Noticias de Yucatán.
(Proceso).- La madrugada del pasado 31 de enero, un grupo de empresarios constructores y supervisores interceptaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, antes de entrar al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para entregarle una carta en la que le solicitan que su administración les pague alrededor de 150 millones de pesos que les debe desde hace años por las casas y edificios que construyeron o rehabilitaron tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 y que, incluso, ya están habitadas.
En plena calle, le informaron que muchas de esas viviendas ya fueron entregadas y que ellos no han recibido el pago correspondiente. Lo peor es que, en algunos casos, la Comisión para la Reconstrucción, primero dirigida por el actual senador César Cravioto y ahora por Jabnely Maldonado, les pidió avanzar en las obras con sus propios recursos y ahora, ante la falta de cumplimiento del gobierno, tuvieron que despedir a decenas de empleados y están a punto de la quiebra.
En entrevista con Proceso, constructores, supervisores, proyectistas y demoledores señalan que el gobierno de Sheinbaum los “engañó” pese a que ellos acudieron “de buena fe” para apoyarlo. Los traen “dando vueltas y con actos dilatorios” y excusas, además de que la aspirante presidencial “hace caravana con sombrero ajeno”, dicen.
La mayoría de las casas entregadas por esos empresarios están en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, las alcaldías más afectadas por el sismo en cuanto a viviendas unifamiliares, pero también las más marginadas y de las más pobladas de la ciudad. Las tres las gobierna Morena.
Datos de la Comisión para la Reconstrucción indican que hasta el momento ésta ha atendido 18 mil 669 viviendas, de las cuales 13 mil 952 ya fueron entregadas, 4 mil 717 están en obra y 3 mil 367 están por iniciar. Se han entregado 8 mil 409 casas y 5 mil 543 son departamentos.
Despidos, préstamos, hipotecas…
A Jhon Rodríguez, de MAC, SA de CV, el gobierno de Sheinbaum le debe 12 millones de pesos por 50 obras realizadas y entregadas desde junio de 2021 en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Por esas obras, que facturó entonces y cuyos impuestos no pudo pagar, ahora tiene multas tributarias.
En octubre pasado la empresa paró actividades y despidió a 50 empleados de sus oficinas. Como no tenía dinero para su liquidación, les pagó con herramientas y material. Incluso tuvo que vender vehículos y otros activos de la empresa. “Todo se salió de control”, lamenta.
Recientemente, en la Comisión para la Reconstrucción le dijeron que ya tienen aprobado el adelanto de 9 millones. Sin embargo, no le han dado nada. El negocio que emprendió hace ocho años en la ciudad, de los cuales la mitad ha trabajado para el gobierno de Sheinbaum, está al borde de la quiebra. Peor aún, pidió préstamos a familiares y proveedores e hipotecó una propiedad de la cual ya tiene avisos de desalojo.
Todo se acabó con el incumplimiento de pago del gobierno… Estamos en total incertidumbre. Nos utilizaron porque la presión que traía la Comisión era muy grande… Nos sentimos engañados. El compromiso era con la gente damnificada y quisimos cumplir, pensando en que tendríamos más trabajo con el gobierno, pero eso no pasó”, dice.
Jorge Luis Ramírez, de JLIACSA Ingenieros y Arquitectos Constructores, SA de CV, asegura que tenía 16 trabajadores, pero ante la falta de pago del gobierno desde junio de 2019 tuvo que despedir a 11, sin contar los más de 50 albañiles a quienes daba empleo temporal.
Acusa que cuando exigió al gobierno su pago, éste le pidió “que le hiciera un descuento” en el que, de un costo de 350 mil pesos por obras en una casa, acabaría pagándole solo 150 mil pesos; es decir, 200 mil menos. Como no aceptó, ya no le asignaron obras ni le han pagado lo que entregó. Y señala a la funcionaria Eudina Rangel Aguilar, directora de Planeación Estratégica de la Comisión, de no querer liberar su pago pese a que ya fue aprobado.
Un empresario que pidió el anonimato porque representa a varias empresas, cuenta que cuando la Comisión generó los llamados “Códigos BIS”, es decir, viviendas afectadas que en el primer censo no fueron inscritas, invitó a su empresa a apoyar con obras en la alcaldía Venustiano Carranza.
En los cuadrantes que le asignaron, las casas no tenían dictámenes ni proyectos y hacerlos le generó gastos por unos 200 mil pesos, que a la fecha no le han pagado, igual que lo erogado por la supervisión en 40 casas.
“Tengo 20 años trabajando con el gobierno local. Sé que no hacen proyectos, que te piden ayuda y se tardan en pagar, pero nunca me había pasado esto. Esa lana que invertí de mi bolsa se perdió. Perdí en vez de ganar”, comenta. Ahora tiene una deuda con el banco de unos 400 mil pesos, ya no es sujeto de crédito y acaba de vender su coche para sobrevivir.
A finales de 2022 en la Comisión le dijeron que harían un “convenio de liquidación que sería serio y ágil, pero la semana pasada lo cancelaron para hacer unas ‘bolsas’ con el fideicomiso… Me dijeron que hasta que cierren todos los expedientes que están revisando me van a pagar”.
