La CIDH emitirá recomendaciones por el caso Marco Antonio

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(apro).- A un mes de la recuperación con vida del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, la Procuraduría capitalina “sigue sin investigar e informar qué sucedió” al jovencito durante los cinco días posteriores a su desaparición, “en los que no se tiene registro de evidencia ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico”, denunciaron organizaciones sociales.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP), que representan a Marco Antonio y a su familia, expresaron su preocupación debido a que al adolescente se le continúan vulnerando sus derechos.
“Se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente”, consideraron las organizaciones, tras advertir que “sin un cambio de voluntad política desde el jefe de gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, será imposible garantizar la justicia e integridad de este adolescente, víctima de la policía de la Ciudad de México”.
Las organizaciones recordaron que la relatora de México y sobre los derechos de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, ha estado en contacto con la familia de Marco Antonio, y ya solicitó al Estado mexicano información sobre el caso, plazo que venció el martes 20, en que la Cancillería debió haber enviado un reporte a la Comisión, organismo que “en breve” anunciará “las medidas que determine para proteger al adolescente víctima de una posible desaparición forzada”.
Las organizaciones valoraron positivamente que la PGR anunciara la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, “lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México”, por lo que exigieron que se realizara una investigación independiente de la llevada a cabo por la PGJCDMX, en la que la defensa identificó que “se encuentra llena de inconsistencias”.
Al exigir que la indagatoria en la PGR se lleve a cabo “con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la CIDH”, las organizaciones que representan al joven y a su familia anunciaron que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) “se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que pueda ofrecer a la familia una opinión independiente y recomendaciones para su tratamiento, mismos que reduzcan los posibles daños en este adolescente”, de manera que “bajo criterio de trabajo colegiado, confidencialidad y enfoque de derechos humanos”, se tenga certeza sobre su situación de salud y la alternativas de atención.
Las ONG también hicieron un recuento de la forma en que fue detenido de manera arbitraria el adolescente, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México del Sector Hormiga en la delegación Azcapotzalco, el martes 23 de enero, y cómo fue entregado a su padre cinco días después en el Estado de México.
Igual lamentaron que “las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a ‘un error de protocolo’ y ‘abuso de autoridad’.
Además, acusaron, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y, peor aún, se litigó el caso en los medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; y también se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público”.
Las organizaciones destacaron que, durante estos días, la defensa ha promovido dos amparos, uno para proteger a la familia y al principal testigo de la detención, del hostigamiento del que fueron víctimas, y otro para obligar “a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, con un enfoque diferencial y especializado por ser una víctima adolescente”.
Las organizaciones reconocieron la labor de reporteros y medios de comunicación que, “aun frente a nuevos intentos de filtración de presuntos estudios toxicológicos para criminalizar a Marco, ejercieron la ética periodística al no replicarlo y no sumarse a la violación del amparo de la justicia federal que protege su derecho a la privacidad y a no ser victimizado”, por lo que llamaron a los comunicadores a “actuar bajo esta lógica y respetar la decisión de la familia de no hacer pública su condición médica”.

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Italianos desaparecidos en Jalisco vendían maquinaria 'pirata'

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La desaparición de los tres ciudadanos italianos en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, podría haber sido por la comercialización de maquinaria apócrifa, actividad a la que se dedicaban. Vendían plantas de luz piratas, supuestamente de la marca Bosch, haciéndolas pasar por originales, informó el fiscal general Raúl Sánchez.

Los protocolos de búsqueda se ampliaron a Michoacán y Colima y de acuerdo con las primeras investigaciones, como informó Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, en la desaparición habría participado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la sospecha de que haya policías municipales involucrados en el caso provocó que fuera intervenido todo el cuerpo policial y la Fuerza Única tomó el mando de la seguridad pública de la región.

Al respecto, entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Fausto Mancilla Martínez, fiscal regional del sur de Jalisco, aseguró que ya han sido cuestionados algunos elementos de la policía municipal de Tecalitlán.

Mancilla aseguró que ya cuentan con una segunda versión de los hechos, y es que los ciudadanos italianos “estuvieron en Ciudad Guzmán hospedados en un hotel, lo cual no sabíamos hasta que se hicieron las investigaciones”.

El fiscal general Raúl Sánchez Jiménez señaló que “a raíz de las investigaciones nos dimos cuenta que ellos se dedicaban a vender plantas de luz, de soldadura y diferentes herramientas al parecer alteradas, las vendían como originales”, dijo.

