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La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado este lunes de que investiga a los dos principales candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano. García lidera las encuestas en el estado norteño, por delante de De la Garza. Ambos figuran muy por encima del tercer lugar, que ocupa la candidata de Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado divulgado ya de noche, la FGR ha explicado que la investigación contra De la Garza es por “compra y coacción del voto”. En el caso de Samuel García, el inicio de las pesquisas responde a aportaciones de dinero que el candidato recibió supuestamente “de forma ilegal” y “con fines electorales”. Este giro llega a menos de un mes de las elecciones estatales del 6 de junio.
López Obrador afirmó este martes que sí tuvo injerencia en la denuncia contra los candidatos y ha celebrado la decisión de la Fiscalía. “Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto en cubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral. Si no, ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral?, ¿para qué se reformó la Constitución?, si va a seguir lo mismo, no, aunque se enojen los conservadores hipócritas”, ha declarado esta mañana en su conferencia matutina.
La FGR atribuye su decisión de investigar a De la Garza a “un gran número de denuncias ciudadanas”. La dependencia indica que el candidato ha solicitado “el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador”. Esta acción, señala la Fiscalía, choca con la Constitución, que ordena prisión preventiva oficiosa por “el uso de programas sociales con fines electorales”. La institución no aclara en el comunicado si buscará encarcelar a De la Garza. López Obrador exhibió en dos de sus conferencias de prensa matutinas las “tarjetas rosas” presuntamente ofrecidas por el candidato priista.
No es la primera vez que candidatos del PRI enfrentan problemas por asuntos parecidos. En 2017, el aspirante a la gubernatura del Estado de México, Alfredo Del Mazo, basó buena parte de su campaña electoral en el “salario rosa”, un programa social destinado a mujeres en la región. Entonces, Morena denunció el caso ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero el organismo determinó que el programa no constituía “dádivas o beneficios inmediatos” que pudieran influenciar al electorado.
La irrupción de la FGR en el caso de los candidatos de Nuevo León supone una escalada de consecuencias difíciles de prever. Más cuando quedan apenas semanas para los comicios, con el país resbalando a velocidad creciente por la polarización. El movimiento sorprende además, porque la apertura de una investigación no implica la detención de los investigados, menos el fin de sus candidaturas.
En el caso de De la Garza, sorprende además que la fiscalía obvie señalamientos más graves, de vínculos con grupos criminales, que el candidato ha evitado explicar. La semana pasada, EL PAÍS informaba de que el nombre de De la Garza aparecía en un documento de pagos a autoridades que el Ejército incautó supuestamente a Los Zetas en 2009 en Monterrey. De la Garza apareció igualmente en un informe que elaboró la policía española, tras la detención del enlace de Los Zetas en Europa, hace cinco años.
Este diario ha contactado a voceros de la campaña de De la Garza para saber su postura ante el comunicado de la FGR, pero de momento han preferido no hacer comentarios.
Sobre Samuel García, favorito en las encuestas, la Fiscalía señala haber recibido una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”. Además de García, la denuncia incluye a su esposa, padre y suegro. La Fiscalía espera “obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso”.
No está muy claro qué aportaciones habrían recibido García o su familia en el contexto de la actual campaña. En abril, investigaciones de dependencias federales, entre ellas la propia UIF, ventiladas en la prensa, señalaban que García estaba en la mira por movimientos extraños de dinero protagonizados por él y sus allegados. Estaba el caso, por ejemplo, de una transferencia por 26 millones de pesos, que el candidato recibió en 2012, de una empresa catalogada como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria.
Al respecto del comunicado de la FGR, el candidato ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter: ”El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”.
