila 0.1 veces.
SIETE PROPUESTAS DE CAMBIO
En México, la rendición de cuentas carece de controles de calidad de la información financiera para transparentar el ejercicio del gasto a nivel estatal.
Asimismo, la falta de cumplimiento de las leyes de contabilidad gubernamental, el desaprovechamiento de tecnología contable, la subestimación sistemática en los ingresos de los gobiernos estatales y las variaciones injustificadas del gasto estatal reflejan falta de eficiencia y eficacia en la rendición de cuentas estatal, señala el IMCO.
Para revertir esta situación, las entidades federativas deberían al menos estar obligadas a publicar, en tiempo y forma, su información financiera.
También, haría falta una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, disminuir las variaciones entre el presupuesto aprobado y el monto ejercido del gasto operativo, así como el establecimiento de criterios de distribución de ingresos excedentes obligatorios para todas las entidades federativas.
“La Federación tendría que poner el buen ejemplo en materia de un seguimiento de los recursos públicos” porque en la actualidad tampoco existe a nivel federal, dijo Manuel Guadarrama del IMCO.
El investigador explicó a SinEmbargo que a pesar de que los gobiernos federal, estatal y municipal cuentan con aparatos de fiscalización (órganos superiores y comisiones de vigilancia) además de la responsabilidad del Poder Legislativo, el ejercicio fiscal sigue teniendo amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad que apremian la necesidad de dos cambios fundamentales.
“Una modificación legal para que si existen variaciones [no justificadas entre el presupuesto modificado y devengado] superiores al 15 por ciento, [el Poder Legislativo] tenga que intervenir necesariamente y no como una facultad optativa”. Y fortalecer el monitoreo de los recursos públicos con el impulso a auditorías en tiempo real (para detectar irregularidades al momento de su ejercicio).
Al respecto, Liliana Ruiz de México Evalúa explicó que también será necesario despolitizar a los contrapesos y a quienes evalúan el desempeño presupuestario de las entidades federativas y de los entes gubernamentales. La creación de un consejo fiscal, que fortalezca la política de responsabilidad hacendaria federal, podría coadyuvar en el esfuerzo.
La investigadora, asimismo, comentó que urge que en México sean fortalecidas las “voces autorizadas” –como el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados– para que puedan evaluar y señalar, en su caso, las disparidades presupuestarias.
Además, el IMCO urge la necesidad de eliminar el uso de efectivo en las administraciones estatales con el propósito de dar mayor seguimiento y veracidad a la información reportada, así como fortalecer las sanciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

“El riesgo de enfrentarme al sistema era muy alto, por eso me declaré culpable”: Javier Duarte

12 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



(apro).- El exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa aseguró que es víctima de una “campaña de linchamiento” por parte de las autoridades federales y reiteró que las acusaciones que se le imputan están sostenidas en dichos de delincuentes confesos que obtuvieron beneficios a cambio de inculparlo.
En una nueva misiva enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, el único que le ha dado voz al exmandatario hasta ahora, Duarte manifestó que no existe una sola prueba documental, cuenta bancaria o propiedad a su nombre o de su familia, y que tampoco se le pudo comprobar aumento alguno en su patrimonio durante su administración.
Además, sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha valido de las declaraciones de personas a las que no conoce y por ende nunca tuvo trato con ellos.
“Todo ha sido un espectáculo mediático, una telenovela que han sabido vender muy bien a la opinión pública, y lo digo así una verdadera telenovela, un circo romano, en donde las autoridades responsables han promovido sus actuaciones (sic)”.
En la carta, de 15 cuartillas de extensión, el exgobernador preso en el Reclusorio Preventivo Norte, confesó que se declaró culpable porque no tenía probabilidades de ganar el juicio.
Incluso, reveló que el propio subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, le comentó que ya estaría absuelto y libre si se hubiera ido a juicio y no a procedimiento abreviado.
Detalló que prefirió el procedimiento abreviado “por la campaña tan intensa y exitosa que HAN desarrollado en mi contra. La campaña mediática ha sido implacable, las autoridades de la PGR han cometido todo tipo de abusos.
“Esta campaña de linchamiento público me ha colocado frente a la sociedad mexicana como culpable de todo lo que se me acusa, violando con ello de manera reiterada el principio de presunción de inocencia”, expresó.
El exgobernador manifestó que por esa razón –y en contra de su voluntad–, tuvo que aceptar declararse culpable.
“La opinión pública y la sociedad, ya me habían juzgado, y bajo esas circunstancias el riego de enfrentarme contra el sistema y perder era muy alto”, puntualizó.

