“Ryde”, dentro de lo legal

10 julio 2015
Noticias de Yucatán


El servicio de auto compartido “no es de taxi”, recalcan

 

La promoción de la plataforma “Ryde & Go”, una aplicación informática que enlaza con una red de prestadores de servicios de transporte de personas en Mérida, desató una avalancha de opiniones en las redes sociales y en apenas unas semanas ya tiene 48,000 seguidores.
El cofundador y director de la empresa Technological, Ideas & Applications, que desarrolló la aplicación “Ryde & Go”, Roberto López Pineda, consideró que esas miles de opiniones es muestra del beneficio que traerá el nuevo servicio de automóvil compartido y esa gente que los sigue en las redes sociales está diciendo que esperaban algo así en la ciudad.
—Mucha gente está interesada tanto para ser un ‘ryde’ como para usar el servicio y nos preguntan sobre la aplicación. Hemos tenido una mejor respuesta de lo que creíamos. Sabíamos que iban a surgir dudas en la gente y las estamos resolviendo.
Para López Pineda, este software que desarrolló un equipo multidisciplinario de 12 personas es una innovación y surgió en Mérida. Como es un proyecto nuevo, también su mercado será nuevo; consideró que, si al caso, le tocarían el 5% de su mercado a los taxis y hasta cree que ese porcentaje sería una exageración.
“Ryde & Go” no está disponible en el sitio web. Estará en Google Play y la App Store en el momento de su lanzamiento que, según dijo, sería en agosto próximo, como publicamos ayer.
—Este modelo de economía compartida ya lleva unos cinco años y surgió gracias al internet. Antes no había manera de hacer este negocio. Pensando en algo primitivo, sería como las rondas de la escuela o pedir un “raid” porque vas al mismo lugar, y en vez de ir en cuatro coches, nos vamos en uno.
Vemos que hay una red de autos particulares y van a cobrar, ¿eso no es un taxi particular?
—No es un servicio de taxi. La persona puede compartir su propiedad y no significa que estés haciendo algo ilegal. Lo que hace la aplicación “Ryde & Go” es conectar a quien quiere compartir su propiedad, en este caso un automóvil, y compartir el gasto, si queda un excedente del pago, es justo porque pagas un servicio.
¿Es lucrativo?
—Sí puedes ganar dinero, pero la economía compartida ya se usa en viviendas y alimentos en otros países y no ha pasado nada. El que inscribe un auto con nosotros ayuda a reducir el uso de tantos coches y viaja seguro, y con comodidad. Dará empleo a mujeres que no pueden tener trabajo por su condición de madre, por cuidar a sus hijos, a estudiantes que necesitan de un ingreso adicional para sostener sus estudios. Quien participe podrá trabajar sus horas disponibles, ésa es la ventaja.
López Pineda, quien informó que ya no es estudiante de la Universidad Anáhuac Mayab, señaló que no busca confrontación con la autoridad ni con los taxistas. Su empresa sólo creó un software y la rentará a una red de automovilistas que quieren compartir su auto.—Joaquín Chan Caamal
De un vistazo
“Ryde” no tiene autos
Roberto López Pineda, director de la empresa que desarrolló el software “Ryde & Go”, explicó que cuando pides un ”ryde” no estás vendiendo un servicio de pasaje. De entrada, la empresa sólo inventó la aplicación y el servicio es un arreglo entre civiles. La empresa no tiene autos, no va darlos ni tiene choferes.
Sobre la tarifa del servicio, dijo que está basada en el tipo de automóvil y desde la solicitud del servicio la aplicación fijará el precio justo y total, no dará una estimación. “El servicio de auto compartido no es ilegal ni está prohibido”. Hasta donde sabe, la Dirección de Transporte no tiene nada que ver con bienes inmuebles ni rentas, subir a una persona es voluntad del dueño.
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Temor al chikungunyá

Noticias de Yucatán

Detectan los primeros seis presuntos casos de esa nueva enfermedad en el Estado 

Toman medidas para mitigar los efectos de ese mal

 

