¿Cómo pueden desaparecer en la nada 2 mujeres y 10 hombres? Fue en Hidalgo

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(SinEmbargo).– Doce personas, diez hombres y dos mujeres, desaparecierondesde el 4 de septiembre en el municipio de Huichapan, Hidalgo, y hasta el momento siguen sin tener un rastro de ellas, solo se han localizado los tres vehículos que presuntamente tripulaban. Cecilia García, familiar de cuatro de los desaparecidos, reprocha que las víctimas sean criminalizadas al ser relacionadas con bandas de ladrones de combustible.
“No han encontrado nada, no me han avisado de algo relevante sobre mis familiares. Hasta ahorita no me han dicho nada”, lamenta.
La mujer denuncia que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) actuaron con demora y que iniciaron la indagatoria cuando el caso ya estaba en los medios de comunicación.
 “Cuando se les dijo el primer día, cuando fui a decir que estaban desaparecidos no hicieron nada, y hasta la semana estaban haciendo algo, ¡no hicieron nada desde el principio! Si hubieran hecho algo desde el principio quizá los hubiéramos encontrado”, reclama.
Las personas desaparecidas son Floriberto Silva Trinidad de 47 años y su hijo Moisés Arturo García Romero, 22 años; Maricela Duarte Camacho, 39 años; los primos Uriel Hernández Alonso, 23 años; José Rodrigo Alonso, 18 años; Brenda Saraí Cabañas Olvera, de 24 años; Salomon Cerro Ramírez, Jorge Alberto Hernández, Jorge Juan Mirando, y otras tres personas más identificadas solo con los nombres de Jeremías, José y Oscar.
Cecilia, hija de Floriberto, hermana de Moisés Arturo y pareja de Uriel Hernández, comenta que sus familiares son originarios de Baja California y comerciantes de ropa y calzado.
“Mi papá es bueno para vender ropa, le gusta eso. Mi hermano, mi novio y el primo de mi novio le ayudaban a mi papá” detalla.
La joven narra que el martes 4 de septiembre ella y sus familiares estaban en su casa, ubicada en el municipio de Ixmiquilpan, y por la noche, “ellos dijeron que querían salir. No sé que iban a festejar, pero que querían salir, la mayoría eran puros hombres. Mi novio me invitó pero yo no quise ir, me quise quedar a descansar porque estoy embarazada. Entonces me quedé en casa y ellos salieron”.
Cecilia señala que al ver que no llegaban del festejo le marcó a su novio Uriel. Era alrededor de la 1:40 de la madrugada del miércoles. Esa fue la última comunicación que tuvo con él.
 “Yo le hablé, le pregunté dónde estaban y me dijo que estaba en Huichapan, que estaban en la glorieta, que ahí estaban todos parados, no sé que persona estaban esperando, me dijo: ‘Ahorita te regreso la llamada’ y me colgó. A mí me ganó el sueño y me dormí”, relata.
Cecilia recuerda que al despertar notó que sus familiares no habían llegado, lo cual le extrañó porque “jamás la dejaban sola”. Cecilia volvió a marcar a Uriel, pero solo escuchaba la grabación de “fuera del área de servicio”. La joven dice que pensó que posiblemente estaban en una zona sin señal.
Posteriormente marcó a su hermano Moisés, a su papá Florentino, a la novia de su papá, Maricela Duarte, pero ninguno respondió. “Es cuando me di cuenta que algo estaba mal porque ninguno me contestaba el teléfono”, apunta.
Cecilia comenta que se dirigió al municipio de Huichapan, que está a una distancia de unos 45 – 50 minutos en auto. “Cuando llegué, ahí estaban los vehículos. Primero hallé el de mi novio. Cuando vi los carros estaban intactos, no tenían ningún daño, no había nada solo estaban los carros solos y con las llaves puestas”.
Las tres unidades, detalla, fueron halladas en diferentes puntos del pueblo de Huichapan. La camioneta Armada gris, propiedad de Florentino, estaba cerca de la Glorieta del pueblo, y el vehículo de Moisés Arturo en el corralón.
La joven acudió a la policía para tratar de interponer el reporte de la desaparición de las doce personas, pero “me dijeron que tenía que pasar 72 horas, porque apenas hacía unas horas que había pasado. Yo pensé: ‘Bueno, igual al rato ellos me llaman, pero no. Pasaron horas horas y nada”.
Al día siguiente trató de investigar por su propia cuenta el paradero de sus familiares.“Yo con la desesperación empecé a publicar sus fotos en  Facebook y a contactar a periódicos locales”.
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Después de las 72 horas, la joven regresó al Ministerio Público de Ixmiquilpan en donde interpuso la denuncia que quedó asentada en el expediente 07-2018-01319.
La PGJEH informó en un boletín de prensa que el Distrito Judicial de Ixmiquilpan “inició entre el 04 y el 05 de septiembre del año en curso, cinco carpetas de investigación por 12 personas no localizadas”.
Es decir, la PGJEH afirma que habrían iniciado la investigación de manera inmediata. Sin embargo, de acuerdo a la narración de la víctima, no le permitieron interponer la denuncia hasta después de transcurrir 72 horas, es decir, hasta el 7 de septiembre.
Aún más, el comunicado de la dependencia señala que “se dispuso de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS); en primer lugar para privilegiar la localización de las personas desaparecidas y también para conocer lo ocurrido y […] desde que se iniciaron las carpetas de investigación, se activó el protocolo de búsqueda y localización de personas a la par de las acciones de inteligencia que puso en marcha la Policía Investigadora”.
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NO ERAN HUACHICOLEROS
Cecilia expresa que las personas desaparecidas, al menos cinco de ellos, son comerciantes de ropa. Compran pacas y las revenden por pieza.
En medios locales y de la región de Huichapan trascendió la versión –presuntamente difundida por fuentes internas a la investigación– de que las personas desaparecidas podrían ser víctimas de una banda de huachicoleros o que podrían tener una relación debido a la zona en la que ocurrieron los acontecimientos.
Cecilia, familiar de parte de las víctimas, reprocha que liguen a su esposo, padre y hermano con los llamados huachicoleros.
“Ni por la menté me pasó que ellos hayan sido víctimas de banda de huachicolero. Yo nunca he conocido a un huachicolero, ni nada de eso. Yo estaba viendo en las notas como que acusan y señalan a mi familia de ser huachicoleros, pero no saben lo que están hablando, no sé porque publican eso. No sé porque creen que porque somos de allá (Baja California) ya todos somos huachicoleros , y no es así”, dice indignada.
La joven explica que ella, su hermano, su novio, el primo de su novio son originarios de Baja California, y que estaban por un tiempo de Ixmiquilpan para ayudar a su papá.
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“Nos fuimos para Hidalgo porque mi papá tiene a casi toda su familia en el estado de Puebla. Mi abuelo y mi familia están ahí en Ixmiquilpan, por eso es que mi papá se fue para allá. Nosotros no conocíamos a los familia de mi papá y fuimos para conocerlos a ayudar a mi papá a hasta que se estableciera y pues pasó esto [la desaparición]”, lamenta.
Uriel Hernandez, pareja de Cecilia, actualmente apoyaba a su suegro en la venta de ropa. La joven platica que Uriel era estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, y le faltaba un año para terminar la carrera de Administración de Empresas. “Le ayudaba a mi papá para juntar dinero y terminar la escuela”.
Moisés Arturo, hermano de Cecilia, también es padre de familia. Su esposa sigue en Baja California y al igual de Uriel, espera a una bebé que nacerá en noviembre.
La joven pide apoyo a la sociedad para difundir su caso y si alguien tiene información que proporcione los datos que ayuden a la localización de las 12 personas.
“Si alguien ha visto algo, o vio algo, que nos avisen que no se queden callados”, llama.

