Un juez federal ha ordenado al Gobierno de Ciudad de México, a través de una suspensión provisional, que entregue la información sobre la contaminación en el agua de la alcaldía Benito Juárez, afectada en su suministro desde hace un mes y medio. La decisión llega como respuesta a un amparo interpuesto por los vecinos que han recurrido la decisión del Sistema de Aguas de la capital (Sacmex) de clasificar la información durante tres años.
Las autoridades de la capital argumentaron hace una semana que los resultados de los análisis fueron reservados porque exponerlos podría provocar “interpretaciones erróneas”. También dejaban la puerta abierta a que la reserva se extendiera varios años más porque los datos forman parte de una investigación penal en curso. Ahora un juez le da la razón a los afectados y solicita que la información se haga pública, a escasas semanas de que se celebren las próximas elecciones a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
En la resolución, el juez no advierte ningún motivo por el que la información debe ser clasificada y no darse a conocer. De hecho en México, cualquier información que tenga que ver con daños al medio ambiente no puede ser reservada, de acuerdo con un mandato de la Suprema Corte. “Con esta decisión, se logra el acceso a toda la información que tiene el gobierno con respecto a la calidad del agua en la alcaldía Benito Juárez, sin que exista posibilidad de que las autoridades reserven el acceso a la misma”, subrayaron el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el despacho de abogados Lammoglia, a través de un comunicado.
La semana pasada, otro juez concedía otra suspensión provisional a otro grupo de vecinos afectados para que las autoridades entreguen agua sin contaminación en la Benito Juárez. “Las autoridades responsables quedan obligadas a tomar todas las medidas de reparación que estimen pertinentes en relación con los hechos de contaminación en la alcaldía Benito Juárez en los últimos meses”, puede leerse en la resolución de Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa.
Ante el silencio de las autoridades, grupos de vecinos encargaron análisis del agua de sus casas a laboratorios autorizados. Los resultados arrojan que en el suministro de varias colonias afectadas hay presencia de cloroformo, diclorobenceno, tricloroetileno, entre otras sustancias. Todas ellas tóxicas y cancerígenas. Los afectados denuncian que las autoridades están violando la norma mexicana, conocida como NOM 127, y otras normas internacionales sobre los límites de sustancias permitidos en el agua para el consumo humano.
Este es el motivo por el que exigen a Sacmex que presente los informes y las bitácoras del estado del agua en la alcaldía, por lo menos desde enero de 2024 y que se lleve a cabo una reparación del daño. De acuerdo a la Ley de Amparo, si las autoridades no cumplieran lo que marca el juez, podrían estar incurriendo en un delito. Después de la suspensión provisional, los tribunales tienen 15 días para ver si se otorga la suspensión definitiva.
EL PAÍS