Ejecutan en la CDMX a nieto de ex gobernador de Yucatán

10 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy





Pablo Francisco Marentes Martínez, nieto del ex  gobernador de Yucatán Tomás Marentes Miranda, fue ejecutado ayer por la tarde de un balazo en la cabeza.
El hecho ocurrió en a colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía de Miguel Hidalgo.
La víctima, de 52 años de edad, aparentemente era propietario de varios predios que se alquilaban como estacionamientos en aquella demarcación.
De acuerdo con las primeras versiones, el hombre caminaba sobre la acera de la calle Gobernador Antonio Diez de Bonilla cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó a quemarropa en la cabeza.
Testigos contaron a las autoridades que el atacante escapó corriendo por la avenida Jalisco, donde ya lo esperaba un motociclista, con el que huyó a toda marcha.

Difunden retrato hablado del presunto asesino de Pablo Marentes
Hoy, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que una de las líneas de investigación del homicidio  es el robo, pues la víctima retiró una cantidad de dinero en efectivo de una sucursal bancaria, minutos antes de la agresión.
Además, peritos de la dependencia capitalina elaboraron un retrato hablado del presunto homicida. Se trata de un individuo de aproximadamente 35 años, 1.75 metros de estatura, complexión media, cabello lacio oscuro y cejas pobladas.
El fallecido es hijo de Pablo Marentes González, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex cónsul de México en Nueva York; quien a su vez es hijo del ex gobernador yucateco y Alicia González Oropeza.- AGENCIAS

Devolverán al SAT recursos desviados en administración de Borge

02 octubre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


La Procuraduría General de la República logró un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato por 161 millones 784 mil 630 pesos a favor del Servicio de Administración Tributaria; recursos que de acuerdo con funcionarios del Gobierno Federal, fueron desviados durante la gestión de Roberto Borge como gobernador de Quintana Roo.
Derivado de la querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra de Juan Melquiades Vergara Fernández, se radicó la carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y Falsificación de Moneda, por la probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Melquiades presuntamente lavó 50 millones de pesos.
En febrero pasado, Israel Lira Salas, titular de la Seido, dio a conocer la captura de Melquiades a partir de una denuncia del Sistema de Administración Tributaria que lo vinculó en el ocultamiento, origen y destino de los recursos que recibió en 2015. No obstante, el ex funcionario salió libre bajo medidas cautelares.
Ahora, a través de la facilitadora de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Delegación de la PGR en Toluca, Estado de México, se obtuvo que ambas partes firmaran de forma voluntaria, en condiciones de igualdad y de forma proporcionada, el acuerdo.
En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permiten, a través de la mediación, conciliación y juntas restaurativas, la reparación del daño en aquellos casos que la ley lo permita.

Pide Mario Villanueva un 'trato Duarte'

30 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


  • El exgobernador de Quintana Roo tiene 17 años preso

CDMX.- A través de una carta dirigida al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso desde hace 17 años por los delitos de lavado de dinero, detalla que el reciente veredicto de nueve años de prisión para el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “no midió con la misma vara” con la que se midió su caso.
“La ley no ha sido pareja conmigo, ni me han dado la justicia que merezco. Llevo 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto de México, como de Estados Unidos, donde me extraditaron ilegalmente”, refiere quien fuera político priista.
Recordó que la ley le otorga la posibilidad de obtener una liberación anticipada al haber cumplido ya con el 70 por ciento de la pena que le fue impuesta.
También señala que es candidato a obtener prisión domiciliaria por motivos de salud. Cabe mencionar que el ex gobernador se encuentra en una clínica particular en Chetumal; argumenta problemas crónicos.
“Ni favor ni gracia, únicamente la Ley, y me voy a mi casa, se me otorga la libertad, y se reconoce mi inocencia. Ya es tiempo de que las autoridades reconozcan los errores cometidos”, dice en la carta.