Los servicios de salud detectaron seis casos sospechosos de chikungunyá en Yucatán y de confirmarse serían los primeros pacientes de esta nueva enfermedad.
El secretario estatal de Salud, Jorge Mendoza Mézquita, precisó que de momento son sospechas de que sea esa enfermedad. Ya se mandaron las pruebas de laboratorio a las oficinas epidemiológicas de la Secretaría de Salud federal y están en espera de que confirme o descarte si es chikungunyá, una enfermedad que nunca se había presentado en Yucatán.
“Es innegable que lo vamos a tener (el chikungunyá). Será igual como el dengue porque el vector es el mismo al de esta enfermedad”, dijo. “Hay sospechas de que pudiera ser esa enfermedad, pero no lo podemos hacer oficial hasta que se cumpla el protocolo sanitario”.
El doctor Mendoza Mézquita reiteró que será un hecho que en algún momento llegará esa nueva enfermedad a corto plazo y para ello toman las medidas para mitigar sus efectos, tal como lo hacen con el dengue. De hecho, la misma estrategia de combate al dengue servirá para disminuir los riesgos de contraer el chikungunyá.
Calificó como piedra angular del combate al mosco transmisor del dengue y del chikungunyá, el aedes aegypti, la erradicación de los criaderos de moscos en los hogares, los programas de descacharrización, fumigación y abatización. Sin la aplicación de estas campañas Yucatán estaría expuesto a vivir la epidemia de dengue que tuvo hace unos cinco años.
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PRI: Renán Barrera planeó el futuro de Mérida en medio de la ilegalidad

Noticias de Yucatán

La bancada del PRI señala, una vez más, la violación del alcalde Renán Barrera Concha a la Ley de Municipios del Estado de Yucatán
Mérida, Yuc., 9 de julio.- Para la bancada del PRI es lamentable que la administración municipal de Renán Barrera Concha finque el futuro de la ciudad en un modelo que es ilegal desde su creación, como lo ha sido el Instituto Municipal de Planeación, que no cuenta con el sustento legal para erigirse como el máximo organismo rector en el crecimiento de la ciudad y que no cumple con una política pública encaminada a escuchar las necesidades de la ciudadanía.
“La bancada del PRI exhorta al alcalde Renán Barrera Concha a respetar la Ley de Gobierno de los Municipios en el Estado de Yucatán, que la ha violado de manera libertina porque en los tres años de esta administración municipal panista nunca sesionó el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que es el organismo, junto con el Plan Estratégico, que debieron dar certeza al crecimiento de la ciudad en todos los sentidos y que nunca ocurrió”.
Lo anterior se desprende de la propia Ley de los Municipios en el Estado de Yucatán, que indica claramente y a la letra, que los municipios del Estado deben crear el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo para tener una visión a mediano y largo plazo, con políticas públicas que deben contener acciones dentro del marco de la legalidad, sustentadas en las necesidades de la sociedad, con los recursos económicos y el desarrollo de un proyecto técnico.
Los ediles priistas señalaron como ejemplo la repavimentación de la calle 60 Norte con concreto hidráulico, una obra que no fue demandada por la sociedad, jurídicamente no se sustenta por improcedente y con un costo beneficio muy alto para la sociedad por el gasto de unos 200 millones de pesos.

Reafirman que en los tres años de esta administración municipal panista nunca se dio a conocer una visión a mediano y largo plazo de la ciudad, lo que habla de la falta de planeación de Mérida y sus comisarías, en una clara violación e legalidad fomentada por el alcalde Renán Barrera Concha.
En el Plan Estratégico se debieron formular prioridades y objetivos de largo plazo y el Plan Municipal desarrollarlo cada tres años con la participación de las Cámaras empresariales, Colegios y sociedad civil, lo que no ocurrió en esta administración.
El Sistema Municipal de Planeación sirve para armonizar políticas públicas en todos los ámbitos. Mérida carece de ese sistema, que debe estar coordinado con los gobiernos estatal y federal.
Además, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano tuvo que ser permanente con todas las atribuciones  en el proceso de elaboración, modificación y ejecución de los proyectos de desarrollo urbano, pero sobre todo de conocer y opinar sobre la dotación, estructura, equipamiento y servicios urbanos para la ciudad, lo que no fue.
COMUNICADO DE PRENSA
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Bajo uso de la información pública en México