También se investiga la detención de otro italiano en el estado de Guanajuato y su posible relación con los desaparecidos.

“Se está investigando, el día de hoy (martes) en Guanajuato fue detenido otro italiano con máquinas de soldar o de luz, objetos y facturas falsas, por eso no podemos descartar su actividad”.

Se informó que la Interpol Roma emitió una ficha amarilla por la desaparición de sus connacionales.

El flujo de información permitió saber que una de las víctimas tenía antecedentes en México.

“Cruzando la información sobre los italianos, a su actividad que tenían, donde ellos manifiestan que tienen conocimiento que uno de ellos (Raffaele Russo), el mayor de edad, de 60 años, había sido detenido en 2014 en Campeche” por cohecho.

Las autoridades jaliscienses solicitaron al gobierno italiano los antecedentes no de los tres de sus ciudadanos sino de seis personas que viajaban juntas por el Sur de Jalisco a bordo de dos camionetas blancas con placas del Estado de México. Se perdieron por una localidad llamada El Refugio en el municipio de Tecalitlán, desde el 31 de enero no se tiene conocimiento de su paradero, ni los vehículos se han localizado. La denuncia por la desaparición se presentó el 1 de febrero pasado.

Luego de que el cuerpo policiaco de Tecalitlán, Jalisco, fue intervenido por la Fiscalía General, y la Fuerza Única se encargó de la vigilancia en la región, la investigación fue atraída por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y por el área antisecuestro de la SEIDO.

Son honestos, dice familia

El hermano de uno de los desaparecidos afirma que no son contrabandistas y no hacen trabajo como los narcotraficantes.

“No hacen un trabajo como el narcotráfico, no son contrabandistas, son personas honestas, buenas”, aseguró desde Nápoles, Italia, Gaetano Cimmino.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el hermano de Vincenzo, quien habría desaparecido junto con su primo Antonio Russo, durante la búsqueda de Raffaelle Russo, papá de Antonio, dijo que el último punto que marcaba el GPS del automóvil de su familiar se ubicaría en una gasolinería de Tecalitlán, Jalisco.

Gaetano detalló que el primero en desaparecer fue su tío Rafaelle Russo, con al menos cuatro meses de residencia en México, donde comerciaba generadores eléctricos. Antonio y a Vincenzo se dirigieron al último punto que marcaba el GPS del automóvil. Ahí, supuestamente los dos jóvenes “fueron interceptados por funcionarios policiales”.

Salvatore Cimmino, otro hermano de Vincenzo, dijo a Imagen Noticias de Ciro Gómez Leyva: “yo tengo la seguridad de que los tres regresarán y haremos una gran fiesta”.

Excelsior

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Tras caso italianos, ilocalizable el director de la Policía de Tecalitlán

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El director de la Policía de Tecalitlán, Hugo Martínez Muñiz, se encuentra ilocalizable, confirmaron autoridades jaliscienses al dar seguimiento a la investigación de los tres italianos desparecidos en la zona Sur de la entidad…

Roberto López Lara, secretario general de Gobierno:

“A la hora que la Fiscalía intervino la Policía desde ese momento él desapareció del municipio, o de la dirección general, de sus oficinas donde él despacha. Se le está buscando su localización en otros municipios alrededor de ahí. Decirles que tenemos una gran colaboración de las Fiscalías o Procuradurías de Colima y Michoacán para la localización de estos tres desaparecidos”

El alcalde de Tecalitlán, Víctor José Guadalupe Díaz Contreras fue llamado a comparecer. En tanto, el cuerpo policiaco se encuentra en Guadalajara dando su versión de los hechos. Cabe recordar que la Policía municipal fue desarmada y la Fuerza Única Regional se hace cargo de la seguridad en la región…

Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general del estado:

“Claro, y también acudir al curso donde se les está invitando a que comparezcan todos. Todo el que sea necesario intervenir en la investigación va a ser entrevistado”

Autoridades jaliscienses sentencian que la prioridad es encontrar a los italianos y no revictimizarlos con su actividad comercial presuntamente ilegal…

López Lara:

“Sí quiero dejar muy claro la postura del gobierno. 1.- Es la localización de estas personas, está el Ejército mexicano junto con el gobierno del Estado en esta localización, está Cisen, están varias corporaciones trabajando. 2.-La actividad a que se dedicaban o que se dedican estos italianos es parte de la litis que también estamos viendo en la investigación, pero para nosotros la prioridad es la localización de estos tres ciudadanos de Italia”.