Van por Karime, la esposa de J. Duarte y más implicados

29 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, anunció que ya que se han girado órdenes de aprehensión en contra de ex servidores veracruzanos
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que busca a varios funcionarios del Gobierno de J. Duarte implicados en diversos delitos y que continúan abiertas varias investigaciones contra Karime.
En conferencia, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, anunció que ya que se han girado órdenes de aprehensión en contra de ex servidores veracruzanos.
Sobre la esposa del ex Gobernador, indicó que continúan abiertas diversas investigaciones contra ella y otros implicados como Moisés Mansur Cysneiros, a quien se refirió como "el personaje de nombre bíblico".
Respecto a la sentencia con la que Duarte podría obtener su libertad en tres años, la PGR manifestó estar insatisfecha, pero asumió que la ley mandata dichos beneficios para los sentenciados.
El subprocurador indicó que el Poder Judicial de la Federación será el que determine dentro de tres años si el ex Gobernador de Veracruz queda en libertad por asociación delictuosa y lavado de dinero.
"Cuando nos topamos con casos como este y que tenemos algunos otros nunca estaremos satisfechos, nadie nunca estamos satisfechos, pero la ley mandata beneficios y pues la ley no puede ser a modo", dijo ayer en conferencia de prensa.
Este es un sistema que todos pugnamos porque prevaleciera en este Estado de derecho y, bueno, nos tenemos que ceñir a lo que la ley manda y si la ley en este caso, este sistema, prevé beneficios, tendremos que acogernos a lo que la misma señala.
El miércoles el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia condenó al ex mandatario priista a 9 años de cárcel y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos.
La nueva norma en ejecución de sanciones contempla el beneficio de la libertad condicional, al cumplirse el 50 por ciento de la pena.
Este beneficio será buscado por el ex Gobernador, de acuerdo con su defensa
El miércoles, al término de la audiencia en la que Duarte fue condenado, su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana afirmó que dependerá de lo que les diga el juez de ejecución, pero que ellos estarían buscando a la mitad de la pena.
El litigante dijo que cuando Duarte cumpla el 50 por ciento de sus sentencia, es decir en octubre de 2021, estará en posibilidad de solicitar el beneficio de la condena condicional para que abandone la prisión.
Debido a que Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, el subprocurador reconoció ayer que en el año 2021 podrá solicitar su libertad por este expediente federal.
"Lleva un año y medio (preso), pero en cuatro años y medio podrá tener beneficios y esta será una determinación que el Poder Judicial tendrá que tomar", dijo.
Cuestionado sobre que la PGR no solicitó la reparación del daño, respondió que más allá de este requerimiento legal, los bienes que ha recuperado la autoridad durante el proceso son equivalentes.
Esta nota incluye información de: Reforma

Javier Duarte es sentenciado a 9 años de cárcel... tanto para nada

27 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



El ex gobernador de Veracruz se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se le condenó a nueve años de prisión, así como a pagar 990 días de multa, esto luego de que su defensa solicitara un juicio abreviado y así tener la sentencia mínima.
Alrededor del mediodía de este miércoles, se dio a conocer la versión de que el Poder Judicial de la Federación accedió a la petición de la defensa de Duarte de tener un juicio abreviado, la cual también fue aceptada por el Ministerio Público.
El juez también ordenó el decomiso de 20 inmuebles y de 21 terrenos, algunos de ellos valuados en 45 millones de pesos, con lo que ya no sería necesaria la reparación del daño.
De manera inicial, se tenga programada una audiencia intermedia para verificar la validez de las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para comprobar que el ex gobernador desvió más de mil 600 millones de pesos del erario del estado.
(Con información de Milenio)

Hallan a Duarte 90 casas... ¡y las que faltan!

20 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Los inmuebles están repartidos en México (40) y más de 50 en Florida, Texas, Arizona, Nueva York y España.
México.- Van 90 propiedades en México y el mundo que le han localizado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa Karime Macías, y aún podrían salir más.
Los inmuebles están repartidos en México (40) y más de 50 en Florida, Texas, Arizona, Nueva York y España, publica Reforma, con base en las indagatorias de las procuradurías General de la República (PGR) y de Veracruz.
En España, por ejemplo, se le han hallado apartamentos en Madrid y Bilbao.
Abel Barajas destaca en su nota que en EU su destino favorito era Florida, donde posee 23 departamentos, comercios y casas en Miami, y otros 18 en Homestead, Florida City, Cutler Bay y Coral Gables.
En México, Duarte-Macías tienen terrenos, residencias y apartamentos en Campeche, Cancún, Ixtapa, Boca del Río, Valle de Bravo y la Ciudad de México.
Es el operador financiero de la pareja, José Juan Janeiro Rodríguez, quien ha ofrecido información sobre manejo de recursos y las compras de propiedades, al convertirse en testigo de la PGR.
Esta es una de las imágenes de las propiedades, publicada por Reforma:

