Las causas de la violencia

Noticias de Yucatán ()

Nicolás Madáhuar Boehm, presidente de Coparmex Mérida, manifestó que la violencia que afecta a distintas zonas del país es consecuencia de la falta de atención a los problemas sociales y económicos de la República.

-Esa inacción tiene tan enmarañado al país que el agua ya nos llegó al cuello y mucho más allá -expresó-. Estamos pagando la factura de no haber atendido los problemas.

Hoy la mirada está centrada en los hechos violentos de Guerrero, dijo, pero antes ocurrió lo mismo con Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y otras zonas del país.

-Es lo mismo, estamos viendo las consecuencias de ese marco de circunstancias negativas -advirtió.

-Esas circunstancias están presentes en todo el país, y si en algunas regiones, como Yucatán, no hemos llegado a problemas de ese extremo es debido más a factores de suerte que a estrategias y trabajo realizado para impedir que nos afecten.

-No estamos exentos de los factores que dan origen a lo que está sucediendo en otras regiones de la patria.

El presidente de Coparmex Mérida expuso también que callar los problemas, no exponerlos ni hablar de ellos no son la forma de solucionarlos.

-Se asumió que no hablando de ellos los resolveríamos, pero ahora es evidente que los problemas nos volvieron a estallar en las manos.

Entrevistado después de participar en una rueda de prensa, de la cual informamos en nota aparte, Nicolás Madáhuar manifestó que las circunstancias que generan violencia son las mismas que impidieron este año alcanzar el crecimiento económico ofrecido y que también mantienen rezagado a la nación en esa materia desde hace 25 años.

La corrupción, la impunidad, la falta de estado de derecho, leyes laborales inadecuadas, un esquema fiscal recaudatorio y asfixiante y otras políticas públicas encontradas que no son consecuentes con las necesidades de la República son parte de esas circunstancias.

Otro factor más es la dualidad en autoridades que en el discurso se promueve la actividad empresarial, pero en los hechos se le considera un mal necesario y por ello se le tolera. Y esa tolerancia se hace mediante mecanismos de control vía distintas dependencias de los ramos laboral, ambiental, etcétera.

-El enfoque es el castigo al empresario, no la regulación en sí -expresó.

Otro factor es el hecho de autoridades que simulan estar haciendo su trabajo y resolviendo los problemas. Mucho más grave es que los gobernantes se coludan con los delincuentes a los que deben combatir.

-La apariencia es más importante que el fondo -deploró-. Mientras prevalezca este contexto nos seguirán estallando los problemas.

Consideró que la sociedad debe presionar a gobernantes, partidos y políticos para poner fin a ese entorno negativo.

-Mientras estemos en manos de partidos y políticos que sólo ven sus intereses electorales y de corto plazo esto no cambiará -advirtió-. Actualmente hay políticos en campaña o precampaña electoral, gastando cantidades obscenas de dinero privado y público en asuntos que no aportan nada a la sociedad.

-También organizan faraónicos informes de trabajo que no tendrían razón de ser si estuvieran cumpliendo sus tareas, ya que a los ciudadanos les resultaría evidente que aquellos están atendiendo las necesidades, resolviendo los problemas para los cuales fueron elegidos.

-Mientras la sociedad permita eso, mientras aplaudamos esas actitudes o seamos apáticos a ellos entonces tendremos lo que nos merecemos, los problemas no serán atendidos.-En México es común que las autoridades hagan como que trabajan y atienden las necesidades de la comunidad. La apariencia es más importante que el fondo.Nicolás Madáhuar señaló que el hecho de tener al 65% de la actividad económica en el sector informal es un claro mensaje a las autoridades, la población le está diciendo que no puede trabajar con las reglas imperantes en materia legal, fiscal, económica, educativa, etc. Por esa razón, debido a que la gente necesita alimentar a sus familias, pero no pueden trabajar en el esquema formal, opta por la economía subterránea.Reiteró que la sociedad debe actuar, exigir a los partidos, a los políticos y autoridades para que éstas cumplan sus tareas, o bien aprovechar que la legislación ya permite crear otros institutos políticos y entonces usar esa vía para llevar al poder a ciudadanos que sí estén comprometidos con su comunidad.-Hansel Vargas.

Ambulantaje | Causas

Nicolás Madáhuar Boehm puso como ejemplo el ambulantaje.

Mensaje

Señaló que el hecho de tener al 65% de la actividad económica en el sector informal es un claro mensaje a las autoridades.

Las reglas

La población les está diciendo que no puede trabajar con las reglas imperantes en materia legal, fiscal, económica, educativa, etc., dijo.

Llamado a la sociedad

Reiteró que la sociedad debe actuar, exigir a los partidos, a los políticos y autoridades.

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Coparmex critica las cuentas "limpias" de Ortega Pacheco

Noticias de Yucatán ()

Si como dicen los diputados fue legal la aprobación de las cuentas de la ex gobernadora y de la ex alcaldesa de Mérida, donde cuando menos había elementos para ser investigadas, entonces hay que cambiar las leyes, afirmó Nicolás Madáhuar Boehm, presidente de la Coparmex.

“Si todo fue tan legal como dicen, entonces esas leyes no abonan en nada a la transparencia y menos a la rendición de cuentas, es necesario cambiarlas”, subrayó.

Ayer se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el decreto por el cual los diputados del PRI, PRD y PVEM aprobaron el informe de las auditorías que declaran “limpias” las últimas cuentas de la ex gobernadora Ivonne Aracely Ortega Pacheco y de la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara.