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Javier Duarte intenta deslindarse por fosas clandestinas de Veracruz

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En un texto enviado desde prisión, el exgobernador cuestionó la veracidad de la información del Fiscal estatal Jorge Winckler, quien aseguró que los cuerpos tenían al menos dos años bajo tierra
México.- J. Duarte, preso por acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa, acusó que la Fiscalía del estado pretende deslindarse de su responsabilidad ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos de al menos 166 personas.
En un texto enviado a la Agencia de Noticias Reforma, el exgobernador veracruzano cuestionó la veracidad de la información del Fiscal estatal Jorge Winckler, quien aseguró que los cuerpos tenían al menos dos años bajo tierra.
Consideró que es imposible determinar "a la ligera y sin ningún soporte técnico"que los restos tenían ese tiempo de haber sido enterrados.
"Pareciera que el actual titular de la Fiscalía tiene el único propósito de deslindarse de este hecho y no en hacer correcta y profesionalmente su trabajo, dando declaraciones sin tener sustento técnico forense alguno. Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto para los familiares de las víctimas", indica.
Cabe señalar que el lugar se localizaron también 200 prendas y 114 identificaciones, así como diversos accesorios y artefactos personales.
Por otra parte Reforma dio a conocer que se espera la colaboración de la División Científica de la Policía Federal, en fechas próximas, el sitio del hallazgo se mantiene en sigilio por la carpeta de investigación.
Asimismo la agencia de noticias dijo que el Fiscal General de Veracruz Jorge Winckler Ortíz informó que en agosto pasado localizó un punto en la zona centro del Estado donde los restos de al menos 166 personas quienes habrían sido inhumados de manera clandestina.

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Madre de desaparecidos propone un trueque a López Obrador para otorgar el perdón a victimarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con cuatro de sus ocho hijos desaparecidos, María Elena Herrera, quien en 2011 increpó a Felipe Calderón Hinojosa en el Castillo de Chapultepec, ofreció una “trueque” al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a las familias de víctimas que otorguen “perdón” a los victimarios en aras de la pacificación y la reconciliación.
“Si a mí me demuestran con trabajos, con hechos, de que están solucionando el problema, de que ya no habrá más desapariciones y que nos ayuden a dar con el paradero de nuestros seres queridos, estoy dispuesta a perdonar”, emplazó Herrera, figura emblemática del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), y quien junto con su hijo Juan Carlos Trujillo fundó Familiares en Búsqueda, María Herrera AC y Enlaces Nacionales, colectivos que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Herrera Magdaleno participó en un acto en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para recordar que, un día como hoy, hace diez años, le fueron arrebatados sus hijos Raúl y Salvador, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, experiencia que repetiría la familia Trujillo Herrera dos años después. En 2010, Luis Armando y Gustavo fueron desaparecidos en el estado de Veracruz.
La fecha emblemática de la desaparición de Raúl y Salvador Trujillo Herrera coincide con los 40 años en que madres de desaparición forzada durante la “guerra sucia”, lideradas por Rosario Ibarra de Piedra, iniciaron una huelga de hambre en el atrio de la Catedral de la Ciudad de México, con la exigencia de la presentación con vida de las víctimas.
En junio de 2011, en el Castillo de Chapultepec, en una reunión con víctimas encabezada por Felipe Calderón y Javier Sicilia, María Elena Herrera Magdaleno recriminó al entonces presidente que había perdido cuatro hijos “en está guerra que ustedes iniciaron en nuestro nombre, pero que nosotros no aceptamos”.
Ahora Herrera Magdaleno, quien destaca por su actividad dentro del MPJD como partícipe de las caravanas del norte y sur, advirtió su disposición personal a perdonar, “siempre y cuando nos entreguen a todas y cada una de las personas que nos faltan en nuestros hogares, de esta forma me van a reparar a mí el daño”.
Tras puntualizar que es probable que familias que sufren la misma tragedia “a lo mejor no están dispuestas a perdonar”, Herrera Magdaleno destacó que, desde que empezó su lucha a favor de los desaparecidos, “he sido una piedra, una roca en los zapatos de las autoridades”.
A unos meses de que asuma el nuevo gobierno de López Obrador, cuyos colaboradores han tenido acercamientos con los colectivos de desaparecidos, entre ellos el de Herrera Magdaleno, la activista ofreció colaborar para avanzar en la localización de los miles de ausentes que hay en el país.
“Les he dicho a las personas que van a entrar (a gobernar), estoy dispuesta a quitar esa roca de su zapato para que podamos caminar juntos y podamos solucionar los problemas juntos.
“Les he pedido también que tomen todo esto que hemos venido haciendo respecto de las búsquedas, como un camino marcado, que muy lejos de impedir el trabajo que se está realizando en las búsquedas, nos acompañen y nos den las facilidades para seguir buscando, porque si ellos empiezan de cero, les va a dar mucho trabajo, pero si toman el trabajo que ya se ha realizado, para ellos será más fácil caminar”, apuntó Herrara Magdaleno, enjugándose las lágrimas.
Al señalar que, a lo largo de su búsqueda, la de sus hijos y de otros tantos desaparecidos, descubrió que lo que había en México era “un narco-gobierno”, María Herrera insistió en su llamado a contribuir a la pacificación del país.
“Eso sería el trueque que yo ofrezco al gobierno, que se pongan a trabajar, que trabajen con dignidad, que pare el sufrimiento de tantas madres, tantos familiares y que todo vuelva a la normalidad en el país; para los que ya perdimos, el dolor va a seguir, pero sería una satisfacción para mí el ver que están trabajando y que esto ya no va a seguir sucediendo”, emplazó.
La mujer, que se reconoce a sí misma, ya no con su nombre propio, sino como “el rostro y la voz de miles de madres que sufren” por la ausencia de sus hijos, advirtió sobre la urgencia de atender a los miles de hijos de desaparecidos que, como sus nietos, “están ahí sufriendo y hasta la fecha no ha habido quién se digne a voltear a verlos, ni el gobierno ni la sociedad, ni nadie hace nada por esos niños”.
Luego agregó que hasta ahora no se ha tomado en cuenta que los menores “están sufriendo en silencio el dolor, la pérdida la falta de la figura paterna o materna en miles de hogares, y que eso puede ser terrible, porque si no los atendemos, el día de mañana estos niños serán los futuros delincuentes y somos nosotros los que los estamos fabricando, los estamos alimentando”.
En el evento en el que se recordaron los diez años de la desaparición de los Trujillo Herrera y los 40 de la huelga de hambre de las madres de las víctimas de la “guerra sucia”, participaron los académicos Ileana Íñiguez y Pietro Ameglio, así como Alan García en representación de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como el exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Santiago Corcuera.
Los ponentes reconocieron la labor de María Herrera Magdaleno para visibilizar la lucha de los familiares de desaparecidos, así como los esfuerzos organizativos para realizar búsquedas de restos en fosas clandestinas.

