Noticias de Yucatán.
Guadalajara.—
Javier desapareció el 1 de febrero de 2018, su familia lo buscó durante casi
nueve meses y las autoridades de Jalisco tuvieron su cuerpo durante todo ese
tiempo; su cadáver es uno de los cientos que fueron tratados con negligencia
por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y sólo fue
identificado por la presión social ejercida contra la administración del
priista Aristóteles Sandoval tras el escándalo de los cuerpos apilados en cajas
de tráiler.
De los
asesinos de Javier nada se sabe, pero quienes lo desaparecieron fueron
funcionarios cuyos nombres aparecen en la página 229 del informe especial
presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras
la crisis forense que revelaron los tráileres.
“Raúl
Sánchez Jiménez, entonces fiscal del estado; Maricela Gómez Cobos, entonces
fiscal central; Fausto Mancilla Martínez, entonces fiscal regional; José Lino
Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y
Persecución del Delito; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de
Recursos Materiales de la fiscalía; Bernardo Arzate Rábago, coordinador general
de Administración y Profesionalización de la fiscalía; Luis Octavio Cotero
Bernal, entonces director general del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, entonces
director del Servicio Médico Forense; Francisco Javier Ortega Vázquez, entonces
coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales”, se lee en el
documento.
Alrededor
de las 22:00 horas del 1 de febrero Javier, de 36 años, salió de la casa de sus
padres en el centro de Tlaquepaque para ir con una amiga, pero ya no volvió.
Por sus medios su familia ha logrado armar una parte de lo que ocurrió aquella
noche: a las 23:00 horas alguien comenzó a llamarle sin éxito a su teléfono, más
de 20 llamadas de un número desconocido están registradas en su línea.
Su teléfono
dejó de funcionar a la una de la mañana del 2 de febrero y la última
geolocalización que se obtuvo fue en la colonia Álamo Industrial; a las 3:00
horas fue asesinado con un tiro en la cabeza y el 3 de febrero su cuerpo fue
localizado en la cajuela de su auto, abandonado sobre la carretera cerca del
municipio de Tala.
Pero las
autoridades no hicieron nada por identificarlo. En el informe de la CEDHJ se
documenta que en casos como el de Javier, quienes encontraron el cuerpo se
limitaron a llenar un informe policial homologado y solicitaron “los dictámenes
periciales necesarios”, sin especificar datos del hecho, actos de investigación
a realizarse y omitiendo solicitudes concretas de pruebas periciales al IJCF.
Así comenzó
la desaparición del cuerpo de Javier. Por eso, cuando su familia acudió a
reportarlo en la fiscalía y fue a buscarlo al forense nadie pudo darles
información; esa escena se repitió a diario durante tres meses.
Cuando
veíamos noticias sobre la aparición de cuerpos en algún lugar pensábamos en él
y teníamos la esperanza de que no fuera así, de que tal vez lo tuvieran
haciendo algo contra su voluntad, pero vivo”, recuerda una de sus hermanas.
Según el
informe de Derechos Humanos de Jalisco, 81% de los cuerpos que se aglutinaron
en el IJFC durante esta crisis forense son de personas que murieron
violentamente.
Cuando en
septiembre del año pasado se divulgó la noticia de los tráileres con cuerpos,
los padres de Javier volvieron a insistir ante las autoridades, y a mediados de
octubre un par de policías investigadores les dijeron que en el Servicio Médico
Forense había un cuerpo con las características de su hijo. Les pidieron que se
hicieran una nueva prueba de ADN (la sexta) para confirmar, pero debido al
colapso de los servicios periciales, éstas se realizaron semana y media
después.
El jueves
25 de octubre llegaron al IJCF a las 11:00 de la mañana, el resultado del
examen fue positivo, les mostraron una foto con la cicatriz de una operación de
pulmón en la espalda; era el cuerpo de Javier. Se enteraron entonces que hacía
más de nueve meses que estaba ahí.
“El carro
también estaba en el corralón desde el día que lo encontraron y tampoco
informaron de su hallazgo, a pesar de estar reportado como robado, incluso la
aseguradora lo pagó”, recuerda la hermana de Javier.
“Perdón, no
es cosa de nosotros, no es nuestra culpa”, fue la respuesta de los funcionarios
que pretendían hacerlos volver al día siguiente para entregarles el cadáver.
La madre de
Javier se plantó ahí mismo y logró recuperar el cuerpo de su hijo a la 23:00
horas, pero no pudieron cremarlo como planeaban, porque se trataba de un delito
sin resolver. Les advirtieron que los restos siguen a disposición de la
fiscalía.
“Todo
cambió en mi familia, no hay día que mis padres no lloren, a mi papá le duele
la espalda, creo que es la tristeza, no tengo explicación. Esto no tiene ningún
sentido, estoy muy enojada por lo que pasó y lo que pasa en este país. De mi
familia es el primero, pero ya es mucha gente, antes era el amigo del amigo del
amigo, luego fue tu amigo, ahora fue mi hermano y tengo miedo de lo que pueda
seguir”, dice la hermana de Javier.
ELuniversal.
