La CIDH sepulta la “verdad histórica” del gobierno de Peña en el caso Ayotzinapa

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WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.
El órgano jurídico autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado del estado de Guerrero.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala.
 “La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, sentenció Vargas Silva.
El informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que cumple con las recomendaciones que hiciera en julio de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la misma OEA, es contundente al exponer la falta de interés del gobierno de Pena en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe de la CIDH.
La exigencia general del órgano autónomo de la OEA es que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes”, indicó Abrāo.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva, por ejemplo, mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el exfuncionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

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Pasta de Conchos, el primer caso minero que admite la CIDH

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 (Proceso).- Durante 12 años, los deudos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos recorrieron instancias judiciales intentando que se investigara lo ocurrido, recuperar los cuerpos, obtener indemnizaciones y pensiones justas, además de erradicar la precariedad en las condiciones de seguridad, salud y de derechos laborales prevaleciente en la región carbonífera de Coahuila.
Fue infructuoso. La empresa declaró, con un peritaje de dudoso rigor científico, que era imposible avanzar en el filón. Los gobiernos estatal y federal aceptaron sus argumentos; sin cuerpos, emitieron actas de defunción que se usaron para tasar cotizaciones bajas, dejando a las familias en la miseria sin reconocerles siquiera “interés jurídico” y, con todo eso, fue posible dar carpetazo a la averiguación previa federal abierta por el siniestro del 19 de febrero de 2006, que causó la muerte de 65 trabajadores y daños irreparables a la salud de ocho más.
Con todas las puertas del sistema de justicia cerradas, en 2010 finalmente llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero por condiciones de procedimiento fue hasta el pasado 24 de febrero cuando, con base en el Informe de Admisibilidad 12/18, se aprobó abrir el caso 13.552, lo que se notificó a las víctimas el 26 de marzo.
“Es providencial que el caso se haya admitido en pleno proceso electoral, porque deja en evidencia a una clase política cuya sola existencia revictimiza: son los mismos desde hace 12 años los que ahora se disputan los puestos y eso es una revictimización. ¿Qué clase de país somos si los que engañaron, mintieron, defraudaron, ahora ofrecen cambios?”, plantea Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos laborales, quien acompaña a las familias peticionarias ante la CIDH.
Y es que dicha admisibilidad del caso, si bien no individualiza responsabilidades, arroja los reflectores sobre las acciones y omisiones de funcionarios que, pasando por diferentes áreas de gobierno, eludieron los reclamos de justicia de deudos y familiares, como ha documentado Proceso desde febrero de 2006.
Ocurrió cuando era presidente Vicente Fox –hoy promotor del candidato del PRI José Antonio Meade– y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) era Francisco Javier Salazar Sáenz, hoy candidato suplente al Senado de la alianza Por México al Frente.
Sus respectivos relevos, que persistieron en el cierre de la mina para evitar la investigación, fueron Felipe Calderón –cuya esposa se postuló al mismo cargo– y en la STPS Javier Lozano Alarcón, hoy vocero de Meade.
El accidente ocurrió en instalaciones propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, que preside el magnate Germán Larrea Mota Velasco, cuya empresa recientemente pagó inserciones para descalificar a Andrés Manuel López Obrador, principalmente por incluir al dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia como candidato plurinominal al Senado.
La relevancia de los nombres es por la responsabilidad que tenían en los hechos alegados por los 48 peticionarios, es decir, en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la justicia y a los derechos económicos, sociales y culturales, vulnerados por el Estado mexicano, cuando personalidades vigentes en la arena política de estos días desempeñaban funciones relacionadas con el sector.
En materia penal, como el propio gobierno alegó ante la CIDH, fue una denuncia del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia lo que posibilitó una pifia: el Ministerio Público local, durante el gobierno de Humberto Moreira, admitió una reparación del daño que dejó impunes a funcionarios menores de la STPS y a mandos medios de la empresa.
Para ello, Gómez Urrutia se valió de su segundo de a bordo, quien después fundó su propio sindicato, Carlos Pavón, hoy candidato del PRI-PVEM-Panal a diputado federal plurinominal.
La Familia de Pasta de Conchos, organización civil que acompaña a las víctimas de la minería del carbón y peticionaria en el proceso ante la CIDH, ha evidenciado que por contratos de protección suscritos entre el sindicato y la empresa subsidiaria de Grupo México que operaba la mina colapsada, 35 de los 65 trabajadores no estaban sindicalizados y carecían de derechos laborales fundamentales, por lo que las pensiones a sus deudos resultaron bajas.
En la administración estatal de Humberto Moreira se emitieron actas de defunción ilegales que posibilitaron cálculos pensionarios por debajo de lo que debió ser. Luego hubo otras actas de defunción que operaron a favor de la empresa y ese es uno de los asuntos que se revisará en el mencionado caso ante la CIDH.
