En un pronunciamiento oficial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su profunda preocupación ante la solicitud de juicio político presentada por la Secretaría de Gobernación (Segob) en contra del juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez.
El director nacional de la Jufed, magistrado Daniel Sánchez, y otros integrantes del organismo, destacaron que esta acción de la Segob no debe convertirse en un mecanismo para controlar o acosar al Poder Judicial, subrayando que constituiría un atentado a la garantía de independencia judicial de los juzgadores.
La denuncia presentada por la Secretaría de Gobernación acusa al juez Contreras Martínez de presuntamente favorecer a miembros de grupos criminales en la frontera norte del país, promoviendo la impunidad y negando el derecho a la justicia. Se destaca específicamente la liberación de sujetos vinculados con el secuestro de migrantes y otros actos relacionados con la delincuencia organizada.
En la denuncia se resalta la puesta en libertad de individuos asociados a una organización delictiva supuestamente relacionada con el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas el 30 de diciembre pasado, así como con otras actividades vinculadas al crimen organizado, como el tráfico de fentanilo, la tenencia de armas de fuego exclusivas del Ejército y actos de cohecho.
En respuesta, la Jufed informó que en el órgano jurisdiccional se inició una causa penal contra una persona, y tras una orden de cateo, se encontraron armas de fuego y sustancias ilegales. Sin embargo, la defensa presentó argumentos y pruebas que desvirtuaron los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), demostrando que la actuación del juez Contreras Martínez fue conforme a la ley y resultó en una resolución favorable al imputado.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito hace un llamado a respetar la independencia del Poder Judicial y a no utilizar el juicio político como instrumento para fines políticos, recordando la importancia de preservar la imparcialidad y autonomía en la administración de justicia.
