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Durante la clausura del tercer período ordinario del
tercer año de ejercicio constitucional, y a propuesta de la diputada priista
Celia Rivas Rodríguez, la LXI Legislatura avaló por unanimidad la integración
de la Diputación Permanente.
Ésta se instaló al finalizar la sesión ordinaria y estará en funciones
hasta el 31 de agosto, quedando de la siguiente manera: Daniel Granja Peniche,
presidente; Marco Novelo Rivero y David Barrera Zavala, secretarios; Celia
Rivas, vicepresidenta; y Enrique Febles Bauzá y Marbellino Burgos Narváez,
secretarios suplentes.
Los diputados también aprobaron por unanimidad reincorporar a Evelio Dzib
Peraza (PRI) y Jazmín Villanueva Moo (Morena) a las comisiones permanentes, de
las cuales eran integrantes antes de solicitar licencia.
La jornada se inició a las ocho de la mañana con la lectura del orden del
día, seguido de la lectura de la síntesis del acta de la sesión con fecha 11 de
julio.
Entre los asuntos en cartera, las fuerzas políticas aprobaron por
unanimidad la ratificación de José Luis Sánchez González como consejero
consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) por un nuevo
período de tres años.
Para ocupar los espacios restantes en la Codhey se eligieron con 21 votos
a favor a Yuli Chapur Zahoul, con 23 votos a Anel Rosado Lara y con 20 votos a
Mauricio Estrada Pérez.
El PRI, PAN, Panal y PVEM avalaron crear la nueva Ley de Videovigilancia,
que establece que las personas tienen el derecho a ser informadas de los
lugares donde se realizan estas actividades, así como recibir información
accesible y precisa para ejercer sus derechos a la intimidad y protección de
datos personales.
El priista Antonio Homá Serrano explicó que la nueva Ley de
Videovigilancia propone regular su funcionamiento local y los criterios para su
adquisición, ubicación, instalación, administración y gestión de su operación,
así como el uso de la información.
Además, dijo, se reforma la Ley de Desarrollo Inmobiliario para que los
fraccionamientos estén obligados a instalar cámaras de videovigilancia y se
refuerce la seguridad pública y convivencia pacífica.
Con voto en contra, Jazmín Villanueva Moo, de Morena, señaló que el
dictamen no contenía elementos propios de un análisis de profundidad ni la
opinión de expertos u organizaciones civiles, por lo que carece de un análisis
comparativo.
Se aprobó también por unanimidad crear la Ley de Salud Mental, de la cual
el panista Manuel Díaz Suárez indicó que servirá para abatir la depresión,
enfermedades mentales y el suicidio, dotando de una herramienta legislativa que
permita afrontar los trastornos mentales como epidemia y hacer justicia a todas
las personas con estos padecimientos.
Luego informó que en Yucatán el número de consultas por depresión aumentó
en un 50 por ciento, se han registrado 134 suicidios en 2018, cada 33 horas un
yucateco se priva de su vida y han superado los motivos de muerte por arriba de
los accidentes y los homicidios.