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Suman 31 ex funcionarios ligados a desapariciones en Veracruz

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Un total de 31 ex funcionarios, ex jefes policiales y ex agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz están presuntamente vinculados a la desaparición forzada de 15 jóvenes, quienes, según las autoridades ministeriales, serían “halcones” de la organización delictiva Los Zetas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló ante el Juez de Control el modus operandi con que actuaron estas autoridades y dio a conocer los nombres de los 15 jóvenesque desaparecieron supuestamente a manos de una estructura oficial que de manera sistemática emprendió una “limpia” contra el narcotráfico.
De los 31 implicados en la desaparición forzada, 19 se encuentran presos y el juez validó su detención y les imputó los cargos.
Las investigaciones presentadas ante el juzgador señalan que eran elementos de la Policía Estatal quienes capturaban en laciudad de Xalapa a jóvenes sospechosos de ser halcones de la banda delictiva Los Zetas, a quienes interrogaban bajo tortura. Posteriormente, eran entregados a agentes de la Fuerza Especial, de donde “desaparecían”.
Los jóvenes supuestamente desaparecidos son José Ulises Martínez Fernández, de 30 años; Jorge Leal Amaro y Liberio Hoyos Castañeda, de 20; Uriel Hernández Vega, de 18; Antonio Morales Marín, de 22; Bibiana Hernández Moguel y Cecilia de la Cruz Luján, de 17; Héctor Jesús Hoyos Barradas, de 16 años.
Así como José de Jesús Martínez del Ángel, de 21; Alberto Huerta Acosta, de 23; Héctor Campos Cornelio, de 16 años; José Cruz Peralta Nava, de 19; además de Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos, Andrés Aguilar Marín y Jaqueline Espejo Moctezuma.
El informe oficial señala que no había reportes oficiales de las detenciones de los jóvenes, sólo tarjetas informativas que eran enviadas a los mandos.
Hasta el momento los imputados son el ex secretario deSeguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, quien actualmente se encuentra preso, enfrentando los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.
El ex director general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, preso acusado del homicidio de la ex pareja de su novia; el ex comandante de la denominada Fuerza Especial, José López Cervantes, alias Comandante Black, y el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, además de 15 agentes y ex agentes de Seguridad Pública estatal.
Prófugos de la justicia. Las autoridades ministeriales consideran como prófugos a tres ex funcionarios de la SSP de primer nivel: el ex subsecretario de Operaciones y ex secretario de Seguridad en los últimos meses de 2016, José Nabor Nava Holguín; el ex delegado de la Región III en Chicontepec, Manuel Alejandro Trujillo Rivera, y el ex director de Operaciones, José Manuel Martínez Sánchez.
Otro de los señalados es el policía estatal Roberto Carlos López Flores, quien en junio de 2016 acusó al entonces senador Fernando Yunes Márquez, hijo del mandatario, de compra de votos.
En los últimos tres años del gobierno duartista, 2013-2016, autoridades estatales y federales investigaron un total de 145 casos de desapariciones forzadas, donde presumiblemente estarían involucrados agentes policiacos de diversos órdenes de gobierno, 87 casos del fuero común y 58 federales.
Y como consecuencia de la guerra en contra del narcotráfico que emprendió el gobierno de Duarte de Ochoa y la misma pugna entre cárteles de la droga se tuvo un registro de 5 mil 590 denuncias por personas desaparecidas, de 2011 a 2016. De ese total se logró localizar a 3 mil 278 personas y siguen en calidad de desaparecidos 2 mil 312 personas.
Además, hasta el cierre de 2017 han sido localizadas oficialmente 343 fosas clandestinas, donde el crimen organizado sepultó docenas de cuerpos de personas.

