"Parece que un tribunal obedece a criterios políticos", Coparmex

Noticias de Yucatán

Así deslucía Mérida con las lámparas chinas puestas en la gestión de Angélica Araujo

Genera suspicacias un fallo contra la Comuna

Sábado, 15 de agosto de 2015

Nicolás Madáhuar Boehm, presidente de Coparmex Mérida, consideró desafortunada la fecha elegida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de Yucatán para emitir su resolución sobre las lámparas chinas, pues esto genera suspicacia al coincidir con el último informe de gobierno del alcalde Renán Barrera Concha.

“Pareciera que el tribunal obedece a criterios políticos y no elementos legales”, expresó. “Reitero la palabra: pareciera. No puedo afirmar que así es”.

“Cuando menos no se erraría al plantear la hipótesis de que los tiempos fueron manejados políticamente…, eso es lo que se percibe”.

El dirigente fue integrante del comité ciudadano que vigiló el proceso de compra de las nuevas lámparas para sustituir las que instaló la empresa AB&C Leasing. Recordó que ese grupo no intervino en la decisión de la Comuna de cancelar el contrato con esa empresa y retirar las lámparas que instaló ésta.

También añadió que a ese grupo representativo de la sociedad le tocó procurar que la nueva compra de equipos fuera transparente: 1) En ese proceso hubo un concurso, 2) ganaron las mejores propuestas, 3) no se contrató a una sola empresa sino a varias de ellas, 4) se procuró que las nuevas luminarias cumplieran la Norma Oficial Mexicana, 5) se buscó que especialistas en el tema opinaran y participaran en esa tarea, 6) la sociedad vigiló esas acciones, y 7) no se dijo qué marca de lámparas comprar sino las especificaciones que debían tener éstas.

Entrevistado, declinó opinar sobre la resolución del tribunal ya citado, prefirió que eso lo hagan los abogados.

Por su parte, José López Campos, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, coincidió en que los puntos de vista legales sobre ese fallo judicial corresponden hacerlo a quienes conocen de leyes. 

Postura de Canacome

Sin embargo, señaló que el juicio todavía no concluye, “falta la última palabra”. “Este es sólo un paso más en el proceso para determinar quién tiene la razón”, añadió. “Este es un conflicto entre un particular y una autoridad, habrá que esperar el resultado final”.

El dirigente declinó comentar la coincidencia entre la emisión de la resolución del tribunal y el último informe del alcalde Renán Barrera. “No tengo elementos para opinar al respecto”.

Sobre los calificativos de “arrebato” y “soberbia” que los tres integrantes del tribunal citado pusieron en su resolución, el arquitecto López Campos dijo también que los abogados son los que deben opinar sobre ese punto. Pero consideró que los calificativos son secundarios, lo importante es el sentido del veredicto emitido.

Sobre el mismo tema el presidente estatal de la Canacintra, Mario Can Marín, expresó que la Comuna está en su derecho de llevar ese caso a la siguiente instancia para que sean las autoridades correspondientes las que emitan el fallo final.

“Lo importante en este tema es que la sociedad fue la que solicitó que se resolviera el problema del alumbrado público en Mérida, por lo cual se tomó una decisión para responder a esa petición y esto a su vez derivó en ese problema.

“Lo importante aquí es determinar qué estrategia tiene el actual Ayuntamiento, o el nuevo gobierno municipal que entrará en funciones el 1 de septiembre, en caso de que la Comuna pierda en la última instancia. Si no se tiene una estrategia al respecto entonces sería importante consultarlo con la sociedad y definir un plan de acción, establecer cómo se pagará (la cantidad que pide AB&C Leasing) en caso de perder este juicio.

“La ciudad no está para retroceder en los servicios públicos municipales que actualmente se ofrecen con eficiencia. El Ayuntamiento conocía esa contingencia, sabía que podía ganar o perder este juicio. Y quizá debió haber planteado una estrategia o una reserva de dinero para hacer frente a esa situación, la cual sí impacta en forma importante a la próxima administración municipal”.

En cuanto a la fecha en que el tribunal dio a conocer su fallo, Mario Can dijo que todo proceso judicial tiene sus tiempos y fechas, pero considera que “deja cierta molestia” esa casualidad. Esto se pudo omitir anunciando la resolución antes o después del informe de Renán Barrera.

"It seems that a court due to political criteria" Coparmex 

News Yucatan

So marred Merida with Chinese lanterns placed on the management of Angelica Araujo

Failure generates suspicion against the Commune

Saturday, August 15, 2015

Madáhuar Nicolas Boehm, president of Coparmex Merida, considered unfortunate the date chosen by the Court of Fiscal and Administrative Justice Yucatan to issue its ruling on Chinese lanterns, as this generates suspicion to coincide with the last government report Renan Barrera Concha Mayor .

"It seems that the court due to political criteria rather than legal elements," he said. "I reiterate the word appears. I can not say that it is. "

"At least not err to hypothesize that times were handled politically ... that is what is perceived".

The leader was a member of the steering committee that oversaw the process of buying new lamps to replace that installed the company AB & C Leasing. He recalled that the group was not involved in the decision of the Municipality to cancel the contract with that company and remove the lamps installed it.

He added that the representative of society band played it to ensure that the new equipment purchase was transparent: 1) In the process there was a competition, 2) won the best proposals, 3) not a single company was hired but several of them, 4) it sought the new lighting met the Norma Oficial Mexicana, 5) sought to subject specialists' opinions and participate in this task, 6) the company monitored these actions, and 7) are not told what brand of lamps buy but the specifications should have them.

Interviewed, she declined to comment on the decision of the aforementioned tribunal, preferring that lawyers do.

For his part, Jose Lopez Campos, president of the Chamber of Commerce of Merida, agreed that legal view points on that verdict are doing who know the law. 

Canacome position

However, he noted that the trial has not yet concluded, "lack the last word". "This is just another step in the process to determine who is right," he added. "This is a conflict between an individual and an authority must await the end result."

The official declined to comment on the agreement between the issuance of the court's decision and the latest report of the mayor Renan Barrera. "I have no elements to say about it."

On descriptions of "rapture" and "pride" that the three members of that court put its resolution, the architect Lopez Campos also said that lawyers are the ones to comment on that point. But felt that the adjectives are secondary, what matters is the sense of the verdict issued.

On the same subject the state president of Canacintra, Can Mario Marin said the Municipality is entitled to bring this case to the next instance to be the relevant authorities to issue a final ruling.

"The important thing in this issue is that society which was requested that the problem of street lighting in Merida was resolved, so a decision was made to respond to this request and this in turn led to that problem.

"The important thing here is to determine which strategy is the current City Hall, or the new municipal government that will take office on September 1, in the event that the Commune lost in the final. If you do not have a strategy about it then it would be important to consult with society and define an action plan to establish how (the amount requested Leasing AB & C) if you lose this trial will be paid.

"The city is not to go back in the municipal public services currently offered with efficiency. The City knew that contingency, I knew I could win or lose this trial. And perhaps it should have raised a strategy or a pool of money to deal with this situation, which does impact significantly to the upcoming municipal administration ".

As for the date when the court issued its ruling, he said Mario Can legal process has its times and dates, but believes that "leaves some discomfort" that chance. This could skip announcing the resolution before or after the report Renan Barrera.