Al ser entrevistado al respecto, Madáhuar Boehm recordó que “con todo lo que se vivió de los señalamientos documentados de indicios de corrupción y desvío de recursos en varias dependencias de esas administraciones, por lo menos se les debió investigar”.

El Diario documentó indicios de millonarios desvíos de recursos en Comunicación Social,Desarrollo Rural y el Isstey, en el gobierno estatal pasado, y también informó del escándalo de las compras de lámparas chinas en la administración municipal anterior.

El líder de la Coparmex añadió que ambas administraciones (estatal y municipal) se caracterizaron por manejarse con una anarquía presupuestal.

Madahár Boehm consideró que con todo lo que se vivió y se hizo público por lo menos se debió hacer una investigación a fondo y no declarar “limpias” esas cuentas.

El dirigente empresarial manifestó que, aún con todo eso, los diputados dicen que todo fue legal. “Entonces estas leyes no abonan en nada a la transparencia y menos a la rendición de cuentas, hay que cambiarlas”, recalcó.

En su opinión urge cambiar las leyes y, al menos en el caso de la Coparmex, ya elaboró y entregó a la Consejería Jurídica del Estado un proyecto de reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

El empresario señaló que los cambios son necesarios para garantizar la rendición de cuentas.- D.D.M.

Gobierno | Cuentas

Dejan más dudas las cuentas de la ex gobernadora y de la ex alcaldesa de Mérida.

El fondo

La Coparmex no duda si fue legal o si cumplieron los requisitos las auditorías a las cuentas de Ivonne Ortega Pacheco y Angélica Araujo Lara. Lo que importa y se debió revisar es el fondo, de qué manera llegaron a tener la calificación de “limpias”.

Faltan mejores leyes

Faltan leyes que abonen a la transparencia, dice.

Urge una ley que dé transparencia

Política y gobierno

El trabajo de los diputados que avalaron las auditorías que declaran “limpias” las cuentas de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara dejó mucho qué desear y generó dudas y suspicacias.

“Si actuaron con total apego a la ley al declarar limpias unas cuentas de las administraciones estatal y municipal, que se caracterizaron por su anarquía presupuestal, entonces hay que cambiar las leyes”, afirmó Nicolás Madáhuar Boehm, presidente de la Coparmex.

Como informamos, los diputados del PRI, PRD y PVEM aprobaron, con el rechazo panista, el informe de las auditorías que declaran “limpias” las cuentas de los últimos meses de las gestiones de Ivonne Ortega y Angélica Araujo.

Ayer, Madáhuar Boehm opinó que, si como dicen los diputados todo fue legal, entonces es necesario cambiar las leyes que no abonan en nada a la transparencia.- DAVID DOMíNGUEZ MASSA

Gobierno | Cuentas

Es necesario cambiar la ley de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Iniciativa

El sector privado ya presentó al gobierno del Estado un proyecto de iniciativa de reformas a la Ley de la Auditoria Superior.

En la Consejería

Dicho proyecto se encuentra en estudio en la Consejería Jurídica del Estado y esperan se turne pronto al Congreso.

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Alza salarial, sin beneficios

Noticias de Yucatán ()

Aumentar los salarios mínimos en 25%, como proponen el PAN y el PRD, servirá de muy poco y, “si me apuran”, diría que hasta puede ocasionar un incremento en el desempleo, advirtió el presidente de Coparmex Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm.

Al participar en un foro para analizar esa propuesta, organizado por la Universidad Marista, el martes -en el que participaron, como ya informamos en otras entregas, Dulce María Sauri Riancho, Rodrigo Llanes y Antonio Salgado Borge- el dirigente empresarial dijo que el verdadero problema de la economía no son los bajos salarios mínimos, sino las intricadas reglas para hacer negocios en México, que obstaculizan la apertura y el crecimiento de empresas.

Según Madáhuar, un aumento a los salarios mínimos no beneficiará a la economía informal, donde labora el 63% de los yucatecos, “porque allí no circula ese dinero”, dijo.

Elevar los salarios del 20 al 25% tampoco impactará al sector formal, donde los empresarios fijan sus salarios no en base a los salarios mínimos, sino a los criterios del mercado. Los empleados del sector formal yucateco perciben ingresos 70% más altos que los del sector informal, agrega el dirigente.

Por eso precisamente creemos, dice, que aumentar los salarios mínimos impactará poco el nivel de ingresos de los trabajadores.

Principal problema

Según Madáhuar Boehm, el problema no es ése. Tanto los salarios mínimos como el poco crecimiento del mercado interno, afirma, son consecuencia de un problema mayor: las intrincadas reglas del gobierno para hacer negocios, con las que no se puede trabajar.

Por ejemplo, señaló, obtener un crédito a tasas razonables, es imposible, “como lo es también cobrar un cheque rebotado”.

Asimismo, los servicios de las instituciones de beneficio social como el IMSS, indicó, son nulos, lo que obliga a muchas empresas a tener médicos fijos en sus plantas, “porque, díganme, ¿se puede obtener una radiografía en el IMSS en 48 horas?

Madáhuar se quejó también de que la ley laboral asume que el empresario es culpable hasta que pruebe lo contario.

