Noticias de Yucatán.
El Senado aprobó ayer el llamado “Plan B” impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).
Las modificaciones fueron avaladas, en lo general y en lo particular, con 72 votos a favor (en su mayoría de Morena, el PT y el Verde) y 50 en contra. Los miembros de la oposición esperan la publicación por parte del Ejecutivo federal para impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El “Plan B” fue presentado por López Obrador en diciembre pasado, luego de que el Congreso rechazara la reforma electoral con la que se proponía sustituir al actual INE, entre otros ajustes.
Senado avala ley que otorga a Sedena protección del espacio aéreo
El consejero electoral Ciro Murayama explicó en días pasados que entre los cambios, el “Plan B” desaparece las 300 Juntas Ejecutivas Distritales y mutila la estructura operativa básica del INE, lo que impedirá organizar comicios auténticos.
La nueva propuesta incluía una cláusula de “vida eterna”, la cual señalaba que los partidos “grandes” podían traspasar parte de sus votos a los “chicos” que tuvieran en su alianza o coalición para que conservaran el registro. Sin embargo, fue excluida del dictamen.
Por su parte, los partidos de oposición criticaron la aprobación de la ley al considerar que es el “peor retroceso democrático de la historia de México”, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI.
Indira Rosales San Román, del PAN, aseguró que este “Plan B” es “igual de dañino” que la propuesta original de reforma electoral.
El próximo domingo se alistan al menos 83 manifestaciones en diversas ciudades del país y del extranjero para rechazar el “Plan B”.
Oposición impugnará la reforma presidencial
Durante un largo debate en el que la oposición reiteró su rechazo a la reforma presidencial, se concluyó el proceso legislativo del “Plan B” y se anunció que de inmediato se presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, remitió la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral al Ejecutivo Federal para su publicación.
La presidente de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, indicó que, con base en el artículo 72 constitucional, se determinó que todos los artículos que componen la minuta, no podían ser materia del análisis por parte de esta Cámara, ya que ha culminado el procedimiento legislativo para su discusión y aprobación en el mes de diciembre de 2022.
El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a Morena y sus aliados a aprobar el dictamen del “Plan B” tal como lo devolvió la Cámara de Diputados, con el fin de eliminar definitivamente el artículo correspondiente a la llamada “cláusula de vida eterna”.
“Lo único que están haciendo es dejarlo pendiente, lo están dejando en el limbo, lo están dejando aquí en un cajón, nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento.
“Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí y mañana pueden revivirla, en una semana pueden revivirla, en dos semanas, y yo perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que, de conformidad con algunos precedentes judiciales vigentes, no se puede estar de acuerdo con la transferencia de votos o cláusula de vida eterna, y “consideramos que al emitirse un sufragio, este debe considerarse agotado y no convertirse en mercancía política”.
AP
