Ordenan pagar a la Comuna de Mérida más de $203 millones

14 agosto 2015
Noticias de Yucatán




El mismo día del 3er. informe del alcalde

El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán (Tjfay) determinó ayer que “fue un acto ilegal” la cancelación anticipada por el actual Ayuntamiento de Mérida del contrato de arrendamiento de más de 80,000 luminarias con la empresa AB&C Leasing, y ordenó a la Comuna pagar por los menos $203 millones, por concepto de rentas vencidas y no pagadas.

El Tjfay emitió ese sentencia, quince días antes de que termine la gestión de Renán Barrera Concha, el principal impulsor la cancelación de ese contrato.
Firmaron la sentencia el presidente del Tribunal, Miguel Diego Barbosa Lara, y los otros dos magistrados, María Guadalupe González Góngora y José Jesús Mateo Salazar Azcorra, quienes argumentaron, según un boletín, que la decisión de la Comuna fue ilegal “porque varios de los funcionarios que cancelaron el contratos no tenían competencia expresa para ello”.
También, porque, dicen, se violaron derechos constitucionales al no concederse a la empresa audiencia previa y porque, además, se “demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización”.
Como hemos informado, la administración de Barrera Concha canceló anticipadamente el contrato de arrendamiento de miles de lámparas de inducción magnética con AB&C Leasing, en abril de 2013, porque esa empresa adoptó una estrategia de cobro ilegal y lesiva para el patrimonio de la ciudad, aparte de que los equipos arrendados eran ilegales y de mala calidad.
El contrato con AB&C Leasing lo firmó la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara en marzo de 2011 por un monto de $468.8 millones, pagaderos a 60 meses, a razón de $7.8 millones mensuales.
El boletín precisa que la sentencia del Tribunal “no obliga al Ayuntamiento a volver a instalar las lámparas de AB&C Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos”.
Francisco Moya Gómez, apoderado legal de esa compañía, explicó, en rueda de prensa, que esa suma, actualizada hasta julio, llega a más de $220 millones y se irá incrementado hasta el fin de la vigencia del contrato, en marzo de 2016.
El dinero, dijo, lo recibiría banco Santander, su socio financiero, con quien firmó un contrato de factoraje.
La sentencia del Tjfay se dio a conocer ayer, poco antes del fin del gobierno de Barrera Concha y el mismo día de su último informe de labores, “por una coincidencia”, afirma Moya Gómez.
AB&C Leasing, explica, interpuso una demanda de amparo en el Juzgado V de Distrito, contra el atraso en la emisión de la sentencia de ese Tribunal. El juzgado le fijó a éste el 13 de agosto como fecha límite para publicar la sentencia del caso.
Según el directivo, esa sentencia reconoce también el derecho de AB&C Leasing a ejercer la “acción de indeminización por los daños patrimoniales” que le ocasionó la decisión del Ayuntamiento de cancelar el contrato de arrendamiento y que obligó a la empresa, indica, a “incurrir en múltiples gastos para poder llevar a cabo su legítima defensa, tanto en términos jurídicos como mediáticos”.
Por otro lado, ha llamado la atención el tono usado en el boletín de prensa del Tribunal, pocas veces visto en las instancias judiciales, ya que incluye juicios de valor respecto a la estrategia jurídica del la comuna meridana y califica a sus funcionarios de soberbios.
Sentencia Lecciones, críticas y recomendaciones
Extractos del inusual boletín del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Escándalo
En una parte del documento dice que los magistrados del Tribunal “confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo”.
Soberbia
El boletín añade que ”la figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy han estado lejos del arrebato y la soberbia”.
Presiones
También advierte a los ciudadanos que diferencien la información que es objetiva “de aquella diseñada para presionar a las instituciones”.