Noticias de Yucatán

Sólo el 6% de los mexicanos solicitan información en los INAIP


La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública en México, doctora Ximena Puente de la Mora, aseguró hoy en el foro que se realiza en Mérida que sólo el 6% de los mexicanos solicitan información pública a las instituciones obligadas por la ley para transparentar su ejercicio gubernamental.
Consideró que con la aplicación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece sanciones coercitivas y carcelarias, los sujetos obligados no tendrán pretextos para obstaculizar la demanda de información que interesa a la sociedad.
En este mismo evento el senador de la República, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que hay cierta apatía de la sociedad para ejercer su derecho a la Información, pero esa pasividad es mala porque contribuye a la opacidad, impunidad y corrupción en las instituciones.
El foro de Mérida es parte de la gira que realiza el INAIP y el Senado de la República por el país para difundir el nuevo marco jurídico de la transparencia, su armonización y avances. En Mérida asistieron consejeros, responsables del área de Transparencia de 12 Estados del país, entre ellos el anfitrión Yucatán, que está a cargo del Ingeniero Víctor May Vera.
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Confían en quese disemine la marea en el mar

Noticias de Yucatán


 


El Comité Interinstitucional de Vigilancia y Seguimiento de la Marea Roja determinó ayer que, con base en los estudios científicos y el monitoreo, este fenómeno natural no es un riesgo para la salud de los bañistas ni para la pesca.
De acuerdo con información proporcionada, en el monitoreo han detectado de siete a nueve manchas que sumadas en su totalidad serían de una extensión de 5 a 7 kilómetros.
Ambas manchas están separadas una de otra por un espacio de aproximadamente 11 kilómetros.
También se informó que hasta el momento no recalan peces muertos en las playas por efectos de la marea roja, pero sí han detectado una leve mortandad en el área afectada por el florecimiento de las algas marinas.
Después de una larga reunión con el gobernador Rolando Zapata Bello, en su despacho del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el doctor Jorge Mendoza Mézquita, secretario de Salud estatal, y el jefe del Ejecutivo informaron los pormenores de los efectos y avance de la marea roja detectada en aguas de Dzilam de Bravo y de San Felipe.
Afirmaron que los únicos riesgos que existen hasta el momento son que los pescadores capturen los peces muertos en el mar y lo comercialicen o que las personas coman bivalvos (moluscos que tienen el cuerpo protegido por una cubierta como las almejas, ostiones y mejillones) porque éstos últimos si son víctimas de las toxinas de la marea roja.
El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, doctor Eduardo Batllori Sampedro, dijo que los estudios de científicos de la UNAM campus Sisal, y del Instituto Nacional de Pesca consideran que no hay peligro a lo largo de la costa por ahora. Esto porque una macha de la marea roja está a 15 kilómetros de la costa yucateca y la segunda a 35 kilómetros. Es decir, están lejos todavía de las playas.
“Los pronósticos es que no representa ningún problema en estos momentos”, reiteró el investigador con licencia del Cinvestav.
“La UNAM cree que las manchas navegarán hacía el oeste del oceáno, esto es, irán hacía mar adentro y se alejarán de las costas, pero este fenómeno es similar a los huracanes, las condiciones del viento y el mar las pueden redireccionar”.
Cuando se preguntó al doctor Mendoza Mézquita si la marea roja actual es tóxica, dijo que “estamos en espera de los resultados para en un momento tener exactamente la clase de alga que es”.
Por ahora se considera que son dañinas para los peces porque les causa asfixia por la obstrucción de sus branquias. Sin embargo, sí son tóxicas para los bivalvos y no para los peces de escama ni para los humanos.