-Conocemos casos en los que la Secretaría del Trabajo aplica multas a las empresas hasta por un millón de pesos por colocar mal algunos letreros, aunado a los constantes aumentos al precio de la gasolina y la luz y la reforma fiscal de 2014, orientada a gravar la inversión.

En resumen, todas estas reglas, dijo Madáhuar, obstaculizan el trabajo de los empresarios. También explican ese 63% de la Población Económicamente Activa sumida en la informalidad y cuya existencia es un claro mensaje al gobierno: estamos aquí, parecería que dicen, “porque no podemos trabajar con tus reglas”.-HERNÁN CASARES CÁMARA

Salarios | Debate

Nicolás Madáhuar Boehm, de Coparmex, en contra del alza a los salarios mínimos

Alza

Durante un foro en la Universidad Marista, el dirigente empresarial dijo que el alza a los salarios mínimos, como han propuesto el PAN y el PRD, traería pocos beneficios.

Riesgo

“Si nos pasamos de rosca, ese aumento no sólo no disminuirá la informalidad, sino impulsará el desempleo”, indicó.

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Freno a la economía

Noticias de Yucatán ()

La discusión sobre el aumento del salario mínimo debe enfocarse en las causas que obstaculizan el crecimiento del país, advierte la Coparmex.- La excesiva regulación, muro infranqueable

La intención de la Coparmex al poner a la vista de todos los graves efectos de la informalidad en la productividad del país -y por tanto en el ingreso- es llevar el debate sobre el incremento al salario mínimo a la arena de los números, sacarlo del plano electorero en que está metido.

“De lo que tenemos que hablar es de la baja productividad del país, de cómo es culpa de la informalidad y de cómo ésta es consecuencia del mayor problema de nuestra economía: un rígido marco legal que frena el crecimiento”, señala Nicolás Madáhuar Boehm, presidente local del organismo.

“La baja productividad explica por qué el país no crece a un ritmo que permita elevar el ingreso de los mexicanos a los niveles deseados por todos”, interviene Gustavo Cisneros Buenfil, director del Centro para la Competitividad de Yucatán.

Impacto en el ingreso

Según datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (Cidac), si México hubiera aumentado su productividad 5% cada año durante las dos últimas décadas -como lo han hecho otras economías- los mexicanos tendríamos hoy el doble de ingreso. Desafortunadamente, el ritmo de crecimiento ha sido del 0.12% anual.

“Como sostiene un estudio de la consultora McKinsey, México tiene una economía que se mueve en dos velocidades: la de las empresas grandes (de más de 500 trabajadores) y la del resto de negocios. Una economía dinámica y otra que está estancada”, apunta Cisneros.

De claroscuros

La productividad de las empresas grandes y modernas se ha elevado un 5.8% anual, pero la de las pequeñas y medianas se ha desplomado 6.5%. “Este dato es impresionante: en 1999 las Pymes tenían el 28% de la productividad de las grandes, en 2009 era de sólo el 8%. Es decir, un negocio pequeño necesita contratar 12 empleados por cada trabajador de una empresa grande para producir lo mismo. Obviamente esto se refleja en el sueldo”.

Otro apunte interesante: la mayor parte del crecimiento del empleo (62%) se ha dado en empresas con tasas negativas en el valor agregado.

“Estamos generando ineficiencias, estamos siendo cada vez más improductivos, estamos metiendo más gente al negocio, pero obtenemos menos producción”, comenta el director del CCY.

La situación es más grave de lo que uno se podría imaginar: los negocios con 50 o menos trabajadores tienen un nulo valor agregado por persona. “Sobreviven, no generan nada para el país. Y el 95% de las empresas mexicanas cae dentro de este rango”, agrega.

El mayor de los obstáculos para elevar la productividad es el marco regulatorio, dice Madáhuar Boehm.

“Es indispensable eliminar las barreras que ocasionan que las empresas se mantengan pequeñas e informales, las autoridades tienen que promover el espíritu empresarial”.

Amarres y trabas

“Volvemos al tema de siempre. Seguimos discutiendo los problemas como resultantes y no buscamos las causas de esas resultantes. Las barreras impuestas por el mismo gobierno son las verdaderas causas de por qué la productividad está tan baja y, por ende, el salario”, añade.

“Y esto lo padecemos todos los días. Desde cobrar un cheque rebotado -algo punto menos que imposible en este país, cuando está tipificado como fraude en cualquier economía moderna- hasta contratar o despedir a un trabajador, que debería ser un proceso ágil. En México hay una serie de amarres legales y trabas que no permiten tener un mercado eficiente”.

Pagar los platos rotos

Por si fuera poco, el gobierno le pasa el problema de la fiscalización a las empresas, que necesitan tener un empleado para atender los temas laborales, otro para el IMSS, uno más si tiene que ver con Profepa.

“Todos trabajan realmente para el gobierno. la empresa les paga para cumplir los requisitos de regulación, normatividad y tramitología, pero no hacen nada por la productividad del negocio”, dice el presidente del CCY.

Competencia desleal

Otro tema muy importante es el del financiamiento. Hay un déficit de crédito estimado en 60,000 millones de dólares para las Pymes.

“Es un tema de oferta y demanda. Los gobiernos estatales y municipales consumen la mayor parte del crédito, desplazan a los demás jugadores. Los bancos no tienen por qué prestarle a nadie más”, dice Madáhuar, quien destaca otras condiciones indispensables para elevar la productividad del país: la reducción en el costo de la energía eléctrica, mejorar la infraestructura, establecer programas de capacitación laboral y mejorar la seguridad.