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Ex militar acusado de desapariciones forzadas es detenido en Playa del Carmen

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Rafael N, “El Teniente Meza”, ex director de la Fuerza Civil y ex integrante del Ejército Mexicano, acusado de la “desaparición forzada” de 15 personas en Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte, planeaba poner junto con su pareja sentimental un bar en el corazón de la Riviera Maya.
Ya tenían los permisos del Ayuntamiento de Solidaridad, la renta del inmueble en la Avenida 24, entre Primera y Quinta, cerca de la plaza Quinta Alegría, una de las más prósperas de Playa del Carmen, habían adquirido muebles para su decoración y contratado a Esteban Casas Bravo como barman del lugar, cuando fueron detenidos por una veintena de elementos de la Policía Ministerial de Veracruz y de la Fiscalía General de Quintana Roo, informa el portal Proceso.
Al igual que “El Teniente Meza”, otros funcionarios del sexenio pasado, como el propio Javier Duarte y el ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez -ambos en prisión-, adquirieron inmuebles en esta región del Caribe mexicano.
En su legalización de detención en la audiencia inicial, el acusado se quejó de que fue detenido, sin que se le mostrara la orden de aprehensión y con lujo de violencia.
“Había terminado de comer con mi familia y con un empleado y amigo de la familia (Esteban Casas), cuando vimos varios civiles armados que con golpes y empujones nos pidieron tirarnos al suelo”, señaló.
En su audiencia inicial, el imputado no explicó por qué había cambiado de lugar de residencia, ni tampoco de dónde obtuvo los recursos para invertir en esta lujosa zona; incluso, su hermano, Ramón González Meza, presentado como “testigo” de vejaciones a derechos humanos del imputado y su familia, cayó en contradicciones al asegurarle a la Juez de Control, Alma Leyda Sosa, que su hermano residía en Campeche.
En la serie de mandatos judiciales presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) se legalizó la detención de “El Teniente Meza”, mientras que a Arturo “Capitán Tormenta” Bermúdez y a Óscar Sánchez Tirado simplemente se les ratificó su prisión preventiva, mientras que a los 16 policías estatales, durante la noche del 7 y madrugada del 8 de febrero, su desahogo de documentales para legalizar su detención, y continuó durante la madrugada de este viernes.
El jueves por la tarde, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) seguir acumulando datos de prueba para que los 19 policías estatales -entre ellos tres mandos- imputados por el delito de desaparición forzada “nunca salgan de prisión”.
Piden justicia
Afuera de la Sala de Juicios Orales 2, representantes y familiares de los Colectivos de Desaparecidos llegaron anoche al lugar para exigir justicia. En el enrejado del inmueble judicial colocaron una veintena de lonas con los rostros de sus seres queridos desaparecidos.
En el inmueble de la Sala de Juicios Orales 2, se tuvieron que ocupar tres hileras para sentar a los imputados. En primera fila, Bermúdez Zurita, Tirado Sánchez y González Meza.
La audiencia inicial tuvo que ser suspendida por tres horas, pues los defensores de los oficiales se quejaron de que la orden de aprehensión y la carpeta de investigación no les fue girada con la antelación debida.

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“Mi hijo fue sometido y golpeado hasta el delirio”, denuncia madre de Marco Antonio