Precisó que sí causaría problemas de salud si se ingiere los bivalvos contaminados por la marea roja, pero en Yucatán no está arraigado el consumo de esos moluscos, como las almejas, mejillones y ostiones.
Ante los pocos riesgos que pudiera ocasionar la marea roja, el comité ni siquiera decretó una veda sanitaria, ni prohibió la pesca en el mar ni pueden emitir un alertamiento para que no se bañen en el mar los vacacionistas.
En la rueda de prensa del comité se informó que el fenómeno natural de floración de diversas algas marinas producen un exceso de fitoplacton, conocido como marea roja, y eso es lo que se ha detectado en aguas de Dzilam de Bravo, pero no representa un riesgo para la salud de la población que habita en los puertos ni para los visitantes que vayan en este período vacacional.
Según pronósticos de los especialistas, las condiciones medioambientales de vientos y mareas mantendrían al fenómeno a unos 15 kilómetros de la costa y en un escenario favorable porque se la disiparían al norte, hacia aguas abiertas.
“Lo importante es informar a la ciudadanía que con toda confianza pueden acudir a las playas a bañarse en el mar, disfrutar de las playas yucatecas y, por supuesto, de la misma manera, de consumir los productos del mar, capturar los productos del mar que se encuentran en los procesos que marca la ley, y nosotros, de continuar dándole seguimiento a este fenómeno y hacer que fluya la información respectiva”, señaló el gobernador. “No hay restricciones sanitarias para la comercialización y consumo de los alimentos del mar, siempre y cuando los pescadores extraigan vivas las especies”.— Joaquín Chan Caamal
Los constantes muestreos de la calidad del agua del litoral yucateco demuestran que no hay indicios para que haya algún tipo de riesgo para los vacacionistas. Además, la Sagarpa afirmó que no hay planes ni razones para cancelar la temporada de pulpo que empieza en agosto próximo. Será una temporada normal, como la de cada año.
Asistieron 49 representantes de dependencias federales, estatales, centros de investigación que forman parte del Comité Interinstitucional y los 10 alcaldes de la costa yucateca.
El gobernador informó que el Comité está en sesión permanente, continuará con la vigilancia del fenómeno, el monitoreo del desplazamiento y las posibles afectaciones si las hubiera. Entre los asistentes estuvieron Luis Felipe Saidén Ojeda, titular de la SSP; el comandante de la IX Zona Naval, Felipe Solano Armenta; y el encargado de la Seder, Carlos Carrillo Maldonado; el director del Cofepris, Miguel Angel Soberanis Luna; de Protección Civil, Aarón Palomo Euán, de Conagua, Roberto Pinzón Alvarez; la investigadora Cecilia Enríquez Ortiz, del Campus de Sisal de lal UNAM y los presidentes de la Canacome, José Manuel López Campos, y de Canirac, Álvaro Mimenza Aguiar.
De un vistazo
No recoger peces muertos
El doctor Jorge Mendoza Mézquita, secretario estatal de Salud, exhortó a los hombres del mar para que no recojan los peces muertos en el mar porque estarían en proceso de descomposición y si se vendiera entonces sí constituirían un riesgo para los consumidores, aunque no por intoxicación sino por la putrefacción del producto.
Vigilancia costera
Se informó que en caso de que recalaran peces muertos dispondrán de vigilancia en las playas para evitar que los pescadores furtivos los recojan y lo vendan o consuman.
Portal de la secretaría
De acuerdo con información en el portal de la Secretaría de Salud, en general sí se pueden bañar o nadar las personas en el mar cuando hay marea roja, pero advierte que los riesgos deben ser señalados por las autoridades sanitarias de cada región. Además, advierte que durante este fenómeno sí se pueden consumir productos del mar, como diversas especies de pescados, langosta, camarón y jaiba. Se debe evitar el consumo de moluscos bivalvos como almejas, ostiones y mejillones.
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Se abren procesos por la tala de dos árboles

Noticias de Yucatán


Medidas de la Comuna contra una compañía

 

