Noticias de Yucatán.
Las
protestas de policías federales que se niegan a integrarse a la Guardia
Nacional junto a elementos del Ejército y de la Marina no solo son un mal
mensaje, también evidencian el desaseo y la torpeza con que la autoridad
conduce este proceso de formación de la nueva institución, así lo señala
Alejandro Madrazo Lajous, profesor investigador del Departamento de Estudios
Jurídicos del CIDE.
En
entrevista exclusiva para EL DEBATE, el también integrante del Colectivo
#SeguridadSinGuerra enfatizó que la Guardia Nacional del presidente Andrés
Manuel López Obrador es un juego de etiquetas, igual que lo hizo su antecesor
Enrique Peña Nieto, que «jugó con la etiqueta de seguridad pública a seguridad
interior», pero además es también una violación a la Constitución por no acatar
lo que se aprobó durante el mes de marzo en el Congreso de la Unión, indicó:
«La Policía Federal puede ser criticada en muchos sentidos, ha cometido muchos
abusos, pero también el Ejército ha cometido muchos abusos, y, a la hora de
entrar a la Guardia Nacional, los militares tienen pase automático, y a las
policías federales sí se les revisa».
Madrazo
Lajous advierte que el problema real en esta idea que tiene López Obrador la
tuvo Peña Nieto y también Felipe Calderón: creer que se puede agarrar a los
policías y meterlos a una corporación militar o agarrar a militares y vestirlos
de policías y ponerlos a hacer labores de policías, sin que pase nada, pero sí
pasa, pues los policías no son soldados y no quieren ser soldados, y los
soldados no son policías y no pueden ser policías.
Lo grave de
todo eso —afirma el académico— es que este cambio no nos proveerá de policías,
porque los soldados no saben hacer el trabajo de la Policía, no saben actuar en
población civil, no están entrenados para ello, y un ejemplo claro es lo
ocurrido en mayo del 2017 en Palmarito, donde un militar ejecutó de forma
extraoficial a un detenido: «Es un video donde vemos claramente que la Policía
Militar no tiene idea de cómo comportarse con delincuentes en un contexto
urbano, en población civil. Detienen a una persona, pero no la aseguran, no la
catean, no ponen un perímetro para evitar el ingreso de otros vehículos.
Palmarito es el ejemplo en México de cómo los militares no saben hacer el
trabajo de policía y no deben hacerlo».
¿Está
incurriendo el presidente de la República en alguna inconstitucionalidad?
«Estamos
viendo al Gobierno abiertamente violando la Constitución y haciendo de la
Guardia Nacional una extensión del Ejército en vez de construirla como una
institución policiaca civil, como mandata la Constitución. Creo que
difícilmente podría ser más abierta la violación, es ya equiparable a la
violación en que incurrieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto al tener al
Ejército haciendo labores de policías directamente. Lo absurdo es que hoy López
Obrador sí tiene facultades temporalmente a través del quinto transitorio para
utilizar al Ejército directamente en tareas de seguridad pública, pero, en vez
de utilizar esa herramienta constitucional, lo que está haciendo es colonizando
a la Guardia Nacional con la lógica del equipamiento, del personal y el mando
militar. Prefiere violar el artículo 21 constitucional, haciendo de la
institución que debería ser policiaca y civil, una institución castrense. Es un
absurdo y un sinsentido».
¿Es solo un
cambio de nombre y de uniforme a una institución que se ha formado en tiempo
récord?
Parece una
vez más el juego de las etiquetas. Enrique Peña Nieto jugó con la etiqueta de
seguridad pública a seguridad interior para pretender que así no violaba la
Constitución, y Andrés Manuel López Obrador está jugando con las etiquetas de
guardia nacional y ejército para pretender que tampoco viola la Constitución,
pero ambos la violan y ambos lo que han hecho es vendernos gato por liebre.»
Hay
testimonios que nos hablan de que simplemente lo que hicieron fue ponerles una
etiqueta de GN en el hombro, de que las capacitaciones fueron no solo
insuficientes, sino prestadas en condiciones deplorables, en muchos casos ni
siquiera hubo capacitación. Lo que sabemos de este proceso es de un desaseo y
una torpeza brutal. Y el desaseo y la torpeza comienzan con la decisión de
violar la Constitución, y esa decisión la tomó López Obrador».
¿Qué han
dejado de hacer los Gobiernos?, porque ninguna estrategia ha funcionado en los
últimos doce años, la inseguridad y la violencia siguen al alza
Lo que
están dejando de hacer es construir policías profesionales. Y lo que están
haciendo, y hay una continuidad profunda, es violar la Constitución,
militarizar y centralizar la política de seguridad pública. Se ha incrementado
la violencia, mínimo es una espiral de violencia que fue detonado por la
decisión de Felipe Calderón de militarizar la seguridad pública, pero desde
entonces no se ha dejado de militarizar la seguridad pública ni dejado de
crecer en índices delictivos.
