Noticias de Yucatán.
Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que se contempla cerrar el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, y construir uno nuevo hacia el sur de la ciudad, que será concesionado a un operador privado y financiado a través de asociaciones público-privadas.
Durante su participación ayer en el Sustainable & Social Tourism Summit, que se realiza en Cancún, el funcionario mencionó que, de concretarse lo que hasta el momento es sólo una posibilidad, el nuevo aeropuerto estará enlazado con una de las terminales que tendrá el Tren Maya en la capital yucateca.
De este modo, una de las estaciones será ubicada cerca del Paseo Montejo, en el centro de la ciudad, y la otra en un terreno de 2 mil hectáreas al sur, en donde se construiría el nuevo aeropuerto.
En entrevista detalló que, si bien el tema es de competencia federal, tiene que ser avalado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien “lo está viendo con simpatía, todavía no hay decisión (definitiva), pero vamos en ese sentido, no podemos ocultar que estamos trabajando en eso”.
La propuesta es de conocimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio luz verde para explorar la posibilidad.
El aeropuerto sería operado por el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), el cual administra varios aeropuertos en México, entre ellos, el de Cancún.
Mover el actual aeropuerto, implicaría -dijo- que el terreno no se abandone, sino que se incorpore a la mancha urbana en el que se desarrollaría un proyecto verde, a manera de un Central Park, pero con edificios.
“Ahorita la ciudad prácticamente rodeó al aeropuerto, entonces si ese aeropuerto se mueve de lugar le ayuda a crecer bien. La ciudad está creciendo mucho al norte, entonces se está desproporcionando”, declaró.
“Las ciudades tienen que crecer casi circularmente, es lo lógico, entonces si tú ya generas eso rehabilitas una zona servida de infraestructura, pero que puede estar en mejores condiciones y hacer algo interesante”, expresó.
El esbozo de lo que será el nuevo aeropuerto está a cargo del arquitecto mexicano, Enrique Norten, quien hizo un planteamiento conceptual sobre el diseño de la obra.
Durante su presentación en el evento, Jiménez Pons reconoció que la parte más polémica del megaproyecto de Tren Maya es el componente ambiental y el tema con las comunidades indígenas y campesinas. Reiteró que las obras ferroviarias e inmobiliarias a desarrollarse en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán son, en su conjunto, un plan estratégico de reordenamiento territorial de la región.
“Hace falta reordenamiento territorial bajo otras líneas de desarrollo; primero la inclusión social y segundo, el absoluto respeto por el medio ambiente y eso que venga del gobierno mucha gente lo duda, y tienen razón hay que ponerlo en duda, hay que estar vigilante que se cumpla”, dijo.
En la parte social reiteró que buscan hacer de ejidatarios e indígenas propietarios de tierras, socios del proyecto. Remarcó que no tendrán que vender sus tierras y les exhortó a no aceptar las ofertas de especuladores.
Contrario a lo que exponen sus críticos, aseguró que el proyecto no es una improvisación, pues López Obrador viene planeándolo desde hace muchos años, como una alternativa para desarrollar el sur del país que padece un fuerte rezago.
El proyecto sigue afinándose -dijo- y recientemente su trazo sufrió un recorte de 55 kilómetros, eliminando el tramo entre Valladolid, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo.
“Ya para llegar a Cancún no será necesario ir de Valladolid a Cancún directamente, sino iríamos a través de Cobá, bajar a Tulum, y ahí se hace una ‘T’, que tanto sube el tren hacia el norte, que es doble vía y hasta triple vía por la gran necesidad de afluencia de pasajeros que en esta zona hay”, explicó
“También vamos hacia el sur, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, y de ahí posiblemente haya una extensión hacia Chetumal para aprovechar una condición muy importante”, precisó que la ruta completa abarca mil 460 kilómetros.
En el proyecto están involucradas las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Turismo (Sectur), Comunicaciones y Transportes (SCyT), y la Comisión de Regulación de Transporte, por la parte gubernamental. Se han firmado convenios con una veintena de instituciones académicas y científicas para la asesoría y con las Naciones Unidas.
El Universal