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(apro).- “Mi hijo fue sometido. Mi hijo fue lastimando. Mi hijo fue golpeado y no sé qué tanto más le hicieron, al grado de que presenta delirio”, denunció Edith Flores Rojas, madre de Marco Antonio, el joven desaparecido por cinco días, luego de ser detenido por cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX).
Frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, tras la marcha que organizaron estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 para exigir justicia en el caso de su compañero, la madre del joven de 17 años denunció que el día que presentaron a Marco Antonio en el hospital Hospital Psiquiátrico “Dr. Juan N. Navarro” les impidieron que médicos le practicaran el Protocolo de Estambul, el cual establece los parámetros para documentar la posible tortura y sus consecuencias.
Ante cientos de universitarios y una docena de familiares de jóvenes estudiantes de la UNAM víctimas de homicidio, feminicidio y desapariciones, Edith Flores reprochó la revictimización de la que ha sido sujeta su hijo desde que se dio a conocer su denuncia.
“Mi hijo no le debía nada a los policías. Su delito fue tomar unas fotos y lo acusaron de que le estaban robando un celular a alguien. Mi hijo no tenía necesidad de robar. A mi hijo le robaron dos celulares y su computadora”, contó.
La mujer también cuestionó las actuaciones de la policía local y la violencia ejercida contra los jóvenes.
“Por todo lo que veo, por todo lo que escucho, tal parece que ser joven en este México nuestro es un delito. Desgraciadamente, en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana tal parece que los policías, que son los órganos de guarda de nuestra integridad, son los que nos desgracian”.
En su discurso, repudió los cambios en la información que presentó la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), así como el ocultamiento de datos y actuación sin autorización de la familia al difundir datos sensibles de Marco Antonio a los medios de comunicación.
“¿Por qué presenta vídeos que no nos han enseñado? ¿Por qué da información que a mí no me ha dicho? Nadie le autorizó. Dos días antes, en su Ministerio Público le pedí que no revictimizara más a mi hijo. Los servidores públicos nos tratan como mierda. No puede ser posible eso. Estoy bastante indignada”, concluyó en el mitin que realizaron los universitarios frente al edificio de gobierno de la máxima casa de estudios del país.
En el acto, Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlin Rivera Osorio, la joven cuyo cuerpo fue encontrado atado del cuello en una cabina telefónica en Ciudad Universitaria, hizo un llamado a los padres de los jóvenes víctimas de violencia a conformar un frente y organizarse para denunciar cada uno de los casos.
“Justicia para Marco”
Antes de la concentración en Rectoría, cientos de estudiantes de nivel bachillerato de la UNAM salieron a las calles para exigir justicia y el esclarecimiento del caso de Marco Antonio Sánchez Flores.
El contingente de aproximadamente 250 personas salió de la Escuela Nacional Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz”, ubicada en Lomas de Plateros, en la delegación Álvaro Obregón, y caminó por las avenidas Barranca del Muerto y Revolución hasta Ciudad Universitaria.
El contingente que encabezó la Prepa 8 -donde es estudia Marco- estuvo acompañado por colectivos de estudiantes de las preparatorias 9, 6, 5 y los Colegios de Ciencias y Humanidades Oriente y Vallejo, de la Universidad Nacional.
A la cabeza del grupo también caminaron las madres de cuatros estudiantes víctimas de violencia: Verónica Guadalupe Benítez Vega, víctima de feminicidio en 2016; Luis Roberto Malagón de Gaona, quien fue encontrado asfixiado en 2017; y Lesvy Berlin Rivera Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado atada por el cuello en CU, el 3 de mayo del año pasado.
Los jóvenes corearon “¡Justicia para Marco!” y entre goyas y folletos repartidos de mano en mano, repudiaron la criminalización de los jóvenes por su apariencia, así como la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
“Justicia para Marco. Que desaparezca el gobierno, no la juventud”; “Alto a la Guerra”; “Que la juventud no nos sea indiferente” y “Justicia real para Marco Antonio” fueron las leyendas visibles en algunas pancartas.
Los colectivos arribaron al territorio puma por detrás del estadio de Ciudad Universitaria minutos antes de las 18:00 horas. Luego caminaron por el Circuito Escolar a la altura de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se les unió Edith Flores, la madre de Marco.
En el contingente también marcharon jóvenes encapuchados, quienes realizaron al menos dos pintas sobre Lomas de Plateros y Barranca de Muerto.

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Ya hay 4 policías imputados por caso Marco Antonio

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El procurador de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó este lunes que cuatro policías involucrados en la detención del menor Marco Antonio Sánchez ya están en calidad de imputados.
La carpeta de investigación sobre el caso está en manos de la Fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos.
Garrido no detalló cuál es el sustento o la acusación por la que se está imputando a los policías, aunque familiares del joven y organizaciones sociales han señalado que los agentes incumplieron con los protocolos, al detener a Marco Antonio y no presentarlo ante las instancias correspondientes. Además señalan que la detención fue arbitraria.
“Dependemos del análisis para determinar la conducta o responsabilidad que se les pueda fincar (a los policías)”, dijo el procurador.
Tras la detención, Marco Antonio estuvo desaparecido durante cinco días, hasta que fue ubicado en el Estado de México, con algunos golpes en el rostro.
Desde el pasado 28 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México indicó que había aplicado un arresto interno contra dos de sus elementos, por “la inobservancia de algunos protocolos”.
Muestran cronología con videos
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mostró este lunes una cronología con videos e indicó que esos materiales permiten inferir que el menor Marco Antonio Sánchez fue liberado por policías de la Ciudad de México, 11 minutos después de que lo detuvieran.
Las autoridades aseguraron que el joven que aparece en estos materiales es Marco Antonio, aunque su madre, Edith Flores, dijo que no reconoce a su hijo en esas grabaciones, porque la ropa es distinta a la que le conocían.
En los videos mostrados por la Procuraduría en conferencia de prensa, no se observa el momento exacto en que el joven identificado como Marco Antonio fue liberado por los policías.
Sin embargo, las autoridades lo mostraron caminando libre, y a la patrulla involucrada en el caso en otro punto, unos 11 minutos después de que se diera la detención y comenzaron a trasladarlo en una patrulla (a las 16:42 horas del 23 de enero).
En los videos mostrados, a las 16:54 horas la persona identificada por las autoridades como Marco Antonio caminaba por una banqueta, “aproximadamente 11 minutos después de su detención”. A las 16:55 seguía por el camellón de Avenida Aztacalco, de acuerdo con la Procuraduría.
En otro punto de su presentación, la Procuraduría indicó que “el adolescente fue observado en Tlalnepantla desde las 20:30 horas hasta las 23:30 del día 27 de enero, señalando los testigos que no se le apreciaban lesiones y se encontraba deambulando en el Centro de Trasferencia Modal, en negocios cercanos y en las oficinas del juzgado calificador”.
Cuestionado sobre si los videos demuestran que no existió una desaparición forzada o golpes de policías contra el menor, el procurador Edmundo Garrido dijo que presentaron la cronología en video para tener más elementos sobre el caso y estén a consideración de la ciudadanía, mientras siguen las investigaciones y son recabados más testimonios.
Hasta este lunes, detalló Garrido, el menor Marco Antonio no ha podido presentar su declaración.

