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La exoficial del Registro Civil de San Luis Potosí, Teresa Carrizales Hernández, a través de un video, ha solicitado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, brindarle protección, ya que, según ella, recibe amenazas por teléfono y teme por su propia seguridad y la de su familia, después de que denunciara actos de corrupción.
"Tengo mucho miedo: he sido víctima de ultrajes por denunciar la corrupción de parte de Xavier Nava Palacios, quien es el presidente municipal de San Luis Potosí, junto con su secretario [general], Sebastián Pérez [García]", denuncia la abogada.
"Yo me di cuenta de que se estaban realizando actos de corrupción dentro de la Oficialía, los denuncié y esto es lo que me pasó", dice enseñando los moratones en sus piernas. "No solamente me corrieron de mi trabajo, sino que lo hicieron de esta manera: me arrastraron, me ultrajaron, me esposaron, me privaron de mi libertad; todo por denunciar actos de corrupción".
"Tengo mucho miedo porque yo tengo dos hijos, de 8 y 11 años, tengo mi madre que la siguen amenazando, a mí me están amenazando: recibo llamadas por teléfono, tengo miedo de salir a la calle. ¡Por favor ayúdenme! Temo por mi vida, este es mi último recurso, no sé a quién más recurrir", suplicó la mujer dirigiéndose al presidente de la República.
El desalojo
La abogada fue desalojada de su oficina en la Oficialía del Registro Civil número 11 del municipio de San Luis Potosí por varios policías municipales, quienes argumentaron que la oficial fue despedida y ya no desempeñaba allí. El acto fue filmado por varios de los presentes y este martes fue divulgado en las redes sociales. En las imágenes se puede ver que los agentes sacan a la exfuncionaria a rastras y maniatada.
De acuerdo a Carrizales, se trata de las represalias hacia su persona por descubrir las irregularidades en cobros de trámites del Registro Civil. La exoficial dice tener las evidencias de que los costos de los trámites fueron aumentados hasta un 17%.
En lo que se refiere a su solicitud de protección, medios locales han informado de que el fiscal general del estado de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, considera posible satisfacer esta petición y actualmente dichas medidas se están evaluando.