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Ordenan pagar a la Comuna de Mérida más de $203 millones

Noticias de Yucatán

El mismo día del 3er. informe del alcalde

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán (Tjfay) determinó ayer que “fue un acto ilegal” la cancelación anticipada por el actual Ayuntamiento de Mérida del contrato de arrendamiento de más de 80,000 luminarias con la empresa AB&C Leasing, y ordenó a la Comuna pagar por los menos $203 millones, por concepto de rentas vencidas y no pagadas.

El Tjfay emitió ese sentencia, quince días antes de que termine la gestión de Renán Barrera Concha, el principal impulsor la cancelación de ese contrato.

Firmaron la sentencia el presidente del Tribunal, Miguel Diego Barbosa Lara, y los otros dos magistrados, María Guadalupe González Góngora y José Jesús Mateo Salazar Azcorra, quienes argumentaron, según un boletín, que la decisión de la Comuna fue ilegal “porque varios de los funcionarios que cancelaron el contratos no tenían competencia expresa para ello”.

También, porque, dicen, se violaron derechos constitucionales al no concederse a la empresa audiencia previa y porque, además, se “demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización”.

Como hemos informado, la administración de Barrera Concha canceló anticipadamente el contrato de arrendamiento de miles de lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing, en abril de 2013, porque esa empresa adoptó una estrategia de cobro ilegal y lesiva para el patrimonio de la ciudad, aparte de que los equipos arrendados eran ilegales y de mala calidad.

El contrato con AB&C Leasing lo firmó la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara en marzo de 2011 por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de $7.8 millones mensuales.

El boletín precisa que la sentencia del Tribunal “no obliga al Ayuntamiento a volver a instalar las lámparas de AB&C Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos”.

Francisco Moya Gómez, apoderado legal de esa compañía, explicó, en rueda de prensa, que esa suma, actualizada hasta julio, llega a más de $220 millones y se irá incrementado hasta el fin de la vigencia del contrato, en marzo de 2016.

El dinero, dijo, lo recibiría banco Santander, su socio financiero, con quien firmó un contrato de factoraje.

La sentencia del Tjfay se dio a conocer ayer, poco antes del fin del gobierno de Barrera Concha y el mismo día de su último informe de labores, “por una coincidencia”, afirma Moya Gómez.

AB&C Leasing, explica, interpuso una demanda de amparo en el Juzgado V de Distrito, contra el atraso en la emisión de la sentencia de ese Tribunal. El juzgado le fijó a éste el 13 de agosto como fecha límite para publicar la sentencia del caso.

Según el directivo, esa sentencia reconoce también el derecho de AB&C Leasing a ejercer la “acción de indeminización por los daños patrimoniales” que le ocasionó la decisión del Ayuntamiento de cancelar el contrato de arrendamiento y que obligó a la empresa, indica, a “incurrir en múltiples gastos para poder llevar a cabo su legítima defensa, tanto en términos jurídicos como mediáticos”.

Por otro lado, ha llamado la atención el tono usado en el boletín de prensa del Tribunal, pocas veces visto en las instancias judiciales, ya que incluye juicios de valor respecto a la estrategia jurídica del la comuna meridana y califica a sus funcionarios de soberbios.

Sentencia Lecciones, críticas y recomendaciones

Extractos del inusual boletín del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Escándalo

En una parte del documento dice que los magistrados del Tribunal “confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo”.

Soberbia

El boletín añade que ”la figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy han estado lejos del arrebato y la soberbia”.

Presiones

También advierte a los ciudadanos que diferencien la información que es objetiva “de aquella diseñada para presionar a las instituciones”.

Impugnará el Ayuntamiento

Recurso ante un tribunal federal por las luminarias

Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, informó ayer que impugnarán la resolución emitida contra el gobierno municipal respecto al caso de las lámparas chinas que la empresa ABC&Leasing instaló en la ciudad.

El funcionario municipal agregó que tienen 15 días para recurrir al Tribunal Colegiado de Circuito, de modo que en ese lapso analizarán ese documento para presentar la apelación respectiva.

También puntualizó que a pesar de que sólo quedan dos semanas a la actual administración municipal, no dejarán la Comuna sin antes interponer ese recurso.

Respecto al sentido de esa resolución, el entrevistado manifestó que ya lo esperaban debido al largo tiempo que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial de Yucatán tomó para emitir ese fallo. Ruz dijo que llama la atención que esa decisión se diera a conocer ayer, precisamente en el día en que el presidente municipal Renán Barrera Concha presentó su tercer y último informe de gobierno. En ese mensaje el concejal hizo referencia del caso de ABC&Leasing y del Consejo Ciudadano que apoyó la decisión del Ayuntamiento de proceder como lo hizo.

“El tribunal volvió a mostrar que en este caso se guía por intereses particulares y no por aquello que conviene a los meridanos”, expresó.

Apuntó también que en esa resolución se da el hecho inédito de que ese tribunal justifica su sentencia. “Nunca se había visto tal cosa. Esto nos recuerda el refrán que dice: Justificación no pedida, acusación manifiesta”.

El secretario de la Comuna consideró que, de entrada, esa resolución es incongruente y, por tanto, impugnable. “Hay elementos para revertirla, no es firme ese fallo”. Finalmente el funcionario envió un mensaje a los ciudadanos: “Las lámparas chinas no regresarán a las calles de Mérida”.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Mérida ratificó que acudirá ante las instancias correspondientes, en este caso tribunales federales, “para continuar defendiendo la seguridad de los habitantes del municipio, quienes están por encima de cualquier interés particular y/o político”.

“Para el municipio es inconcebible que el Tribunal continúe demostrando ir en contra de los intereses colectivos para favorecer a unos cuantos particulares.

Una vez más, se confirma que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, antepone intereses particulares y razones políticas a los intereses de los habitantes de Mérida a quienes condenaría a vivir nuevamente en penumbras y en riesgo de contraer enfermedades como el cáncer que podría generar la exposición de luminosidad de este tipo de lámparas arrendadas por ABC&Leasing”, termina el boletín.

Cancelación del contrato con ABC Leasing, ilegal: Tribunal

Texto del comunicado emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán en relación con la sentencia emita en el caso de las cancelación anticipada del contrato del servicio de luminarias entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa ABC Leasing:

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

COMUNICADO

ABC LEASING versus AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, atendemos cientos de demandas al año contra actos de más de 170 instituciones públicas estatales y municipales de diverso perfil.

Es del conocimiento público que autoridades del Ayuntamiento de Mérida rescindieron anticipadamente (antes de que terminara el tiempo acordado) el contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing, por lo cual, dicha empresa acudió ante este órgano jurisdiccional a que se revisara si dicho acto fue apegado a Derecho, en esta ocasión se concluyó que la cancelación del contrato fue un acto ilegal, principalmente por las siguientes razones:

• FALTA DE COMPETENCIA.- Porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase);
• VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa (derecho a ser escuchado, a alegar y aportar pruebas antes de ser privado de un derecho), y
• PERITAJE DEFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.

Todo acto o negativa de una autoridad debe de estar apegado a Derecho para evitar la arbitrariedad, atropellos y abusos de poder, ya se trate de una licencia de funcionamiento, una clausura o una multa.

En muestra de la transparencia de este Tribunal, y por considerarse de alta trascendencia, una vez que se cumpla el término para combatirla, se pondrá a disposición de la ciudadanía la versión pública de la resolución del caso entre ABC Leasing y el Ayuntamiento de Mérida, no obstante que las partes ya cuentan con un ejemplar de la misma.