Si seguimos con un marco legal que no permite al capital tener certeza y fluidez, si el mercado laboral no es flexible, si las empresas no tienen acceso a financiamiento para adquirir tecnología, si existe un tema de tramitología excesiva, si en la parte fiscal las empresas necesitan un departamento completo para tratar con el Seguro Social, Hacienda, Secretaría del Trabajo, Profeco, si el gobierno no facilita un entorno propicio para que crezca la productividad. no tiene sentido sentarse a discutir nada.

Reglas abusivas

“¿Por qué hay tanta informalidad? Porque el árbitro ha impuesto unas reglas del juego abusivas. Y ese problema debe estar en la esencia de la discusión. El mercado -entendido como empresas, empleados, ciudadanos- le está diciendo al gobierno: con las reglas que tienes no puedo, mejor me voy al lado informal”, comenta el líder de Coparmex.

El tema es cómo en un estado como Yucatán el 65% de la población económicamente activa está en la informalidad. ¿Quiénes están mal? ¿Los trabajadores o quienes ponen las reglas que hacen que ese 65% se vaya a la informalidad?

“El tema está en las reglas, en la estructura económica del país y del Estado, que hace que la mayor parte de la fuerza productiva esté del lado oscuro”, sentencia.

“Se tiene que incluir todo esto en la discusión sobre el salario mínimo o todo terminará reducido a un sí o no que se decidirá en una consulta popular con motivación meramente electoral”.

CONCLUSIÓN

En conclusión, advierte el líder de Coparmex, no es factible incrementar los salarios mínimos por decreto.

“Un marco regulatorio adecuado, una estructura de servicios gubernamentales con calidad y precios internacionales, financiamiento adecuado y el respeto al sistema de derecho serán los detonantes para que el ingreso promedio del trabajador mexicano crezca”.

Clave para mejorar ingresos

Para el presidente de la Coparmex en Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, no es factible incrementar los salarios mínimos por decreto.

“De lo que tenemos que hablar es de la baja productividad del país”, afirmó.

Según datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., si México hubiera aumentado su productividad 5% cada año durante las dos últimas décadas los mexicanos tendrían hoy el doble de ingresos.

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Discutir el mínimo

Noticias de Yucatán ()

El incremento del salario no debe darse por decreto, advierte la Coparmex.- La solución está en aumentar la productividad y abatir informalidad.- Las raíces del problema

Desde hace varios meses, políticos de PAN y PRD, principalmente, hacen todo el ruido posible para llamar la atención en la pertinencia de aumentar el salario mínimo a un nivel que, postulan, le haga recuperar la dignidad perdida.

Nicolás Madáhuar Boehm, presidente de la Coparmex Mérida, opina que aunque la iniciativa parte de premisas verdaderas -laeconomía lleva tres décadas de estancamiento y los salarios mínimos han perdido mucho poder de compra-, es indispensable sacar la discusión del terreno electorero y llevarla a la arena de la reflexión apuntalada por cifras y estadísticas.

Ante todo, advierte que al organismo “le mueve la intención de aportar elementos para un debate serio. Es indispensable considerar los efectos que tendría subir el salario mínimo por decreto o vía consulta popular, que por supuesto no es más que una maniobra política”.

Acompañado de Gustavo Cisneros Buenfil, director del Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY), Madáhuar Boehm presenta para argumentar con razones un reporte estadístico, elaborado por Coparmex nacional y el CCY.

Problema estructural

Una consideración antes de entrar en materia, apunta Cisneros. Primero que nada habría que desvincular al salario mínimo de la infinidad de precios y tarifas -multas, tarifas públicas, créditos hipotecarios- a los que sirve de referencia y que subirían junto con él. “Ya libre de ataduras, podríamos debatir en qué grado el mínimo refleja la realidad del trabajador en México”.

Realmente, dice, el problema no es tanto la precariedad del salario mínimo, sino el tamaño de la informalidad en México.

Según datos del Inegi, de los 6.462,570 mexicanos que ganan hoy un salario mínimo, la inmensa mayoría (93%) trabaja en el sector informal. Sólo 420,229 personas (7%) obtienen el ingreso mínimo de un empleo formal.

Además, las empresas formales han reducido consistentemente el número de empleados que ganan el mínimo, mientras que en las informales pasa todo lo contrario, cada vez hay más. Sólo el 2% de la población ocupada en el sector formal gana el mínimo, contra el 26% en el informal.

“El verdadero problema está en la estructura laboral del país. ¿por qué hay tanta informalidad? ¿Qué se puede hacer para reducirla?”, pregunta Cisneros.

Causas de la desigualdad

“De los empleados en el sector formal, el 76% gana dos o más salarios mínimos. Esto es, si no existiera la informalidad, casi 8 de cada 10 mexicanos ganaría más de dos salarios mínimos y casi 5 de cada 10, más de tres”, precisa Madáhuar Boehm.

Más claro, ni el agua. El problema real no es el salario mínimo, sino la informalidad de nuestra economía.

“En el país, los trabajadores del sector formal ganan en promedio 52% más que los del informal. En Yucatán la cifra aumenta hasta el 70%, o sea, los yucatecos que tienen un empleo formal ganan 70% más que los que hacen lo mismo en la informalidad”.

