Noticias de Yucatán.
La madrugada del 3 de julio, soldados dispararon centenares de veces con armas largas y a corta distancia, contra una camioneta en donde viajan presuntamente miembros de la delincuencia organizada, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La versión oficial señalaba que después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así fue que presentaron 12 personas muertas después de un enfrentamiento, pero un video en poder de El Universal revela lo contrario. En el video se ve que una persona se mueve en la caja de la pick up que acaba de recibir al menos 243 disparos. A su lado hay cuerpos. Frente a él están cinco soldados mexicanos apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritan, “¡está vivo!” y un militar ordena, “mátalo a la verga”.
Un elemento del ejército mexicano lleva una cámara pegada al casco, como parte del protocolo de operaciones urbanas. Está frente a una ametralladora que está puesta sobre una camioneta Cheyene. Dispara de frente apuntando a una camioneta pick up color plata. Se le acaban las balas y pide más municiones. Esto lo repite cuatro veces. Tiene problemas para cargar mientras están en la persecución.
Antes de esto, cuatro vehículos oficiales realizaban reconocimientos motorizados sobre la calle A. Valdez Reyna de la colonia Nueva Era, al salir hacia la carretera Aeropuerto con rumbo al norte, fueron agredidos con armas de fuego por miembros de la delincuencia organizada, revela el informe policial homologado al que El Universal tuvo acceso.
Eran tres camionetas tipo pick up que llevaban personas armadas. El ejército repelió la agresión y les dio seguimiento. Más adelante, dos de esas tres camionetas darían un giro en U y dispararían a los militares, dejando un vehículo inmovilizado. Los demás vehículos militares siguieron a la pick up color plata.
Mientras el soldado está cargando su ametralladora, un vehículo blindado del ejército, modelos Sancat, golpea por detrás a la pick up plata y provoca que pierda el control, cruce el camellón y se quede en sentido contrario y del lado opuesto de la carretera.
En todo este momento no se ve que las personas de la pick up perseguida disparen contra el ejército, un soldado declaró que usó 27 cartuchos en el evento, otro más al menos 70 disparos.
Cuando queda del otro lado de la carretera una persona intenta abrir una puerta, pero no baja. Del lado del piloto salen dos personas y son abatidas metros más adelante. Desde que se dio el golpe, el ejército no ha dejado de disparar a la camioneta.
Llegan ahora dos vehículos más del ejército, una cheyene con ametralladora y otro sancat y disparan a corta distancia. La cantidad de impactos es tal que parte de la caja de la pick up prende una llama.
Llegan otros dos vehículos del ejército, otra cheyene y otra sancat, se unen a los disparos.
En este tiempo, un militar ya pidió el cese al fuego. Esto dura sólo uno segundos cuando los elementos vuelven a disparar.
Se escucha por la radio que piden por sanidad, “que no se acerque nadie”. Y militares que ya están a pie se acercan a los que salieron corriendo y recibieron disparos y les vuelven a tirar a corta distancia.
Un soldado se acerca a todos los vehículos para preguntar si todos están bien. Responden que sí. En el informe, afirman que los vehículos recibieron 9, 7 y 7 disparos, ninguna baja.
Más militares están rodeando la camioneta. Llevan lámparas y armas. Se acercan cinco a ver la caja de la pick up, alguien se mueve. Ordenan matarlo, ahí se corta. El video tiene una duración de 4:16 minutos.
Los presuntos delincuentes
El 14 de julio, 11 días después de los hechos, El Universal reveló que, en el enfrentamiento con presuntos delincuentes, se encontraban también tres civiles que estaban secuestrados por integrantes del crimen organizado. Eran tres jóvenes: uno, migrante de Chiapas; otro, un estudiante universitario, y del tercero que se sigue sin tener información. Estas tres personas fueron incluidas entre los 12 presuntos delincuentes que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguran haber abatido, sin registrar ninguna baja.