De conformidad con lo dispuesto por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, nuestra Sentencia ha sido emitida en tiempo y forma, estudiándose para ello alrededor de 90 mil fojas que conforman más de 30 cajas de archivo.

Cabe mencionar, que este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales de naturaleza federal, lo que brinda aún más certeza.

Nuestra Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a volver a instalar las lámparas de ABC Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos.

La cantidad de recursos de la sentencia es relevante, ya que el Ayuntamiento opera altas sumas de dinero, siendo su presupuesto del ejercicio 2015 de más de 2 mil millones de pesos, incluso tuvo un remanente o sobrantes no utilizados por subejercicio del presupuesto del año 2014 de alrededor de 280 millones de pesos; la normatividad permite a cualquier autoridad realizar previsiones presupuestales en el capítulo relacionado al cumplimiento de sentencias y resoluciones, como la que hoy nos ocupa.

Este es un tema más de los muchos que son competencia de este Tribunal, y es claro precedente de que toda autoridad debe actuar siempre con apego a Derecho, sin conflicto de intereses y con certeza jurídica para el gobernado.

El objetivo de este Tribunal es que las autoridades cumplan con la Ley, si el acto de una autoridad es ilegal, nuestra obligación es anularlo.

Confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo. La figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy, han estado lejos del arrebato y la soberbia.

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, seremos siempre respetuosos de la opinión pública. Salvaguardaremos hasta la última instancia la independencia judicial. Nos mantendremos en una posición de respeto y tolerancia, pero hacemos un respetuoso llamado a la ciudadanía a que reciban las noticias, comentarios y opiniones con una postura de cautela y reflexión abierta a la crítica, que les permita detectar y diferenciar la información que es objetiva y veraz, de aquella diseñada para presionar a las instituciones a la consecución de fines específicos.

Invitamos a la ciudadanía a que si están inconformes con un acto de autoridad de la administración pública estatal o de los ayuntamientos del Estado de Yucatán, nos permitan revisar su caso. Será un honor poder atenderlos y cuidar que los derechos de los particulares sean respetados.

Atentamente:

Lic. Miguel Diego Barbosa Lara, Magistrado Presidente.

Lic. Ma. Guadalupe González Góngora, Magistrada.

Lic. José Jesús Mateo Salazar Azcorra, Magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
—-FICHA TÉCNICA—-
ABC LEASING versus AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ACTOR: ABC LEASING DE MÉXICO, S.A. DE C.V

AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL MISMO

EXP. 119/2013, constante de casi 90 mil hojas que conforman más de 30 cajas de archivo (En promedio se revisaron 280 hojas por día hábil con independencia de la demás carga procesal del Tribunal)
La parte actora ABC LEASING ofreció 28 pruebas. La parte demandada Ayuntamiento de Mérida ofreció 17 pruebas. La sentencia consta de 132 páginas útiles.
ACTO RECLAMADO: Terminación anticipada por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida del contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing.
SE RESOLVIÓ: Que la cancelación del contrato fue un acto ilegal, principalmente por las siguientes razones:
• FALTA DE COMPETENCIA.- Porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase);
• VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa (derecho a ser escuchado, a alegar y aportar pruebas antes de ser privado de un derecho), y
• PERITAJE DEFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.

La Sentencia se ha emitido dentro de los tiempos dispuestos por el Juez Quinto de Distrito en el Estado. Este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales, lo que brinda aún más certeza. La Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a recolocar las lámparas de ABC Leasing.

El fondo del asunto trata del adeudo de rentas vencidas y no pagadas, y de la cancelación contractual.

(Boletín de prensa)

Commune ordered to pay Merida more than $ 203 million 

News Yucatan

The 3rd day. Mayor report

The Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan (Tjfay) determined yesterday that "it was an illegal act" anticipated by the current City Hall cancellation of Mérida of the lease of more than 80,000 luminaires with the company AB & C Leasing, and the Commune ordered to pay at least $ 203 million, in respect of overdue and unpaid rents.

The Tjfay issued this statement a fortnight before the end of the management of Renan Barrera Concha, the main driver cancellation of that contract.

Signed the judgment, the presiding judge, Miguel Barbosa Diego Lara, and the two other judges, Maria Guadalupe Gonzalez and Jose Gongora Azcorra Jesus Mateo Salazar, who argued, according to a bulletin that the decision of the Commune was illegal "because several of the officials canceled the contracts had no jurisdiction to express it. "

Also, because, they say, constitutional rights were violated by not giving the company prior hearing and also because it "showed that the expert's Hall was performed with an outdated and no effect upon its realization methodology."

As we have reported, the administration of Barrera Concha advance canceled the lease of thousands of lamps magnetic induction with AB & C Leasing in April 2013 because the company adopted a strategy of illegal and harmful collection for the heritage of the city, apart that the leased equipment were illegal and shoddy.

The contract with AB & C Leasing signed former Mayor Angelica Araujo Lara in March 2011 for an amount of $ 468.8 million, payable 60 months, at $ 7.8 million monthly.

The bulletin requires the Court "does not require the council to reinstall lamps AB & C Leasing; the issue is the misuse agreement early termination of the contract, which led to the consequent debt overdue and unpaid rents, which to date amounted to 203 million pesos. "

Francisco Moya Gomez, legal representative of the company explained in a press conference that this amount, updated until July, reaching more than $ 220 million and will increase until the end of the contract in March 2016.

The money, he said, would receive bank Santander, its financial partner, with whom he signed a factoring.

The judgment of Tjfay was unveiled yesterday, shortly before the end of Barrera Concha government and on the day of its latest work, "by coincidence" says Moya Gomez.

AB & C Leasing, explains, filed a petition for relief in the V District Court against the delay in the issuance of the judgment of the Court. The court will set this the August 13 deadline to publish the judgment of the case.

According to the director, the statement also recognizes the right of AB & C Leasing to exercise the "action for indemnification for patrimonial damages" that caused the City Council decision to cancel the lease and forced the company, he says, to "engage in many expenses to carry out their legitimate defense, both in legal terms as media ".

On the other hand, it has drawn attention to the tone used in the press release of the Court, rarely seen in the courts, as it includes value judgments concerning the legal strategy of the commune meridana and qualifies its staff proud. - CAMERA HERNAN CASARES

Lessons judgment, reviews and recommendations

Excerpts from the Bulletin unusual Court of Fiscal and Administrative Justice.

Scandal

In one part of the document it says that the judges of the Court "are confident that the elected officials of Merida denote a greater knowledge of the law and the institutional ways from, allowing them to act through the courts; we are committed to make use of legal tools that are civilized, rational and correct and not under the aegis of the scandal. "

Pride

The bulletin added that "public figure of the upcoming municipal authorities of Merida so far have been away from the rush and pride".

Pressures

Also warns people to differentiate information that is objective "designed to pressure those institutions."

It will challenge the City

Recourse to a federal court for luminaires

Alejandro Castro Ruz, secretary of the City of Merida, said yesterday that they would challenge the decision issued against the municipal government regarding the case of Chinese lamps & Leasing Company ABC settled in the city.

The municipal official said that they have 15 days to appeal to Circuit Court, so that at that time analyze the document to file the respective appeal.

He also pointed out that although there are only two weeks to the current municipal administration will not let the Commune without such a procedure.