Karime, esposa de Javier Duarte adquiere mansión de 7 mdd

18 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



La compra de la esposa del ex Gobernador de Veracruz se hizo en noviembre de 2015, según consta en un testimonio por escrito presentado por Janeiro el 11 de enero de 2017
- Karime, esposa de Javier Duarte operó la compra de una casa de 7 millones de dólares en Miami mediante una firma fachada y una financiera uruguaya. Así lo reveló a la PGR José Juan Janeiro Rodríguez, "cerebro financiero" del ex mandatario veracruzano.
La compra de la esposa del ex Gobernador de Veracruz se hizo en noviembre de 2015, según consta en un testimonio por escrito presentado por Janeiro el 11 de enero de 2017.
A través de su declaración negociaba la cancelación de una orden de aprehensión por lavado y delincuencia organizada, beneficio que consiguió el 2 de febrero siguiente.
Aunque en ese momento no ofreció la ubicación ni el nombre de la empresa que concretó la compra, las características y el precio coinciden con una mansión en Coral Gables que el Gobierno de Veracruz pretende recuperar con una demanda que presentó en febrero ante una Corte de Florida.
La casa es uno de los 41 bienes en Estados Unidos incluidos en el expediente y los cuales presuntamente se adquirieron con dinero del erario veracruzano.
Registrada a nombre de ACE Realty Holdings LLC, en Delaware, la casa ubicada en 277 Marinero Court tiene 7 recámaras, 9 baños y alberca; actualmente su valor comercial es de 9 millones de dólares.
Conforme a la versión de Janeiro ante la PGR, en noviembre de 2015 el hoy prófugo Moisés Mansur Cysneiros, señalado como el principal prestanombres de Duarte, lo buscó para que se entrevistara con Karime, quien necesitaba una asesoría "urgente".
Mansur le recalcó que Duarte se lo había pedido "como un favor personal".
Macías recibió a Janeiro en el departamento de Campos Elíseos 78-A, en Polanco.
Le comentó que compraría la casa en Miami, que ya tenía un amigo con una razón social constituida en Estados Unidos para registrar la propiedad, pero que necesitaba que le financiaran el depósito de garantía porque el plazo estaba por vencerse.
"Me dijo que, con posterioridad, el señor Mansur procedería a reembolsar el dinero por instrucciones de su esposo el Gobernador Javier Duarte", cuenta.
Janeiro contactó a un despacho uruguayo especializado en ese tipo de operaciones inmobiliarias.
Posteriormente, relata, tras la transacción, Karime se negó a generar la documentación que avalara el crédito otorgado por los uruguayos y el reembolso del mismo, lo cual provocó el rompimiento de la relación con Janeiro y la advertencia de acciones legales en EU.

Compadre de Borge, a la sombra…

16 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Derivado de una audiencia que terminó pasada la medianoche, el ex tesorero del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Ismael Moguel Canto, compadre del ex Gobernador Roberto Borge y uno de sus presuntos prestanombres, quedó con prisión preventiva, en tanto se evalúa si queda sujeto a proceso.
Adriano Alfonso Balam Helguera, director jurídico del Ayuntamiento, estuvo presente en la audiencia efectuada en el distrito judicial de Lázaro Cárdenas, en la que se le acusa a “Mayito” de peculado, en perjuicio del gobierno municipal.
El funcionario local indicó que, al tratarse de daños al erario, acudió en representación de la síndico, María Elena Ruíz Molina, para sustentar las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado, misma que logró la detención de Moguel Canto en la salida de Kantunilkín.
Balam Helguera reconoció que en el nuevo marco jurídico, el principal objetivo es el resarcir los daños, más que encarcelar a responsables, pues se prioriza el embargo de bienes.
“La idea no es llenar las cárceles de personas que han cometido delitos por peculado, sino que se vaya recuperando lo que al pueblo le pertenece”, agregó.
Destacó que es un buen antecedente la detención del ex tesorero, porque los futuros funcionarios sabrán que deben aplicar de la mejor forma los recursos públicos.
“Mayito” Moguel es acusado de haber malversado dos millones 270 mil pesos de fondos municipales, cantidad exorbitante que la gente de Holbox de todas maneras considera una “migaja” en comparación a toda la fortuna que amasó en cuestión de pocos años, durante su paso por la función pública.
Cabe destacar que en el trienio anterior, era conocido que el tesorero, nombrado directamente por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, tenía más poder e influencia que el propio edil, Luciano Simá Cab. (Noticaribe)