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Exfiscal de Veracruz ocultó hallazgo de cuerpos por órdenes de Duarte, ex gobernador del PRI

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Javier Duarte obligó al exfiscal de Veracruz ocultar 13 de los 19 cadáveres hallados en una barranca
El exfiscal de Veracruz, Luis Ángel B. C., detenido este domingo en la Ciudad de México, ocultó información sobre el hallazgo de 19 cuerpos en la barranca de La Aurora, por órdenes del entonces gobernador, Javier Duarte.
Durante la primer audiencia de Luis Ángel, el exsecretario de Seguridad Pública detalló que Duarte de Ochoa tomó la decisión de no decir que fueron 19 los cuerpos encontrados para evitar más problemas.
Lo anterior, porque consideró que estaba muy reciente el caso de los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca.

De esta forma, el exfiscal ordenó al entonces director de Servicios Periciales recoger los restos de 13 víctimas en una diligencia especial. Asimismo, planeó trasladar los restos de uno de los muertos identificado como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, a la comunidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para simular que allí murió, luego de que interpusieron una denuncia por su desaparición.
Inicialmente, el Gobierno de Veracruz acusó al exfiscal Luis Ángel de ser el autor intelectual de la alteración y ocultamiento  de información de dicho caso, razón por la cual fue aprehendido e ingresado al penal de Pacho Viejo.
Con información de Quadratín

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Detienen a exfiscal del gobierno de Javier Duarte: desaparición forzada de 12 personas

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VERACUZ.- Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal General del Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido este domingo a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México.
El pasado mes de mayo se liberó una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de 12 personas, en su modalidad de entorpecimiento de las investigaciones.
“La Fiscalía General cuenta con datos de pruebas contundentes que acreditan que Luis Ángel ordenó a personal bajo sumando ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueron localizados en lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz y que es señalado por los testigos como el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores público de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, indicó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Detalló que el 19 de enero de 2016, fueron encontrados en este lugar los restos de a menos 19 personas; sin embargo, se dio la orden de que se reportaron únicamente nueve de ellas.
De los 13 cuerpos no reportados, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Luceo, donde se simuló haberlo encontrado.
“Dicho cuerpo ya había sido identificado previamente como quien en vida llevara el nombre de David X, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien desapareció el 12 de enero de 2016, después de haber sido privado de sus libertad por miembros de su propia corporación cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia”, detalló la autoridad.
Mientras que los 12 cadáveres restantes fueron entregados por instrucciones directas de Bravo Contreras a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la finalidad de encubrir el hallazgo.

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ONU registra emisión número 500 contra desaparición forzada

