Noticias de Yucatán.
H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
A la Opinión Pública.
El monto asignado
al Tren Maya en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
2021, enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en detrimento
de rubros esenciales, no debe de ser aprobado.
Los suscritos,
organizaciones, colectivos y personas en lo individual, deseamos manifestar las
siguientes preocupaciones y consideraciones:
1.- Para llevar a
cabo ese megaproyecto, una enorme cantidad de recursos monetarios estaría
destinada esencialmente a beneficiar a grandes empresas constructoras. Lejos de
ayudar al desarrollo social de los pueblos indígenas y campesinos, esa obra conducirá,
como ya lo ha estado haciendo, a incrementar exponencialmente la privatización
de la propiedad social de la tierra. La mano de obra barata cautiva de las
comunidades servirá para el mismo enriquecimiento de las empresas
constructoras.
En caso de que se
llevara a cabo el despropósito de los llamados polos de desarrollo, el futuro
de gran parte de la población sería el de continuar siendo fuerza de trabajo
mal pagada en los destinos turísticos que se pretende construir, además del
desplazamiento de poblaciones y del perjuicio al tejido social que esto
significaría.
Otorgar la
construcción de uno de los tramos a las Fuerzas Armadas agrega un
elemento de intimidación a la población, así como de amenaza y ampliación de la
militarización al otorgarles funciones que no corresponden a su naturaleza
jurídica.
Con los daños a
pueblos, comunidades y en general a la población de la región, será una obra
que causará graves afectaciones negativas al medio ambiente, a los suelos, a la
conservación de selvas y montes, a especies animales y vegetales, a los mantos
acuíferos y al patrimonio cultural de los cinco estados que se verán afectados,
particularmente en la Península de Yucatán.
Son varios los
estudios que desde la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, La Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Metropolitana y el CONACYT, han expuesto y fundamentado todo lo
anterior, además de las percepciones que en el mismo sentido existen en muchos
sectores de las comunidades que directa o indirectamente serán afectadas[1].
La certeza sobre
las características de este proyecto ha sido posible a pesar de la opacidad con
la que ha sido encubierto, particularmente por parte de Fonatur, opacidad que
en todo caso debe de ser abordada por la H. Cámara de Diputados oyendo a todas
las partes interesadas.
Para efectos del
análisis presupuestal es indispensable que la Cámara de Diputados conozca
a profundidad los impactos negativos de esta obra que son del interés legítimo
de toda la sociedad por sus implicaciones ambientales, poblacionales,
regionales y nacionales.
2.- Los salarios
precarios que se ofrezcan durante la construcción y después, significativos
para una población empobrecida, pueden llevar a que algunos de sus sectores se
conformen con la obra. Pero aprovechar la pobreza para el enriquecimiento de
las constructoras y de otros sectores empresariales no es desarrollo. Se trata
de un proyecto propio del capitalismo depredador.
Por si fuera poco,
junto con la desinformación y con el reparto de dinero entre habitantes de
comunidades cercanas a donde está previsto el paso del tren, el Gobierno de la
República, por conducto de Fonatur, está causando división y encono que
amenazan con dar lugar a situaciones de violencia.
3.- Desde su
inicio, el proyecto ha violado abiertamente la legislación en materia de
derechos humanos, ambientales e indígenas. Administrativamente las
adjudicaciones para llevar a cabo las obras han sido hechas por Fonatur, cuyas
facultades para realizar ese tipo de asignaciones son, por decir lo menos,
jurídicamente discutibles. La simulación de consulta indígena fue una
afrenta a los derechos de los pueblos originarios y la intención tardía e
inconsistente de las Manifestaciones de Impacto Ambiental ha violentado la
legislación ambiental.
4.- Es inadmisible,
por falaz, la disyuntiva que se formula desde el Gobierno en el sentido de que
o los pueblos permanecen en la pobreza, o se someten a otra forma de
empobrecimiento que implica que sean sujetos explotados en un proyecto como el
del tren. Falsamente se ha dicho que los pueblos del sureste de la República
han estado en el abandono o en el olvido. No es así. Esa versión
deliberadamente paternalista es falsa. Han sido históricamente sometidos a
diversas formas de explotación y de dominio, que tendrán una nueva expresión en
caso de que sea impuesto el proyecto que ha sido llamado Tren Maya.
Para cambiar la
condición histórica de los pueblos habría que impulsar proyectos reales de
desarrollo sustentable, que protejan al medio ambiente, que respeten las
culturas originarias y que cuenten con la participación activa (no subordinada)
de sus integrantes.
Hacia proyectos de
esta naturaleza tendría que dirigirse partidas presupuestales amplias y no para
una obra con las características negativas para el desarrollo como el Tren
Maya.
5.- Ante este
panorama, sería económicamente irracional y socialmente ofensivo que la Cámara
de Diputados aprobara para esa obra el monto de 36, 288 millones de pesos que
le es asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Presidencial, lo
que significa un incremento del 1302.4% en comparación con el año anterior.
La irracionalidad
está determinada no solamente por el brutal incremento para una iniciativa tan
cuestionada, sino por la diferencia con otros programas o proyectos como el
del INSABI que en su conjunto tiene una disminución del 3.5%, el de
Pensión Para el Bienestar de Personas Adultas Mayores con un incremento del
0.9% o el de Apoyo a los Pescadores con un incremento del 0.1%. En otros
ejemplos, el presupuesto proyectado para el programa de Apoyo Para el Bienestar
de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras es del 18.3% , el de
Distribución de Fertilizantes del 41%, el de Precios de Garantía de 5.9% y del
Programa de Microcréditos disminuye en un 41%.