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Borundanga, la droga que pudo haber causado daños a Marco Antonio

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Marco Antonio Sánchez, estudiante de la Prepa 8, desaparecido durante cinco días, pudo haber sido obligado a consumir la droga conocida como "borundanga", de acuerdo a los síntomas que presentó al momento de su aparición, dijo la psicóloga clínica defensora de los Derechos Humanos de la Infancia, Nisaly Brito.
El psiquiatra Michael Patrick, en entrevista a la XEW, dijo que esta droga provoca que las personas reciban órdenes, pese a estar en estado inconsciente. La sustancia es de tipo alcaloide, se extrae de la planta brugmansia y puede ser consumida por la vía cutánea, respiratoria o inhalada, informó El Debate.
La droga era utilizada en la antigüedad y en rituales del chamanismo. El psiquiatra dijo que no deja ningún rastro de olor y sabor; las personas que la consumen sienten su cuerpo caliente, su pupila se dilata y cambia su comportamiento.
Asimismo, la "burundanga" es frecuentada en Sudamérica, principalmente en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia, pero su uso en con fines delictivos. Según testimonios de personas que la han consumido, no recuerdan lo que les sucede, cuando vuelven en sí.
Con información de El Debate.

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Nuevo video muestra a Marco un día antes de ser localizado

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En redes sociales se difundió un video donde el joven Marco Antonio aparece, sin golpes aparentes, en la puerta de una casa y toca el timbre durante la madrugada un día antes de ser localizado. 

a las 3:30 horas del 27 de enero en Naucalpan, un día antes de que autoridades mexiquenses lo ubicaran en el municipio de Melchor Ocampo tras ser visto por última vez el 23 de enero durante una detención en Azcapotzalco.

En el video, el joven aparece con un suéter diferente al que tenía el día de su detención y al día de su localización.  Además, no presenta golpes evidentes en el rostro.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que el video donde aparece Marco Antonio en el Estado de México será añadido a la carpeta de investigación sobre el caso del joven y que este material no exculpa a nadie. 

“Hay que esperar a que se tenga información oficial, hasta donde yo tengo entendido este no es un video oficial, no es una información que se tenga… si deberá ser agregada pues que se agregue pero, hay que esperar las comunicaciones oficiales”, dijo Mancera.

“No podemos nosotros adelantar o exculpar a nadie ni dar por terminado ningún tipo de indagatoria. Me parece que muy por el contrario, se tiene que profundizar toda esta investigación, así que vayamos paso a paso y vayamos acompañando”, añadió.

El diagnóstico oficial sobre el estado de salud de Marco Antonio no se ha hecho público. Hasta la mañana de este viernes su padre informó que se le realizó una tomografía.

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¿Quién esconde el expediente médico de Marco Antonio y por qué?