El Ayuntamiento de Mérida informó que la tarde de ayer personal de las direcciones de Servicios Públicos y de Gobernación inició acciones administrativas contra los presuntos responsables de la tala de árboles hace unos días en Paseo de Montejo.
El martes a primera hora, personal de la subdirección de Ecología y Residuos Sólidos acudió en respuesta a un reporte de corte de árboles en Paseo de Montejo precisamente en las inmediaciones del establecimiento de vehículos Automaya, donde se registró una tala clandestina de dos frondosos y antiguos árboles.
De manera inmediata, según se informa en un boletín de la Comuna, el municipio comenzó una investigación para fincar responsabilidades. De este trabajo de inspección se disponen las siguientes medidas en contra de los presuntos responsables:
—Por violar disposiciones en materia de ecología municipal, ayer se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes en contra del establecimiento, ubicado sobre Paseo de Montejo, en cuyo frente del predio se registró la tala clandestina de árboles.
—Personal municipal de Servicios Públicos y Gobernación notificó a los representantes del establecimiento de las medidas de administrativas. Además de que se acordonó la zona.
—El municipio procederá a notificar de vista (de firma oficial) a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), que son las autoridades competentes para denunciar ante las instancias correspondientes.
Evidencia
—De igual forma, se procederá al aseguramiento de evidencia y publicidad mediante cartel en el sitio.
El municipio, por medio de sus áreas de Ecología y Residuos Sólidos y Jurídica de la Dirección de Gobernación, logró reunir las evidencias de este corte de árboles, una acción prohibida.
Uno de los compromisos de este Ayuntamiento es precisamente la reforestación de la ciudad y sus comisarías a partir de la siembra de 40 mil árboles de diferentes especies.
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La Conagua y la Uady firman un pacto de apoyo

Noticias de Yucatán

 


La Universidad Autónoma de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmaron ayer un convenio de colaboración, para que académicos y estudiantes del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias diseñen y consoliden el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de la Sequía (PMPMS), del Consejo del Organismo de Cuenca Península de Yucatán.
El objetivo del convenio es establecer la participación de académicos y estudiantes del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Biología, Biología Marina y Agroecología) a fin de apoyar las acciones del Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose), a través del desarrollo de medidas preventivas y de mitigación.
En la ceremonia de firma del convenio estuvieron presentes, el rector de la Uady, José de Jesús Williams; el director del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, Roberto Pinzón Álvarez, y los funcionarios de la Conagua Andrés Ruiz López y José Luis Acosta Rodríguez; por la Uady estuvieron Marco Antonio Torres León, titular del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; Mariela Castilla, del Departamento de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales, y los biólogos Florencia Pech Cárdenas y Óscar Álvarez Rivera.
Lo que se busca es la ejecución del proyecto de coordinación, seguimiento, supervisión, integración y análisis del Programa de Medidas, a fin de prevenir y enfrentar la sequía, en la etapa tres de seis, del Programa de Medidas Preventivas para la Mitigación de la Sequía, del Consejo de Cuenca Península de Yucatán.
En su intervención, Torres León, titular del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Uady, informó los resultados de las fases uno y dos del proyecto.
El C.P. Roberto Pinzón Álvarez dijo que ese programa obedece a una iniciativa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenada a la Conagua en enero de 2013, considerada en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, que en el objetivo 2 considera incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones.
El objetivo primordial es prevenir y actuar oportunamente ante eventuales contingencias por sequías que puedan afectar a la población y sectores productivos.
Para el desarrollo del programa se han contado, en los últimos dos años, con la colaboración de especialistas de la Uady.— Ernesto Pinzón Franco
Convenio Uady/Conagua
Históricamente se ha atendido la afectación por sequías con un enfoque reactivo.
La finalidad
La finalidad del programa es anticiparse a los efectos de las sequías, previniendo soluciones, a fin de satisfacer las demandas y evitando así situaciones de desabasto de agua.
Riesgo
El riesgo no se puede eliminar por completo; sin embargo, estos programas sirven para mitigar considerablemente los efectos.
Cambio de enfoque
Según se informó, en este programa se propone cambiar el enfoque, que originalmente es reactivo, a uno preventivo.
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Opiniones sobre la Ley General y sus consecuencias

Noticias de Yucatán

 