To the direction of that resolution, the respondent stated that they expected and because of the long time that the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of Yucatan took to make that decision. Ruz said striking that that decision was unveiled yesterday at precisely the day the mayor Renan Barrera Concha submitted its third and final report of government. In that message the council referred the case of ABC & Leasing and Citizen Council endorsed the decision of the City to proceed as it did.

"The court again will show that in this case is guided by vested interests and not what suits the meridians" he said.

He also noted that given the unprecedented fact that the court justified its decision in that resolution. "I never had seen anything. This reminds us of the saying: Justification not requested, indictment states ".

Secretary of the Commune considered that, first, this resolution is inconsistent and therefore challengeable. "There are elements to reverse it, that ruling is not final." Finally the officer sent a message to the citizens: "Chinese lamps not return to the streets of Merida".

In a statement, the City of Merida confirmed that attend to the appropriate authorities, in this case federal courts, "to continue to defend the security of the local inhabitants, who are above any particular interest and / or political".

"For the municipality it is inconceivable that the Court continues to demonstrate go against the collective interests to favor a few individuals.

Again, it is confirmed that the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State, puts special interests and political reasons to the interests of the inhabitants of Mérida to condemn to live again in darkness and at risk for diseases like cancer that could generate exposure light of such leased by ABC & Leasing "lamps, end the newsletter.

Cancellation of the contract with ABC Leasing, illegal: Court

Text of statement issued by the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan in relation to the judgment delivered in the case of early termination of the service contract between the city lights of Merida and ABC Leasing Company :

COURT OF FISCAL AND ADMINISTRATIVE JUDICIARY STATE OF YUCATAN 

RELEASE

ABC LEASING versus City of Merida

Judges of the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan, we serve hundreds of lawsuits per year against acts of more than 170 state and municipal institutions of different profile.

It is public knowledge that authorities of the City of Merida terminated early (before the end of the time allowed) lease of luminaires with ABC Leasing, therefore, the company went before that court to be reviewed if the act was attached to law, this time it was concluded that the cancellation of the contract was an illegal act, mainly for the following reasons:

• LACK OF Competence.- Because several of the officials had canceled no express power to do so (without a rule or indicate the allowed);
• VIOLATION OF RIGHTS CONSTITUCIONALES.- constitutional rights were violated under Articles 1, 14 and 16, to be granted to the company prior hearing (right to be heard, to argue and present evidence before being deprived of a right), and
• POOR'S EXPERTISE AYUNTAMIENTO.- was shown that the expert's report was conducted Hall an obsolete and no effect upon its completion methodology.

Any act or refusal of an authority must be attached to law to prevent arbitrariness and abuses of power, whether of an operating license, a closure or a fine.

In sign of transparency of this Tribunal, and considered high importance, once the term for compliance combat, will be made available to the public the public version of the resolution of the case between ABC Leasing and the city of Merida, however the parties already have a copy of it.

In accordance with the provisions of the Fifth District Judge in the State, our judgment has been issued in a timely manner, studying for it around 90 000 folios that make up more than 30 file boxes.

It is worth mentioning that this case has been reviewed at various stages by other federal courts of nature, providing more certainty.

Our judgment does not oblige the City of Merida reinstalling ABC Leasing lamps; the issue is the misuse agreement early termination of the contract, which led to the consequent debt overdue and unpaid rents, which to date amounted to 203 million pesos.

The amount of resources of the judgment is relevant, and that the City operates large sums of money, and its budget for the year 2015 of more than 2 billion pesos, even had a surplus or surplus not used by underspending of the 2014 budget around 280 million pesos; The regulation allows any authority make budgetary provisions in the chapter related to compliance with judgments and decisions, as before us.

This is an issue over many within the jurisdiction of this Tribunal, and it is clear precedent that all authority should always acting according to law, no conflict of interests and legal certainty to the governed.

The objective of this Court is that the authorities comply with the Act if the act of an authority is illegal, our obligation is to annul it.

We hope that the elected officials of Merida denote a greater knowledge of the law and the institutional ways from, allowing them to act through the courts; we are committed to make use of legal tools that are civilized, rational and correct and not under the aegis of the scandal. The public figure upcoming municipal authorities of Merida until now, have been far from the rush and pride.

Judges of the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan, will always be respectful of the public. Until ultimately will safeguard judicial independence. We will remain in a position of respect and tolerance, but we respectfully call on citizens to receive news, reviews and comments with a cautious stance and reflection open to criticism, enabling them to identify and differentiate the information that is objective and true, from that designed to pressure institutions to achieve specific purposes.

We invite the public to if they are dissatisfied with an act of state authority or public administration of the municipalities of the State of Yucatan, allow us to review your case. It will be an honor to serve them and take care that the rights of individuals are respected.

Sincerely:

Lic. Miguel Diego Lara Barbosa, Presiding Judge.

Lic. Ma. Guadalupe Gonzalez Gongora, Judge.

Lic. José Jesús Mateo Salazar Azcorra, Judge.

FISCAL COURT AND ADMINISTRATIVE
JUDICIARY STATE OF YUCATAN
--FICHA TÉCNICA--
ABC LEASING versus City of Merida
ACTOR: ABC LEASING DE MEXICO, SA DE CV

Defendant authority: CITY OF MERIDA AND VARIOUS OFFICERS OF THE SAME

EXP. 119/2013, constant almost 90 thousand pages that make up more than 30 file boxes (280 sheets on average were reviewed by working day irrespective of the other caseload of the Court)
The plaintiff ABC LEASING offered 28 tests. The defendant City of Merida offered 17 tests. The sentence consists of 132 pages useful.
act in question. Early termination by officials of the City of Merida lease of luminaires with ABC Leasing
RESOLVED: That the cancellation of the contract was an illegal act, mainly for the following reasons:
• FAILURE OF Competence.- Because several of the officials who had expressed canceled no jurisdiction to do so (without a rule or indicate the allowed);
• VIOLATION OF RIGHTS CONSTITUCIONALES.- constitutional rights were violated under Articles 1, 14 and 16, to be granted to the company prior hearing (right to be heard, to argue and present evidence before being deprived of a right), and
• POOR'S EXPERTISE AYUNTAMIENTO.- was shown that the expert's City Council held a methodology obsolete and no effect upon its completion.

The judgment has been issued within the time set forth by the Fifth District Judge in the State. This case has been reviewed at various stages in other jurisdictions, providing even more certainty. The judgment does not oblige the City of Merida to relocate lamps ABC Leasing.

The merits of the debt is overdue and unpaid rents, and contractual cancellation.

(Press release)

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El tribunal debe ya dar sentencia, determina un juez

Noticias de Yucatán

Se abre un nuevo capítulo en el polémico caso de las luminarias

Un juez resolvió que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán debe ya dictar sentencia en el caso de AB&C Leasing contra el Ayuntamiento por el asunto de las luminarias, informó ayer Alejandro Ruz Castro, secretario de la Comuna.

La empresa tapatía promovió un juicio de amparo por la negativa del tribunal a emitir sentencia, “algo en lo que siempre estuvimos de acuerdo”.

Ruz Castro recordó que el tribunal que ventila el juicio derivado de la denuncia de esa empresa por la nulidad de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de las luminarias de inducción magnética, suscrito por la ex alcaldesa Angélica Araujo y cancelado por Renán Barrera Concha, cerró su periodo de pruebas y dio su última audiencia el 19 de febrero de 2014. A partir de entonces, según la ley, tenía tiene ocho días de plazo para emitir su resolución.