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(SinEmbargo).- La familia de Marco Antonio Sánchez, el joven de 17 años que permaneció desaparecido durante cinco días luego de ser detenido por la policía capitalina, no tiene acceso al expediente clínico del muchacho, confirmaron su padre y los denunciantes que acompañan a los papás en la demanda.
“Hay una resistencia para que la familia tenga copia física e íntegra de los resultados, para que la familia lleve sus estudios con cualquier médico independiente”, dijo Margarita Griesbach, directora asociada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC.
La defensa en el caso de Marco Antonio han interpuesto los recursos necesarios para tener acceso a los resultados de los estudios que se le están realizando en el Hospital Pediátrico Infantil en donde se encuentra actualmente, pero esos recursos legales llevan tiempo.
“La entrega debería de ser inmediata”, indicó Margarita.
Bloquear el expediente genera, por supuesto, una infinidad de sospechas. Los principales sospechosos del estado actual del estudiante, son policías. La autoridad capitalina, desde que Miguel Ángel Mancera es Procurador, tiene infinidad de acusaciones de manipulación de evidencia, de victimización, de filtración de datos sensibles para inculpar a algunos y salvar a otros. Los casos son muchos. Las denuncias han servido poco.
Marco Antonio Sánchez Chávez, padre del joven, confirmó que aún no tiene un diagnóstico del estado de salud del muchacho y que los resultados de los estudios que se le han realizado hasta el momento están en un “sobre cerrado”.
Entre los estudios que le han realizado hay análisis de sangre, orina, tomografías y una resonancia magnética por una “infamación en la cabeza”, explicó el papá.
El papá de Marco tuvo que pagar mil 96 pesos por la tomografía y 90 pesos por la consulta en el hospital, declaró a los medios en una conferencia.
A Marco, agregó, sí lo golpearon en la cara, pues tiene una marca en la frente y un derrame en ambos ojos.
“Podría ser el cabezazo con el casco que su amigo dice que le pegaron los policías”, dijo.
Sánchez Chávez añadió que Marco Antonio ya reconoce a sus papás, y que incluso le dio un beso y un abrazo a su padre.
El padre del joven aclaró que espera que a su hijo le den mejores condiciones en el hospital, pues se encuentra en una cama en donde hay niños que lloran y gritan, lo que provoca la alteración del muchacho.
“Sano se lo llevaron y sano no lo tienen que entregar”, dijo el papá.
EXIGEN INVESTIGACIÓN
La defensa anunció que se tomó la estrategia de un “círculo demandante” de cinco personas defensoras de los derechos humanos que tomarán parte en la demanda interpuesta en el caso de desparición forzada de Marco.
Los demandantes tendrán acceso al expediente y buscarán que las autoridades de la Ciudad de México asuman la responsabilidad de la desaparición forzada.
“La codemanda tiene que ayudar a elevar el costo político para el Gobierno de la Ciudad”, dijo Luis González Placencia, codemandante y director del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional.
José Antonio Guevara, otro de los codemandantes, indicó que el caso de
Marco debe obligar a la autoridad de la CdMx a mejorar su política en materia de detenciones.
“Este caso muestra que no tienen una planeación adecuada de cómo y cuándo pueden detener a las personas”, precisó.
Los codemandantes añadieron que la carga de la prueba está en el joven, pues las autoridades capitalinas esperan a que pueda declarar para saber qué sucedió, cuando deberían aborcarse a investigar los hechos.
“Lo único que pedimos la familia es que investiguen, su obligación es investigar”, dijo el papá de Marco.

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Los familiares de dos policías desaparecidos piden ayuda al cartel de Sinaloa para encontrarlos

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Más de 365 días sin saber de ellos. Ante los ojos de sus vecinos y de sus seres queridos los policías del municipio de Culiacán (Sinaloa), José Antonio Saavedra Ortega y Yosimar García Cruz fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en enero del 2017. A un año de su desaparición, las investigaciones oficiales no avanzan. La desesperación y el dolor han llevado a los familiares a pedir ayuda el cartel de Sinaloa, uno de las estructuras de narcotráfico más poderosas de México.

A través de una carta, los familiares de Saavedra Ortega y de García Cruz solicitan el apoyo del crimen organizado para encontrar a sus seres queridos: “Solo les pedimos a los grandes capos a los jefes del cartel de Sinaloa y a quienes se llevaron a nuestros familiares, que nos ayuden a que puedan regresar o nos digan dónde los pudiéramos encontrar. La peor tortura de las familias es no saber dónde se puedan encontrar nuestros seres queridos. Apelamos a sus grandes corazones, a que nos den un poco de paz, o la paz completa al encontrar a nuestros hijos amados a nuestros hermanos, a nuestra familia”.

