Noticias de Yucatán
(apro).- A un mes de la recuperación con vida del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, la Procuraduría capitalina “sigue sin investigar e informar qué sucedió” al jovencito durante los cinco días posteriores a su desaparición, “en los que no se tiene registro de evidencia ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico”, denunciaron organizaciones sociales.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP), que representan a Marco Antonio y a su familia, expresaron su preocupación debido a que al adolescente se le continúan vulnerando sus derechos.
“Se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente”, consideraron las organizaciones, tras advertir que “sin un cambio de voluntad política desde el jefe de gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, será imposible garantizar la justicia e integridad de este adolescente, víctima de la policía de la Ciudad de México”.
Las organizaciones recordaron que la relatora de México y sobre los derechos de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, ha estado en contacto con la familia de Marco Antonio, y ya solicitó al Estado mexicano información sobre el caso, plazo que venció el martes 20, en que la Cancillería debió haber enviado un reporte a la Comisión, organismo que “en breve” anunciará “las medidas que determine para proteger al adolescente víctima de una posible desaparición forzada”.
Las organizaciones valoraron positivamente que la PGR anunciara la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, “lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México”, por lo que exigieron que se realizara una investigación independiente de la llevada a cabo por la PGJCDMX, en la que la defensa identificó que “se encuentra llena de inconsistencias”.
Al exigir que la indagatoria en la PGR se lleve a cabo “con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la CIDH”, las organizaciones que representan al joven y a su familia anunciaron que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) “se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que pueda ofrecer a la familia una opinión independiente y recomendaciones para su tratamiento, mismos que reduzcan los posibles daños en este adolescente”, de manera que “bajo criterio de trabajo colegiado, confidencialidad y enfoque de derechos humanos”, se tenga certeza sobre su situación de salud y la alternativas de atención.
Las ONG también hicieron un recuento de la forma en que fue detenido de manera arbitraria el adolescente, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México del Sector Hormiga en la delegación Azcapotzalco, el martes 23 de enero, y cómo fue entregado a su padre cinco días después en el Estado de México.
Igual lamentaron que “las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a ‘un error de protocolo’ y ‘abuso de autoridad’.
Además, acusaron, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y, peor aún, se litigó el caso en los medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; y también se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público”.
Las organizaciones destacaron que, durante estos días, la defensa ha promovido dos amparos, uno para proteger a la familia y al principal testigo de la detención, del hostigamiento del que fueron víctimas, y otro para obligar “a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, con un enfoque diferencial y especializado por ser una víctima adolescente”.
Las organizaciones reconocieron la labor de reporteros y medios de comunicación que, “aun frente a nuevos intentos de filtración de presuntos estudios toxicológicos para criminalizar a Marco, ejercieron la ética periodística al no replicarlo y no sumarse a la violación del amparo de la justicia federal que protege su derecho a la privacidad y a no ser victimizado”, por lo que llamaron a los comunicadores a “actuar bajo esta lógica y respetar la decisión de la familia de no hacer pública su condición médica”.
(apro).- A un mes de la recuperación con vida del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores, la Procuraduría capitalina “sigue sin investigar e informar qué sucedió” al jovencito durante los cinco días posteriores a su desaparición, “en los que no se tiene registro de evidencia ni una explicación sobre lo que le hicieron para presentar un severo cuadro de daño psicológico y posiblemente neurológico”, denunciaron organizaciones sociales.
En un comunicado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y el Instituto para la Justicia Procesal Penal (IJPP), que representan a Marco Antonio y a su familia, expresaron su preocupación debido a que al adolescente se le continúan vulnerando sus derechos.
“Se continúa dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente”, consideraron las organizaciones, tras advertir que “sin un cambio de voluntad política desde el jefe de gobierno, el procurador y el secretario de Seguridad Pública, será imposible garantizar la justicia e integridad de este adolescente, víctima de la policía de la Ciudad de México”.
Las organizaciones recordaron que la relatora de México y sobre los derechos de la niñez de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, ha estado en contacto con la familia de Marco Antonio, y ya solicitó al Estado mexicano información sobre el caso, plazo que venció el martes 20, en que la Cancillería debió haber enviado un reporte a la Comisión, organismo que “en breve” anunciará “las medidas que determine para proteger al adolescente víctima de una posible desaparición forzada”.
Las organizaciones valoraron positivamente que la PGR anunciara la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, “lo cual permitirá que se amplíen las pesquisas hacia la policía y autoridades del Estado de México”, por lo que exigieron que se realizara una investigación independiente de la llevada a cabo por la PGJCDMX, en la que la defensa identificó que “se encuentra llena de inconsistencias”.
Al exigir que la indagatoria en la PGR se lleve a cabo “con la coadyuvancia y participación activa de la familia de Marco, su equipo de defensa y la supervisión de organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la CIDH”, las organizaciones que representan al joven y a su familia anunciaron que con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) “se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que pueda ofrecer a la familia una opinión independiente y recomendaciones para su tratamiento, mismos que reduzcan los posibles daños en este adolescente”, de manera que “bajo criterio de trabajo colegiado, confidencialidad y enfoque de derechos humanos”, se tenga certeza sobre su situación de salud y la alternativas de atención.
Las ONG también hicieron un recuento de la forma en que fue detenido de manera arbitraria el adolescente, por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México del Sector Hormiga en la delegación Azcapotzalco, el martes 23 de enero, y cómo fue entregado a su padre cinco días después en el Estado de México.
Igual lamentaron que “las acciones de las autoridades de la Ciudad de México se han mantenido en la negativa de reconocer e investigar con el estándar más alto posible este hecho delictivo, reduciéndolo a ‘un error de protocolo’ y ‘abuso de autoridad’.
Además, acusaron, se han filtrado de forma permanente informaciones de la carpeta de investigación con el objetivo de criminalizar al adolescente y, peor aún, se litigó el caso en los medios de comunicación poniendo a disposición de los policías denunciados recursos institucionales para intimidar a la víctima y su familia; y también se negó el acceso a la carpeta de investigación y al expediente médico por instrucciones del Ministerio Público”.
Las organizaciones destacaron que, durante estos días, la defensa ha promovido dos amparos, uno para proteger a la familia y al principal testigo de la detención, del hostigamiento del que fueron víctimas, y otro para obligar “a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, con un enfoque diferencial y especializado por ser una víctima adolescente”.
Las organizaciones reconocieron la labor de reporteros y medios de comunicación que, “aun frente a nuevos intentos de filtración de presuntos estudios toxicológicos para criminalizar a Marco, ejercieron la ética periodística al no replicarlo y no sumarse a la violación del amparo de la justicia federal que protege su derecho a la privacidad y a no ser victimizado”, por lo que llamaron a los comunicadores a “actuar bajo esta lógica y respetar la decisión de la familia de no hacer pública su condición médica”.
