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En comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e
Infraestructura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de
dictamen para adicionar el artículo 34 Bis y Ter de la Ley de Tránsito y
Vialidad del Estado, para que la Secretaría de Seguridad Pública determine
cancelar los permisos y licencias de conducir a quien sea responsable de causar
la muerte o lesiones permanentes a una persona en un accidente si maneja bajo
los influjos del alcohol, drogas, psicotrópicos, estupefacientes u otras
sustancias.
La iniciativa de Miguel Rodríguez Baqueiro específica, en su
artículo 34 Ter que, con independencia de lo establecido en el reglamento
relativo a las sanciones que pudieren aplicarse a las personas que contravengan
las disposiciones de tránsito y vialidad, se dispondrá que:
Si el conductor presenta una tasa de alcohol en la sangre
superior a 0.080 miligramos por 100 mililitros o de alcohol en aire espirado
superior a 0.40 miligramos/litro o se encuentre bajo el influjo de drogas,
psicotrópicos, estupefacientes u otras sustancias, se suspenderá su licencia o
permiso de conducir por un lapso de 18 meses.
Si reincide en una segunda ocasión se suspenderá su licencia
o permiso por un período de tres años; en caso de una tercera, será de manera
definitiva.
Los diputados del cuerpo colegiado también aprobaron por
unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Transporte del
Estado, para establecer los derechos de los usuarios, los cuales son que los
operadores de las unidades respeten su solicitud de servicio, siempre que se
realicen en los paraderos establecidos.
También, recibir el servicio de transporte, previo pago la
tarifa autorizada; recibir el boleto con seguro de viajero; el ascenso y
descenso en los paraderos autorizados, que el vehículo cubra todo el recorrido
por la ruta autorizada; la seguridad de la frecuencia de los autobuses en los
horarios autorizados; viajar con un menor de cinco años sin que este pague
boleto; abordar el vehículo completamente, antes de que el operador lo ponga en
movimiento; entre otros.
Además, define obligaciones como solicitar el servicio en
los paraderos autorizados; no ocupar los espacios designados como exclusivos
para usuarios con preferencia de género, edad o discapacidad; no proferir
insultos o palabras altisonantes cuando se encuentre a bordo del vehículo; no
ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o enervantes; no tirar
basura dentro de las unidades; no dañar, destruir o pintar los asientos de los
vehículos; entre otros.
En otro punto, los diputados de la comisión acordaron
realizar una reunión con la Secretaría General del Congreso local para
replantear el proyecto de dictamen de la adición del artículo 44 bis a la Ley
de Tránsito y Vialidad, que propone prohibir que niñas y niños menores de cinco
años no puedan transitar por medio de una motocicleta.
El proyecto de dictamen distribuido este día planteaba la
aplicación gradual de esta medida en Mérida y todo el estado con multas al
conductor que incurra en esta práctica, con la excepción en calles dentro de
los demás municipios donde solo sería una amonestación; para lo cual, Víctor
Sánchez Roca (PAN) explicó que después de un análisis con Secretaría General,
manifestó que la aplicación de la ley debe ser general y es imposible exceptuar
algunos ciudadanos y otros no.
En respuesta, Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que
en la pasada sesión del cuerpo colegiado se acordó que la medida sólo se
aplicaría en la periferia de Mérida y en carreteras estatales, ante la
existencia de un transporte público no adecuado.
Agregado a esto, Manuel Díaz Suárez (PAN) añadió que estos
acuerdos previos fueron con base a que se registran un mayor número de
accidentes en la periferia de la capital yucateca y en carreteras estatales,
además de que consideró que no afectaría la generalidad de la ley.
Es por ello que la presidenta de la comisión, Lila Frías
Castillo (PRI) propuso realizar una reunión el próximo martes con la Secretaría
General del Congreso, para ajustar el proyecto de dictamen.
Por último, los legisladores continuaron con el análisis de
la iniciativa de Ley de Seguridad Vial, así como otra para reformar la Ley de
Transporte, ambas de Movimiento Ciudadano, de las cuales se entregó un
documento con las opiniones y propuestas surgidas de las reuniones que han
sostenido con autoridades municipales, académicas y representantes del
transporte.
Espectro Autista
En la comisión especial para el Desarrollo Humano e
Inclusión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se distribuyó la ficha
técnica de la iniciativa para expedir la Ley para la Atención, Protección e
Inclusión de las personas con Espectro Autista.
Janice Escobedo Salazar (PRI), propuso integrar a la
Secretaría de Salud para garantizar los derechos de dichas personas, así como
incluir a la Secretaría de Fomento Económico y la de Desarrollo Social, para
que se lleven a cabo convenios para que puedan tener trabajo, con un censo
correspondiente para que obtengan igualdad de condiciones laborales y
económicas.
