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En una apretadísima votación, el Senado aprobó ayer la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos, como son huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris, o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.
Pese a las más de 30 reservas presentadas por la oposición, la minuta se aprobó sin cambios y fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.
PAN, PRI, PRD y MC anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que violenta garantías fundamentales de los mexicanos, además de poner en riesgo su seguridad.
Morena batalló para sacar adelante la minuta, que provocó descontento entre sus propias filas. Se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones. Estas últimas de ocho morenistas entre los que se enlistan Héctor Vasconcelos, Napoleón Gómez Urrutia, Ifigenia Martínez, Nestora Salgado y Cecilia Sánchez, así como de los petistas Cora Pinedo y Joel Padilla.
La senadora de Morena Jesusa Rodríguez votó en contra de esa minuta que, según expusieron en tribuna senadores de oposición, es una réplica del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se puso en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón y debió clausurarse dos años después, porque tuvo efectos contraproducentes.
Nos vemos en la Corte, resumen legisladores
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucy Meza, comentó que con la reforma se busca reducir los delitos de extorsión y secuestro que dejan ganancias a la delincuencia organizada por 12 mil millones de pesos anuales.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Manuel Añorve, el único opositor que avaló la minuta, señaló que en el país hay 122 millones de líneas de telefonía móvil y 85 por ciento es de prepago, lo que propicia el accionar del crimen organizado.
Sin embargo, a nombre del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu, resaltó que la propuesta de crear el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil es autoritaria e innecesaria, similar a la del Renave, que en lugar de reducir, incrementó en 40 por ciento el delito de extorsión, e incentivó otros ilícitos, como el robo de identidad, de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM.
La nueva propuesta, dijo, violenta la presunción de inocencia y deja en total indefensión a los ciudadanos, ya que las autoridades presumen culpable de cualquier delito cometido con la línea registrada a su nombre.
El coordinador de Morena, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el padrón es un coctel de violaciones a la Constitución, una suma de afectaciones a diversas garantías, por lo que habrá acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo de muchos usuarios, porque hay retroactividad de la ley, ¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, o en 30 días te van a cancelar la línea”, recalcó.
Los panistas Damián Zepeda y Julen Rementería hicieron notar que el propio Institituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está de acuerdo con la facultad de manejar ese registro y que ni siquiera se le han asignado los recursos para esa nueva tarea, que tan sólo en el primer año requiere 120 millones de pesos. Nos vemos en la Corte, advirtieron.
Critican expertos e industria la iniciativa; el IFT, sin capacidad para operarlo, advierten
Dora Villanueva
Participantes de la industria y defensores de derechos de usuarios advirtieron que la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil –aprobado este martes en el Senado– implica una masiva violación a los derechos de datos personales. También, consideraron, dará materia prima para que los delitos se incrementen, abonará a la simulación en la persecución de ilícitos, facilitará la fabricación de chivos expiatorios e implica un gasto multimillonario para un sistema que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene capacidad operativa, presupuestaria ni constitucional para gestionar.
Cada día de 2021 se han registrado en promedio 20 denuncias por extorsión en México; nueve de cada 10 se realizan vía telefónica, de acuerdo con las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien hay una tendencia a la baja respecto a los 24 reportes diarios que se registraron en 2019, la persistencia de este ilícito es el argumento central para revivir el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
El Renaut fue promovido en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos.
Este martes el Senado aprobó que los usuarios de las 126 millones de líneas telefónicas que hay en el país se registren con ellas y entreguen, además de datos personales, información biométrica: huella dactilar, reconocimiento del iris, geometría del rostro, incluso el tono de voz. De lo contrario, los operadores de telefonía celular deberán suspender el servicio. La propuesta que en diciembre salió de la Cámara de Diputados tuvo como autor al ahora dirigente de Morena, Mario Delgado.
Crear el padrón responde a la incapacidad de las autoridades de seguridad para reducir las cifras de extorsión; a una presión de Estados Unidos que bajo intereses geopolíticos promueve la recolección de datos personales con fines de inteligencia y al cabildeo de empresas de reconocimiento biométrico, que buscan hacer negocio con un sistema por el que cobrarán miles de millones de pesos vía impuestos a los usuarios de telefonía celular, explicó en entrevista Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Ana de Saracho O’Brien, consejera de la sección X de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti), explicó que 10 años después del Renaut no se han movido los principales supuestos que impidieron su operación. Seguimos sin tener una cédula de identidad obligatoria para toda la población que sirva como fuente de validación; y requerir el INE niega el derecho a acceso libre a Internet y a servicios de telecomunicaciones, explicó.
Ambos coinciden en que es medular la violación del principio de inocencia con la iniciativa, pues se investigará a la persona vinculada a la línea telefónica desde la que se cometió el delito, obviando que los delincuentes no registrarán su información ni darán sus datos personales e incluso suplantarán identidades para extorsionar. Hasta ahora, para que las autoridades puedan tener información de los usuarios, se requiere una orden judicial por una investigación en curso. Claramente hay delincuentes y eso lo sabemos, pero no se puede regular todo el servicio a partir de un universo delictivo que es muy corto, dijo la consejera de Canieti.
El Estado, con herramientas que no usa, dice la Canieti
García recalcó que actualmente no hay un vacío legal para que policías y fiscalías investiguen. Es falso que el Estado no tenga facultades o herramientas para combatir delitos como la extorsión; las tiene, pero no las ejerce por incompetencia o por cobardía. Se sabe que la inmensa mayoría de extorsión salen de los penales, pero no van por los teléfonos en los penales, no cancelan la señal de telefonía en los penales, explicó.
Agregó que tienden a filtrarse las bases de datos por problemas estructurales muy profundos de corrupción, de colusión de autoridades y funcionarios de empresas con la delincuencia; una ley de Protección de Datos Personales e INAI, que no cuentan con las herramientas para proteger los datos y no generan los incentivos directos para que haya consecuencias por esa situación (...) es frecuente la vulneración porque es más costoso poner en marcha medidas de seguridad altas, que pagar las multas que, además, es superimprobable que te impongan como empresa, expuso.
La Canieti rechazó que la industria entre por el momento en litigios una vez aprobado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero la sociedad civil sí promoverá acciones legales e incluso se alienta que, como medida de resistencia, las personas se nieguen a registrar sus datos personales.
