Noticias de Yucatán.
Ciudad de México; 20 de julio de 2020 .- Un particular
acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construirá la Franja de
Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas
en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Según el documento, del cual Excélsior tiene copia, la
Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971. Además, hizo saber a
la Sedatu que tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar para no
tener líos legales.
Sin embargo, la Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie
fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en
abril de 2019 y, a cambio de su uso para el aeropuerto, se acordó la
repartición de 617 hectáreas a comuneros.
La dependencia defiende la validez de la declaratoria y
subraya que esperará a que se resuelva “cualquier impugnación que declare la
nulidad de dicho acto”.
Reconocen a dueño de tierras en Xaltocan
La Sedena admitió que un particular es propietario de las
128 hectáreas donde se está construyendo la terminal aérea General Felipe
Ángeles; la dependencia afirmó que tiene dinero “suficiente” para liquidar.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en
un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), del cual Excélsior tiene copia, que un particular acreditó ser
propietario —desde el 12 de mayo de 1971— de las 128 hectáreas ubicadas en la
comunidad de San Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto
Internacional General Felipe Ángeles.
La institución armada, encargada de ese proyecto
aeroportuario le hizo saber a la Sedatu que está dispuesta y que “cuenta con la
suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”.
El millón 280 mil metros cuadrados de terreno al que se refiere
la Sedena, tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de
aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado.
La Sedatu se niega a pagar.
El reconocimiento de la Sedena de que las 128 hectáreas
donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del
Aeropuerto Felipe Ángeles —dividido en dos polígonos— son propiedad privada, se
registró el 7 de junio de 2019, 42 días después de que ese terreno fuera
declarado como patrimonio de la Federación.
El 26 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la
Federación se publicó la resolución de la Sedatu que “declara como terreno
nacional e inmueble patrimonio de la Federación la superficie
integrada por el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y
una parte del polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas, del
predio denominado Xaltocan, municipio de Nextlalpan, del Estado de
México”.
En esos dos polígonos, que juntos suman 128 hectáreas y que
están dentro de los límites territoriales de San Miguel Xaltocan, se construye
parte del nuevo aeropuerto, aledaño a la Base Militar de Santa Lucía. Y es
también el sitio donde desde hace semanas un grupo de comuneros instalaron una
carpa en protesta por cómo se está desarrollando la operación de los acuerdos
con el gobierno federal para el reparto de 617 hectáreas.
El 10 de marzo de 2019, el gobierno federal y 722 comuneros
de Xaltocan acordaron permitir la construcción del aeropuerto sobre 128
hectáreas de la comunidad, a cambio del reparto de 617 hectáreas (el total de
este territorio era entonces bienes comunales) pero ya como propiedad privada,
pasando por el estatus de terrenos nacionales, como un trámite administrativo.
El reconocimiento de propiedad a un particular por parte de
la Sedena, apoyada con documentos oficiales, sumado a la declaración de que
esos terrenos son nacionales, más la reubicación e indemnización a 100
comuneros de Xaltocan, quienes supuestamente tenían la posesión de esas 128
hectáreas, hace aún más compleja la resolución de este caso de tenencia de la
tierra. Además de que está el jaloneo interno entre los 722 comuneros por el
reparto de esas 617 hectáreas que el gobierno federal les cedió, luego de
haberle permitido usar las 128 hectáreas en cuestión.
El 24 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció el inicio de las obras para la construcción del nuevo
aeropuerto.
El 15 de mayo de 2019, la persona a la que le Sedena le
reconoce la propiedad del predio envió una carta a la Defensa Nacional reclamando
precisamente la propiedad de un terreno donde está proyectada la terminal
aérea, con una inversión de 95 mil millones de pesos y que estará lista en
2022.
La Defensa Nacional recurrió a instancias oficiales del
Estado de México para averiguar si la reclamación era real. En el comunicado
firmado por el general brigadier ingeniero constructor, Hiram Sergio Cárdenas
Robles, director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Sedena
informó:
“Esta secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los
que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario se
encuentren dentro de la citada franja de seguridad, asimismo, se consultó al
Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) la legalidad de
la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el
instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da
calidad de propietario, aunado a que sigue sin inscribirse la declaratoria
señalada en su documento ante el Registro Público de la Propiedad
correspondiente”.