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La acción urgente número 500 fue emitida el 5 de junio pasado, cuando se reportó por la mañana la desaparición de Areli Hernández Hernández, esposa de un periodista en Xalapa, Veracruz
Ciudad de México.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) registró su caso número 500, el cual ocurrió en México.
Hace 6 años, en el 2012, el CED emitió su primera acción urgente, también sobre una desaparición forzada en México, que en total concentra el 66 por ciento de los casos que han llegado a ese comité de Naciones Unidas.
Irak y Colombia son los dos siguientes países a los que el Comité contra laDesaparición Forzada ha dirigido más acciones urgentes.
Cada acción urgente representa a una personadesaparecida, cuya familia, allegados y amigos están sufriendo cada minuto de su vida por no tener idea de su suerte y paradero.
Estas acciones elevan una desaparición forzada de un nivel local y personal a un asunto entre un Comité de expertos de derechos humanos de la ONU y las autoridades del país donde ocurrió la desaparición.
La acción urgente número 500 fue emitida el 5 de junio pasado, cuando se reportó por la mañana la desaparición de Areli Hernández Hernández, esposa de un periodista en Xalapa, Veracruz.
Aunque la mujer apareció por la noche, el CED emitió la acción urgente, pues la última comunicación que se tuvo de Areli fue un mensaje de texto en el que advertía que dos sujetos la estaban siguiendo.
Areli Hernández Hernández ya había sufrido algo parecido en 2014, mientras que en 2015 fue agredida por sujetos que ingresaron por la fuerza a su domicilio, según la organización Artículo 19, presumiblemente debido a la labor periodística de su esposo.
"Cuando una persona es víctima de una desaparición forzada, una intervención inmediata es clave", destacó Rainer Huhle, vicepresidenta del Comité.
No existe justificación válida alguna para pedir a los familiares de una persona desaparecida que espere 24, 48 o 72 horas antes de tomar acción.
El primer caso, el de 2012, fue por la desaparición de Marcial Bautista Valle, una de las líderes de la organización Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero.
Ella fue desaparecida el 7 de diciembre de 2011 por sujetos armados que interceptaron el autobús en el que viajaba.
Según testimonios de otros pasajeros, los sujetos detuvieron el autobús de la línea Futura, interrogar a las personas abordo para ubicar a Marcial Bautista Valle y a Eva Alarcón, luego las bajaron y desde entonces no se sabe qué más de ellas.
Apenas en febrero pasado, el Gobierno federal se negó, una vez más, a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos individuales, lo cual le permitiría tomar acciones más concretas que sólo emitir las acciones urgentes, que contemplan medidas cautelares.

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Marco Antonio regresa a casa, lo desgraciaron de por vida

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Después de casi tres meses de su desaparición, Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), regresará a su casa, tras permanecer en un hospital en la Ciudad de México, aunque continuará su tratamiento médico, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El adolescente desapareció por cinco días en los cuales sufrió severos daños sicológicos y físicos, luego de que el pasado 23 de enero la policía lo detuviera en la estación del Metro El Rosario. El 28 de enero la policía del Estado de México lo entregó a su familia, quienes lo llevaron al Instituto Nacional de Pediatría y posteriormente al Instituto Nacional de Neurología del cual salió para iniciar otra modalidad de tratamiento profesional que permita su recuperación.
Los familiares y organizaciones sociales denunciaron que los policías presuntos agresores siguen libres y en activo, además de que la investigación local no ha aportado ninguna evidencia sobre lo acontecido los días que permaneció desaparecido el adolescente.
“La policía de la Ciudad se mantiene en la posición de reducir a un error de protocolos, sin reconocer el actuar delictivo de sus elementos, aunque la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía sobre Desaparición Forzada tiene abierta una carpeta de investigación con diversas actuaciones”, indicaron las asociaciones que han llevado seguimiento del caso.
En un comunicado de prensa refirieron que el pasado 2 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares al Estado mexicano por considerar que la integridad, la vida y la salud del joven Marco Antonio seguían en riesgo, y a través de la Secretaría de Gobernación se realizaron diálogos con las autoridades médicas, las organizaciones defensoras, la familia y el propio Marco Antonio.
“Se reconoce que a más de tres meses de internamiento hospitalario se ha logrado mejoría en su condición física, por lo que ahora necesita otra modalidad de tratamiento y nuevos dispositivos de apoyo que garanticen su completa recuperación”, indica el comunicado.
El texto también señala que por el momento no se cuenta con las condiciones para que Marco Antonio pueda rendir su declaración ministerial, por lo que las organizaciones de la defensa buscan se cumpla el Protocolo de actuación judicial en casos de niñas niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece la protección especial en el proceso judicial, evitando su revictimización, que incluiría la declaración videograbada, y considerarla como prueba anticipada y realizada por personal capacitado.

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Séptima marcha por la dignidad en México: Madres claman por sus hijos desaparecidos

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La ONU y otros grupos se unen a las protestas

Con carteles y gritando consignas, madres de desaparecidos marcharon en varias ciudades del país para exigir justicia, la aparición de sus familiares y un alto a la violencia.

En Ciudad de México, la séptima Marcha por la Dignidad —integrada por contingentes de diversos estados— salió del Monumento a la Madre en dirección al Ángel de la Independencia.

Las madres señalaron que el gobierno federal ha sido omiso durante los últimos dos sexenios pues solo “finge” que busca a sus hijos desaparecidos. Reclamaron al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) por decretar una guerra contra el crimen, y al actual mandatario Enrique Peña Nieto por los 50 mil desaparecidos que hay en el país.

En lo que va del gobierno de Peña Nieto, en promedio, cada dos horas se ha reportado la desaparición de una persona. Entre 2013 y julio de 2017, en México han desaparecido o se han extraviado un total de 19,156 personas, de acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

Al unísono, cientos de madres coreaban “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, “10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “Porque nos faltan 43 y nuestros hijos también”, entre otras consignas.

“Esta guerra ha sido contra los habitantes de nuestro país… Nunca olvidaremos su responsabilidad en este genocidio”, leyó una madre.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, dijo que las mujeres que luchan para encontrar a sus hijos son ejemplo para la sociedad por su valentía y coraje.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, se unió a la manifestación.

En Morelia, el Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en Michoacán marchó para exigir un alto a las desapariciones forzadas e investigaciones más eficaces que los lleven a dar con el paradero de sus seres queridos. El contingente dejó en claro que el 10 de mayo no es un día para celebrar, sino una jornada de protesta y de lucha.

Las madres de desaparecidos arribaron al Centro Histórico, donde colocaron fotos de sus hijos y las pancartas de exigencia a las autoridades de todos los niveles.

En seis ciudades de Veracruz cientos de mujeres salieron a las calles a protestar y a exigir a las autoridades dar con el paradero de los suyos.

Las mujeres, portando las fotografías de sus familiares desaparecidos, marcharon por las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Poza Rica.