Hay estados donde se agudiza la diferencia: en Chiapas es del 160%, en Campeche el 105%, en Oaxaca más del 80%, interviene Cisneros. “Y todo tiene una razón, son los estados más amolados del país, en los que no sólo predomina una economía informal, sino además una informalidad de salarios deprimidos”.

Si se analiza la distribución promedio del ingreso por sector, se confirma la relación que existe en la composición del empleo en Yucatán -entre formal e informal- y los salarios que ganan los trabajadores de cada uno de ellos: el 70% de los que están en el informal ganan dos mínimos o menos, en comparación con el 28% de los que están en el formal. “Es importante señalar que el resto, el 72%, de los que tienen empleos formales, están ganando tres salarios mínimos o más”.

Desde 2005 las empresas legalmente constituidas han ido avanzando en los ingresos de los trabajadores. En las informales la tendencia es opuesta y cada día es mayor el porcentaje de personas ocupadas que obtienen el nivel mínimo de ingresos.

Informalidad y pobreza

La pobreza guarda una estrecha relación con la informalidad, revelan las estadísticas. En Yucatán, por ejemplo, donde la mayoría (63%) de los empleos está en el sector informal, casi la mitad (48%) de la población está en situación de pobreza (9.8% en pobreza extrema), mientras que en Quintana Roo, donde la informalidad es menor (48%), hay también menos pobres (38%, con 8.4% de pobreza total).

“Mientras más formales, más productivos, en Quintana Roo -que tiene un PIB similar al nuestro- hay más gente que gana más de tres mínimos, la distribución salarial está mejor que en Yucatán porque tiene más empleos formales”, señala el director del CCY.

El foco de la discusión

“El debate no es si subimos o no el salario mínimo, sino cómo subimos a la gente a la economía formal”, sentencia Madáhuar Boehm.

“Más de la mitad de la población ocupada en nuestro país se encuentra en el sector informal y es precisamente allí donde están los trabajadores más vulnerables, más pobres”.

Si algún mensaje nos dejan las estadísticas, prosigue, es que el salario mínimo es sobre todo una realidad en el sector informal. Esto es, donde hay más informalidad, hay más personas recibiendo el mínimo.

También muestran que las economías regionales más productivas son las que tienen menores tasas de informalidad y por tanto mejores niveles de ingreso.

“Una política que busca subir el salario mínimo sin una estrategia clara para abatir la informalidad no puede ser una solución integral”, sentencia el líder empresarial.

“Hay que tener mucho cuidado”, advierte Cisneros. “Debido a su propia naturaleza, el sector informal es casi imposible de fiscalizar, por lo que un aumento puede no tener el efecto deseado y además introducir distorsiones graves en otros sectores”.

No se trata de una visión apocalíptica, sino un aviso prudente de que de una mala decisión pueden derivarse externalidades negativas como la inflación y, en consecuencia, la disminución del poder adquisitivo.

Efecto bumerang

“Aumentar el salario mínimo con base en decisiones fundamentalmente de carácter político puede producir desempleo, porque al encarecerse la mano de obra, si el empresario no puede competir con precios internacionales va a tener que reducir su planta laboral”, dice.

“Tendríamos que hacer mucho más: reconvertir la planta industrial en México, tecnificarla, modernizarla, hacerla más competitiva”.

Por último, Madáhuar y Cisneros señalan que el segundo cauce que debe seguir el debate es cómo incrementar la productividad, única forma posible de generar un mayor crecimiento económico y, por ende, un mejor nivel de vida para todos los mexicanos.

Tenemos que replantear la discusión del tema, señala el líder de Coparmex. No se logrará la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo por decreto, necesitamos cambiar la receta, buscar soluciones de fondo: tenemos que abatir la informalidad, aumentar la productividad. mover la economía.- Mario S. Durán Yabur

Salario mínimo | Cifras

El jefe del gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, fue quien subió a la agenda política el tema del salario mínimo.

Iniciativa

La propuesta de Mancera es elevar el salario mínimo inicialmente a 82.86 pesos, para alcanzar los 171 pesos diarios en 2018.

Cifras

En México hay 52.1 millones de trabajadores ocupados, de los cuales 4 millones no perciben ingresos por su labor y 6.4 millones cobran hasta un salario mínimo, 93% de ellos trabaja en el sector informal.

Informalidad

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al segundo trimestre de 2014, en el país hay 28.6 millones de personas que se encuentran en el empleo informal, lo cual corresponde a casi el 60% de la población ocupada.

Desproporción

El ingreso per cápita en el país es de apenas el 30% que el de Estados Unidos. La proporción no ha cambiado en 20 años.

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Piden investigar asunto del Isstey

Noticias de Yucatán ()

Coparmex Mérida exige respuesta en el caso del Isstey

El gobierno del Estado está obligado más que nunca a investigar el manejo de los recursos públicos en la administración estatal anterior, luego de las inusitadas, recientes declaraciones de Ulises Carrillo Cabrera, ex secretario de Planeación y actual director del Isstey, que demuestran “la anarquía presupuestal” del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, denuncia el presidente de Coparmex Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, entrevistado ayer al respecto.

El Diario publicó ayer lunes y el domingo dos entregas de una entrevista con Carrillo Cabrera -mañana daremos la tercera parte- en la que afirma que la deuda del gobierno con el Isstey, de $2,125 millones hasta marzo, no es deuda -el gobierno nunca dijo que no pagaría- “sino mora activa”.