Denuncian al Gobernador Rolando Zapata, por la corrupción en la SEGEY

12 septiembre 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy
Los maestros se dicen hartos del nepotismo que impera en la SEGEY donde le arrebataron las Plazas que le correspondían a los verdaderos maestros que se las GANARON luego de exhaustivos exámenes, para repartirlas entre los JUNIORS DE LA SEGEY

Personal de la propia SEGEY que piden el Anonimato por temor a sufrir represalias, aportaron datos que, si el Gobernador del Estado Rolando Zapata Bello de verdad NO LO SABÍA, está obligado a DETENERLOS, eso si es que luego que NO sea Gobernador “quiere caminar por la calle con la frente limpia de corrupción”

Abusando de su poder y violentando los procesos de asignación de plazas el Secretario de Educación DELIO PENICHE NOVELO ha otorgado plazas estatales con un sueldo mensual de más de 30 mil pesos a SU HIJO y los hijos de los siguientes funcionarios:

José Luis Suárez Hernández, Plaza de Profesor Investigador de Media Superior Titular C Tiempo Completo (Hijo del Contador José Suárez, Director de Administración y Finanzas)

Luis Alfonso Peniche Pérez, Profesor Investigador de Enseñanza Superior Titular A Tiempo Completo (Hijo del Prof. Delio Peniche, Secretario de Educación)

Isis Chacón Quetzal, Plaza de Coordinador de Área (Hija de la Mtra. Guadalupe Quetzal)

ADEMÁS; el Secretario de Educación y Director de Finanzas otorgaron plazas de 30 mil pesos a sus asistentes sin contar con el perfil académico como estos casos:

Iván Gamboa Canché, Plaza de Profesor Investigador de Enseñanza Superior Titular C Tiempo Completo (Asistente del Contador José Suárez, Director de Administración y Finanzas)

Luis Torres Avilés, Plaza de Profesor Investigador de Enseñanza Superior Titular C Tiempo Completo (Asistente del Prof. Delio Peniche)

Los maestros dicen: Esperamos que el gobernador en su último suspiro sancione a los funcionarios que asignaron estas plazas de manera arbitraria.
Fuente Visión Peninsular

Javier Duarte intenta deslindarse por fosas clandestinas de Veracruz

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



En un texto enviado desde prisión, el exgobernador cuestionó la veracidad de la información del Fiscal estatal Jorge Winckler, quien aseguró que los cuerpos tenían al menos dos años bajo tierra
México.- J. Duarte, preso por acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa, acusó que la Fiscalía del estado pretende deslindarse de su responsabilidad ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos de al menos 166 personas.
En un texto enviado a la Agencia de Noticias Reforma, el exgobernador veracruzano cuestionó la veracidad de la información del Fiscal estatal Jorge Winckler, quien aseguró que los cuerpos tenían al menos dos años bajo tierra.
Consideró que es imposible determinar "a la ligera y sin ningún soporte técnico"que los restos tenían ese tiempo de haber sido enterrados.
"Pareciera que el actual titular de la Fiscalía tiene el único propósito de deslindarse de este hecho y no en hacer correcta y profesionalmente su trabajo, dando declaraciones sin tener sustento técnico forense alguno. Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto para los familiares de las víctimas", indica.
Cabe señalar que el lugar se localizaron también 200 prendas y 114 identificaciones, así como diversos accesorios y artefactos personales.
Por otra parte Reforma dio a conocer que se espera la colaboración de la División Científica de la Policía Federal, en fechas próximas, el sitio del hallazgo se mantiene en sigilio por la carpeta de investigación.
Asimismo la agencia de noticias dijo que el Fiscal General de Veracruz Jorge Winckler Ortíz informó que en agosto pasado localizó un punto en la zona centro del Estado donde los restos de al menos 166 personas quienes habrían sido inhumados de manera clandestina.

