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Andrés Manuel López Obrador llegó a la silla presidencial enarbolando la bandera anticorrupción: aseguró que en el gobierno de la Cuarta Transformación se erradicaría las corruptelas y el nepotismo… pero la realidad es muy distinta.
Prueba de ello es lo que ocurre en la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte (Conade) encabezada por Ana Gabriela Guevara, en donde la propia la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han denunciado una serie de irregularidades que suman más de 12 millones de pesos.
Al puro estilo de La Estafa Maestra, la Conade firmó contratos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (involucrada en la Estafa), institución que al no contar con la infraestructura suficiente para ofrecer los servicios informáticos por los que se le contrataba, subcontrató a otra empresa.
El monto entre la Comisión y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) asciende a los 279 mil 153 pesos, ello sin tomar en cuenta que la Conade hizo el contrato por adjudicación directa, práctica de sexenios anteriores criticada por la Cuarta Transformación.
Toda institución de gobierno debe poner en concurso de contratación a los proveedores que llega a requerir. Pero en la Conade no es así.
Una vez que contrató a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por un monto de 279 mil 153 pesos, esta institución subcontrató a la empresa Freight Ideas, S.A. de C.V. para que le proveyera servicios de arrendamiento de equipo de cómputo, así como de red de telefonía que equivalía al 10% del pago que le ofrecía la Conade; es decir, el equivalente a 28, 056.6 pesos, cifra y movimientos que fueron detectados por la ASF.
Respecto de las malversaciones encontradas por la Secretaría de la Función Pública, ésta señaló que la Conade incurrió en una serie de irregularidades que recayeron en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos correspondientes al fideicomiso “Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento” (Fodepar).
Para ello, la Conade fue expuesta a siete auditorías, que se llevaron a cabo del 1 de julio al 27 de septiembre de 2019, en las que obtuvo 22 observaciones sobre el periodo en el que se le investigó a través de fuentes documentales procedentes de enero a junio del mismo año. Dicha auditoría fue llevada a cabo por el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP.
Mientras el OIC de la SFP encontró documentos apócrifos o carentes de validez oficial, la ASF detectó el posible daño hacendario por parte de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte por la cantidad de 12 millones 243 mil 633.63 pesos tras hacer la revisión del contrato entre la UAEH y la Comisión. Aunque, conforme a los señalamientos de la ASF, las incidencias se incrementan, como es el caso de la falta de monitoreo y supervisión de contratos por parte de la Conade.
Pero eso no es todo. Durante el primer año de la administración a Ana Gabriela Guevara, la Conade celebró al menos tres contratos con empresas de reciente creación.
De acuerdo con el Quinto Elemento Lab, una de estas empresas seleccionadas es Ostergard Rensen Consultores, la cual tiene como socia a María de Lourdes Karime Balut Escartín, quien fue asistente Ana Guevara, cuando fue legisladora en el Senado de la República.
Según el acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo de 2019 y se protocolizó el 2 de abril, con un capital de 4 mil pesos. El notario fue Ignacio R. Morales Lechuga. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 mdp por el servicio de “consultoría legal, civil y migratoria”.
Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre, y María de Lourdes Karime Balut Escartín, ésta última, la asistente de Guevara Espinoza cuando fue senadora Partido del Trabajo entre 2012 y 2018.
El Quinto Elemento Lab señala que además de su actividad empresarial, Karime Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa. Bartlett coordinó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí.
Pero cuando se le preguntó sobre su participación accionaria en la compañía Ostergard, Karime Balut Escartín respondió: “Yo no soy accionista de ninguna empresa”.
Se le preguntó si podría tratarse de una persona con nombre homónimo, pero solo indicó que más tarde se comunicaría, “porque estamos por entrar a una reunión”. Sin embargo, su socio y director de la consultora, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la ex asistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.
–Yo conozco a Karime porque (…) me he dedicado también al derecho migratorio, y (…) ella estaba en la comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad, y entonces ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a CFE. Entonces el tema no es que estuviese trabajando en la Conade y que me pudiera ayudar de alguna forma.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Karime Balut trabajó al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Ana Gabriela Guevara y Quinto Elemento Lab cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados por la hoy socia de Ostergard con el Senado de la República, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido “relaciones profesionales, laborales o de negocios (…) durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación”.