El juez le da la razón a AB&C Leasing y le concede el amparo. “Dentro de 10 días causa ejecutoria la resolución y vendrá la solicitud del cumplimiento al tribunal, que deberá obedecer, a menos que interponga algún recurso para evitarlo”, explicó Ruz Castro.

“Esta decisión no afecta al Ayuntamiento, al contrario, siempre dijimos que nos parecía sospechosa la omisión del tribunal y queríamos conocer su decisión cuanto antes para determinar las estrategias a seguir. Estamos esperando esto desde hace más de un año”.

Una vez que se dicte la sentencia concluirá el juicio en lo contencioso local, pero al que no le favorezca cuenta con una instancia más para inconformarse. “Pero esto de ahora no perjudica ni favorece a nadie”, concluyó.

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Confirman polémico fallo sobre el alumbrado de Mérida

Noticias de Yucatán ()

Válida la cesión de derechos a favor de un banco

El Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, en el Distrito Federal, confirmó ayer la sentencia del 31 de octubre del Juez Tercero de Distrito, Felipe V. Conzuelo Soto, según la cual el Ayuntamiento de Mérida deberá cubrir las rentas que dejó de pagar a Banco Santander ($281 millones, aproximadamente), así como los correspondientes intereses moratorios, desde que dejó de pagarlas y hasta que finalice el contrato de arrendamiento de luminarias suscrito por la Comuna con AB&C Leasing de México, que vence en marzo de 2016.

La resolución del juez Conzuelo Soto, a quien el Consejo de la Judicatura Federal acusó de cometer graves irregularidades en el juicio mercantil de Mexicana de Aviación en 2012, daba como válida la cesión de derechos de cobro que AB&C Leasing hizo a favor de Santander, por lo que ni esa compañía ni el Ayuntamiento de Mérida podrían disponer de las luminarias, que fueron retiradas por la administración de Renán Barrera Concha.

La administración de Barrera, como hemos informado, bajó las lámparas colocadas por la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, al considerarlas ilegales y de mala calidad.

Mediante una operación calificada como “el robo del siglo”, la ex alcaldesa ordenó cambiar las 82,000 luminarias de vapor de sodio del alumbrado público, por otras tantas de inducción magnética de fabricación china, supuestamente ahorradoras, por medio de un contrato de arrendamiento con AB&C Leasing por $468.8 millones, pagaderos a 60 meses. Poco después, esa empresa cedió los derechos de cobro de la renta a Santander.

Para oficializar esta operación, AB&C Leasing y Santander firmaron un contrato de factoraje que incluyó la firma de otros 16 contratos de prenda, en los que la arrendadora otorgó en prenda a Santander todas las lámparas de inducción magnética. Los contratos fueron aprobados por la ex alcaldesa y otros funcionarios, pero no por el Cabildo, como debe ser, según el artículo 55, fracción XV de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado.

Con la firma de estos contratos, ilegales por no tener la aprobación del Cabildo, Angélica Araujo autorizó que Santander descuente la rentas de las lámparas, $7.8 millones al mes, directamente de una cuenta bancaria domiciliada de la Comuna.

Cobro a lo chino

La administración de Renán Barrera Concha argumentó entonces que con esa medida el Ayuntamiento sufriría un daño patrimonial, porque el contrato de arrendamiento con AB&C Leasing establecía que sólo se pagaría la renta de las lámparas que funcionen bien. Con el contrato de factoraje, por el contrario, el cobro de la renta era automático, funcionen o no las lámparas.

Esta fue una de las causas por la que Barrera Concha aprobó la terminación anticipada del contrato de arrendamiento con AB&C Leasing. Luego el banco demandó al Ayuntamiento y a la propia AB&C Leasing, en octubre de 2012, aunque los tribunales admitieron la demanda hasta enero de 2014, por “el reconocimiento de la plena validez de la cesión de derechos al cobro de las rentas” y por el pago de rentas atrasadas y de los intereses moratorios.

Socios

De AB&C Leasing, socio comercial del banco en la renta de las luminarias, Santander demandó el pago de todas las cantidades que le entregó por concepto de “precio base” de los contratos de factoraje financiero. Santander también le reclamó el pago de los intereses pactados en las referidas operaciones de factoraje a partir de la fecha en que el municipio negó validez a la transmisión de derechos.

No obstante, en un comunicado de enero de 2014, AB&C Leasing dio la bienvenida a la demanda, “pues además de ser un derecho de Santander, contribuirá al fortalecimiento de la argumentación jurídica que permitirá comprobar la improcedencia de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento”.

La demanda de Santander cayó en el Juzgado a cargo de Conzuelo Soto, con sede en la ciudad de México que, como ya se dijo, falló a favor del banco. El juez justificó su resolución en un documento de siete hojas, inusual en juicios de este tipo, con mucho dinero en juego, donde las sentencias ocupan cientos de páginas.

Al conocer la decisión de Conzuelo Soto, los abogados de la Comuna impugnaron la sentencia ante el Tercer Tribunal Unitario de Circuito, que aceptó la apelación desde el 19 de noviembre y decidió hasta ayer jueves.

Por su parte, ABC Leasing dijo ayer, por medio de un comunicado, que con el nuevo fallo se confirma que el Ayuntamiento tiene que pagar de inmediato todo lo que le debe a Santander por concepto de pago de rentas e intereses moratorios.— HERNAN CASARES CAMARA

Demanda Resoluciones

La Comuna dice que la demanda bancaria en su contra no tiene bases .

Improcedente

Desde un principio, los abogados del Ayuntamiento han dicho que la demanda de Santander no procede por la imposibilidad jurídica de exigir el pago de rentas de un contrato de arrendamiento terminado por una resolución administrativa válida.

Legal

Esta resolución, que dio por terminado ese contrato, la aprobó el Cabildo el 24 de abril de 2013.

Criterios

Pese a esto, ayer el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, con sede en la ciudad de México, confirmó la sentencia emitida antes por otro juez, Felipe V. Conzuelo Soto, también de la capital, a favor de Santander.

Defensa de Mérida

Ante esto, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, dice: “Mérida mantendrá la defensa del patrimonio de todos y no la del interés de unos cuantos. No nos detendremos ante esta nueva embestida”.

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Otra sentencia adversa

Ven influencia de Angélica Araujo en la resolución

Un tribunal en México falla en contra de la Comuna por el caso de las luminarias

El Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, con sede en la ciudad de México, confirmó ayer la sentencia emitida en octubre por el Juez Tercero de Distrito, Felipe V. Conzuelo Soto, en el sentido de que el Ayuntamiento de Mérida debe pagar casi $300 millones a Banco Santander por el litigio de las luminarias.

La resolución, dada a conocer tres días antes de las elecciones, “no es definitiva, ni obliga a la Comuna a pagar esa cantidad”, explica el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro.

“Es parte del proceso y como tal todavía tenemos la posibilidad de apelar el fallo ante un tribunal colegiado”, lo que haremos, dice, en los próximos días.

Según el funcionario, “no es casual que la resolución se dé en estas fechas. Se trata de una decisión con claros tintes políticos, influenciada por quienes tienen interés directo en el caso, como la senadora Angélica Araujo Lara, que como alcaldesa se coludió con el banco para simular diversos actos”.

“No dudo que haya movido su influencia para precipitar esa decisión ahora”, dice.