En plena crisis
laboral, el monto para el Programa de Apoyo al Empleo, se reduce de 704.8
millones en 2020 a 55.5 para 2021, un porcentaje del 92%.
Ante un presupuesto
notoriamente insuficiente para la Secretaría del Medio Ambiente se
proyecta un incremento del 0.11%, lo que refleja el bajo grado de preocupación
gubernamental por ese rubro.
En lo que toca a la
lucha contra la violencia de género, para la Comisión Nacional Para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres el Proyecto Presidencial incluye una
reducción de 11 millones de pesos y para el Instituto Nacional de las Mujeres
contempla una reducción del 3.4%.
La Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas vería reducido su presupuesto en 2% en
relación con el año anterior y la Comisión Nacional de Búsqueda en 3.4%.
El aumento general
de 1.8% en salud, resulta totalmente insuficiente frente a la precariedad del
sistema de salud pública demostrada trágicamente durante la pandemia y en la
perspectiva de las consecuencias de ésta que casi inevitablemente continuarán
en el 2021[2].
En el rubro de la
educación, destaca el recorte del presupuesto a las normales ya que en el
Proyecto para el 2021 se considera asignar 20.6 millones de pesos cuando en el
presente año los recursos han sido de 461.4 millones.
En el ámbito de
la cultura, si bien la propuesta de presupuesto propone en total 13
millones 985 mil 117, es decir un 3.46% de aumento respecto del año pasado, de
13 millones 517 mil 480 pesos, es en realidad menor al desglosar por órganos
desconcentrados y/o entidades: INAH (-2.50%), INBAL (-1.65%), IMCINE (-19.43%),
Radio Educación (-4.67%), el Centro de Capacitación Cinematográfica (-17%), los
Estudios Churubusco (-17.7%), Canal 22 (-16.46%), Indautor (-8.58%), así como
Festivales, Fomento a la Lectura, PAICE, PACMyC y el Fonca.
Estos son algunos
datos mínimos sobre las enormes diferencias presupuestales que existen en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos entre el escaso porcentaje que se asigna a
programas y rubros que deberían ser prioritarios y el Tren Maya que
tiene las características señaladas, contrarias en todo al medioambiente sano y
a los intereses de pueblos, comunidades, e inclusive regionales y nacionales.
6.- La fracción IV
del artículo 74 Constitucional otorga a la Cámara de Diputados la facultad de
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión, y
en su caso modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.
A esa facultad
apelamos y le solicitamos a esta H. Cámara de Diputados que en uso de sus
atribuciones y por las razones expuestas no apruebe el monto para el Tren Maya
incluido en el Proyecto de Presupuesto y lo redistribuya entre programas
productivos y sustentables, de defensa del empleo, de salud, educación,
derechos humanos, igualdad y defensa de género y otros que son realmente
prioritarios para el País.
En todo caso, si
algún monto debe de permanecer para el Tren Maya tendría que estar dirigido
para que el conjunto del proyecto se dé a conocer ampliamente entre la
población, particularmente entre los pueblos originarios que serán directamente
afectados, con los cuales deberá de hacerse una consulta real, libre, con
información previa y anterior a cualquier obra.
Recordamos asimismo
que se debe de aprobar un presupuesto con perspectiva de Derechos Humanos, lo
que también obliga a la Cámara de Diputados a modificar la propuesta presentada
por el Ejecutivo.
De ser atendida
nuestra petición estaremos ante un ejercicio constitucional y democrático de
división y equilibrio de Poderes, de búsqueda de la voluntad popular y de respeto
a la ciudadanía.
Firmas y adhesiones
Organizaciones
Asamblea de
Defensores del Territorio Maya “Múuch Xíinbal”
Bowerasa A.C
Centro de
Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C.
Centro de
Investigación Escénica “El Teatrito” A.C.
Colectivo “Tres
Barrios” de San Francisco de Campeche
Colectivo
“Xa’aybej” por la Defensa del Territorio
Colectivo “Felipe
Carrillo Puerto” de Quintana Roo
Comunicar para
Conservar
Consultoría Técnica
Comunitaria, A.C.
Escuela de
Agricultura Ecológica “U Yits Ka’an”
Fundar. Centro de
Análisis e Investigación
Indignación,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.CProyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PRODESC)
Proyecto sobre
Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Red de Ejidos
Productores de Servicios Ambientales “Ya ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” A.C
Red Peninsular de
Litigio Estratégico a favor de Comunidades Indígenas y Campesinas
Personas
Cristina García
Aguirre
Enrique Gallegos Madrigal
Enrique Victoria
Saavedra
Francisco Alberto
Marín Manzanero
Gabriela Vargas
Cetina
Gilberto López y
Rivas
Humberto Robles
Ileana Lara
Jorge Fernández
Souza
Kalycho Escoffié
Duarte
Lilia Fernández
Souza
Luis Manuel Guerra
Luis Miguel Robles
Gil
Luisa Riley
Luz Emilia Aguilar
Zinser
Manuel Canto Chac
Ofelia Medina
Torres