En tanto, este organismo interamericano documentó que la PGR archivó la averiguación previa en 2008. Sin embargo, en 2012 fue reactivada hasta que en 2015 se decretó la prescripción del delito, por lo que los asuntos pendientes del caso fueron turnados al fuero común en Coahuila.
Aunque la CIDH no lo expone, Proceso documentó desde 2006 que, al iniciar la administración de Enrique Peña Nieto, la PGR a través de su Subprocuraduría de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos reabrió el caso y con esa bandera se presentó el entonces subprocurador, el panista Ricardo García Cervantes.
Las demoras y la renuncia de García Cervantes a finales de 2014 sepultaron el caso. Este semanario tiene copia del oficio de traslado al fuero común coahuilense durante el mandato de Rubén Moreira, hoy el principal operador electoral del comité nacional del PRI.
La admisión del caso
Los alegatos del Estado mexicano ante la CIDH son los mismos que se hicieron valer en tribunales nacionales y que, en general, partían de la falta de reconocimiento de interés jurídico de los deudos. Pero ahora el organismo internacional los rechazó.
La razón: en su Análisis de los Hechos Alegados, la CIDH incluso le recuerda al Estado mexicano que la calidad de víctima se determina con base en la normatividad del Sistema Interamericano y no de las instancias internas del Estado parte. Esto es que, aun cuando las leyes mexicanas no reconozcan el interés jurídico de las víctimas, la CIDH conforme a sus propias normas sí puede hacerlo.
Con las pruebas y argumentos jurídicos presentados por los deudos, relacionadas con la mala calidad de las inspecciones y la falta de debida diligencia en la recuperación de cuerpos, la investigación, la reparación del daño e indemnización a los familiares, existen elementos que podrían caracterizar la violación de derechos contemplados en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos.
En sus alegatos, el Estado mexicano aseguró que se había demostrado la eficacia del sistema de justicia en materia penal, laboral y administrativa; también, que se pagaron indemnizaciones; que ninguna familia apeló el sobreseimiento de la averiguación previa federal y, aprovechando que aún se desahoga un procedimiento en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), intentó evitar el procedimiento ante la CIDH.
Entonces la CIDH terminó por desechar también este último alegato con el que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto intentaron evitar que se abriera el caso, pues el organismo interamericano explicó que no hay relación entre el caso de la OIT y el de la CIDH, ni son equivalentes.
Finalmente, sobre la eficacia de la justicia mexicana, la CIDH deja a salvo los procesos que puedan estar en curso, advirtiendo que analizará en la etapa procesal correspondiente si en México se cumplieron las garantías de debido proceso y protección judicial, y si se ofrecieron las garantías judiciales pertinentes a las presuntas víctimas.
Un mensaje a los gobiernos
Para Auerbach Benavides, la admisión del caso impacta en distintas dimensiones. Destaca, por ejemplo, que el asunto se haya admitido tras rechazar todos los alegatos del Estado mexicano que aquí se hicieron valer contra las familias.
“Lo primero es que la CIDH dice que las familias tienen razón. Esta admisión, si bien es para hacer un informe de fondo, podemos considerar algo muy relevante: que ninguno de los argumentos que presentó el gobierno se dio por válido y que la representación del Estado no pudiera combatir ni descalificar, desde 2010, los alegatos de las víctimas. Simplemente no pudieron”, afirma en entrevista con Proceso.
Auerbach, que se mantiene cercana al caso desde pocos días después del siniestro, hace notar que por primera vez queda demostrado, gracias al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que Pasta de Conchos no se trata sólo de 64 viudas con sus hijos, sino que va más allá, a la afectación de familias enteras y de una región que se ha visto históricamente sometida por las mineras.
La petición ante la CIDH fue firmada por 48 familiares directos, es decir, viudas e hijos de los mineros que quedaron atrapados en el filón, pero también por la familia extendida, para sumar 582 peticionarios, acompañados por las mencionadas organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Creo que es el primer caso, y si no uno de los primeros, en el que el Sistema Interamericano admite un asunto que implica a una compañía minera. Y es importante que esa compañía sea Grupo México porque, no obstante todas las irregularidades que había, el Estado estuvo dispuesto a sacrificar a las familias para proteger a esa empresa”, sostiene.
En un análisis más interpretativo, Auerbach advierte que la protección de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tenía el objetivo de enviar un mensaje a la inversión extranjera: pueden hacer lo que quieran porque las autoridades están dispuestas a protegerlas.
“Esta admisión del caso ante la CIDH, ahora, debe enviar el mensaje y dejar claro que los Estados no deben ni pueden querer proteger a una empresa por encima de la protección de los ciudadanos”, subraya.
En los alegatos de las víctimas hay una secuencia lógica, que Auerbach explica: estuvo mal lo que hicieron Felipe Calderón y Javier Lozano al cerrar todas las posibilidades de justicia; estuvo mal lo que hicieron los hermanos Moreira al emitir actas de nacimiento ilegales y no actuar cuando la PGR les derivó el expediente.
Entre los agentes nocivos para las familias, la especialista incluye la venta de contratos de protección y las negociaciones ilegítimas de emplazamientos por parte de Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Pavón, así como sus acciones judiciales perniciosas para los deudos.
Sobre todo, advierte, es una vergüenza para el país que Fox y Salazar Sáenz permitieran, con su laxitud, que esa mina operara.
Peor aún, considera los esfuerzos de esas autoridades para “querer hacer ver y convencer a la opinión pública de que en Pasta de Conchos ocurrió un accidente, cuando fue un siniestro por negligencia de gobierno y empresa”.