Exjefe policiaco de Duarte incrementó 86 mdp su patrimonio, pero aún así lo perdonan

30 agosto 2018
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Ver. (apro).- Marco Antonio Rodríguez Lobato, juez de Control del Poder Judicial del estado, retiró la medida cautelar de prisión preventiva a Arturo Bermúdez Zurita, Capitán Tormenta, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte, por el delito de enriquecimiento ilícito incluido en la causa penal 13/2017.
No obstante, el exfuncionario –acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y enriquecimiento ilícito– continuará en prisión debido a que tiene otro expediente abierto por “desaparición forzada”, pues la Fiscalía General del estado le imputa responsabilidad directa en la desaparición de 15 personas en enero de 2016 (carpeta de investigación 206/2016).
De acuerdo con la reposición de audiencia ordenada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial del estado, este martes el juez determinó que en los lineamientos de la ejecutoria se violaron los derechos humanos y presunción de inocencia del acusado, por lo que optó por retirar la medida de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, sin garantía económica.
La evolución patrimonial del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –de la que el reportero tiene copia– reporta salarios en el sexenio de Duarte por un total ocho millones 229 mil pesos, pero en ese mismo lapso (2010-2016) Bermúdez adquirió bienes inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, con un valor comercial de 86 millones 773 mil pesos. Ese dato fue fundamental para que en su momento se liberará la orden de aprehensión correspondiente.
En el oficio número 406 del Poder Judicial del estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, donde se acuerda la orden de aprehensión contra Arturo Bermúdez, se aclara que su declaración patrimonial sólo incluye los bienes inmuebles adscritos a su persona y no los del resto de sus familiares, cuyas propiedades abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Maya (Artisan Resort Spa), así como operadoras de viajes turísticos.
Otra observación relevante en la carpeta de investigación 236/2016 destaca que al término de 2012 Arturo Bermúdez registró adquisiciones de bienes inmuebles por 17 millones 496 mil pesos, con un valor comercial de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en 2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial no registró cambio alguno, pero en 2016 (con corte a agosto) la fortuna del exjefe policiaco ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bienes inmuebles con un valor comercial de 64 millones 733 mil pesos.
Entre los bienes del exjefe policiaco destacan lavanderías y propiedades en Texas, Estados Unidos, así como casas en esta capital, en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y en la Ciudad de México.
Extraoficialmente se dio a conocer que Capitán Tormenta habría entregado al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares diversos bienes inmuebles para reparar el daño que hizo al erario, entre los que destacan la Torre Alfa –condominios en el puerto de Veracruz–, dos inmuebles en Woodlands, Texas, y el Rancho La Cartuja, un conjunto residencial campestre ubicado en las montañas de Naolinco.
Además de Arturo Bermúdez, a la fecha se encuentran internados en el penal regional de Pacho Viejo, en Coatepec –imputados también por desaparición forzada–, el exdirector de Fuerza Civil y líder del grupo de exterminio “Los Fieles”, Roberto González Meza; el exdirector de Prevención y Reinserción Social, Oscar Sánchez Tirados, y 16 expolicías, entre ellos José López Cervantes, El Black.
Por el mismo delito también se encuentran presos el exfiscal general del estado Luis Ángel Bravo y la directora de Investigaciones Ministerial, María del Rosario Zamora.

Tragedia, que J. Duarte sea liberado: PAN

24 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Está mañana se informó que al ex Mandatario se le podrían abrir las puertas de la cárcel después de que la PGR le retirara el delito de delincuencia organizada en su contra
México.- El Partido Acción Nacional (PAN) consideró que "sería una tragedia" que el ex Gobernador veracruzano J. Duarte saliera de prisión en el corto plazo.
"Sería una tragedia para este País que J. Duarte salga libre. Yo soy de blancos y negros: es una persona que actuó con gran corrupción y debe pagar. O sea: no puede ser el mensaje en este País de que no hay justicia", advirtió el líder del blanquiazul, Damián Zepeda, en entrevista.
Tras comunicar que para el blanquiazul será un asunto de "máxima prioridad" empujar una Fiscalía General autónoma, Zepeda reprobó que la justicia se aplique con criterios políticos.
"Es muy lamentable que en el País exista justicia política, y en tanto no tengamos una Fiscalía General autónoma, independiente y apartidista y estos casos -que si la maestra (Elba Esther Gordillo), que si J. Duarte, que si otro-, de fondo, el problema es que no hay justicia real", planteó.
Está mañana se informó que al ex Mandatario se le podrían abrir las puertas de la cárcel después de que la PGR le retirara el delito de delincuencia organizada en su contra y lo reclasificó por el de asociación delictuosa.
Preso desde julio de 2017, obtendría en el mediano plazo la libertad provisional, ya que el nuevo ilícito no considera la prisión preventiva oficiosa.