Impugnará el Ayuntamiento

Recurso ante un tribunal federal por las luminarias


Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, informó ayer que impugnarán la resolución emitida contra el gobierno municipal respecto al caso de las lámparas chinas que la empresa ABC&Leasing instaló en la ciudad.
El funcionario municipal agregó que tienen 15 días para recurrir al Tribunal Colegiado de Circuito, de modo que en ese lapso analizarán ese documento para presentar la apelación respectiva.
También puntualizó que a pesar de que sólo quedan dos semanas a la actual administración municipal, no dejarán la Comuna sin antes interponer ese recurso.
Respecto al sentido de esa resolución, el entrevistado manifestó que ya lo esperaban debido al largo tiempo que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial de Yucatán tomó para emitir ese fallo. Ruz dijo que llama la atención que esa decisión se diera a conocer ayer, precisamente en el día en que el presidente municipal Renán Barrera Concha presentó su tercer y último informe de gobierno. En ese mensaje el concejal hizo referencia del caso de ABC&Leasing y del Consejo Ciudadano que apoyó la decisión del Ayuntamiento de proceder como lo hizo.
“El tribunal volvió a mostrar que en este caso se guía por intereses particulares y no por aquello que conviene a los meridanos”, expresó.
Apuntó también que en esa resolución se da el hecho inédito de que ese tribunal justifica su sentencia. “Nunca se había visto tal cosa. Esto nos recuerda el refrán que dice: Justificación no pedida, acusación manifiesta”.
El secretario de la Comuna consideró que, de entrada, esa resolución es incongruente y, por tanto, impugnable. “Hay elementos para revertirla, no es firme ese fallo”. Finalmente el funcionario envió un mensaje a los ciudadanos: “Las lámparas chinas no regresarán a las calles de Mérida”.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Mérida ratificó que acudirá ante las instancias correspondientes, en este caso tribunales federales, “para continuar defendiendo la seguridad de los habitantes del municipio, quienes están por encima de cualquier interés particular y/o político”.
“Para el municipio es inconcebible que el Tribunal continúe demostrando ir en contra de los intereses colectivos para favorecer a unos cuantos particulares.
Una vez más, se confirma que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado, antepone intereses particulares y razones políticas a los intereses de los habitantes de Mérida a quienes condenaría a vivir nuevamente en penumbras y en riesgo de contraer enfermedades como el cáncer que podría generar la exposición de luminosidad de este tipo de lámparas arrendadas por ABC&Leasing”, termina el boletín.

