Noticias de Yucatán
APRO. Rebasados por la sociedad,
los principales partidos políticos reaccionaron tarde ante la tragedia derivada
del sismo del 19 de septiembre e hicieron una propuesta: que los 6 mil 800
millones de pesos que recibirán para el proceso electoral del próximo año se
destinen íntegros a la reconstrucción.
Al margen de la imposibilidad
de hacer eso sin violar la Constitución, José Woldenberg, exconsejero
presidente del antiguo IFE, tacha la oferta de tontería y de ser un recurso demagógico.
El descontento de la ciudadanía hacia la clase política
–que se manifestó con mayor fuerza tras el sismo del pasado 19 de septiembre–
arrinconó a los dirigentes partidistas que, para encubrir su falta de respuesta
inmediata ante el desastre, se vieron obligados a proponer la renuncia a los
millonarios recursos que reciben.
No fue sino hasta una semana después de la tragedia
cuando los dirigentes de las dos principales alianzas partidistas en el
Congreso –PRI y Partido Verde (PVEM) por un lado; PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano (MC) por otro– rompieron el silencio y ofrecieron prescindir de los 6
mil 800 millones de pesos que por ley recibirán para las elecciones de 2018, a
fin de que ese dinero vaya a las tareas de reconstrucción.
Pero su propuesta es “demagógica y tonta”, en opinión de
José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (ahora
Instituto Nacional Electoral) y a quien le tocó inaugurar la reforma electoral
de 1996 que incluyó por primera vez el financiamiento público a los partidos.
Woldenberg explica que hubo razones para que en la
reforma de 1996 se incluyera el financiamiento público a los partidos: una fue
para “equilibrar” la competencia electoral, ya que el informe de los consejeros
ciudadanos respecto a la elección presidencial de 1994 reveló que la
competencia fue “asimétrica en favor del PRI”.
Aunque PAN, MC y PRD también proponen modificar el
artículo 41 constitucional para acabar con el financiamiento público y que los
6 mil 800 millones de pesos se destinen a la reconstrucción, sí consideran el
peligro de que el beneficiado sea el PRI, pues no confían en que evite la
tentación de utilizar los recursos del gobierno para financiar sus campañas
políticas.
Otra razón para incluir en la reforma de 1996 la entrega
de dinero público a partidos, recuerda Woldenberg, fue transparentar los
recursos y evitar que esos institutos políticos fueran rehenes de grandes
grupos económicos o de la delincuencia organizada.
Hay que recordar que en 1993 estalló el escándalo del
llamado “pase de charola”, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de
Gortari pidió apoyo a grupos empresariales para financiar la campaña
presidencial priista.
Dice Woldenberg que “se puede revisar a la baja, pero
eliminar el financiamiento público me parece una tontería y un recurso
demagógico”.
Pero el tema genera otras dudas.
Por ejemplo, hay quienes sostienen que eliminar ese
financiamiento es improcedente en estos momentos, pues la Constitución prohíbe
cambios a la ley del ramo durante el proceso electoral, que oficialmente
arrancó el 7 de septiembre. El PRI sostiene lo contrario.
Ceñido a la Constitución, Woldenberg considera que la
reforma no procede para aplicarse el próximo año, sino en todo caso para 2021.
Artificio político
A una semana del terremoto, los líderes de los
principales partidos hicieron suya la demanda ciudadana de acabar con el
financiamiento y entregar para la reconstrucción esos 6 mil 800 millones de
pesos que, por ley, deben recibir a partir de enero de 2018.
Las dos alianzas políticas en San Lázaro alegaron que
habían escuchado a la sociedad y demandaron acabar con el financiamiento
público. Pero el PRI fue más allá: incluyó una iniciativa para suprimir a los
legisladores de representación proporcional (escaños y curules que se les
reparten a los partidos en proporción al número de votos obtenidos por cada
uno).
Ello implicaría un ahorro adicional de 11 mil 600
millones de pesos.
Woldenberg califica de “triste y lamentable” la
propuesta, pues el sistema mixto, con diputados electos de manera directa y de
representación proporcional, es “la mejor manera de traducir los votos en
escaños”, sostiene.
Agrega que el problema de tener sólo diputados
uninominales es que “si usted elige un diputado en cada distrito, todos los
votos perdedores no tienen representación y el efecto acumulado de eso lleva a
una sobrerrepresentación de la mayoría y una subrepresentación de las
minorías”.
Aún más: “Las plurinominales juegan un importantísimo
papel, que es tratar de equilibrar que el porcentaje de votación sea similar al
de escaños. Es más, hoy existe un premio de 8% en el caso de la Cámara de
Diputados para el partido mayoritario (PRI) y si quisiéramos avanzar en ese
sentido, habría que eliminar ese premio y tratar de que entre votos y escaños
hubiera una relación idéntica”.
Woldenberg, quien fuera árbitro electoral siete años,
asegura que ambas propuestas –la de acabar con el dinero público para los
partidos políticos y la de eliminar a los legisladores de representación
proporcional–, no se puede aplicar en este momento.
La Constitución, en el antepenúltimo párrafo de la
fracción II del artículo 105, establece que “las leyes electorales federal y
locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que
inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no
podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Woldenberg precisa: “La ley establece que cualquier
reforma en materia electoral se puede hacer con tres meses de antelación al
proceso y éste ya empezó. Quiero imaginar que quienes están pensando en hacer
las modificaciones lo están pensando para después de 2018”, dice.
Se le recuerda que el coordinador del PRI en la Cámara de
Diputados, César Camacho Quiroz, sostiene lo contrario. Y responde: “Yo
sostengo que no.