El 18 de octubre de 2019, el presidente López Obrador dio el
banderazo de arranque de las obras del nuevo aeropuerto. Ya para entonces, la
Sedena había hecho del conocimiento de la Sedatu que el propietario de las 128
hectáreas de Xaltocan estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y que la Defensa
Nacional contaba con el dinero para liquidar el caso y no tener problemas
legales.
“Por lo anterior y tomando en cuenta la disposición del
citado peticionario en apoyar el proyecto en comento y con el fin de evitar
conflictos legales que puedan afectar a los intereses de esta Secretaría de
Estado, así como al multicitado proyecto; se solicita de su apoyo, a fin de que
se dé la solución al tema en comento, por la afectación a la propiedad… no
omito manifestar que esta dependencia del Ejecutivo Federal cuenta con la
suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”, se lee en el
oficio 1253/17348/CI-PRE.
En el mismo oficio de la Sedena a la Sedatu, le menciona:
“Asimismo, se hace de su conocimiento que esta Secretaría de Estado no tomará
posesión de las superficies en comento, hasta no se resuelva citada
problemática a fin de no agravar tal situación, en virtud de que el aludido
proyecto es de alta prioridad para el desarrollo de la región y del país”.
El 11 de junio, la directora de Propiedad Rural de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos
González le respondió al general Cárdenas Noble.
En la carta la funcionaria hace notar que la declaratoria de
terrenos nacionales, del 26 de abril de 2019, era un acto administrativo y
válido.
“En consecuencia, hasta en tanto no se resuelva por
autoridad administrativa o jurisdiccional competente, cualquier impugnación que
declare la nulidad de dicho acto, que pudiera haber hecho valer algún
particular en términos de la normatividad aplicable, dicha declaratoria surte
plenamente sus efectos legales”.
De acuerdo con archivos consultados por Excélsior, la
propiedad de las 128 hectáreas de referencia habría sido acreditada desde el 12
de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial
de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez, derivado de una
adjudicación de bienes por remate.
El 11 de julio de 2019, el general brigadier I.C. Cárdenas
Noble se dirigió a al titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, a
través del oficio 1679/21689/CI-PRE, solicitándole “sus apreciables
instrucciones y se comunique a esta Dirección General los resultados del
análisis y revisión al procedimiento implementado, mediante el cual se declaró
cómo terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación, las superficies
de 50-13-26-01 y 77-99-73-85 hectáreas”.
Comuneros de Xaltocan confirmaron que la Sedatu les informó
que después del cambio de bienes comunales a terrenos nacionales conocieron que
había cuatro amparos de distintas personas que reclamaban la propiedad de las
tierras donde se construye el aeropuerto.
“La posesión la las tierras la hemos tenido los habitantes
de Xaltocan de toda la vida. Y así lo reconoció el gobierno, pero ahora sabemos
que hay juicios que reclaman ser dueños, pero lo tienen que comprobar. Durante
muchos años han querido esas mismas personas apoderarse de nuestras tierras,
pero primero tienen que comprobar la propiedad”, dijo José Luis González
Martínez, uno de los comuneros.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu, en una
entrevista con Excélsior, dijo que la aparición de particulares que son
presuntos propietarios de las 128 hectáreas podría complicar el proceso
establecido con los 722 solicitantes. “Nosotros asumimos que son terrenos
nacionales, por tanto, en su momento se las entregaremos en las condiciones
pactadas a los 722 solicitante”, comentó.
Información del Consejo de la Judicatura Federal, confirmó
que, en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito del Estado de México, con fecha 29
de julio de 2019 se admitió a trámite la demanda de amparo. Otra demanda está
en el Juzgado Quinto de Distrito de la Ciudad de México, con fecha 11 de
octubre de 2019.
En uno de estos dos juicios de amparo está el particular al
que la Sedena le reconoció la propiedad de las 128 hectáreas de Xaltocan, donde
tuvieron posesión al menos 100 comuneros durante décadas.
Fuente: Excélsior