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Ley de Seguridad Interior y caso Ayotzinapa, temas que México expondrá ante la CIDH

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(apro).- El gobierno de la República informó que participará en el 167º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuyo marco se realizarán dos audiencias públicas y distintas reuniones de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 1 y 2 de marzo.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), y la Procuraduría General de la República (PGR), precisaron que la representación del gobierno de México incluirá funcionarios de alto nivel de esas dependencias, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
De acuerdo con el texto, las dos audiencias públicas abordarán aspectos relacionados con la Ley de Seguridad Interior –aprobada por el Congreso de la Unión y actualmente bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014.
En el primer caso, apunta, la audiencia ofrecerá una oportunidad para compartir con la CIDH información actualizada sobre la Ley de Seguridad Interior y sobre su contenido y alcances, incluido lo que se refiere a los aspectos que contempla en materia de respeto y protección de los derechos humanos, entre otros.
En el caso de la audiencia sobre el caso Ayotzinapa –abunda–, la representación gubernamental ofrecerá información actualizada a la CIDH y a los representantes y familiares de los normalistas, sobre los desarrollos en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
“En específico, se compartirán los desarrollos en el seguimiento a un cronograma detallado de acciones que en su momento fue acordado por las partes, así como en lo que se refiere a la voluntad del gobierno de procurar la atención integral a las víctimas, a través de esquemas acordados de atención psicosocial”, puntualiza el comunicado.
Y recalca que la participación en las audiencias y en las reuniones de trabajo sobre otros casos de medidas cautelares y soluciones amistosas “permitirá reafirmar el compromiso del gobierno de la República con el importante mandato de la CIDH en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio”.