Cancelación del contrato con ABC Leasing, ilegal: Tribunal


Texto del comunicado emitido por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán en relación con la sentencia emita en el caso de las cancelación anticipada del contrato del servicio de luminarias entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa ABC Leasing:
TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
COMUNICADO
ABC LEASING versus AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, atendemos cientos de demandas al año contra actos de más de 170 instituciones públicas estatales y municipales de diverso perfil.
Es del conocimiento público que autoridades del Ayuntamiento de Mérida rescindieron anticipadamente (antes de que terminara el tiempo acordado) el contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing, por lo cual, dicha empresa acudió ante este órgano jurisdiccional a que se revisara si dicho acto fue apegado a Derecho, en esta ocasión se concluyó que la cancelación del contrato fue un acto ilegal, principalmente por las siguientes razones:
• FALTA DE COMPETENCIA.- Porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase);
• VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa (derecho a ser escuchado, a alegar y aportar pruebas antes de ser privado de un derecho), y
• PERITAJE DEFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.
Todo acto o negativa de una autoridad debe de estar apegado a Derecho para evitar la arbitrariedad, atropellos y abusos de poder, ya se trate de una licencia de funcionamiento, una clausura o una multa.
En muestra de la transparencia de este Tribunal, y por considerarse de alta trascendencia, una vez que se cumpla el término para combatirla, se pondrá a disposición de la ciudadanía la versión pública de la resolución del caso entre ABC Leasing y el Ayuntamiento de Mérida, no obstante que las partes ya cuentan con un ejemplar de la misma.
De conformidad con lo dispuesto por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, nuestra Sentencia ha sido emitida en tiempo y forma, estudiándose para ello alrededor de 90 mil fojas que conforman más de 30 cajas de archivo.
Cabe mencionar, que este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales de naturaleza federal, lo que brinda aún más certeza.
Nuestra Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a volver a instalar las lámparas de ABC Leasing; el asunto trata del indebido acuerdo de terminación anticipada del contrato, que generó el consecuente adeudo de rentas vencidas y no pagadas, que a la fecha ascienden a 203 millones de pesos.
La cantidad de recursos de la sentencia es relevante, ya que el Ayuntamiento opera altas sumas de dinero, siendo su presupuesto del ejercicio 2015 de más de 2 mil millones de pesos, incluso tuvo un remanente o sobrantes no utilizados por subejercicio del presupuesto del año 2014 de alrededor de 280 millones de pesos; la normatividad permite a cualquier autoridad realizar previsiones presupuestales en el capítulo relacionado al cumplimiento de sentencias y resoluciones, como la que hoy nos ocupa.
Este es un tema más de los muchos que son competencia de este Tribunal, y es claro precedente de que toda autoridad debe actuar siempre con apego a Derecho, sin conflicto de intereses y con certeza jurídica para el gobernado.
El objetivo de este Tribunal es que las autoridades cumplan con la Ley, si el acto de una autoridad es ilegal, nuestra obligación es anularlo.
Confiamos en que las autoridades electas de Mérida denoten un mayor conocimiento de la Ley y de los caminos institucionales procedentes, que les permita un actuar por la vía jurisdiccional; apostamos que hagan uso de herramientas legales, que son civilizadas, racionales y correctas, no bajo el escudo del escándalo. La figura pública de las próximas autoridades del municipio de Mérida hasta hoy, han estado lejos del arrebato y la soberbia.
Los Magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, seremos siempre respetuosos de la opinión pública. Salvaguardaremos hasta la última instancia la independencia judicial. Nos mantendremos en una posición de respeto y tolerancia, pero hacemos un respetuoso llamado a la ciudadanía a que reciban las noticias, comentarios y opiniones con una postura de cautela y reflexión abierta a la crítica, que les permita detectar y diferenciar la información que es objetiva y veraz, de aquella diseñada para presionar a las instituciones a la consecución de fines específicos.
Invitamos a la ciudadanía a que si están inconformes con un acto de autoridad de la administración pública estatal o de los ayuntamientos del Estado de Yucatán, nos permitan revisar su caso. Será un honor poder atenderlos y cuidar que los derechos de los particulares sean respetados.
Atentamente:
Lic. Miguel Diego Barbosa Lara, Magistrado Presidente.
Lic. Ma. Guadalupe González Góngora, Magistrada.
Lic. José Jesús Mateo Salazar Azcorra, Magistrado.
TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
—-FICHA TÉCNICA—-
ABC LEASING versus AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
ACTOR: ABC LEASING DE MÉXICO, S.A. DE C.V
AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL MISMO
EXP. 119/2013, constante de casi 90 mil hojas que conforman más de 30 cajas de archivo (En promedio se revisaron 280 hojas por día hábil con independencia de la demás carga procesal del Tribunal)
La parte actora ABC LEASING ofreció 28 pruebas. La parte demandada Ayuntamiento de Mérida ofreció 17 pruebas. La sentencia consta de 132 páginas útiles.
ACTO RECLAMADO: Terminación anticipada por funcionarios del Ayuntamiento de Mérida del contrato de arrendamiento de luminarias con ABC Leasing.
SE RESOLVIÓ: Que la cancelación del contrato fue un acto ilegal, principalmente por las siguientes razones:
• FALTA DE COMPETENCIA.- Porque varios de los funcionarios que cancelaron no tenían competencia expresa para ello (sin que una norma se los permitiese o indicase);
• VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Se violaron derechos constitucionales establecidos en los artículos 1, 14 y 16, al no concederse a la empresa audiencia previa (derecho a ser escuchado, a alegar y aportar pruebas antes de ser privado de un derecho), y
• PERITAJE DEFICIENTE DEL AYUNTAMIENTO.- Se demostró que el dictamen del perito del Ayuntamiento se realizó con una metodología obsoleta y no vigente al momento de su realización.
La Sentencia se ha emitido dentro de los tiempos dispuestos por el Juez Quinto de Distrito en el Estado. Este caso ha sido revisado en sus diversas etapas por otros órganos jurisdiccionales, lo que brinda aún más certeza. La Sentencia no obliga al Ayuntamiento de Mérida a recolocar las lámparas de ABC Leasing.
El fondo del asunto trata del adeudo de rentas vencidas y no pagadas, y de la cancelación contractual.
(Boletín de prensa)

 


News Yucatan




The 3rd day. Mayor report

The Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan (Tjfay) determined yesterday that "it was an illegal act" anticipated by the current City Hall cancellation of Mérida of the lease of more than 80,000 luminaires with the company AB & C Leasing, and the Commune ordered to pay at least $ 203 million, in respect of overdue and unpaid rents.