Lo que
deberían hacer es invertir para construir policías a largo plazo, policías
profesionales debidamente pagadas, entrenadas, profesionalizadas, atendidas en
su seguridad laboral y prestaciones. Pero lo que están haciendo es destruir la
capacidad del Estado para actuar y haciéndose cada vez más dependientes de la
mano dura, de la fuerza militar, del manotazo, de la bala, y eso no es bueno».
¿Han
eludido su responsabilidad los Gobierno estatales y municipales en cuanto a
capacitación y profesionalización de sus policías?
Algunos sí;
otros no. Justamente lo que tenemos que hacer es un análisis más sesudo de qué
se ha hecho, dónde ha resultado, y tomar los casos de éxito para poder
exportarlos. Yucatán claramente algo ha hecho bien porque no ha tenido la
crisis de violencia que se está viviendo en el resto del país; Aguascalientes,
donde yo vivo, claramente algo ha hecho bien, cuando Zacatecas y Jalisco, que
son los estados colindantes, se han prendido en llamas en distintos momentos, y
Aguascalientes ha logrado mantener la violencia bastante contenida.
Por cierto,
me preocupa mucho la llegada de la Guardia Nacional a Aguascalientes, porque si
algo nos dicen las intervenciones militares federales del pasado es que crece
la violencia cuando hacen trabajo en la población civil. Vamos a ver al tiempo,
pero lo que deberíamos estar haciendo es replicando los casos de éxito en vez
de destruirlos homologándolos a la estrategia que ha fracaso en casi todas las
demás partes del país, que es militarizar la seguridad pública».
¿Ve
posibilidades de que el Gobierno federal rectifique?
Si las
declaraciones recientes del presidente de la República y del secretario Alfonso
Durazo son indicador de algo, no tengo mucha esperanza en que recapaciten.
Parecen empecinados en descalificar a quienes hemos criticado esta política, en
vez de tomar nota de que lo que están viendo ellos es producto de sus propios
desatinos, de sus propios errores y su propio desaseo en la construcción de la
Guardia Nacional».
¿De qué
sirvieron los foros previos a la aprobación y conformación de la Guardia
Nacional que hubo en el Senado?
Creo que
sirvieron de mucho, sirvieron para concientizar el debate público, sirvieron
para concientizar al Legislativo, y creo que al final nos dieron un texto
constitucional que es, si no el óptimo, mucho mejor que la propuesta que el
presidente hizo y que ahora está implementando.
Tenemos a
la Constitución de nuestro lado, y eso vale mucho. Todavía en este país creo
que la Constitución vale, y los ciudadanos tenemos que apostarle a cumplirla,
aunque nuestras autoridades la violen. Esa tiene que ser la función de la
ciudadanía: exigir el respeto, sobre todo cuando las autoridades la violan. Más
que en ningún otro momento, como ciudadanos debemos ejercer nuestra función
constitucional de ciudadanos todos los días. No solo es ir a votar, también es
denunciar, exigir y, en este caso, demandar».
La
legalización de las drogas, particularmente de la mariguana, ¿cree que ayude a
reducir los índices de criminalidad en el país?
Creo que la
regulación de las drogas, de todas, empezando por el cannabis, es una condición
necesaria para poder empezar a mejorar en temas de seguridad. No es suficiente,
pero sí es necesaria, porque eso va a permitir enfocar nuestros recursos en
aquellos delitos que son gravosos para la sociedad, como son el secuestro, el
homicidio, la extorsión, etcétera, y no andar correteando pacas de a kilo por
todo el país, que, en realidad, o van destinadas afuera del país o que no
generan un problema de salud pública grave en el país, y, sobre todo, que no se
atiende a través de la prohibición».
El Gobierno
de López Obrador ha acertado en demandar un cambio en la política de drogas y
promover la regulación del cannabis. Se han tardado, pero tengo la esperanza de
que muy pronto salga ya alguna regulación para sacar el cannabis del ámbito
criminal. El problema que veo, cuando uno lee el reglamento de la Guardia
Nacional, parece como si no se estuviera discutiendo la regulación de las
drogas, hablan de combatir la tenencia, la posesión, y los poseedores son
normalmente usuarios».
La llegada
de la Guardia Nacional a Sinaloa
Entre la
polémica y los señalamientos de ser una institución militar y no civil, como lo
aprobaron en marzo los legisladores federales, el 30 de junio entró en vigor la
Guardia Nacional en 150 regiones del país, con alrededor de 81 mil elementos,
entre militares, marinos y policías federales (que luego se opusieron y
acusaron violación a sus derechos laborales).
