Los brotes de coronavirus COVID-19 en reclusorios del país han alcanzado a más de 200 personas y causado 38 muertes, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su cuenta de Twitter, el organismo nacional presentó este jueves la actualización del monitoreo de la epidemia en los centros penitenciarios, y estos fueron los resultados:
• 225 casos confirmados.
• 77 casos sospechosos.
• 38 decesos.
• 63 pacientes recuperados.
El mismo reporte indica que, con 99 casos confirmados, el estado de Jalisco es el que acumula más contagios de COVID-19 entre la población privada de la libertad; a esta entidad le siguen:
• Puebla (51).
• Yucatán (16).
• Estado de México (15).
• Ciudad de México (15).
• Chiapas (8).
• Oaxaca (7).
• Sinaloa (5).
• Tabasco (4).
• Quintana Roo (2).
• Chihuahua (2).
• Guanajuato (1).
La CNDH indicó que además se han reportado tres riñas -una de ellas en Tabasco- debido a las medidas de sanidad implementadas en los centros penitenciarios.
Respecto a los casos sospechosos, la Comisión Nacional especificó que cuatro corresponden a prisiones militares ubicadas en la Ciudad de México.
Asimismo, puntualizó que el total de decesos registrados tienen confirmación de COVID-19 por parte de la autoridad sanitaria.
La publicación de estos datos coincidió con los presentados por la organización Reinserta, en la que se señala que solo seis gobiernos estatales han transparentado la información del sistema penitenciario durante la emergencia sanitaria.
Reinserta recordó que desde el pasado 13 de mayo se solicitó a los sistemas penitenciarios del país que transparentaran la información relacionada con casos registrados y medidas implementadas al interior de los centros penitenciarios.
Sin embargo, solo los gobiernos Nuevo León, Yucatán, Chiapas, San Luis Potosí, Nayarit y Baja California Sur presentaron los datos solicitados respecto al acceso a la salud, espacios de aislamiento, insumos, suministros, gobernabilidad, visitas y aspectos relacionados con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario.
En este sentido, la organización volvió a hacer un llamado al resto de las entidades para que transparenten esta información, pues la población privada de la libertad es una de las más vulnerables ante la epidemia debido a sus condiciones de hacinamiento.
"Instamos todos los estados de la República a sumarse y participar, reiterando nuestro compromiso de sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, el personal penitenciario y, en general, la reinserción social en México", expresó en un comunicado.
Por su parte, la organización Equis Justicia refirió que la Ley de Amnistía fue aprobada hace más de un mes con la intención de liberar a personas condenadas por delitos menores y, a su vez, evitar contagios dentro de los centros penitenciarios, pero que la comisión especial que revisaría los casos ni siquiera ha sido conformada.
"Es urgente que la autoridad conforme dicha Comisión, sin agotar el plazo máximo de 60 días hábiles establecidos por la Ley, a fin de concretar la posibilidad de liberar a personas injustamente encarceladas, bajo el fuero federal", sostuvo.
Esta medida, agregó, es de particular importancia en la epidemia por COVID-19, pues de aplicarse a la brevedad, contribuiría a mermar la sobrepoblación en las cárceles, y con ello disminuirá los riesgos de contagio y decesos por coronavirus en el sistema penitenciario.
Además de conformar la comisión especial para revisar los casos de posible amnistía, Equis Justicia solicitó al Ejecutivo federal:
1. Definir a las y los operadores de justicia del Poder Judicial Federal que evaluarán los casos avalados por la comisión.
2. Publicar los procedimientos para la recepción y trámites de solicitudes de amnistía.
3. Difundir dicho procedimiento en los centros penitenciarios, en un lenguaje accesible para todas las personas, incluyendo a personas con discapacidad, que no saben leer o hablantes de otro
4. Garantizar el acceso a defensores y defensoras de oficio que asesoren y acompañen los trámites de las amnistías.
5. Asegurar un mecanismo de seguimiento y apoyo para la reinserción social de las personas.