Desvíos y desfalcos

La administración estatal dejó de pagar al Isstey “por problemas de liquidez”, explica el funcionario, pero ese dinero, aunque estaba incluido en el presupuesto de egresos, fue a las arcas públicas, a la partida de gastos de libre disposición, “dentro del marco legal”. No hubo “desvíos, quebrantos, ni desfalcos”, opina el ex hombre de confianza de Ivonne Ortega.

También informa que una parte de la deuda con el Isstey podría pagarse con terrenos del gobierno en Ucú.

“Tengo mis reservas sobre si esto es legal”, señala Madáhuar Boehm, “pero, independientemente de eso, declaraciones de este tipo no pueden quedar sin respuesta.

“Cualquier ciudadano responsable reprueba que el gobierno haya gastado el dinero de las cuotas de la seguridad social de sus trabajadores en otras cosas”, como admite Carrillo Cabrera en la extensa entrevista, en la que, además, añade Nicolás Madáhuar, se ve que busca “minimizar el desvío de las cuotas y confundir a la gente” con juegos de palabras, “interpretaciones semánticas que no resuelven el problema”.

Una obligación de pago, precisa el dirigente, “es igual a una deuda. Usar dinero presupuestado para una cosa y gastarlo en otra es desvío, al menos en Yucatán así lo entendemos, y apropiarse de los recursos que otros te confían, como las cuotas de los trabajadores al Isstey y las amortizaciones de sus préstamos, descontadas por el gobierno, pero no entregadas al Instituto y gastarlas en otra cosa, es un desfalco”.

Según Madáhuar Boehm, con sus declaraciones “Carrillo Cabrera pone en evidencia que en el gobierno anterior el presupuesto que aprobaba el Congreso no servía para nada y que el manejo de los recursos era discrecional. Que esto lo diga alguien que fue protagonista es muy relevante. Es la primera vez que un funcionario de alto nivel del gobierno de Ivonne Ortega explica algo así”.

Se debe investigar

Por esta razón, añade el dirigente empresarial, “el gobierno actual está obligado, por lo menos, a investigar esa anarquía presupuestal que nos ha llevado a la crisis del Isstey y de las finanzas públicas en general”.

También señala que el atraso en el pago de las cuotas sí daña el patrimonio del Instituto, en contra de lo que dice Carrillo. Continuará.- HERNAN CASARES CAMARA

Isstey | Daño patrimonial

El presidente de Coparmex Mérida habla del daño patrimonial al Isstey.

Intereses

El atraso en el pago de las cuotas al Isstey causa daño patrimonial a ese organismo, afirma Nicolás Madáhuar Boehm, ya que la ley establece que la entidad morosa debe pagar intereses de 9% anual “y ahora nos dicen que el gobierno sólo pagaría 3%, precisamente cuando su problema central es la falta de liquidez”.

Ocurrencia

Parece increíble, añade, que ahora se considere pagar esa deuda con ocurrencias como entregar los terrenos de Ucú, “cuando el Isstey necesita, insisto, que el gobierno le pague lo que le debe en efectivo”.

Investigación obligada

Confirmación de la anarquía en el manejo de fondos

Petición de Coparmex al Ejecutivo estatal por el caso Isstey

Ante recientes declaraciones de Ulises Carrillo, director del Isstey, sobre las finanzas y la deuda a ese instituto, el presidente de la Coparmex en Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, afirmó ayer que el gobierno que encabeza Rolando Zapata Bello está obligado a investigar el manejo de los recursos públicos en la administración anterior.

El líder empresarial señaló que las revelaciones del ex cercano colaborador de Ivonne Ortega Pacheco demuestran la anarquía presupuestal que imperó en la pasada administración.

Carrillo Cabrera dijo que la administración estatal anterior dejó de pagar al Isstey “por problemas de liquidez”, pero ese dinero, aunque estaba incluido en el Presupuesto de Egresos, fue a las arcas públicas, a la partida de gastos de libre disposición.

Madáhuar Boehm precisó que “usar dinero presupuestado para una cosa y gastarlo en otra es desvío, al menos en Yucatán así lo entendemos”.

La ex gobernadora afirmó ayer en Mérida que los actos realizados con el Isstey en su gobierno son legales y “todo está documentado de manera transparente”.

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Positivos, aunque insuficientes los cambios al Isstey

Noticias de Yucatán ()

Beneficios con la reforma

Las reformas a la ley del Isstey sí ofrecen beneficios, dijo el presidente de Coparmex Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, en el foro sobre el tema organizado por Grupo Megamedia.

Uno de esos es el aumento de las aportaciones del gobierno del 12.75 al 13.75%, que significarán un ingreso adicional de cien millones de pesos al Instituto. También la intención de ordenar sus ingresos y de abrir un plazo de 180 días para abordar la recuperación de la deuda. “Esto es un avance, si se toma en cuenta que nadie tocó el tema durante siete años”, dijo.

El diputado Dafne López Martínez coincidió con Madáhuar en esos mismos puntos, en especial en el aumento de las aportaciones -”si esto no es un beneficio, entonces qué es”- y enumeró otras ventajas de la reforma, como establecer un límite máximo del 7.5 % a los gastos administrativos generales no relacionados con una prestación, y la de adecuar las tasas de interés de los préstamos del Instituto a las condiciones del mercado.

La ex gobernadora Dulce María Sauri también destacó el propósito de la reforma de poner orden administrativo y financiero en el Isstey y de autorizar préstamos a los trabajadores contratados por honorarios, que antes sólo tenían acceso a los servicios de salud.