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Por desaparición forzada, vinculan a proceso a “La Chacala”, exfiscal en gobierno de Javier Duarte

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XALAPA, Ver. (apro).- María del Rosario Zamora González, La Chacala, exdirectora de Investigaciones Ministeriales en la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el sexenio de Javier Duarte, enfrentará proceso penal por desaparición forzada de personas en prisión.
Además, se le acusa de haber ocultado los restos de al menos 19 personas en la llamada “Barranca de La Aurora”, donde presuntamente dio la instrucción de reportar únicamente el hallazgo de seis cuerpos.
En aquella ocasión, el gobierno de Duarte de Ochoa se molestó con Proceso pues, en su portal de internet publicó que allí no solo había seis cadáveres. “De 15 personas, los restos óseos hallados en Veracruz”, fue el título de la nota.
Vía telefónica, el reportero autor de ese texto fue presionado por el gobierno duartista para que “bajará la nota” del sitio web porque insistía en que se trataba de una mentira.
Ahora, durante la vinculación a proceso de Zamora González, la Fiscalía entregó datos de prueba de que la exfuncionaria instruyó al fiscal que integraba la Carpeta de Investigación para que alterara los informes, con la finalidad de ocultar el número real de cuerpos.
En la audiencia privada realizada ayer en la Sala de Juicios Orales de Pacho Viejo, textual, dijo: “De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Al momento del supuesto hallazgo, el cuerpo ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de David L.A., elemento de la Secretaría de Seguridad Pública”.
La autoridad explicó que la víctima “despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa dependencia”.
María del Rosario Zamora González fue detenida el pasado 27 de abril, en ejecución a una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, cumplida por agentes de la Policía Ministerial, por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos.
Los hechos que se le imputan tuvieron ocurrieron el 19 de enero de 2016 en el municipio de Emiliano Zapata, señalado por testigos como el lugar donde presuntamente elementos de la SSP de Veracruz arrojaban a víctimas de desaparición forzada.
La FGE admitió que de los restos de las otras 12 personas -que no fueron reportados oficialmente- se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, los cadáveres fueron entregados a la SSP.
En el desahogo de diligencias, la Fiscalía ha encontrado pruebas contundentes de que el entonces secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita -hoy en prisión por el delito de desaparición forzada- era quien decidía el destino de los cuerpos de las personas secuestradas.
Extraoficialmente, se sabe que la FGE ya alista otras órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de dicha dependencia y de la SSP, con base en la declaración de testigo “vital”: el exprocurador general de Justicia, Amadeo Flores Espinosa, cuyo hijo, el magistrado, Amadeo Flores Villalba, recientemente renunció al PRI para adherirse a la coalición “Veracruz al Frente”, integrada por el PAN, PRD y MC, partidos que hoy gobiernan la entidad.

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Desaparecen seis persona al salir de fiesta en Celaya

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Celaya.- Desde el domingo por la madrugada hay seis personas desaparecidas, cuatro son integrantes de una familia y dos son amigos de la misma, esto, luego de participar en una fiesta; su no localización fue denunciada y hay una investigación abierta por lo que Policía Ministerial en coordinación con otras corporaciones los busca.
Al respecto, el subprocurador de Justicia de la Región Celaya,  Israel aguado Silva, informó que de acuerdo a la denuncia,  las seis personas estuvieron el pasado sábado 28 de abril en una fiesta familiar en la colonia Valle de Los Naranjos,  la que se prolongó hasta las primeras horas del día domingo 29 y precisamente, ya en la mañana de ese día, cuando había concluido la celebración, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, familiares y conocidos se dieron cuenta que seis personas que habían  estado  presentes en esa reunión ya no aparecían.
Ellos mismos iniciaron la búsqueda e hicieron algunas llamadas sin tener éxito, por lo que fue más tarde que se hicieron  presentes ante la  representación social para reportar los hechos.
Los nombres
Las personas que no han sido localizadas son Julio César, de 44 años, su esposa Yolanda, también de 44 años,  así como un hijo de ambos; Gustavo, y un sobrino de nombre Luis Eduardo, además de Brian y Martín, ambos de 18 años, amigos de la familia.
Además, no se ha encontrado un vehículo de motor de la marca Ford Explorer verde, modelo 1993, con placas del estado de Guanajuato la cual se encontraba estacionada por fuera del domicilio y pertenece a una de las personas antes mencionadas.
“A este respecto, esta Procuraduría General de Justicia -PGJE- desde el momento de recibir la denuncia mantiene operativo de búsqueda permanente para lograr la localización de las personas,  nos mantenemos en constante coordinación con otros grupos de búsqueda”, concluyó.
Los familiares por su parte, desde ese día, han difundido en Facebook fotografías de las personas no localizadas, con la esperanza de que alguien aporte datos sobre su paradero.

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Madre de Marco Antonio denuncia “presión” del Instituto de Neurología para darlo de alta