El escrito abunda sobre el desgaste físico y emocional que ha significado la captura de los policías para sus allegados. “Acudimos a ustedes rogando y suplicando a su corazón y a su conciencia a que nos ayuden [a] acabar con esta tortura, con este dolor que hemos estado llevando durante un año. Esperamos una respuesta y un milagro y si ustedes nos pueden ayudar a que esto suceda nuestras familias estarán agradecidas de por vida”, se asevera en la carta.

En un país que desconoce el número exacto de las víctimas de desaparición forzada, no es una rareza que los familiares de desaparecidos tomen medidas drásticas para localizar a sus seres queridos. María Isabel Cruz, madre de Yosimar García Cruz, asegura que ante la indolencia de las autoridades para resolver ambos casos, se decidió la redacción de esta misiva. “Mi carpeta [en el Ministerio Público] está vacía completamente, no hay ninguna investigación. Yo lo que quiero es descansar y que mi corazón descanse como madre”, señala. Por esa razón García busca la respuesta del cartel de la droga, liderado por JoaquínEl Chapo Guzmán Loera antes de su detención en enero de 2016.

Con pesar, la mujer detalla que su hijo siguió los pasos de su padre al convertirse en policía de Culiacán, la capital de uno de los Estados más peligrosos de México. Tenía 28 años de edad, cinco dentro de la corporación y planes de casarse en los próximos meses. Su plan de vida se esfumó aquella tarde del 26 de enero de 2017, cuando un grupo de hombres lo sacó a punta de pistola de su casa y lo condujo a un destino incierto. Desde ese día García Cruz formó parte de una siniestra estadística que registra a cerca de 30.000 personas víctimas de desaparición forzada, según los datos oficiales. “Soy realista. Duele el alma, duele el recuerdo, duele todo, yo creo que no lo voy a encontrar con vida”, admite María Isabel, entre sollozos.

En una de las últimas conversaciones de García Cruz con su madre, este le contó sobre la desaparición de su compañero José Antonio Saavedra Ortega. El policía municipal, de 35 años, fue “levantado” por un grupo armado en el trayecto hacia su casa, la madrugada del 23 de enero en Culiacán. Tres días después, García Cruz compartiría el mismo destino. En ambos casos, las pesquisas de la policía apuntaron hacia un ajuste de cuentas contra los agentes, quienes habían participado en detenciones claves contra el crimen organizado del Estado.

Para sus seres queridos, los motivos de estos crímenes pasan ahora a segundo plano ante la urgencia de contar con una ubicación dentro de un mapa. Un par de coordenadas que tal vez sí conozco la delincuencia organizada. “Si la autoridad no nos ayuda, pues nos queda acudir a estas personas [del cartel de Sinaloa], que tienen muchos contactos. No especificamos que sean ellos, simplemente, que como ellos tienen el poder en Sinaloa les pedimos el apoyo”, ha asegurado un familiar de Saavedra Ortega, que ha pedido el anonimato por cuestión de seguridad. María Isabel añade: “Nosotros no buscamos culpables, ni tampoco acusamos a nadie, no sé si ellos [el cartel de Sinaloa] lo hicieron o si no lo hicieron, solo estamos pidiendo su ayuda”.

Los familiares de estos policías coinciden en que esta carta responde a una necesidad de información que no han podido satisfacer las autoridades. Ellos han esperado una respuesta a lo largo de un año, pero no la han obtenido a pesar de la reciente aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un letargo que no se pueden permitir los familiares de los policías, ni los colectivos que cada día salen con palas y picos a tratar de hallar alguna fosa clandestina, algún retazo de ropa en los terrenos baldíos de Sinaloa. El País

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El Presidente Peña promulga ley contra la desaparición forzada

Noticias de Yucatán

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual establece penas de entre 40 y 60 años de prisión para los funcionarios que priven de la libertad a una persona y se nieguen a informar su destino o paradero.

La nueva legislación establece el mecanismo de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, informó Presidencia en un comunicado. 

También establece una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como fiscalías especializadas en los órdenes federal y local.

El evento se realizó en la residencia oficial de Los Pinos y Peña estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Previamente, Peña se reunió con familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones y colectivos y reconoció el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia.

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