Pero ante la pregunta de ¿cuáles son los beneficios palpables para los derechohabientes?, el diputado del PAN Mauricio Vila Dosal, respondió: “ninguno”.

Adecuar las tasas de interés de los préstamos a las condiciones del mercado, que Dafne destacó como una ventaja, en realidad no lo es, dijo Vila Dosal. “Antes de la reforma, la ley del Isstey prevía una tasa anual fija para los préstamos del 12%, pero ahora esa tasa será variable, podría ser de ocho, seis o catorce por ciento, según las condiciones del mercado, en lugar del 12% fijo, que daba certeza al derechohabiente”.

Al convertir las tasas en variables, éstas pueden llegar a 30% anual, si hay una crisis en el país, “como ya pasó”.

Con la reforma, agregó Vila, baja la calidad de vida de los derechohabientes, porque se suspende el servicio de educación preescolar en los Cendis y se acelera el plan para desaparecer las tiendas del Isstey, “que aunque quebradas, pueden mejorarse”.

En ese sentido, para la Licda. Sauri una consecuencia negativa de la reforma es la eliminación del programa de vivienda del Instituto, que ahora sólo se concentrará en los créditos hipotecarios que, por su monto, apenas servirán para remozamiento.

No hay nada bueno en la reforma, insiste Vila Dosal. “Por el contrario, sólo servirá para tapar el boquete financiero que el gobierno anterior le hizo al Isstey”. Los problemas de este organismo, añade, únicamente se resolverán hasta que se aclare el desfalco que sufrió en los últimos años.

Si me preguntan quién gana y quién pierde con las reformas, digo: “los claros ganadores son los responsables del saqueo al Isstey, cuyas acciones recibirán carpetazo, borrón y cuenta nueva. No sólo eso, el actual gobernador sería también un ganador, porque legalmente, en el futuro, podrá disponer de las reservas del Instituto, mediante auto préstamos a tasas bajas, debido a que la reforma dejó intactos los artículos de la ley que lo permiten”.

Los perdedores son, evidentemente, los yucatecos, dice el diputado panista. “Si una persona roba un cartón de huevos en el súper, lo encarcelan, pero si un grupo de funcionarios se roba $2,260 millones, no le pasa nada”. Continuará.

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Grave crisis en el Isstey

Noticias de Yucatán ()

En riesgo el sistema de pensiones en el Estado, advierte Coparmex Mérida

La cartera de adeudos del Isstey ascendió a $2,262 millones el año pasado, una cantidad igual a casi el 50 por ciento del patrimonio de ese organismo, lo que pone en gravísima situación al sistema de pensiones del Estado, concluye un estudio reciente de la Coparmex Mérida.

El sindicato patronal dio a conocer ese documento, llamado “Isstey, análisis de su situación financiera”, el viernes, en vísperas de la discusión en el Congreso de la propuesta de Rolando Zapata Bello para reformar la ley de ese instituto.

En entrevista con el Diario, Gustavo Cisneros Buenfil, director del Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY) de Coparmex, responsable del estudio, dice que la mayor parte de ese adeudo es del propio gobierno del Estado, que desde 2007 (cuando empezó la administración de Ivonne Ortega Pacheco) no entrega al Isstey las aportaciones que hace por ley y las que descuenta a los empleados públicos.

Focos rojos

De este modo, añade, aunque el Isstey tiene un patrimonio en el papel de $4,604 millones, en la realidad, en dinero líquido, sólo posee $1,164 millones, de los cuales 14 por ciento, $480 millones, está en inversiones de poca liquidez, es decir, en terrenos, contra lo que marca la misma ley del instituto.

La situación es tan crítica -advierte- que el pago de las jubilaciones de los derechohabientes de ese organismo en 2016 será mayor que las aportaciones que recibirá. De continuar así, de acuerdo con estudios actuariales, el Isstey gastará todas sus reservas en 2027 y dejaría de pagar las jubilaciones y pensiones.

¿Cómo vamos a pagar?

“El tema ya nos alcanzó”, afirma el presidente de Coparmex Mérida, Nicolás Madáhuar Boehm, presente en la entrevista. “Ahora la pregunta es ¿cómo se va a pagar esa deuda?”.

La iniciativa para modificar la ley del instituto, señala Madáhuar, quien admite no conocerla aún, “puede ser una magnífica oportunidad para repensar la estructura legal de este organismo y de nuestro sistema de pensiones y jubilaciones, porque el actual no tiene viabilidad a largo plazo”.

Con respecto al alarmante crecimiento de la deuda con el Isstey, el estudio del CCY revela que ésta ascendía a $2,262 millones hasta el 31 de diciembre de 2013, de los cuales $1,441 millones correspondían a ingresos por recuperar por pagos vencidos y aportaciones del 12.75% no realizadas y $821 millones a pagos vencidos de vales de despensa, intereses y otros.

De acuerdo con la ley del instituto, el gobierno del Estado y los demás organismos que lo integran deben pagar al Isstey las cuotas que descuentan a sus trabajadores (8.5% mensual de su salario) y la aportación del patrón, en este caso el gobierno estatal, equivalente al 12.5% del salario mensual de sus empleados, en los primeros días del mes siguiente a la fecha en que se genere o recaude. El no cumplimiento de este pago ocasiona un interés del 0.75% al mes. El gobierno también se compromete a cobrar y entregar al Isstey los descuentos por préstamos realizados a los trabajadores.