Esta es la segunda embestida judicial contra la Comuna, añade. Antes, un tribunal local, en cuestionada decisión, sentenció al Ayuntamiento a devolver $28 millones de impuestos.

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Querella contra los magistrados

Interpone queja el Ayuntamiento por un embargo

El Ayuntamiento de Mérida, por conducto de su director de Gobernación, licenciado Rafael Pinzón Miguel, interpuso la tarde de ayer una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en contra de los magistrados que integran el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativadel Poder Judicial del Estado de Yucatán , por haber incurrido en conductas notoriamente contrarias al principio de legalidad que rige la actuación de los servidores públicos.

En un comunicado se informa que los magistrados y contra los que se interpuso la queja son: Miguel Diego Barbosa Lara, presidente del Tribunal; María Guadalupe González Góngora y José Jesús Mateo Salazar Azcorra.

La queja está relacionada con el embargo de cuentas municipales que dispusieron los magistrados antes mencionados, incluyendo dos que por ley son inembargables, para cubrir los casi $28 millones que reclamaron 13 particulares mediante un amparo.

Este recurso fue interpuesto para recuperar lo que habían pagado por el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), a raíz de una omisión que cometió el Ejecutivo del Estado en 1999.

Las cuentas inembargables corresponden a las aportaciones federales o Ramo 33: los fondos de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y para la Infraestructura Social los cuales, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, “… no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago…”

El Ayuntamiento precisa que los magistrados incurrieron en evidente contravención a la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, pues ésta dispone de manera clara y precisa cuál es el procedimiento para lograr la ejecución de las sentencias en la materia, sin que admita dicha ejecución la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles del Estado y mucho menos la figura del embargo.

Además de no existir dicha figura, el embargo y remate de bienes, expresamente en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, aquella es eminentemente contraria a la naturaleza de los mecanismos de ejecución previstos precisamente en las normas adjetivas de lo contencioso administrativo.

—El procedimiento de ejecución en materia del juicio contencioso administrativo se encuentra regulado en los artículos del 60 al 65 de la ley de la materia, que incluye la posibilidad del gobernado de interponer un recurso de queja cuando las sentencias en dicha materia no queden cumplidas conforme al artículo 68 del ordenamiento invocado —abunda.

Después de detallar el contenido de los artículos antes citados, el Ayuntamiento señala que queda evidente que el procedimiento previsto en la Ley de lo Contencioso para obtener el cumplimiento de las sentencias se encuentra suficientemente regulado, pues prevé la aplicación de apercibimientos, multas e incluso la aplicación de responsabilidad administrativa en contra de la autoridad renuente a cumplirlas.

Asimismo, en ningún caso se prevé la figura del embargo y el remate de bienes para cumplir las sentencias, pues éste es exclusivo de las contiendas que se ventilan ante tribunales de instancia entre particulares, o bien cuando participan autoridades que actúan con tal carácter.

Se precisa que esos magistrados “incurrieron en una evidente contravención al principio de legalidad, por lo que deben hacerse acreedores de las sanciones que dispone la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado. Lo anterior es sin perjuicio de que los magistrados del Tribunal de que se trata, ordenaron también ilegalmente el embargo de cuentas bancarias que no son susceptibles de gravarse, por así disponerlo una Ley federal”.

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Ahora se gasta más en iluminación: ABC Leasing

Noticias de Yucatán ()

GUADALAJARA.- Un comparativo del consumo de energía de las lámparas instaladas en la ciudad de Mérida, Yucatán, de enero de 2011 a diciembre de 2014, confirmaría  que la decisión tomada por el Alcalde de Mérida, Renán Barrera, para el retiro de las lámparas de inducción magnética y el retorno a las lámparas de vapor de sodio, genera un mayor gasto en este servicio, según difundió ABC Leasing en un comunicado que a continuación reproducimos.

Con base en la información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), mediante los folios No. 1816400145713,  1816400032915 y 1816400032715, se pudo constatar que durante el año 2011 que operaron las lámparas de vapor de sodio, el consumo promedio mensual fue de 4,399,883 kWh, generando un costo promedio mensual de $9,373,896.35

Asimismo los datos proporcionados por el IFAI demuestran que en el 2012, año en el que operaron en su totalidad las lámparas de inducción magnética, el consumo promedio mensual de energía fue de 3,211,913 kWh, con un costo promedio mensual de $7,440,837.35

De enero a junio de 2013, periodo en el que continuaban operando las lámparas de inducción magnética, el consumo promedio mensual de energía fue de 2,862,023 kWh con un costo promedio mensual de $6,908,659.25; el cual aumentó a partir de la instalación de las lámparas de vapor de sodio durante el periodo de julio a diciembre de ese mismo año, incrementando en un 12.67% el costo promedio mensual a $7,910,366.05 con un consumo de 3,220,276 kWh.

La información proporcionada a través del IFAI también permitió ver que durante el 2014, año en el que sólo operaron las lámparas de vapor de sodio, el consumo promedio mensual se incrementó a 5,148,182 kWh con un costo promedio mensual de $13,240,478.57. En términos anuales la comuna de Mérida pagó de más $69,971,591.00 en 2014 en comparación con 2013.

Al respecto, Francisco Moya Gómez, apoderado legal de AB&C Leasing de México, señaló que esta es una prueba más que demuestra el incremento en el uso de energía y sus costos con las lámparas de vapor de sodio que arbitrariamente instaló el Ayuntamiento de Mérida.

Se anexa el escaneo de los folios de las consultas al IFAI, así como la tabla con las respuestas de la CFE y una gráfica comparativa del consumo de energía:

SAIP-15-0064 OF

SAIP-14-1707 OF

SAIP-13-1457 OF

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Respuesta de la Comuna en el lío de las luminarias

Noticias de Yucatán ()

Pago por mal servicio

El Ayuntamiento sostiene que es falso que ahora se gaste más en el alumbrado público que cuando estaban instaladas las lámparas chinas que la empresa AB&C Leasing suministró a la administración anterior.

Al responder a un comunicado de la empresa que publicamos ayer, la Comuna puntualiza que el consumo en electricidad era menor, pero cada mes los meridanos desembolsaban $7.8 millones en renta para AB&C.

Además, había 15,000 luminarias apagadas. Y todos esos equipos eran ilegales, violaban la norma federal del ramo. A lo anterior se suma que esos aparatos ofrecían iluminación deficiente y esto afectaba la seguridad de los habitantes.

Además de todo lo citado, al concluir el período de arrendamiento de esos equipos, el Ayuntamiento tendría que desembolsar fuerte cantidad de dinero para comprar esas lámparas chinas, o bien para desecharlas y adquirir otras nuevas.

—Es evidente: en realidad se pagaba más, el servicio era más costoso —subraya Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento.

El funcionario reitera que desde cualquier ángulo que quiera verse el asunto de las lámparas se concluye que los meridanos salieron ganando con la decisión del alcalde Renán Barrera Concha de terminar el contrato con esa empresa e instalar nuevos equipos en las calles.

—Ahora tenemos una ciudad mejor iluminada y lámparas adecuadas —indica—. Y los meridanos ya no tienen que pagar una renta mensual. Además, las nuevas lámparas sí cumplen con la norma oficial mexicana.

Durante la actual administración el sistema de alumbrado creció con 7,927 lámparas, detalló.