A la empresa de Gerardo Arévalo, la Comisión le asignó obras en edificios multifamiliares en la alcaldía Cuauhtémoc. “Me hicieron poner cosas que no estaban en el proyecto y algunos acabados de lujo porque son inmuebles de la organización Damnificados Unidos, y ahora no me los quieren pagar”, acusa.
En otros casos reconocen que la Comisión les ha dado algunos adelantos, por ejemplo, a una empresa que le deben 2 millones de pesos le dieron apenas 38 mil. “Eso, la verdad, no nos sirve de nada. Necesitamos liquidación al 100%”, insisten.
En general, coinciden, la falta de pago del gobierno los ha obligado a atrasarse en sus obligaciones con el SAT, el IMSS y el Infonavit, además de bancos privados y proveedores.
Precisa uno de ellos: “Ya no tenemos opiniones positivas, no somos sujetos de crédito y con la afectación a nuestra imagen perdemos la oportunidad de hacer obras privadas para compensar y salir adelante. El costo de oportunidad de que no nos paguen es altísimo. ¡Nos engañaron!”
Otro reconoce:
Sí da gusto ver el rostro de las personas cuando reciben las llaves de su casa nueva o rehabilitada de manos de la jefa de Gobierno o de la comisionada, pero eso es como hacer caravana con sombrero ajeno”.
La carta
Los empresarios afectados recuerdan que, en diciembre de 2018, recién asumió Sheinbaum la Jefatura de Gobierno, su gobierno lanzó una convocatoria para hacer un padrón de empresas que, por sorteo, le ayudaran a cumplir su promesa de atender a los miles de damnificados del sismo que su antecesor, Miguel Ángel Mancera, dejó a la deriva.
Reconocen que, de entre las empresas asignadas, hubo unas “vivales” que recibieron anticipos y desaparecieron sin cumplir o se gastaron el recurso y culparon a la Comisión. Eso, indican, fue por falta de cuidado de la Comisión derivado de su mal funcionamiento.
No obstante, argumentan que ellos sí cumplieron e incluso apoyaron a la Comisión prestándole de su dinero, pero ésta les falló: “En vez de rectificar, cometieron más errores al contratar a funcionarios sin el perfil necesario, apenas con bachillerato, o solo por ser militantes de Morena que no saben cómo solucionar el problema… Su personal técnico es insuficiente e ineficiente e incapaz”.
Aquella madrugada en que le entregaron la carta a Sheinbaum con la firma de 21 empresarios, ella les contestó que ordenó detener los pagos para hacer una revisión de los expedientes, pues se detectó que algunas empresas incurrieron en “sobrecostos”. No obstante, argumentan que fue la propia Comisión la que fijó esos costos. Peor aún, señalan la contradicción en los discursos, pues la comisionada Maldonado ha declarado públicamente que no hay sobrecostos. La reportera tiene copia de audios de esas declaraciones.
En la carta de siete cuartillas, los afectados solicitaron una audiencia formal con Sheinbaum Pardo para exponerle sus casos, pero a casi un mes, no los ha recibido. En el documento le aseguran que ni la comisionada Maldonado ni el secretario de Gobierno, Martí Batres, les han dado una solución. Peor aún, acusan:
“Funcionarios de la Comisión se han pasado engañando a las diferentes empresas, ya que cuando agotan los recursos de una empresa, la suspenden e invitan a otra con las mismas promesas, pasando por alto todos los procesos de contratación y reglamentos de la Administración Pública; de ahí que se han venido incrementando cada vez más las empresas que hoy sufrimos la falta de pago”.
Señalan a tres funcionarios como quienes les han pedido “apoyar al programa” al financiar las obras al 100%: Samuel Cervantes, director de Atención Territorial; Alba Castañeda, subdirectora de Procesos Administrativos; y Víctor Olvera, director general Operativo.
Luego, le expresan su preocupación: “Observamos a la Comisión actuar de forma tramposa y con una falta de ética y profesionalismo total. Nos citan a reuniones para decirnos banalidades, nos dan fechas de pagos que no son reales, nos hablan de un nuevo comité que revisará nuestros documentos, pero no sabemos quiénes lo integran y cuál será el supuesto procedimiento que seguirán para la revisión… En fin, nos dan solo evasivas que cada vez nos llevan a creer más el rumor en cuanto a que la Comisión se quedó sin recursos, tanto por sus malos manejos internos, como por un desempeño desordenado y poco profesional”.
Los empresarios comentan que en el ir y venir de juntas con la comisionada y su personal, les han prometido instrumentos –como convenios de liquidación, mejoras regulatorias, auditorías o revisiones prontas– para pagarles con fechas fijas, pero luego cambian las reglas.
Preparan acciones legislativas
La falta de respuesta del gobierno central ya obligó a los empresarios afectados a pedir el apoyo del Congreso de la Ciudad de México. El diputado local por Movimiento Ciudadano, Carlos Fernández, asegura: “los han traído como aboneros y se han detectado muchas irregularidades”. Por eso, adelanta que prepara acciones legislativas para que el gobierno de Sheinbaum les pague, “porque en lugar de apoyarlos, los está extinguiendo”. Agrega que prepara otras acciones que permitan la transparencia en el manejo de recursos del Fideicomiso para la Reconstrucción.
Por segunda semana consecutiva, Proceso solicitó la versión de la Comisión para la Reconstrucción sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Reportaje publicado en el número 2417 de la edición impresa de Proceso
