El secretario del ejido de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que el gobierno del Estado les pagaría hoy, por medio del intermediario Luis Fernando Pérez Escalante, el saldo que les debe por las 3,012 hectáreas que pretende adquirir.
El pago, dice, comenzaría a las 10 horas en el local del comisariado ejidal, ubicado a unos metros de la plaza principal. Primero cobrarían los 176 ejidatarios, a $39,000 cada uno, y luego seguirían los 180 posesionarios, quienes recibirían a $27,000.
La derrama sería de $11.7 millones, para beneplácito de cantineros y comerciantes de Ucú.
“A ver si puedo cobrar hoy lo que me deben los compañeros”, comenta Dzul García, quien da dinero al interés a sus colegas del ejido que no cuidaron los $950,000 que han recibido.
“Muchos malgastaron su dinero y ahora andan prestando. Yo les doy porque sé que van a recibir un saldo”, dice el secretario del ejido.
“Lo gastaron en mujeres y en parrandas. Otros compraron sus camionetas, en vez de que lo cuiden o inviertan”.
En abril de este año, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, presidente y tesorero del ejido de Ucú, informaron que el gobierno del Estado les congeló un último pago, en tanto no salgan los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas.
Los campesinos aseguraron que los ejidatarios ya habían recibido de 2008 a esa fecha $950,000 y los posesionarios $700,000 cada uno, lo que hace un total de $293.2 millones.
Según el gobierno del Estado, ya pagó $343.3 millones, de manera que hay $50 millones cuyo destino se desconoce.
Euán Dzul y Chan Dzul afirmaron que el gobierno del Estado les ofreció pagar $1.008,000 a cada uno de los ejidatarios y $800,000 a cada uno de los posesionarios por las 3,012 hectáreas que están en suspenso.
Santos Rogelio Dzul recuerda que está pendiente también un pago del “comprador de Monterrey”, que pretende adquirir otras 591 hectáreas del ejido.
Legisladores del PAN afirman que ese comprador es el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
El senador Hugo Laviada Molina señaló que Enríquez Hernández es el operador en varios estados de un proyecto inmobiliario que genera recursos para las campañas del PRI.
El senador suplente y la ex diputada Patricia Gamboa Wong interpusieron, como informamos, una denuncia por peculado contra la gobernadora Ivonne Ortega y la ex directora de la Cousey y el IVEY, Angélica Araujo Lara, entre otros funcionarios del Ejecutivo.
La compra de tierras en Ucú nació y sigue bajo la polémica. Comenzó con una protesta de ejidatarios que se dijeron sorprendidos por el trato que realizó a sus espaldas el ex comisario Miguel Pech Cabrera.
Enterado del caso, el procurador agrario Jacinto Sosa Novelo denunció que la Cousey se “brincó” a esa dependencia en la compra de tierras en Ucú y la acusó de usar dinero público como capital de riesgo y de actuar como cualquier especulador.
De entonces a la fecha han surgido acusaciones y la denuncia por peculado ante el Ministerio Público. Al salir en defensa del caso, el consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Cuevas González, afirmó que se trata de una “compra perfecta”, aún cuando admitió que carecen de los títulos de propiedad.
Hugo Laviada Molina dijo que la “compra perfecta” sólo se aplica en casos civiles y le revirió que esa confesión se convirtió en la “prueba perfecta” de la denuncia por peculado.
En una carta que distribuyó en el Senado, la gobernadora hizo veladas amenazas al senador yucateco.