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(apro).- Edith Flores, madre de Marco Antonio Sánchez Flores, el estudiante que estuvo desaparecido cinco días tras ser detenido por elementos de la Policía capitalina, en enero pasado, denunció que existe “presión” de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) para dar de alta a su hijo.
En un mitin organizado esta mañana en la explanada de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flores señaló que el subdirector del INNN, Jesús Ramírez Bermúdez, informó a un juez sobre la pretensión de entregar a Marco Antonio a su familia.
La madre del joven cuestionó esa medida al considerar que su hijo “aún no se ha recuperado” y, además, ella no ha recibido la preparación para proporcionarle los cuidados necesarios.
“Después de tres meses, mi hijo más o menos trata de coordinar sus ideas, pero no puede, está mal, no puede salir del hospital. Está bien físicamente, pero mentalmente no, pero al subdirector le urge echarlo”, refirió la madre del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria No.8.
Consultado por separado, Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Penal y Procesal (IJPP), una de las organizaciones que llevan la defensa legal del caso, manifestó a Aproque tal decisión no contempla el marco jurídico.
Desde el pasado jueves 5, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar los derechos a la vida, la salud y la integridad del joven, y se pidió que el hospital acordara con Marco Antonio y su familia las medidas sobre su atención médica y psicológica.
“El instituto tiene su valor y su punto de vista técnico, pero esa decisión (darlo de alta) no puede ser tomada unilateralmente, porque además requiere otro tipo de intervenciones, previendo la seguridad de Marco Antonio, y hay otras autoridades relacionadas. Lo que nosotros estamos poniendo en conocimiento es que esas decisiones las tiene que tomar (el INNN) de común acuerdo con Marco y su familia, en el marco de las medidas cautelares”.
Añadió: “Buscamos que esas decisiones y esas medidas sean tomadas en acuerdo común con la familia y que se enmarquen en el cumplimiento que tiene el estado con la Comisión Interamericana”.
Además, Hernández León resaltó que la notificación de la decisión médica no se informó directamente a la familia, sino que derivó de la respuesta que hizo llegar el INNN a un juzgado, que a su vez le solicitó los informes y los avances médicos del caso.
“Nos notificaron de manera indirecta, a través del juzgado, y es justo lo que hoy queremos informar: estas decisiones, por más que recaigan en el ámbito de la competencia del hospital, tienen que ser informadas primero a la familia y coordinada con otras autoridades”.
Finalmente, el litigante manifestó que el asunto se hará del conocimiento del Mecanismo de Seguimiento del caso, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y al Juzgado.
Según Edith Flores, la fecha que el INNN ya fijó para dar de alta a Marco Antonio es el próximo 8 de mayo.
Durante el mitin, empleados y maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) manifestaron su respaldo total a Edith Flores, también trabajadora sindicalizada de la institución, y demandaron un pronunciamiento público del secretario general del gremio, Agustín Rodríguez Fuentes.
Señalaron que, si bien Edith ha recibido “todo el apoyo” del rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y de la abogada general Mónica González Contró respecto de la situación laboral de su compañera, es necesario que el STUNAM “plasme por escrito” el respeto a sus derechos como trabajadora.

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Desaparición de jóvenes en Chihuahua apunta hacia el crimen organizado, señala México ante la COIDH

Noticias de Yucatán

Tras revisar el caso ocurrido en 2009, los representantes del Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmaron que hay elementos suficientes para comprobar que las víctimas fueron plagiadas por criminales y no militares 

Representantes del Estado mexicano indicaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que es muy probable que miembros del crimen, y no militares, sean los responsables de la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes presuntamente fueron levantados por un grupo de personas con vestimenta castrense en 2009 en Buenaventura, Chihuahua. 

En el marco de la audiencia sobre el caso, que se realiza en Costa Rica, la defensa de las víctimas criticó que a más de ocho años del hecho hayan tenido que recurrir a diversas instancias para impulsar las indagatorias y el gobierno continúe con el mismo argumento y estrategia en el caso. Alejandro Alday, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que no existen elementos suficientes para comprobar que las tres personas fueron detenidas por miembros del trigésimo quinto Batallón de Infantería el 29 de diciembre de 2009, porque los miembros castrenses salieron de Chihuahua el día 26 de ese mes, es decir, tres días antes de la desaparición. Explicaron que el alegato de que los responsables de la desaparición fueron miembros del crimen organizado es fuerte, principalmente por la presencia que tenían esos grupos en Chihuahua durante esa época. El equipo enviado por el gobierno a Costa Rica, conformado por 17 personas, resaltó que se ha demostrado que a veces los integrantes de los grupos delincuenciales visten ropa militar y, además, indicó que se ha comprobado que familiares de las víctimas han tenido contacto directo con miembros del crimen organizado, en su intento de esclarecer el asesinato de otro de sus parientes, el cual se registró antes de la desaparición. Aunque el gobierno destacó avances con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, reconoció que la fragmentación de las denuncias causó dilación en la investigación. Las representantes de las víctimas, Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), y Alejandra Nuño, abogada y defensora de derechos humanos, destacaron que las familias han hecho todo lo que ha estado en sus manos para dar con el paradero de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. Ante el señalamiento del gobierno de que las diversas denuncias -presentadas en 2009, 2010 y 2013- afectaron el avance de la investigación, las representantes de los desaparecidos reiteraron su derecho a denunciar las veces que sea necesario hasta que se haga justicia y criticaron que las autoridades tardaran tres años, tres meses y tres días para conformar una sola indagatoria. Denunciaron también que han habido violaciones en la investigación, encubrimiento y que, además, el caso ha provocado desplazamiento de miembros de la familia de los desaparecidos, que incluso han pedido asilo político en Estados Unidos, y añadió que los niños y adolescentes están entre los más afectados, como las hijas de Paola, quienes fueron trasladadas a un centro para menores en Phoenix. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivó el caso a la Corte Interamericana, al considerar que presumiblemente se trata de desaparición forzada y que no se han aplicado las sanciones pertinentes. El caso de la familia Alvarado es el primero de desaparición forzada en México que llega a esas instancias internacionales, y se presentó en el marco del combate contra el narcotráfico que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón. La de hoy fue la segunda audiencia del caso y la CoIDH dio a ambas partes el 28 de mayo como plazo máximo para entregar sus alegatos.

Fuente: El universal

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Así terminaron con la vida de los estudiantes desaparecidos: habrían sido disueltos con ácido

