Noticias de Yucatán
- Denuncia proceso plagado de irregularidades y
presuntos actos de corrupción de autoridades estatales.
El senador Daniel
Ávila Ruiz solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a
fondo al gobierno de Yucatán por el uso indebido de recursos públicos federales
en la licitación pública No. LIC-GEY-SSP-031/2016 para el programa de
reemplacamiento vehicular 2017.
Con este motivo,
presentó hoy una denuncia en la que describe numerosas irregularidades y presuntos
actos de corrupción de funcionarios estatales en la adquisición de 750 mil
placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y
recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.
Hay evidencias de que
el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi y el
director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis
Alberto Pinzón Sarabia, manipularon el proceso licitatorio para beneficiar a la
empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V, advirtió.
En conferencia de
prensa, Ávila Ruiz, senador por Yucatán, quien fue acompañado por el senador
Jorge Luis Preciado Rodríguez, indicó que las bases se hicieron para evitar la
competencia de otros proveedores nacionales y locales, toda vez que el mismo
día que se emitió la convocatoria sólo dieron seis horas para el cumplimiento
de los requisitos, lo que hace sospechar que las únicas tres empresas que
compitieron tenían información privilegiada.
De igual manera,
señaló que el costo de las bases se cobró en efectivo en un domicilio, y se
acudió en otro lugar muy distante para la entrega de la documentación
requerida, lo que hizo humanamente imposible cumplir con los trámites
establecidos en tiempo y forma.
Asimismo, – dijo-
resulta extraño que una de las empresas participantes haya sido descalificada
por no cumplir con los requisitos mínimos, y la otra haya ofertado un costo por
encima de los parámetros de la convocatoria, lo que la dejó fuera en
automático, sin que se declarara desierta la licitación.
Destacó que más
incomprensible resulta el hecho de que los representantes de esas empresas no
hayan asistido al evento de comunicación del fallo, en el que se dieron a
conocer los resultados de la licitación, situación que hace suponer que todo el
proceso fue una simulación.
El senador Ávila Ruiz
expresó que lo anterior constituye un perjuicio a la hacienda pública de cuando
menos 66 millones 187 mil pesos y un sobre costo a los ciudadanos de Yucatán de
741 pesos, con lo cual el gobierno de la entidad obtiene ingresos indebidos por
555 millones 750 mil pesos.
Con ello, -añadió-,
que la administración local recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil
pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre
tenencia vehicular, derogado en 2016 y obtiene ganancias en detrimento del
bolsillo de los ciudadanos.
Remarcó que en la
licitación pública para el reemplacamiento vehicular 2017 existe la presunción
de una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas y un grupo
de funcionarios estatales directamente involucrados en los procesos de
licitaciones, quienes actúan impunemente.
Ávila Ruiz enfatizó
que la compañía ganadora ofreció la elaboración de las 750 mil placas, tarjetas
de circulación, engomados y recibos oficiales a un costo promedio de 245 pesos
más IVA, lo que representó una erogación de 182 millones 371 mil 520 pesos del
presupuesto.
Asimismo, denunció
que a pesar de que en las bases de la licitación se estableció que no se
otorgaría ningún anticipo, disposición que también limita la participación de
los proveedores interesados, consta en documentos que la Secretaría de
Seguridad Pública entregó a la empresa ganadora 50 por ciento de adelanto.
Otra irregularidad se
desprende de un ejercicio comparativo en el que se destaca que Vitro Fomento
Industrial, S.A. de C.V. también obtuvo el contrato para el reemplacamiento
vehicular 2017 en Nuevo León, mediante el cual las autoridades de esa entidad
adquirieron 204 mil 307 placas metálicas a un costo promedio 156.75 pesos más
IVA.
Como se observa,
Vitro ofertó un precio más bajo por una cantidad mucho menor de placas, “lo
anterior sin tomar en cuenta los costos que representaron para esta empresa
yucateca trasladar los bienes licitados a Nuevo León”.
De acuerdo con el
comparativo, resaltó el senador, que Yucatán es uno de los estados más caros
para el reemplacamiento de vehículos, cuyo precio se fijó este año en 986 pesos
en promedio, además del pago de otros derechos e impuestos estatales, que en
suma generan un gasto de mil 446 pesos.
Ávila Ruiz
ejemplificó que en el estado de México el costo total con impuestos es de 638
pesos, en Veracruz de 800 pesos, en la Ciudad de México de 642 pesos, en
Guerrero de 750 pesos y en Morelos de 755 pesos.
Por su parte, el
senador Jorge Luis Preciado manifestó que estos “negocios” que hacen
funcionarios públicos con las licitaciones forman parte de los denominados
“moches”, los cuales funcionan con el aumento del costo de producción para
obtener una ganancia indebida, lo que constituye un acto de corrupción.
Por ello, los dos
senadores demandaron la intervención de la ASF para investigar exhaustivamente
el proceso licitatorio, a fin de deslindar responsabilidades y fincar los
cargos administrativos o penales que, en su caso, correspondan.