“Si logran las dos terceras partes en la Cámara que el
Senado lo apruebe y que 50% más uno de los congresos locales lo avale, a las
carreras, sobre las rodillas, de manera intempestiva, como fruto de una
ocurrencia, sería una situación realmente lamentable”, dice.
Se puede adelgazar el Congreso a 200 diputados
uninominales y 200 plurinominales y también disminuir el financiamiento
público, considera Woldenberg, pero no se haría para 2018.
La razón por la cual los partidos están haciendo estas
propuestas, dice, es “que tienen mala conciencia; hay una ola social muy
poderosa, muy crítica de los partidos y quizá, por esa razón, es muy fácil
retomar ese malestar y decir: ‘¡Pues quítenle dinero a los partidos!’; en este
caso el PRI está poniendo demagógicamente esto. Creo que sin darse cuenta
cabalmente de lo que esto significaría para el futuro ya no de los partidos,
sino para el de la incipiente democracia que vive México”.
Oportunismo
Alejandro González Murillo, coordinador en San Lázaro de
la fracción del Partido Encuentro Social (PES) –instituto que no ganó ningún
escaño federal pero obtuvo nueve de representación proporcional–, dice en
entrevista que no está de acuerdo con la propuesta priista de eliminar este
tipo de diputaciones pues ello “atenta contra la pluralidad y la democracia”.
Aclara que el PRI nunca consultó al PES ni al Panal o al
PVEM. Recuerda que el Revolucionario Institucional tiene una
sobrerrepresentación “que no debería existir”; y además que conforme a la
votación, Encuentro Social debió tener 16 diputaciones pero sólo tuvo nueve,
“porque la ley, como está ahora, afecta a la democracia, pero el PRI quiere
afectarla aún más. Su propuesta atenta contra las minorías”.
El coordinador del PES dice estar de acuerdo en disminuir
el número de legisladores, pero para que la Cámara de Diputados quedara con 200
uninominales y 200 de representación proporcional.
Respalda la eliminación del dinero público a los partidos
y recuerda que desde septiembre de 2016 el PES presentó una iniciativa en este
sentido. Sin embargo, dice, “ellos (el PRI) la mandaron a la congeladora”.
Califica las propuestas de “oportunismo” pues, asevera,
fue el PRI el que impidió que se votara la reducción de 50% del dinero público
cuando aún se estaba en tiempo de realizar la reforma, conforme a la
Constitución.
“¿Por qué lo hacen ahora? Porque vienen las elecciones.
No es por el sismo; es porque estamos a la vuelta de la esquina de las
elecciones y de ahí se están agarrando para ganar adeptos. Siguen engañando a
la gente”, sostiene.
El 26 de marzo, la Comisión de Puntos Constitucionales,
que encabeza el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, convocó a sesión para
votar un dictamen que recogía la propuesta de reducir a la mitad el dinero
público destinado a los partidos; se contaba con el respaldo de Morena, el PRD
y MC. Sin embargo, dice González Murillo, el PRI y el PVEM “me enviaron un
oficio diciéndome que no podía convocar a votación” (Proceso 2113).
En entrevista, el secretario de dicha comisión, el
priista Braulio Guerra, asegura que las cosas no ocurrieron así, pero no aclara
qué ocurrió para que decidieran no someter a votación esa propuesta de
reducción de 50%.
–En 1996 pugnaron por dar financiamiento púbico a los
partidos… ¿por qué no votaron la reforma en marzo de 2017 para proponer una
eliminación total? –se le pregunta.
–Hay paradigmas, como el del año 1977 para incorporar a
los plurinominales, la de 1988 para crear el Trife, la de 1996 para sacar al
gobierno del IFE. Y éste es uno de esos paradigmas, un parteaguas, un momento
para cambios de fondo. Ser distintos a lo que dice la gente que no está
contenta.
“Y quien no lo ve y no lo escucha, está ciego. Se pensó,
sí, en reducir 50%, pero después del ambiente social que existe, la reflexión
del PRI es: ‘Cambiemos las cosas de fondo y no de manera parcial’. Las cosas
sucedieron de otra manera con lo de la ley Kumamoto”, dice.
También defiende la posibilidad de hacer reformas. Aclara
que su partido pretende reformar la Constitución (el artículo) 41 y no la Ley
Electoral.
El PRI consultó a ministros de la Suprema Corte para
analizar la procedencia de su propuesta. Incluso en su iniciativa presenta
algunas jurisprudencias entre las que se encuentra la que establece que la
Constitución no es una Ley Electoral, por lo que no se aplica en este caso el
artículo 105, que dice que no se deben realizar cambios ya iniciado el proceso
electoral.
Por lo pronto, el miércoles 4, la Comisión de Puntos
Constitucionales sesionará y ahí se determinará si ambas alianzas partidistas
se unen para acordar un dictamen que elimine la entrega de dinero público a los
partidos.
Aunque para Woldenberg, con esas propuestas “dan la
impresión de que compiten para ver quién dice la tontería más grande en materia
de financiamiento y representación. Que la ciudadanía diga que se debe quitar
el dinero a los partidos uno lo entiende, pero que lo digan dirigentes de
partido de manera acrítica, es preocupante”.
Si quieren donar el dinero de 2018, señala, lo pueden
hacer con la misma fórmula que usaron con los recursos de 2017, notificándole
al INE y que la Secretaría de Hacienda lo redistribuya para la reconstrucción.
Esta entrevista se publicó el
1 de octubre de 2017 en la edición 2135 de la revista Proceso.