La presidenta de la comisión, Kathia Bolio Pinelo (PAN)
planteó realizar una reunión con especialistas para fortalecer el análisis del
tema; mientras que Luis Aguilar Castillo (NA) propuso incluir a la Secretaría
de Educación estatal para conocer cuántas niñas y niños con espectro autista
están inscritos en las escuelas.
En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) mencionó que en la
iniciativa debe prevalecer la educación, la concienciación y la cultura de
respeto, al igual que la inclusión en todos los servicios; por otro lado,
propuso que se debe hacer un estudio económico para designar a quienes se les
otorgará el apoyo económico que se plantea, porque “no habrá dinero que
alcance” para asistir a cualquiera que lo solicite.
En la misma comisión, se distribuyó la iniciativa para
declarar el 25 de octubre como Día Estatal de las Personas de Talla Baja, así
como el cuadro comparativo y la ficha técnica de la propuesta para reformar y
adicionar diversas fracciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación.
Por otra parte, en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta
Pública, Transparencia y Anticorrupción se presentó la segunda entrega de los
informes individuales correspondientes a la revisión y fiscalización de la
cuenta pública 2018 así como el análisis del informe de avances de
observaciones, mismo que presento el titular de la Unidad de Vigilancia y
Evaluación de la Auditoria Superior del Estado, Jonathan García Ramírez.
Ante los integrantes del cuerpo colegiado antes mencionado,
García Ramírez explicó que, entre otras cosas, con base en la nueva ley de
fiscalización de la Cuenta Pública, se establecieron obligaciones adicionales
para la ASEY relacionados con la rendición de cuentas y transparencia.
“En el artículo 75 establece el formato de avance de
observaciones, que señala que será semestral, el que estamos analizando es el
que tenía como fecha límite el 1 de noviembre con corte al tercer trimestre del
año 2019, el siguiente se estaría presentando el 1 de mayo con corte al primer
trimestre del 2020”.
Señalo que éste análisis se entregó el 31 de octubre, dentro
del plazo que establece la ley, y dijo que se separó por cuenta pública, tipo
de acción y tipo de ente fiscalizado.
De este estudio, continúo, se logró determinar el grado de
avance del análisis que ha tenido la auditoria respecto de las observaciones
determinadas en 2017.
“La auditoría ha logrado un 39.5 por ciento de avance ya que
presenta acciones de 70 de los 177 entes públicos que correspondieron a 2017;
este 39.5 por ciento de entes se refiere al análisis de resultados del 50.1 por
ciento ya que de las 3093 acciones que se generaron en 2017 ya se analizaron
cerca de 1500 acciones; para la cuenta del 2018 hay que acotar que se refiere a
la primera etapa de informes, se encuentran en análisis el 80 por ciento, 20 de
los 25 informes presentados, por lo que aun cuando ya se generaron expedientes
de pliegos de observación aún se puede generar otro tipo de acciones como
denuncias”.
Agregó que, como parte del informe del avance de
observaciones con corte al tercer trimestre, la ASEY incluye un apartado de
multas interpuestas que en acumulado de los ejercicios 2017, 2018 y lo que va
de 2019 asciende a 4 millones 944 mil trecientos 12.30 pesos un aproximado de
640 mil pesos en 2017, 2 millones 225 mil en 2018 y 2 millones 79 en lo que va
del año, “sin embargo aquí no nos precisan el monto cobrado o recaudado por lo
que consideramos importante obtener esos datos a través de un acercamiento que
pensamos tener con la auditoria”.
Mencionó que la razón más representativa de estas multas es
por la falta de atención a las solicitudes de información generadas por la ASEY
a los diferentes entes fiscalizados.
Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), comentó que ha recibido
llamadas de ex alcaldes señalándoles que primero, los síndicos de las
administraciones actuales demoraron mucho en notificarles que tenían estas
observaciones y después ya han entregado muchas de las solventaciones de los
pliegos a las autoridades actuales para que hagan la entrega a la auditoria y
no han hecho dicha entrega o no se ha reflejado en las observaciones como cumplidas,
por lo que solicitó encontrar un mecanismo que permita exhortar a las
autoridades actuales para que cumplan con hacer la gestión de la entrega de la
documentación.
Por su parte, el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD)
recordó que el avance del informe que se está dando es del 2017 y de los 25 que
entregaron en la primera entrega del 2018 y coincidió con su antecesor en la
necesidad de mejorar este proceso.
Fuente: Yucatán a la mano