La deuda crece 16,000%

Los adeudos de las entidades públicas al Isstey al 31 de julio de 2007, último día del gobierno de Patricio Patrón Laviada, eran de $13 millones, dice el análisis de la Coparmex, pero a partir de 2008 y hasta 2012, cuando termina el gobierno de Ortega Pacheco, la deuda del gobierno con el instituto aumenta a $2,078 millones (un crecimiento de ¡16,000 por ciento en cinco años!), y a $2,262 millones en 2013, en el primer año del actual gobierno de Zapata Bello.

Patrimonio de papel

Esta última cifra representa el 49% del total del patrimonio del Isstey que, según datos oficiales, asciende a $4,604 millones. Es decir, enfatiza Cisneros Buenfil, en 2013, casi la mitad de cada peso del patrimonio del Isstey no existía en la práctica, era un adeudo del gobierno del Estado pendiente de cobrar.

Precisamente por este adeudo, continúa el análisis de Coparmex, el gobierno debe pagar, sólo por intereses moratorios, más de $21 millones mensuales provenientes del presupuesto mensual, “sin que exista razón alguna” para hacerlo.

Esta situación, la no entrega de las aportaciones del gobierno y de las entidades obligadas, más otros pagos vencidos, ha ocasionado -agrega el análisis- la aguda disminución de las reservas líquidas de la institución. Actualmente éstas ascienden a $1,164 millones, una cantidad mínima respecto al patrimonio del instituto, que en el papel suma $4,604 millones, una diferencia de $3,440 millones.

Del 1 de agosto de 2001 al 31 de julio de 2007 (en el gobierno del PAN), las reservas líquidas llegaron a $1,899 millones, de acuerdo con el estudio del CCY. A partir del primero de agosto de 2007, hasta el 30 de septiembre de 2012, en cinco años y dos meses, estas reservas disminuyeron $688 millones para quedar en $1,211 millones. Del mismo modo, del primero de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, en los primeros 15 meses de la actual administración, dice el análisis, la reserva líquida disminuyó en $47 millones, para quedar en $1,164 millones.

Terrenos ¿sí o no?

Cisneros Buenfil afirma que de esa cantidad, 14 por ciento ($480 millones) están invertidos en terrenos, “que no son bienes de fácil realización”.

(Una parte de esos terrenos, valuados en $344 millones y destinados para la Plataforma Logística, el instituto los adquirió al gobierno del Estado en diciembre de 2011 y los incorporó a su patrimonio, según denunció la agrupación Acciones Líderes en mayo. El actual director del Isstey, Ulises Carrillo Cabrera, defendió la operación y dijo que reportó grandes ganancias al organismo, aunque nadie ha aclarado cuál fue el destino de ese dinero en el gobierno de Ivonne Ortega).

Sobre este tema, Madáhuar Boehm dice: “la pregunta es si el patrimonio del Isstey debe de estar invertido en terrenos. Nosotros creemos que no. Eso incumple con los objetivos de la actual ley del instituto”.

Cisneros Buenfil advierte que el crecimiento del patrimonio del Isstey en los últimos siete años es mucho menor que el crecimiento de la deuda. En 2009, por ejemplo, dice, la deuda del organismo creció 130% y el patrimonio únicamente 12 por ciento.

Nueva alerta empresarial por las deudas que tiene el Isstey

La Coparmex: las pensiones están ya en grave riesgo

Una vez más surgen voces de alerta por las finanzas y la situación patrimonial del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

El Centro para la Competitividad de Yucatán de la Coparmex Mérida afirma que los adeudos del organismo ascendieron a $2,262 millones el año pasado y ya se pone en grave situación al sistema de pensiones.

Los adeudos de las entidades públicas al Isstey al 31 de julio de 2007, último día del gobierno de Patricio Patrón Laviada, era de $13 millones, pero a partir de 2008 y hasta 2012, cuando termina el gobierno de Ivonne Ortega, la deuda del gobierno con el instituto aumenta a $2,078 millones, es decir, un 16,000%.

Problemas en dos años

Faltará dinero para pagar las jubilaciones

En dos años, en 2016, los pagos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) a jubilados y pensionados serán mayores que las aportaciones que recibirá ese organismo, debido a que en los últimos años éste no aumentó su patrimonio de acuerdo con las necesidades, advierte el director del Centro para la Productividad de Yucatán, Gustavo Cisneros Buenfil.

Por esto la importancia estratégica de contar con reservas líquidas, en efectivo, no en terrenos, añade. Si este pronóstico se cumple, el gobierno del Estado tendría que hacer enormes aportaciones en efectivo, a partir de 2016, para ayudar a solventar los pagos de las pensiones y jubilaciones del Isstey.

Según Cisneros Buenfil, desde 2001 el instituto cuenta con estudios actuariales que indican cuándo se agotarán sus reservas y el momento en que el gobierno tendrá que realizar aportaciones adicionales para hacer frente a las obligaciones de ese organismo.

De acuerdo con el último estudio actuarial, del 31 de diciembre de 2012, las reservas del Isstey comenzarán a disminuir en 2016 y se acabarán totalmente entre 2026 y 2027. Por ello es necesario revisar el esquema del instituto “antes de que se vuelva un gasto enorme para el gobierno estatal”. Continuará: ¿cuánto cuesta administrar el Isstey?-

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