The Tjfay issued this statement a fortnight before the end of the management of Renan Barrera Concha, the main driver cancellation of that contract.
Signed the judgment, the presiding judge, Miguel Barbosa Diego Lara, and the two other judges, Maria Guadalupe Gonzalez and Jose Gongora Azcorra Jesus Mateo Salazar, who argued, according to a bulletin that the decision of the Commune was illegal "because several of the officials canceled the contracts had no jurisdiction to express it. "
Also, because, they say, constitutional rights were violated by not giving the company prior hearing and also because it "showed that the expert's Hall was performed with an outdated and no effect upon its realization methodology."
As we have reported, the administration of Barrera Concha advance canceled the lease of thousands of lamps magnetic induction with AB & C Leasing in April 2013 because the company adopted a strategy of illegal and harmful collection for the heritage of the city, apart that the leased equipment were illegal and shoddy.
The contract with AB & C Leasing signed former Mayor Angelica Araujo Lara in March 2011 for an amount of $ 468.8 million, payable 60 months, at $ 7.8 million monthly.
The bulletin requires the Court "does not require the council to reinstall lamps AB & C Leasing; the issue is the misuse agreement early termination of the contract, which led to the consequent debt overdue and unpaid rents, which to date amounted to 203 million pesos. "
Francisco Moya Gomez, legal representative of the company explained in a press conference that this amount, updated until July, reaching more than $ 220 million and will increase until the end of the contract in March 2016.
The money, he said, would receive bank Santander, its financial partner, with whom he signed a factoring.
The judgment of Tjfay was unveiled yesterday, shortly before the end of Barrera Concha government and on the day of its latest work, "by coincidence" says Moya Gomez.
AB & C Leasing, explains, filed a petition for relief in the V District Court against the delay in the issuance of the judgment of the Court. The court will set this the August 13 deadline to publish the judgment of the case.
According to the director, the statement also recognizes the right of AB & C Leasing to exercise the "action for indemnification for patrimonial damages" that caused the City Council decision to cancel the lease and forced the company, he says, to "engage in many expenses to carry out their legitimate defense, both in legal terms as media ".
On the other hand, it has drawn attention to the tone used in the press release of the Court, rarely seen in the courts, as it includes value judgments concerning the legal strategy of the commune meridana and qualifies its staff proud. - CAMERA HERNAN CASARES
Lessons judgment, reviews and recommendations
Excerpts from the Bulletin unusual Court of Fiscal and Administrative Justice.
Scandal
In one part of the document it says that the judges of the Court "are confident that the elected officials of Merida denote a greater knowledge of the law and the institutional ways from, allowing them to act through the courts; we are committed to make use of legal tools that are civilized, rational and correct and not under the aegis of the scandal. "
Pride
The bulletin added that "public figure of the upcoming municipal authorities of Merida so far have been away from the rush and pride".
Pressures
Also warns people to differentiate information that is objective "designed to pressure those institutions."

It will challenge the City

Recourse to a federal court for luminaires


Alejandro Castro Ruz, secretary of the City of Merida, said yesterday that they would challenge the decision issued against the municipal government regarding the case of Chinese lamps & Leasing Company ABC settled in the city.
The municipal official said that they have 15 days to appeal to Circuit Court, so that at that time analyze the document to file the respective appeal.
He also pointed out that although there are only two weeks to the current municipal administration will not let the Commune without such a procedure.
To the direction of that resolution, the respondent stated that they expected and because of the long time that the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of Yucatan took to make that decision. Ruz said striking that that decision was unveiled yesterday at precisely the day the mayor Renan Barrera Concha submitted its third and final report of government. In that message the council referred the case of ABC & Leasing and Citizen Council endorsed the decision of the City to proceed as it did.
"The court again will show that in this case is guided by vested interests and not what suits the meridians" he said.
He also noted that given the unprecedented fact that the court justified its decision in that resolution. "I never had seen anything. This reminds us of the saying: Justification not requested, indictment states ".
Secretary of the Commune considered that, first, this resolution is inconsistent and therefore challengeable. "There are elements to reverse it, that ruling is not final." Finally the officer sent a message to the citizens: "Chinese lamps not return to the streets of Merida".
In a statement, the City of Merida confirmed that attend to the appropriate authorities, in this case federal courts, "to continue to defend the security of the local inhabitants, who are above any particular interest and / or political".
"For the municipality it is inconceivable that the Court continues to demonstrate go against the collective interests to favor a few individuals.
Again, it is confirmed that the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State, puts special interests and political reasons to the interests of the inhabitants of Mérida to condemn to live again in darkness and at risk for diseases like cancer that could generate exposure light of such leased by ABC & Leasing "lamps, end the newsletter.

