Pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al pago de pensiones cotizadas bajo salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aún no realiza ningún ajuste, y eso se hará mediante una mesa de análisis en el que se revise todo el esquema pensionario, incluido el outsourcing.
Zoé Robledo, director del IMSS, expuso que son varios temas que se tendrán que analizar en el marco de una mesa de trabajo que encabezará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues no sólo se tratará el tema de cómo incrementar las pensiones, sino cómo lograr un mayor ahorro, cómo llevar a cabo el ajuste —considerando el salario mínimo— y eliminar el outsourcing ilegal. En septiembre, la SCJN emitió una jurisprudencia que señala que la UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de una prestación de naturaleza laboral regida por el salario mínimo.
Trabajadores se inconformaron ante el 18 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para hacer efectivas sus pensiones, con el fin de que no se utilizara para fijar su pensión con la UMA, cuyo valor es menor al salario mínimo, lo que afecta sus ingresos.
Robledo dijo que el Consejo Técnico, máxima autoridad en el IMSS, aún no determina cómo y de qué manera se haría tal ajuste a las pensiones, que significa 20% más de lo que se paga en la actualidad, “es un tema que tiene que ver con una sentencia de la Suprema Corte, pero esa mesa de la reforma (con Hacienda) tiene que ver también con esos temas, por eso anuncié que estamos listos para sumarnos a ellos”.
Llama a acabar con el outsourcing ilegal
Por otra parte, el director del IMSS sostuvo que es indispensable que se termine con el outsourcing ilegal, “el bueno, adelante. Pero ese que se ha identificado como ilegal que nos mete subregistros, que hace que los trabajadores empiecen a precarizar su ahorro desde el primer día de trabajo no debe de permitirse. No sólo es un delito, es una vulneración al Estado Mexicano y esa es otra de las medidas que tenemos que acabar”.
Tras señalar que hay un cálculo por evasión de 21,000 millones de pesos al año, Zoé Robledo dijo que “No se trata de poner una reforma delante del propósito; sino el propósito debe encontrar una solución y muchas veces esas soluciones tienen que ver con varias reformas con muchos ordenamientos a varias leyes, e incluso con políticas públicas, como decía ya se está haciendo trabajo conjunto con el SAT, con la Procuraduría Fiscal, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Secretaría de Trabajo; esto va en serio y esperamos dar los primeros resultados”.
El Economista