Detienen a otro excolaborador de César Duarte por desvío del erario

04 agosto 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



 (apro).- Otro excolaborador de César Duarte Jáquez, el exgobernador que sigue sin ser detenido, cayó en manos de la justicia: Se trata del exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, a quien la Fiscalía General de Chihuahua acusa del presunto delito de desvío de recursos públicos.
Esperón González asumió el cargo en el gobierno duartista en el 2013, cuando Javier Garfio Pacheco renunció para contender por la alcaldía de Chihuahua y ganó.
Garfio Pacheco también fue detenido el año pasado acusado de peculado agravado, estuvo en prisión siete meses, fue sentenciado a tres años y medio pero el juez de Control le permitió enfrentar el proceso en  libertad.
Eduardo Esperón era delegado de la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pero dejó el PAN para sumarse al gobierno duartista.
El mes pasado, la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, explicó en la Ciudad de México que la operación de la red duartista actuó con cuatro flancos. Al centro colocó a César Duarte con su esposa Olga Bertha Gómez Fong.
Esos flancos son funcionarios, red de protección, empresarios y operadores directos, en las que, por lo menos, participaron 30 personas y ocho empresas, cuya operación alcanzó a estados como Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Sonora y Tlaxcala, a través de las que triangularon dinero público.
Entre los operadores directos se encuentran, según la secretaria de la Función Pública: los detenidos Antonio Tarín García, ex director de Adquisiciones y Servicios de Hacienda; Gerardo Villegas Madriles, ex director de Administración de Hacienda. Ambos son sobrinos de Duarte. Con ellos operó Carlos Hermosillo Arteaga, quien era diputado federal y murió en un accidente en el 20 de marzo de 2017 en la carretera Parral-Chihuahua. Él ocupó varios cargos estratégicos en el gobierno duartista, entre estos el de presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
La red de funcionarios: el ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, quien está detenido y además fue director de la Comisión Estatal de Vivienda; Marcelo González Tachiquín, ex titular de la SEDyD, ex director de Pensiones y ex secretario particular de César Duarte (aún está libre); Pedro Genaro Herández Flores, ex director del Seguro Popular y ex secretario de Salud, quien está bajo proceso administrativo; Javier Garfio Pacheco, ex de Obras Públicas y ex alcalde de Chihuahua, quien ya está sentenciado.
Señaló a Eduardo Esperón González; a Everardo Medina, ex subsecretario de Obras Públicas y primo de Duarte; Sergio Medina Jurado, ex director de Adquisiciones, también detenido; Karla Jurado Bafidis, ex directora de Administración de la Secretaría de Educación y con sentencia judicial.
Las empresas hasta ahora señaladas son: Kepler, cuyo representante Germain Ledezma, está preso; Fritag, con Jaime Fong detenido; Bildung, SINAS, SISAX, Employers & Admin,  Asesoría y Servicios Informáticos y Futura S. A.
En la red de protección señalan a los ex presidentes del PRI estatal, Karina Velázquez, quien también fue funcionaria en el gobierno de Duarte y actualmente es la presidenta del Congreso del Estado; Pedro Mauli ex tesorero del PRI, quien ya está.
Del PRI nacional, mencionó a Alejandro Gutiérrez, quien está preso y a Cristopher James Barousse, ex líder nacional juvenil del PRI.
Otros actores señalados son el ex diputado Fernando Reyes, aunque mencionó a “otros partidos” además del PRI; Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor detenido y paisano de Duarte, así como Edgar Omar Ramírez Martínez, aprehendido en julio pasado y medios de comunicación.
Hasta ahora, la FGE no ha dado a conocer detalles de la detención ni el monto de la cantidad del erario desviada.

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