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La Ley de Seguridad Interior, al banquillo de los acusados en la CIDH

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(apro).- Este viernes 2 de marzo, la Ley de Seguridad Interior será llevada a discusión en el contexto del 167 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolla en Bogotá, Colombia.
La audiencia pública fue promovida por organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, así como agrupaciones internacionales, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otras que decidieron monitorear la aplicación de la ley, promulgada en diciembre pasado por Enrique Peña Nieto.
El colectivo #SeguridadSinGuerra explicó que, tras la promulgación, decidió acudir a la CIDH “con el objetivo de denunciar que dicha ley perpetuará el fallido modelo de seguridad que ha abonado a que hoy exista una crisis de derechos humanos”.
En un pequeño comunicado, el colectivo advierte que durante la audiencia se pondrá énfasis en que “el revertir esta legislación depende ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, órgano jurisdiccional ante el que se han interpuesto diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Para dar respuesta a la exposición de los integrantes del colectivo y de las organizaciones internacionales participantes, durante la audiencia participará también una representación del Estado mexicano, encabezado por personal de la Cancillería.
Ese mismo viernes se llevarán a cabo una audiencia de supervisión del Mecanismo de Seguimiento del caso de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, hace más de tres años en Iguala, Guerrero, y que fue convocada por la CIDH.
El lunes pasado, padres y madres de los jóvenes desaparecidos insistieron en su exigencia por esclarecer los hechos y localizar a los 43 normalistas, durante una marcha por las calles de la Ciudad de México a 41 meses de ocurridos los hechos.

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La CIDH emitirá recomendaciones por el caso Marco Antonio

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(apro).- A un mes de la recuperación con vida del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, la Procuraduría capitalina “sigue sin investigar e informar qué sucedió” al jovencito durante los cinco días posteriores a su desaparición, “en los que no se tiene registro de evidencia ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico”, denunciaron organizaciones sociales.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP), que representan a Marco Antonio y a su familia, expresaron su preocupación debido a que al adolescente se le continúan vulnerando sus derechos.
“Se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente”, consideraron las organizaciones, tras advertir que “sin un cambio de voluntad política desde el jefe de gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, será imposible garantizar la justicia e integridad de este adolescente, víctima de la policía de la Ciudad de México”.
Las organizaciones recordaron que la relatora de México y sobre los derechos de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, ha estado en contacto con la familia de Marco Antonio, y ya solicitó al Estado mexicano información sobre el caso, plazo que venció el martes 20, en que la Cancillería debió haber enviado un reporte a la Comisión, organismo que “en breve” anunciará “las medidas que determine para proteger al adolescente víctima de una posible desaparición forzada”.
Las organizaciones valoraron positivamente que la PGR anunciara la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, “lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México”, por lo que exigieron que se realizara una investigación independiente de la llevada a cabo por la PGJCDMX, en la que la defensa identificó que “se encuentra llena de inconsistencias”.
Al exigir que la indagatoria en la PGR se lleve a cabo “con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la CIDH”, las organizaciones que representan al joven y a su familia anunciaron que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) “se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que pueda ofrecer a la familia una opinión independiente y recomendaciones para su tratamiento, mismos que reduzcan los posibles daños en este adolescente”, de manera que “bajo criterio de trabajo colegiado, confidencialidad y enfoque de derechos humanos”, se tenga certeza sobre su situación de salud y la alternativas de atención.
Las ONG también hicieron un recuento de la forma en que fue detenido de manera arbitraria el adolescente, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México del Sector Hormiga en la delegación Azcapotzalco, el martes 23 de enero, y cómo fue entregado a su padre cinco días después en el Estado de México.
Igual lamentaron que “las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a ‘un error de protocolo’ y ‘abuso de autoridad’.
Además, acusaron, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y, peor aún, se litigó el caso en los medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; y también se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público”.
Las organizaciones destacaron que, durante estos días, la defensa ha promovido dos amparos, uno para proteger a la familia y al principal testigo de la detención, del hostigamiento del que fueron víctimas, y otro para obligar “a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, con un enfoque diferencial y especializado por ser una víctima adolescente”.
Las organizaciones reconocieron la labor de reporteros y medios de comunicación que, “aun frente a nuevos intentos de filtración de presuntos estudios toxicológicos para criminalizar a Marco, ejercieron la ética periodística al no replicarlo y no sumarse a la violación del amparo de la justicia federal que protege su derecho a la privacidad y a no ser victimizado”, por lo que llamaron a los comunicadores a “actuar bajo esta lógica y respetar la decisión de la familia de no hacer pública su condición médica”.

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