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“Busca confundir a los meridanos”

Noticias de Yucatán ()

Le responde AB&C Leasing al Ayuntamiento

En relación a las declaraciones emitidas por el abogado Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán en torno al tema de las luminarias, AB&C Leasing de México lamenta que nuevamente la autoridad municipal se apoye en su aparato propagandístico para buscar confundir a los meridanos haciendo pasar sus dichos como verdades, cuando los hechos los han desmentido una y otra vez, pero que intencionadamente busca ignorar para sostener el uso político que le ha dado a un tema técnico, señala en un comunicado.

Con profundo respeto a la población de Mérida, AB&C Leasing se permite recordar los hechos.

— El mantenimiento del alumbrado público jamás le correspondió a AB&C Leasing sino al Ayuntamiento.

— Las lámparas de inducción magnética sí funcionaban, lo que no servía era el sistema de alumbrado público, como quedó constatado en un trabajo periodístico independiente.

— El Ayuntamiento tampoco quiso ejercer la garantía de reposición gratuita por cinco años de aquellas lámparas de inducción magnética que no funcionaran.

— El Ayuntamiento de Mérida empezó a atender su responsabilidad de mantener el alumbrado público cuando instaló sus lámparas de vapor de sodio. Sin embargo, al día de hoy no cuenta con el equipo necesario para dar adecuado mantenimiento al sistema, de ahí que las nuevas luminarias tienen también el problema de que se apagan continuamente.

— El consumo de electricidad con las lámparas de inducción magnética efectivamente es menor que con las de vapor de sodio, hecho que ya fue confirmado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El gasto adicional en el consumo eléctrico lo tendrá que seguir pagando la comuna en tanto no se cambien las luminarias por lámparas con tecnología moderna como pueden ser las luminarias de led o de inducción magnética.

— El Ayuntamiento argumenta que AB&C Leasing no contempla el gasto por arrendamiento con opción a compra como un costo adicional en el comparativo de consumo de electricidad, pero no menciona el costo de casi 200 millones de pesos que realizó en la adquisición de las luminarias de vapor de sodio y que estas duran apenas 5 años, frente a la vida útil de más de 20 años de las lámparas de inducción magnética. Por lo anterior, el costo integral de la solución de arrendamiento con opción a compra de luminarias de inducción magnética resulta menor en todos los sentidos a lo largo de todo el ciclo de vida.

—La decisión arbitraria del Ayuntamiento de dejar de pagar el arrendamiento de las luminarias puso en riesgo la calificación crediticia de Mérida, su solvencia ante el Buró de Crédito y heredará a los meridanos una carga millonaria que no se merecen y que se hubiera evitado con hacer frente desde un inicio a su responsabilidad de dar mantenimiento al alumbrado público.

Recurso

AB&C Leasing ya ha interpuesto un recurso para solicitar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán (Tjfay) que se pronuncie de una vez por todas sobre el tema, dado el tiempo transcurrido.

Al respecto, Francisco Moya Gómez, apoderado legal de AB&C Leasing de México, señaló “Parecería que el abogado Ruz Castro busca desacreditar por anticipado la decisión que tome el Tjfay, por lo que sin conocer en su totalidad el contrato de arrendamiento intenta dar todo tipo de argumentos inconexos y hasta contradictorios para justificar la decisión arbitraria del Ayuntamiento de instalar lámparas de vapor de sodio en perjuicio de los meridanos”.

AB&C Leasing ha actuado y seguirá actuando con responsabilidad a lo largo de todo este proceso y sólo está a la espera de que lo que TJFAY resuelva para acatar su decisión y/o para proceder como en derecho le corresponda.

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Luminarias, otro frente legal

Noticias de Yucatán ()

Proceso contra la Comuna en un juzgado del D.F.

El juez tercero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, de la ciudad de México, sentenció al Ayuntamiento en noviembre a pagar casi $300 millones a Banco Santander por el conflicto legal de las luminarias, mediante una resolución considerada como endeble por los abogados de la Comuna.

El juez Consuelo Soto emitió su sentencia, dice la defensa, en un documento de siete hojas, lo que no es habitual en juicios de este tipo, donde se juegan fuertes cantidades de dinero y las sentencias suelen ocupar cientos de páginas.

La Comuna adelantó que apelará la decisión del juez y “tomará otras medidas”.

Este juicio es distinto al que se lleva en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán por la denuncia, también contra el Ayuntamiento de Mérida, interpuesta por AB&C Leasing por la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de las luminarias de inducción magnética, autorizada por el actual alcalde Renán Barrera.

Demanda

Como informamos ayer, en forma “sospechosa”, según el secretario de la Comuna del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, ese Tribunal sigue sin dictar sentencia en ese juicio, luego de 10 meses de que se cerró el periodo de pruebas y cuando la ley marca que puede hacerse ocho días después.

Con respecto a la denuncia de Santander, Jorge Carlos Estrada Avilés, miembro del equipo de abogados que representa a la Comuna en este conflicto, explica que el banco demandó al Ayuntamiento y a la propia compañía AB&C Leasing en octubre de 2012, aunque los tribunales admitieron la demanda hasta enero de 2014.

La demanda del banco es por “el reconocimiento de la plena validez de la cesión de derechos al cobro de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento con opción a compra” celebrado entre el Ayuntamiento y AB&C Leasing, que luego esta empresa transfirió al banco.

También pidió el pago de rentas a partir de febrero de 2013, “hasta que se extinga la obligación de pago respectiva”, en marzo de 2016 ($281 millones), así como el de intereses moratorios sobre las rentas adeudadas.

Estrategia

De AB&C Leasing, socio comercial del banco en la renta de las luminarias, Santander demandó el pago de todas las cantidades que le entregó por concepto de “precio base” de los contratos de factoraje financiero.

Este pago se demandó “como consecuencia de la oposición del municipio a la validez de la transmisión de los derechos de crédito”.

Santander también reclamó de AB&C Leasing el pago de los intereses pactados en las referidas operaciones de factoraje a partir de la fecha en que el municipio negó validez a la transmisión de derechos en factoraje.

Apoyo

En un comunicado de enero de 2014, AB&C Leasing dio la bienvenida a la demanda, “pues además de ser un derecho de Banco Santander, contribuirá al fortalecimiento de la argumentación jurídica que permitirá comprobar la improcedencia de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de las luminarias, determinada por la actual administración municipal”.

Según Estrada Avilés, la demanda del banco contra la Comuna no procedía por la imposibilidad jurídica de exigir el pago de rentas de un contrato de arrendamiento terminado por una resolución administrativa válida, la aprobada por el Cabildo el 24 de abril de 2013, que dio por terminado ese contrato.

Sin permiso

Tampoco procedía, añade, por la inexistencia de vínculos legales entre el municipio de Mérida y Banco Santander, ya que los funcionarios que firmaron los contratos con esa institución -la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara y Álvaro Omar Lara Pacheco y Carlos Bastarrachea Lara, secretario y tesorero de la administración anterior, respectivamente- carecían de facultades para hacerlo.

Ayuntamiento | Pleito

Detalles de la demanda de Banco Santander contra la Comuna, por las luminarias

Razones

Otra razón del Ayuntamiento de Mérida para rechazar la demanda de Banco Santander en su contra, dicen los abogados de la Comuna, “fue la nulidad absoluta de los contratos firmado por el banco”.