Noticias de Yucatán

El titular de la Fiscalía, Raúl Sánchez, señaló que presuntamente, fueron privados de la libertad y la vida por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco convocó este lunes a una rueda de prensa en donde se detalló los avances logrados en el caso de los tresestudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, Jalisco, con lo que dieron paso a confirmar, que luego de poco más de un mes que se les buscaba se les encontró sin vida.
Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, eran estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, quienes el pasado 19 de marzo se encontraban en una finca en Tonalá realizando un trabajo de estudio, lugar en donde fueron levantados y no se supo más de ellos.
Fiscalía presentó a los medios un video donde detalla las linea de investigación seguidas y el paso a  paso del resultado, por este hecho hay al menos 8 personas involucradas de las cuales dos, Gerardo "N" y Omar "N" ya han sido vinculadas a proceso desde la madrugada del 22 de abril, siguiendo con la búsqueda de los demás,  estos resultados le fueron notificados a la familia días previos a ser mostrados.
En ácido
Las investigaciones llegarían a dar con una cabaña donde se encontraron restos humanos, asimismo con otras dos casas más que se encuentran aseguradas, de ahí saldrían manchas hemáticas que se analizarían con pruebas genéticas  y confirmar que entre los restos están los estudiantes,
Los jóvenes fueron interceptados por integrantes del Cártel Nueva Generación,  quienes luego del secuestro, golpes y torturas habrían sido sumergidos en tanques de ácido para disolver cuerpos y acabar con el caso.
La casa donde los estudiantes utilizaron para su trabajo escolar, pertenece a una persona apodada "El Cholo" quien fuera yerno de la tía de uno de los estudiantes y que tras ser detenida días antes señaló ser la finca de su propiedad,  ahí en 2015 se detuvo a Diego Gabriel junto a 5 personas más, trabajadores de "El Cholo" , la casa estuvo vigilada por elementos del cártel mencionado desde el 18 de marzo cuando se vió movimiento en ella.
Diego Alberto se encuentra preso en el reclusorio metropolitano y estaría casado con una mujer propietaria de diversas estéticas masculinas donde se ejerce la prostitución , mismas fueron cateadas con anterioridad, los jóvenes sin saber dentro de una casa altamente peligrosa al pertenecer a personas de un grupo contrario al que  ejecutaron a los estudiantes.
El video que se muestra abajo lleva a detalle los resultados gráficamente, la fiscalía concluye que las investigaciones aún no terminan y que se sigue con la búsqueda de más cuerpos que pudieran están dentro de la finca del hallazgo, en el proceso se obtuvo declaraciones de testigos que comprobaron los hechos que sucedían en las casas de seguridad.

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Exigen a Yunes detener a todos los policías involucrados en la desaparición de 26 personas

Noticias de Yucatán

XALAPA, Ver. (apro).- El Colectivo por la Paz Xalapa pidió a la Fiscalía General del estado (FGE) y al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que no “olviden” ni “retarden” cumplimentar las órdenes de aprehensión contra el exsubsecretario de Seguridad Pública (SSP) Nabor Nava Holguín y los otros 11 expolicías involucrados en la desaparición forzada de 26 personas, cuyo último destino fue la Academia de Policía de El Lencero.
Sara González Rodríguez, representante del colectivo, fustigó que, si las primeras detenciones se hicieron apegadas a una “venganza política” o “por tiempos electorales” o para legitimar al gobierno estatal, la razón no importa, pero todos los policías responsables tienen que pagar por lo que hicieron.
 “Nosotros queremos justicia, solo eso queremos, pero faltan muchas detenciones; si el gobierno busca votos o busca venganza es su problema, nosotros solo queremos que nos hagan justicia y faltan muchos por caer (sic)”.
De acuerdo con las autoridades, a partir de este viernes y durante todo el fin de semana, en las instalaciones de la Policía Federal y de la delegación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito se recibirá a los familiares de personas desaparecidas para tomarles muestras de ADN y verificar si coinciden con algunos de los más de 570 cuerpos que se encuentran en fosas comunes y en las planchas del Servicio Médico Forense de la entidad.
Al respecto, González explicó que en 2017 y en lo que va de 2018, con más de mil pruebas realizadas de ADN en diversas regiones de Veracruz, apenas se han logrado la identificación de 20 personas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.
“Es muy complicado, por la gran cantidad de desaparecidos y fosas que existen. Les pongo un ejemplo: de los 16 cuerpos que aparecieron en la barranca de “La Aurora”, en aquella ocasión el gobierno solo reconoció seis muertos, ¿qué hicieron con los otros diez cuerpos?, ¿fueron a dar a la fosa común o a dónde? Eso queremos saber: dónde están los otros, tenemos que hacer la confrontación”.
En el narco-cementerio de Colinas de Santa Fe, donde se han hallado casi 300 cráneos y 17 mil restos óseos, en 16 meses apenas se ha logrado la identificación de 32 personas, entre ellas exagentes del Ministerio Público y expolicías.
“Nosotros seguimos con nuestra lucha, aquí estamos y seguiremos; hoy estamos recolectando muestras de familiares de personas desaparecidas con o sin denuncia”, recalcó González.
De igual manera, destacó que en el Colectivo por la Paz Xalapa ha causado cierto estupor que el gobierno de Yunes y la FGE “abusen” de la figura jurídica de “testigo protegido” para aminorar condenas en contra de expolicías que pudieron haber participado “en estas atrocidades” de desaparecer gente.
“Recientemente hubo una condena de apenas cuatro años, y no nos pareció, nosotros exigimos todo el peso de la ley contra quienes desaparecieron a nuestros hijos”, remató.

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Joana y Rubí salieron de casa; las buscan desesperadamente

Noticias de Yucatán 

Dos jóvenes de 15 años, Esmeralda Rubí Sánchez Topete y Joana Monserrat Castro Hernández, desaparecieron al salir de su casa el pasado 6 de abril en Tecámac, Estado de México.

De acuerdo con una entrevista que Sin Embargo realizo a los familiares de las jovencitas, creen que fueron privadas de su libertad y no escaparon con el novio como en ocasiones les preguntan.

“Mi hija no se fue con el novio, como todo el mundo me pregunta”, sostiene Antonio Sánchez, expresó padre de Esmeralda Rubí Sánchez Topete para el medio.

Las dos chicas son vecinas y fueron vistas por última vez el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Geo Sierra Hermosa, en el municipio de Tecámac.

Lo último que se sabe sobre ellas es que se dirigían a una fiesta en el pueblo de San Pedro Atzompa.

Monse y Rubí son amigas y vecinas desde hace seis meses y la última vez que las vieron fue el pasado viernes 6 de este mes.

Rubí salió de su casa a las 6:30 de la tarde y solo dijo que se vería con su amiga Monserrat, sin dar más detalles.

Los familiares informaron que a las 9:45 de la noche pudieron hablar con su hija Rubí y que ella les dijo que ya iban de regreso.