La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impone a los estados una serie de retos que, en opinión de Pablo Loría Vázquez, tienen su parte medular en el impulso a una mayor participación civil.
Lo que se busca con esa nueva ley, explica, es más participación ciudadana, una mejor relación del gobierno y la sociedad.
El abogado Loría Vázquez, ex secretario ejecutivo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), es actualmente titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública en Mérida.
A título personal, no a nombre de la Unidad que dirige, subraya que lo principal en la Ley General es el concepto de “gobierno abierto”, que consta de tres elementos importantes:
1) Transparencia y rendición de cuentas.
2) Innovación y tecnología (uso de las herramientas tecnológicas, como internet, a favor de la transparencia).
3) La participación ciudadana, que es finalmente el elemento de mayor peso.
Promulgación
La Ley General fue promulgada por el Ejecutivo federal el 4 de mayo pasado.
Los estados cuentan con un año, a partir de esa fecha, para adecuar sus leyes locales a las nuevas disposiciones.
Pablo Loría considera que los estados deben crear nuevas leyes en la materia o adaptar la propia Ley General, no “armonizar” sus legislaciones como se dispone en uno de los transitorios, porque esa adaptación es complicada y podría llevarles más de un año, lo cual haría incurrir en desacato a los congresos. — ÁNGEL NOH ESTRADA
También considera necesario revisar la Ley de Archivos y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, lo cual no está previsto en la Ley General. En el segundo caso dice que se trata ya de una legislación obsoleta.
El ex secretario ejecutivo del Inaip añade que la Ley General dispone que al nombrarse nuevos comisarios o consejeros de los órganos garantes de la transparencia se debe tomar en cuenta la experiencia en el ramo y garantizar que la sociedad participe en la selección. En la actualidad no ocurre así.
Además, prosigue, la ley impone los consejos consultivos a esos órganos, con integrantes que también tengan experiencia.
En Yucatán, el Inaip tiene un consejo ciudadano y no se exige experiencia a sus integrantes, lo cual ya no deberá ocurrir.
Otro aspecto que señala el entrevistado es que todos los municipios deberán contar con comités de transparencia, que en forma colegiada podrán decidir prórrogas y otros puntos y supervisarán la aplicación de la ley. En la actualidad las decisiones recaen en los titulares de las unidades municipales.
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En aras de más claridad

Hablan del efecto de la Ley General de Transparencia

 

Pablo Loría Vázquez, ex secretario ejecutivo del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), indica que la Ley General de Transparencia, promulgada el 4 de mayo, contiene una serie de disposiciones orientadas al impulso de más participación de los ciudadanos en la materia.
En una entrevista, recuerda que la Ley General se creó en busca de la uniformidad de criterios y procedimientos, porque las legislaciones locales estaban amañadas y permitían la creación de institutos a modo, sin consultar a la sociedad.
También considera que los estados no deben “armonizar” sus legislaciones a la disposición general, sino adaptar ésta o crear nuevas ya con los cambios.— A.N.E.
Transparencia Foro
Hoy se efectuará en esta ciudad un foro relacionado con la transparencia.
Plazo para ajustes
El evento se llama Foro Regional por la Armonización Legislativa, Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia en las entidades federativas. Los estados tienen plazo para los ajustes en sus leyes.
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Codhey “sí funciona”

Noticias de Yucatán

José Enrique Goff Ailloud 

De 41 años, con una maestría en Derechos Humanos y otra en Mercadotecnia, José Enrique Goff Ailloud ha sido nombrado cuarto presidente de la Codhey, un organismo colocado hoy en el centro del debate.

 