Ilegal

Nunca existió el consentimiento del Cabildo para eso, explica Jorge Carlos Estrada Avilés uno de los defensores del Ayuntamiento en los dos juicios que se le siguen por el caso de las luminarias.

Rentas

La Comuna no aceptó pagar las rentas pendientes que reclamaba el banco, dice Estrada.

Contrademanda

Pero no sólo eso, añade. El Ayuntamiento contrademandó a Banco Santander por $110 millones correspondientes a las rentas pagadas por la Comuna hasta antes de la cancelación del contrato.

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Sospechan de un tribunal

Fallo retrasado sobre el caso delas luminarias

Desde febrero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán debió dictar sentencia en el caso de la demanda de AB&C Leasing contra el Ayuntamiento de Mérida por el asunto de las luminarias, pero no lo ha hecho, hasta el momento.

Ese Tribunal, que ventila el juicio derivado de la denuncia de esa empresa por la nulidad de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de las luminarias de inducción magnética, suscrito por la ex alcaldesa Angélica Araujo y cancelado por Renán Barrera Concha, cerró su periodo de pruebas y dio su última audiencia el 19 de febrero.

Exceso

La terminación del contrato implicó la sustitución de las lámparas de inducción magnética de esa empresa por otras de vapor de sodio.

Diez meses después, el Tribunal de lo Contencioso, a cargo de Diego Barbosa Lara, aún no dicta sentencia, no obstante que, según la ley, tiene ocho días de plazo para hacerlo, luego del cierre del periodo de pruebas.

-No se justifica ese retraso, es un exceso- denuncia el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro-. Lo normal es que los tribunales demoren su decisión de tres a cuatro meses, considerando “el retardo a la mexicana”, pero aquí se han excedido y eso da qué pensar.

-El retraso es sospechoso -añade- y por eso la Comuna estudia la posibilidad de interponer un amparo contra ese tribunal, en los próximos días, por denegación de justicia.

Proceso

Como hemos informado, en abril de 2013, AB&C Leasing, una compañía de arrendamiento financiero con sede en Guadalajara, pidió a ese tribunal que ordene a la Comuna suspender el reemplazo de luminarias y siga con el pago de las rentas mensuales convenidas en el contrato.

En agosto, el mismo tribunal emitió un fallo que permitía al Ayuntamiento seguir con el remplazo de las luminarias de inducción magnética, pero le ordenaba seguir pagando la renta de $7.8 millones al mes.

La Comuna se amparó contra esta decisión, pero el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán le negó el recurso con el argumento de que la terminación anticipada del contrato de arrendamiento del Ayuntamiento con AB&C Leasing estaba aún en juicio y, por tanto, la renta de las luminarias debía seguirse pagando hasta que éste se resuelva.

Nuevamente el Ayuntamiento se amparó, esta vez ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XIV Distrito, que revocó la sentencia del Juzgado Tercero con el criterio de que el Ayuntamiento debe cumplir con el servicio de alumbrado público, no sólo de un modo eficiente, “sino con estricto apego a las disposiciones legales y/o reglamentos que rigen la prestación de este servicio”.

Para los abogados del Ayuntamiento esta resolución fue “de gran relevancia”, ya que le da la razón a la Comuna en su decisión de retirar las lámparas de AB&C Leasing, que no cumplían con la norma y por tanto eran ilegales.

Pruebas

Mientras tanto, el Tribunal contencioso abrió el periodo de diligencias de desahogo de pruebas del caso, que lleva personalmente su presidente Barbosa Lara. En una de las diligencias, la del 29 de enero de 2014, el equipo jurídico de la Comuna presentó pruebas para demostrar que la cancelación anticipada del contrato de las luminarias estuvo apegada a derecho.

La de mayor peso, explica, fue un escrito de ABC& Leasing que detalla el tipo de luminaria que rentaba, la cual, reconoce la empresa, es de inducción magnética, es decir, fluorescentes, lo que, de acuerdo con la ley vigente en ese tiempo, estaban prohibidas para su uso en el alumbrado público.-HERNAN CASARES CAMARA.

En síntesis

Sentencia

Aunque el periodo de presentación de pruebas del juicio derivado de la denuncia de AB&C Leasing contra el Ayuntamiento por la nulidad de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de las luminarias de inducción magnética, concluyó en febrero, hasta la fecha el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no dicta sentencia.

Plazo

Según la ley, éste tiene ocho días de plazo para hacerlo, luego del cierre del periodo de pruebas.

Amparo

Para el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, la demora del Tribunal Contencioso “no se justifica, es sospechosa” y por eso la Comuna estudia la posibilidad de interponer un amparo contra ese órgano por denegación de justicia.

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Pruebas sin validez legal

Objetan decisión del Tribunal delo Contencioso

El documento de AB&C Leasing donde reconoce que las lámparas que arrendó al Ayuntamiento son fluorescentes (prohibidas por la ley) es una prueba contundente que justifica la resolución de cancelar el contrato con esa compañía, afirma Manuel Rodríguez Villamil, uno de los abogados de la Comuna meridana en este caso.

Sin embargo, en una diligencia posterior, los abogados de la empresa presentaron una prueba pericial -que el Tribunal aceptó como válida- de un perito de Nuevo León que supuestamente acredita que las lámparas de inducción magnética arrendadas por AB&C Leasing cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM) para alumbrado público y con las especificaciones que pidió el propio Ayuntamiento en las bases de la licitación.

Dictamen

Rodríguez Villamil solicitó al Tribunal que no acepte esa prueba pericial porque, explica, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cumplimiento de la NOM para el alumbrado público no se puede demostrar con una prueba pericial, sino con el dictamen de una Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, por lo que la prueba presentada por AB&C Leasing carece de valor.

Estas Unidades son personas o empresas autorizadas por la Secretaría de Energía -hay alrededor de 300 en todo el país- facultadas para vigilar el cumplimiento de las normas en las instalaciones eléctricas de toda la república.

Tercera opinión

La Comuna se basó en el dictamen de una Unidad de Verificación que determinó que las luminarias de inducción magnética no cumplen con la norma oficial y por lo tanto no pueden ser utilizadas para el alumbrado público, para emitir el acuerdo de terminación del contrato con AB&C Leasing.

Tratándose de dos peritajes contrastantes, afirma Rodríguez Villamil, el Tribunal debió pedir una tercera opinión, pero dictaminó que los documentos no son contradictorios y lo dejó así.

Perfil

El presidente de ese tribunal y responsable de la denuncia de AB&C Leasing contra la Comuna es Diego Barbosa Lara, un abogado que ha hecho carrera administrativa y judicial a la sombra de los gobiernos del PRI.

En septiembre de 1995, recién electo Víctor Cervera Pacheco para su segundo periodo como gobernador, Barbosa asumió la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado. Antes había sido vocal de Organización Electoral del I Distrito del IFE. Dos años después, en noviembre de 1997, Cervera Pacheco lo nombró su secretario particular. En 2007, Ivonne Ortega designo a Barbosa presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y en 2010, el Congreso lo designa magistrado del Tribunal Electoral.Continuará.-H.C.C.

De un vistazo

Carrera

Luego de su paso de casi tres años por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Miguel Barbosa Lara fue electo magistrado del Tribunal Electoral, por la mayoría priista del Congreso del Estado.

Nombramiento

Este Tribunal, que se uniría al Tribunal Contencioso Administrativo y luego se separaría, nombró a Barbosa Lara presidente, hasta la fecha.

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