Cancellation of the contract with ABC Leasing, illegal: Court


Text of statement issued by the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan in relation to the judgment delivered in the case of early termination of the service contract between the city lights of Merida and ABC Leasing Company :
COURT OF FISCAL AND ADMINISTRATIVE JUDICIARY STATE OF YUCATAN 
RELEASE
ABC LEASING versus City of Merida
Judges of the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan, we serve hundreds of lawsuits per year against acts of more than 170 state and municipal institutions of different profile.
It is public knowledge that authorities of the City of Merida terminated early (before the end of the time allowed) lease of luminaires with ABC Leasing, therefore, the company went before that court to be reviewed if the act was attached to law, this time it was concluded that the cancellation of the contract was an illegal act, mainly for the following reasons:
• LACK OF Competence.- Because several of the officials had canceled no express power to do so (without a rule or indicate the allowed);
• VIOLATION OF RIGHTS CONSTITUCIONALES.- constitutional rights were violated under Articles 1, 14 and 16, to be granted to the company prior hearing (right to be heard, to argue and present evidence before being deprived of a right), and
• POOR'S EXPERTISE AYUNTAMIENTO.- was shown that the expert's report was conducted Hall an obsolete and no effect upon its completion methodology.
Any act or refusal of an authority must be attached to law to prevent arbitrariness and abuses of power, whether of an operating license, a closure or a fine.
In sign of transparency of this Tribunal, and considered high importance, once the term for compliance combat, will be made available to the public the public version of the resolution of the case between ABC Leasing and the city of Merida, however the parties already have a copy of it.
In accordance with the provisions of the Fifth District Judge in the State, our judgment has been issued in a timely manner, studying for it around 90 000 folios that make up more than 30 file boxes.
It is worth mentioning that this case has been reviewed at various stages by other federal courts of nature, providing more certainty.
Our judgment does not oblige the City of Merida reinstalling ABC Leasing lamps; the issue is the misuse agreement early termination of the contract, which led to the consequent debt overdue and unpaid rents, which to date amounted to 203 million pesos.
The amount of resources of the judgment is relevant, and that the City operates large sums of money, and its budget for the year 2015 of more than 2 billion pesos, even had a surplus or surplus not used by underspending of the 2014 budget around 280 million pesos; The regulation allows any authority make budgetary provisions in the chapter related to compliance with judgments and decisions, as before us.
This is an issue over many within the jurisdiction of this Tribunal, and it is clear precedent that all authority should always acting according to law, no conflict of interests and legal certainty to the governed.
The objective of this Court is that the authorities comply with the Act if the act of an authority is illegal, our obligation is to annul it.
We hope that the elected officials of Merida denote a greater knowledge of the law and the institutional ways from, allowing them to act through the courts; we are committed to make use of legal tools that are civilized, rational and correct and not under the aegis of the scandal. The public figure upcoming municipal authorities of Merida until now, have been far from the rush and pride.
Judges of the Court of Fiscal and Administrative Justice of the Judiciary of the State of Yucatan, will always be respectful of the public. Until ultimately will safeguard judicial independence. We will remain in a position of respect and tolerance, but we respectfully call on citizens to receive news, reviews and comments with a cautious stance and reflection open to criticism, enabling them to identify and differentiate the information that is objective and true, from that designed to pressure institutions to achieve specific purposes.
We invite the public to if they are dissatisfied with an act of state authority or public administration of the municipalities of the State of Yucatan, allow us to review your case. It will be an honor to serve them and take care that the rights of individuals are respected.
Sincerely:
Lic. Miguel Diego Lara Barbosa, Presiding Judge.
Lic. Ma. Guadalupe Gonzalez Gongora, Judge.
Lic. José Jesús Mateo Salazar Azcorra, Judge.
FISCAL COURT AND ADMINISTRATIVE
JUDICIARY STATE OF YUCATAN
--FICHA TÉCNICA--
ABC LEASING versus City of Merida
ACTOR: ABC LEASING DE MEXICO, SA DE CV
Defendant authority: CITY OF MERIDA AND VARIOUS OFFICERS OF THE SAME
EXP. 119/2013, constant almost 90 thousand pages that make up more than 30 file boxes (280 sheets on average were reviewed by working day irrespective of the other caseload of the Court)
The plaintiff ABC LEASING offered 28 tests. The defendant City of Merida offered 17 tests. The sentence consists of 132 pages useful.
act in question. Early termination by officials of the City of Merida lease of luminaires with ABC Leasing
RESOLVED: That the cancellation of the contract was an illegal act, mainly for the following reasons:
• FAILURE OF Competence.- Because several of the officials who had expressed canceled no jurisdiction to do so (without a rule or indicate the allowed);
• VIOLATION OF RIGHTS CONSTITUCIONALES.- constitutional rights were violated under Articles 1, 14 and 16, to be granted to the company prior hearing (right to be heard, to argue and present evidence before being deprived of a right), and
• POOR'S EXPERTISE AYUNTAMIENTO.- was shown that the expert's City Council held a methodology obsolete and no effect upon its completion.
The judgment has been issued within the time set forth by the Fifth District Judge in the State. This case has been reviewed at various stages in other jurisdictions, providing even more certainty. The judgment does not oblige the City of Merida to relocate lamps ABC Leasing.
The merits of the debt is overdue and unpaid rents, and contractual cancellation.
(Press release)
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