Por Hernán Casares Cámara
Organizaciones de la sociedad civil califican el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en los últimos años como plegado al poder y carente de eficacia.
Pero José Enrique Goff Ailloud, quien antes de ser presidente de la Comisión fue su secretario ejecutivo 9 años, rechaza esas críticas, “es cuestión de enfoques” , dice, y adelanta: “mi tarea será para mejorar, no para cambiar”.
Mucha gente critica a la Codhey porque carece de facultades para sancionar y no tiene “dientes” para castigar, lo que le resta eficacia. ¿Cree que esto debe cambiar?
No estoy de acuerdo. En materia de derechos humanos hay dos sistemas de protección: el jurisdiccional y el no jurisdiccional. Con las recientes reformas constitucionales en la materia, los derechos humanos ya se judicializaron: ahora, los jueces tiene que usar la perspectiva de los derechos humanos en sus juicios y ésta es exigible en sus sanciones. Se trata de ámbitos de cooperación diferentes, pero que pueden ir simultáneamente. Los organismos públicos de derechos humanos realizan una excelente labor.
Pero para acudir al ámbito jurisdiccional, es decir, para ir directo con el juez, el agraviado debe interponer una demanda y para eso necesita un abogado. ¿Qué pasa si no tengo dinero para contratarlo?
Están los defensores de oficio y si éstos no responden, el agraviado puede pedir la intervención de la Codhey para obligarlos a actuar.
Las defensorías de oficio, lo sabemos, no tienen recursos suficientes. Precisamente por esto y por la creencia de que las comisiones de derechos humanos en el país no tienen “dientes”, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), de la ciudad de México, proponen desaparecerlas y fundirlas con las defensorías de oficio en un solo organismo público independiente, con suficientes recursos, para mejorar la defensa jurídica de los ciudadanos. ¿Conoce esa propuesta?
No, pero creo que hacerlo sería un retroceso. Los ciudadanos han peleado por el respeto a sus derechos y pienso que el garante debe ser un organismo autónomo, independiente del poder, porque el mismo Poder Judicial podría violar los derechos humanos. Al incluir ese nuevo órgano dentro de ese poder, ya sería juez y parte…
Con relación al desempeño de la Comisión, el grupo Indignación entregó un informe al Congreso donde muestra la falta de capacidad y pericia de sus funcionarios. ¿Ha leído ese informe?
No…, no lo conozco.
Entre otras cosas, habla de negligencia, dilación y de actitudes complacientes y cómplices con el poder. También analiza las casi 80 recomendaciones emitidas por la Codhey en los últimos tres años, y denuncia la impericia de los funcionarios que las aprobaron. ¿Cómo refuta esas acusaciones?
Es una cuestión de enfoque. El tema de los derechos humanos es transversal hacia todas la disciplinas y creo que en esto nadie tiene la verdad absoluta. La propia complejidad de los derechos humanos hace que los criterios puedan ser diferentes, y no por eso erróneos.
Diario de Yucatán publicó la denuncia de un joven de Mocochá contra el alcalde de ese lugar, Hébert Cruz Barquet, a quien acusó de apropiarse de los derechos de un vídeo sobre los henequeneros, de su autoría, y de un apoyo económico que recibió del gobierno federal. El afectado se quejó en la Codhey y ésta emitió una resolución contra el funcionario, el 31 de agosto de 2012, ¡el último día de su administración! ¿No es esto negligencia?
Hay que tomar en cuenta que la Ley de Servidores Públicos establece que los funcionarios siguen teniendo responsabilidad, hasta dos años después de dejar el cargo y en ese lapso se le puede seguir un procedimiento.
En este caso pasaron esos dos años y nada ocurrió. El problema se resolvió cuando intervino la PGR.
Ante esto solo queda el exhibimiento público y esto se hace en el informe anual de la Codhey, donde se presenta a los funcionarios incumplidos.
En efecto, la Comisión publica esas resoluciones en su Informe y en su página de internet, pero ¿cuánta gente los lee? Por eso aparece otra vez el tema de la falta de “dientes”…
Las recientes reformas a la ley establecen que los servidores públicos que sistemáticamente no acepten las recomendaciones puedan ser citados por el Congreso.
¿Se ha dado algún caso?
No, porque se han estado aceptando las recomendaciones…
¿Conoce alguna autoridad que se muera de miedo cuando recibe una recomendación de la Codhey?
Eso habría que preguntárselo a ellas, pero desde mi punto de vista, a ninguna autoridad le gusta ser investigado por un organismo público de derechos humanos.
Para esta falta de “dientes”, el primer presidente de la Comisión Nacional del Derechos Humanos, Jorge Carpizo MacGrégor, que había sido rector de la UNAM y ministro de la Suprema Corte, emitió recomendaciones y logró su cumplimiento gracias, según algunos, a su calidad moral. ¿Usted considera tener calidad moral para impulsar la Codhey?
Considero que sí. Tengo la preparación académica y la experiencia profesional y, desde luego, daré lo mejor de mí. Los ciudadanos dirán si cumplí.
Con motivo del reciente aniversario de la agresión el 4 de julio en el “paso deprimido”, algunos afectados dijeron que sus denuncias en la Codhey de nada sirvieron…
Este fue un caso muy complejo. 47 personas presentaron su queja y todas se acumularon en un solo expediente. Desde luego, fue una violación grave a los derechos humanos. Para hacer nuestra investigación entrevistamos a todos los denunciantes, muchos de los cuales nos refirieron a otros testigos, a los que también entrevistamos, y que acreditaron nuevos hechos violatorios. Esto hizo que el expediente se fuera alargando, pero al final logramos una resolución sólida a favor de los ciudadanos.
Emitimos una recomendación dirigida a la Secretaría de Protección y Vialidad y al Ayuntamiento de Mérida, a quienes señalamos su omisión para no garantizar la integridad física de quienes se encontraban en ese lugar ejerciendo su derecho a la protesta y pedimos también garantías para que no se repitan ese tipo de agresiones, así como la investigación de los hechos y la sanción a los responsables.
Pero no se sancionó a nadie, no pasó nada, por esto tal vez tengan razón quienes dicen que la Comisión no funciona…
Yo creo que sí pasó algo, porque las autoridades, luego de ese suceso, tomaron conciencia de la importancia de respetar los derechos de los ciudadanos. Difícilmente, creo, se volverá a repetir un hecho así en Yucatán. (Continuará).
“Dificilmente, creo, se volverá a repetir en Yucatán una agresión como la del paso deprimido”.
Derechos Humanos Debate
Algunos conceptos expresados por el nuevo presidente de la Codhey, en la entrevista con el Diario.
Sistemas
En materia de derechos humanos hay dos sistemas de protección: el jurisdiccional y el no jurisdiccional. Ambos pueden ir simultáneamente.
Cuestión de enfoque
Las críticas a la labor de la Comisión son una cuestión de enfoque. En este tema nadie tiene la verdad absoluta.
Lección
Sí sirvió de algo denunciar la agresión en el “paso deprimido”. Difícilmente, creo, se volverá a repetir un hecho así en Yucatán.
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Más sobre los niños devueltos a mamá biológica

