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“México es de los países que tiene más infraestructura institucional para garantizar en principio la protección a los derechos humanos, la libertad de expresión, pero no funciona nada y no funciona porque no es efectivo y no es efectivo porque no hay voluntad política” señaló Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de comunicación de la IBERO, quien añadió que la publicidad oficial es uno de los aspectos que permiten una de las relaciones torcidas entre los medios de comunicación y la clase política.
El 77 por ciento de los periodistas consideran que sus principales agresores son funcionarios públicos y no el crimen el organizado como lo ha señalado el gobierno, así lo reveló el estudio “Libertad de Expresión y Periodismo en México” realizado por Parametría, el Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana, Freedom House y Fundación Este País.
De las fuerzas del orden, del Ejército y policías sospechan 40 por ciento de los periodistas que fueron consultados para realizar el estudio. Mientras que sólo 24 por ciento considera que las agresiones son por parte del crimen organizado.
“Es realmente escandaloso contrastar los datos que arrojó el estudio con la narrativa oficial que indica que la violencia contra periodistas proviene del crimen organizado, pero los propios periodistas no comparten esto”, señaló Manuel Alejandro Guerrero.
El estudio que se realizó a más de 60 periodistas, fotorreporteros, editores y a personas que trabajan en el quehacer noticioso arrojó que seis de cada 10 periodistas en México han recibido algún tipo de agresión física, psicológica, jurídica. Al respecto, sólo el 15 por ciento de los periodistas agredidos buscan la protección del Estado.
Ocho de cada 10 periodistas señaló que no existe confianza en las instituciones. De acuerdo con Guerrero, uno de los hallazgos en el estudio es que los periodistas perciben simulación institucional. Es decir, que las instituciones que se supone deberían proteger los derechos humanos, la dignidad humana o la libertad de expresión –como la Comisión Nacional de Derechos Humanos– , el mecanismo de protección a periodistas, la fiscalía especial para la protección de los periodistas y las leyes que los sustentan no sirven, pero no porque no estén diseñadas, sino porque no son operativas, porque no hay voluntad política para que funcionen.
La investigación también reveló que existe una enorme autocensura por parte de los propios periodistas que prefieren evitar investigaciones de interés público como abuso el poder de los servidores públicos, corrupción o vínculos entre el crimen organizado y clase política.
“Lo triste es que esta censura se refleja en que los periodistas repiten la narrativa oficial que indica que la violencia contra ellos viene del crimen organizado y es lo que vemos en los encabezados, en los periódicos, en la mayor parte de la información que anda circulando, en las entrevistas en los procuradores”, destacó Guerrero, uno de los presentadores de este informe.
Un 35 por ciento de los periodistas consultados para realizar el estudio “Libertad de Expresión y Periodismo en México” está en la Ciudad de México, mientras que el resto son periodistas y reporteros que viven en el interior del país. 56 por ciento son hombres y 44 por ciento mujeres.
“No hay señal de una regulación, de que se haga transparente la forma en cómo se ejerce el gasto oficial en publicidad. Mientras esto siga continuarán filtrándose recursos que van a mantener esta situación de relaciones torcidas y oscuras entre los medios y el régimen político que descobija todavía más a quienes ejercen cotidianamente la labor periodística”, destacó el académico.
Al respecto, 93 por ciento de los periodistas consultados señalaron que la censura es una práctica ejercida desde el interior de los medios de comunicación. A su vez, 32 por ciento consideró que la censura es ejercida por elementos o agentes externos a los medios de comunicación.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalaron que mayo de 2017 fue el mes más violento en la historia de este país desde 1997 al registrarse 2 mil 186 casos de homicidios dolosos. Al respecto, Guerreo señaló que los asesinatos a periodistas podrían continuar.
“Hay más de 2 mil asesinatos violentos en mayo, que ni en el sexenio de Felipe Calderón se llegó a un mayo tan brutal como este, lo cual implica que en podríamos rebasar los 20 mil asesinatos en este año”, agregó.
En la elaboración del estudio “Libertad de Expresión y Periodismo en México” participaron Parametría, la IBERO, Freedom House y Fundación Este País.
“Las universidades tenemos la obligación de reportar y hacer público este tipo de estudios. Tenemos la obligación de seguir investigando el tema, de hacer públicos los datos y por otro lado, de tratar que nuestros chicos en las aulas se cuestionen críticamente, que tengan herramientas de pensamiento crítico para que analicen la realidad en la que vivimos. Y las universidades lo que tenemos que hacer es investigación, señalar, difundir esto y formas personas más críticas y mejor capacitadas para que en algún momento podamos sumar con más actores de la sociedad, con sectores como los propios medios de comunicación, agrupaciones periodísticas para ir señalando esto, pero esas es la labor que nos toca”, destacó Guerrero.
Con información de Desinformémonos