Estas personas estaban secuestradas, llevaban manos y pies amarrados. Dos de ellos recibieron un impacto de bala en el tórax, de arriba hacia abajo, y el tercero murió de un balazo en el cráneo, disparado de uno a tres metros de distancia.
A diferencia de los demás cuerpos, estos tres sólo tenían un impacto de bala. Fotografías en poder de este diario revelan cómo los cuerpos presentan grandes cantidades de disparos.
En esa fecha la Sedena, al ser cuestionada por El Universal, explicaron que “En el momento en que termina el evento, la agresión, si no hay personas que pueda recibir atención médica, se informa a la FGR”, y así lo hicieron, informaron que nadie tenía signos vitales.
Los familiares de las víctimas presentaron denuncias contra la Sedena ante la Fiscalía General de la República por el delito de homicidio doloso, a una semana de los hechos.
La Sedena, consultada al respecto, explicó que el procedimiento es que si hay un delito ellos investigan y sancionan. “Si alguien comete un delito. Aquí no hay impunidad. No existe que se solape a nadie. En todas las ocasiones en las que se ha determinado a través de una investigación que hay responsabilidad del personal militar, siempre la institución ha investigado y si hay responsabilidad, se ha procedido. Es algo que siempre se ha hecho. No es nuevo”.
El uso de cámaras
Como se aprecia en el video, hay señales de que al menos hay una persona con vida. Este video es parte de una versión completa que las autoridades militares tienen.
El Manual de Uso de la Fuerza de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, emitido durante la anterior administración por los Secretarios de la Defensa y de la Marina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2014, disponía el uso de cámaras en los operativos para documentar los incidentes e interacciones con la población civil y contar con las evidencias de que la actuación del personal de las fuerzas armadas es respetuosa de los derechos humanos. Ya en este sexenio, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el DOF en mayo de 2019, dispuso en su artículo 30 fracción XI lo siguiente: “Es legal grabar o filmar el desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la conclusión del mismo.”
De 2010 a la fecha se han mostrado, tomando como referencia las recomendaciones de la CNDH, el patrón de actuación de las Fuerzas Armadas consistente en alterar la evidencia cuando incurren en violaciones a derechos humanos documentando en al menos siete casos, seis contra Sedena y una más contra Semar.
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), estos hechos confirman los riesgos de la decisión de profundizar la militarización de la seguridad, que se hizo patente primero con la creación de la Guardia Nacional, civil sólo en la letra, y después en el Acuerdo Presidencial publicado el 11 de mayo de 2020 que daría permiso a los militares de tener labores de policías.
“Por ello, al mantener el despliegue militar sin controles efectivos y al tolerar que siga el sistemático encubrimiento castrense a las violaciones a derechos humanos, sin duda podría hablarse de complicidad y esto podría afirmarse en mayor medida si tras la revelación del video completo no son llevados los perpetradores ante la justicia civil”.
En México se ha logrado documentar que en el ámbito castrense que sí han existido órdenes escritas explícitas que instruyen a los efectivos castrenses conductas contrarias a los derechos humanos. Así lo probó el Centro Prodh en el caso Tlatlaya, ocurrido en 2014
Adicionalmente, investigaciones periodísticas como el proyecto “Cadena de Mando”, han documentado que en los cuerpos castrenses que tienen presencia en los estados con mayor violencia, lo que la tropa recibe como instrucción de ciertos mandos sobre el uso de la fuerza es a menudo un conjunto de órdenes verbales de contenido implícito o sobreentendido sobre la posibilidad de emplear medios no compatibles con los derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, explica Aguirre.
Para José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Right Watch, este hecho es alarmante, “consistente con los patrones de conducta que hemos documentando por parte de las fuerzas armadas durante décadas. ¿Cuántos de los más de 70 mil mexicanos desaparecidos desde 2006 habrán muerto de esta manera? No lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que el presidente López Obrador pudo haber terminado con la política de mandar al ejército a patrullar calles. Pero en cambio, les ha dado más responsabilidad que nunca a los militares”.
El Universal