Noticias de Yucatán

La señora Buenaventura Tamayo, madre de Virginia Erosa, la mujer que interrumpió un evento del gobernador para pedir la devolución de sus hijos, indicó que su hija tiene problemas de adicción a drogas y alcohol, y teme por la seguridad de sus dos nietos.
También dijo que es falso que hubieran sacado a los niños de casa de su padre, ya que la señora Tamayo los tenía en custodia en un predio del poniente de Mérida.
Además, ella y su esposo aseguraron que tampoco es verdad que integrantes de asociaciones, con apoyo de la fuerza pública, se llevaran a los dos pequeños que, según ella, no querían ir con su madre.
Buenaventura Tamayo mostró un documento de la Prodemefa donde dice que Mauricio Rafael León Ocampo, padre de Mateo y Darío León Erosa, y su hija Virginia Erosa Tamayo le otorgan la custodia de los menores a los abuelos maternos ante esa dependencia.
“Sólo queremos el bienestar de mi hija y mis nietos; han pasado muchas cosas, mis nietos aquí tienen todo, es mentira que estaban sucios y descalzos al momento de llevárselos, tampoco es cierto que los niños hubieran corrido a los brazos de su madre; Darío se colgó de la reja y pataleaba para no irse con su madre; un policía le abrió la mano para llevárselo a la fuerza”, dijo la señora Tamayo.
Los padres y hermanos de Virginia dijeron que quieren el bienestar de los niños y que en ningún momento quieren perjudicarla, aunque admiten errores de ella.— E.P.F.
Los familiares dijeron que lo único que quieren es que ella (Virginia Erosa) esté bien, “ya que si ella está bien, los niños estarán bien”.
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