Aunque se creó legalmente en marzo del año pasado, Quinto Elemento Lab asegura que la fundación de esta consultora se cocinó desde el mes posterior al triunfo electoral de la actual coalición gobernante. Eberth Alonso relató que en agosto de 2018, un contacto que actualmente trabaja en la Secretaría de la Función Pública, le habló de la oportunidad de contratos con la futura Administración.
Me dijo: ‘Oye Eberth, deberías de meterte y concursar, porque lo que quiere ahora el nuevo gobierno es (…) poder darle la oportunidad a despachos nuevos’. Me pareció interesante la idea, y le dije: ‘es que yo estoy constituido como persona física con actividad empresarial’. ‘Bueno, pues puedes constituir una empresa, pero con un par de socios para que no nada más sea como, eh… no engañar, sino darle un revestimiento jurídico para poder competir con despachos de más experiencia’.
Borgelund Consultores México fue fundada con 2 mil pesos el 2 de abril de 2019. El objeto social de esta empresa es exactamente el mismo que el de la consultora Ostergard, casi palabra por palabra y coma por coma, aunque ambas compañías tienen socios diferentes.
El 1 de junio, la Conade pactó con Borgelund un contrato por asesoría legal laboral por 1.8 mdp, bajo “adjudicación directa federal”, según consta en el expediente 1921714 de Compranet, aunque su administrador aseguró que el contrato se obtuvo vía licitación.
Quinto Elemento Lab cuestionó a Armando Reyes Sánchez, administrador de Borgelund sobre la identidad de los miembros de su sociedad comercial que vienen identificados en el acta constitutiva, pero dijo desconocer al comisario de su consejo, Ignacio Manuel Navarrete García, aunque después reconoció que “sí lo he visto, pero no está aquí, nos lo asignaron en la notaría”.
Sin embargo, el notario número 116 Ignacio Morales Lechuga, ante quien se protocolizó Borgelund, negó que las notarías hagan esos nombramientos: “La determinación del comisario es la que indica el solicitante. No tenemos ningún interés en designar administradores, apoderados o comisarios, sino los que los clientes nos dicen”.
Además de Ostergard y Borgelund, hay otras empresas de reciente creación que han sido favorecidas con contratos por parte de la Conade. Se trata de la firma IPM Investigación Estratégica Social, creada el 7 de enero de 2019 por Porfirio Cruz Vázquez, ex director general de Opinión Pública de la Presidencia de la República bajo la gestión de Enrique Peña Nieto.
IPM Investigación Estratégica Social obtuvo dos contratos adjudicados por la Conade relacionados con la campaña del Premio Nacional de Deporte 2019, que suman medio millón de pesos.
Aunque la Secretaría a cargo de Irma Eréndira Sandoval, una de las funcionarias más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, denunció la serie de irregularidades en la Conade que suman más de 12 millones de pesos, ni la institución ni Ana Gabriela Guevara han sido sancionados.
Incluso, Guevara Espinoza declaró recientemente ante medios de comunicación que no teme a comparecer en relación a las observaciones que emitió la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero esto no ha ocurrido.
La Secretaría de la Función Pública es la institución encargada de vigilar la actividad y la probidad de los servidores públicos.
Su tarea como parte del sistema nacional anticorrupción, es fundamental para cumplir la principal oferta de campaña de López Obrador: desterrar la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Irma Eréndira llegó a la Secretaría de la Función Pública en medio de la controversia, debido a que su esposo, John Ackerman, es ideólogo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) partido político creado por Andrés Manuel López Obrador y el cual lo llevó a la presidencia.
Además, es hermana de Pablo Amílcar Sandoval, quien es dirigente de Morena en Guerrero.
Por estos vínculos, la llamaron la “fiscal cuata” (amiga a modo) de López Obrador. Ella aseguró que no ha habido ni habrá subordinación, sino “voluntad política para empujar la lucha anticorrupción hasta las últimas consecuencias”.
Antes de iniciar su trabajo al frente de la SFP, Irma Eréndira Sandoval aseguró que se harían obligatorios los ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones".
Las licitaciones públicas, dijo, "serán en línea y con control social para todo tipo de compra y contratación, incluyendo las asignaciones de asociaciones público-privadas y de manera trascendental la contratación de deuda pública".
También quedará prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares se vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocios privados.
“No habrá más Odebrecht, no habrá más Casas Blancas (el escándalo que involucró una propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto), ni en Malinalco, ni en Miami, ni en Atlacomulco”, añadió.
Pero, hasta el momento, en el caso de la Conade, no ha habido ninguna sanción.
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