“Se escuchaba que estaban como en el baño y se percibía música afuera”, detalla.

No obstante, no regresaron. El señor Antonio tomó un taxi y acudió a una base de taxis para preguntar si alguien la había visto ya que su hija solía solicitar ese servicio de transporte.

Lo que supieron es que ambas se fueron a una fiesta en San Pedro Atzompa, sector vecino de donde viven y desde entonces no saben más sobre ellas.

Rubí es de 1.61 metros de estatura, su tez es blanca y su cabello color castaño claro hasta la cintura. Vestía pantalón de mezclilla azul marino, blusa color negro con tirantes y botas rojas.

Joana Monserrat mide 1.65. Es morena clara, cabello color rojizo. Vestía un vestido de licra, una gabardina de estampado de camuflaje y huaraches color dorado. Sin Embargo

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Datos difundidos atentan contra intimidad de la víctima: CNDH

Noticias de Yucatán

Jalisco.- Visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) se encuentran en el estado de Jalisco, para coadyuvar con la Comisión Estatal, para recabar indicios e información sobre el joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, cuyo cadáver fue encontrado el domingo pasado, con el fin de conocer el avance de las investigaciones y la actuación de las autoridades estatales en ese caso.
La CNDH considera que la difusión de datos e información relacionada con la investigación de este caso, que forma parte de la correspondiente carpeta de investigación, atenta contra los derechos fundamentales al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad de la víctima, además de que agravia a sus familiares, que deben sumar tales expresiones al dolor que sufren por la pérdida de la vida de su ser querido.
Este Organismo Nacional expresa sus condolencias a los familiares del joven que perdió la vida, así como su solidaridad al alumnado, cuerpo docente y autoridades de la Universidad de Guadalajara.
De igual manera, esta Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se impondrán de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades, para dar con el paradero de tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales que permanecen en calidad de desaparecidos desde el pasado 19 de marzo, para deslindar responsabilidades.
El Ombudsman nacional y el Gobernador de Jalisco establecieron comunicación en donde el Ejecutivo estatal externó el compromiso de su gobierno a realizar una investigación responsable, profesional y expedita en relación con la muerte del estudiante localizado el domingo pasado, así como a intensificar las acciones de búsqueda para localizar a los tres estudiantes de cine aún desaparecidos.
Asimismo, los Presidentes de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos acordaron trabajar conjuntamente, para dar seguimiento a las indagatorias de los casos y determinar, en su caso, de posibles violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

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Marco Antonio Sánchez intenta escapar del Instituto de Neurología

Noticias de Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marco Antonio Sánchez Flores, el joven que desapareció por cinco días luego de que fuera detenido por cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, intentó escapar del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el que es atendido desde el viernes 9 de febrero.
Reportes de la Policía capitalina señalan que Marco salió de la puerta cinco del hospital alrededor de las 12:40 horas. Posteriormente un elemento logró interceptar al joven y devolverlo a la institución médica.
La familia del estudiante de preparatoria únicamente confirmó a Apro el intento de huida del joven y, sin mencionar más detalles, indicó que su defensa legal –a cargo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia e Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)– ya prepara un comunicado al respecto.
Desde ayer, Marco se vio activo en su red social de Instagram, en la que publicó siete fotografías de su estadía dentro del psiquiátrico.
En una de ellas aparece de frente usando unos audífonos, misma imagen en la que se nota mejorado físicamente.
OSC exigen garantías a su salud e integridad
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que acompañan la defensa legal del joven Marco Antonio, manifestaron su preocupación por el presunto intento de escape del joven del Instituto Nacional de Neurología y exigieron a las autoridades correspondientes garantizar su salud e integridad.
En un comunicado “urgente”, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el Instituto de Justicia Procesal Penal y la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) dijeron que la situación es “preocupante porque vuelve a colocar en riesgo su integridad y salud, que está bajo responsabilidad total del Sistema de Salud y el Estado Mexicano”.
Agregaron que la familia del joven lo pudo ver a la hora de la visita y “de manera informal les comentaron que el día viernes tendrían una reunión con el subdirector médico para ofrecer detalle de lo sucedido”.
De ser confirmado el hecho, las organizaciones de preguntaron: “¿Cómo fue posible que frente a las medidas de seguridad hospitalaria y el resguardo de la policía federal llegara a estar sin supervisión y posibilidades de salir por su propio pie del Instituto?”
Luego, reiteraron que Marco Antonio “sigue siendo revictimizado con la difusión de trascendidos. La familia y la defensa no reciben información oficial oportuna y las filtraciones a los medios se mantienen, lo que hace suponer que forma parte de una campaña para dañar su imagen y desvirtuar la gravedad del caso”.
Las organizaciones recordaron que este caso “paradigmático” demanda los más altos estándares de protección para el adolescente. Por ello, promovieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dicten en su favor las medidas de protección necesarias. Luego, recordaron que recibieron “expresamente el compromiso de acompañamiento por parte de la comisionada Esmeralda Arosemena, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de dicha Comisión el 8 de febrero”.
Además, recordaron que Marco Antonio “es una víctima adolescente, de posible desaparición forzada por parte de policías de la Ciudad de México, que requiere ser tratado de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales relativos al interés superior de la niñez”.
Si el Instituto confirma que el joven salió temporalmente del centro hospitalario donde está bajo su resguardo, agregaron, “será necesario recibir una explicación exhaustiva de los hechos y cómo se garantizará su integridad”.
Las organizaciones acotaron que, si bien, los reportes médicos dicen que su salud ha mejorado, “aún requiere cuidados médicos especializados”.
Poe estas razones, exigieron a las autoridades mencionadas “dejar de revictimizarlo, asegurándose de protegerlo según sus responsabilidades constitucionales, particularmente en lo que corresponde a su dignidad, su integridad y su intimidad”.
A la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) le recordaron la urgencia de que “rinda cuenta detalladamente sobre los avances de la investigación a su cargo por las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima a manos de los oficiales de policías de la Ciudad”.
También aclararon que la declaración ministerial del joven ocurrirá “cuando se encuentre en condiciones óptimas de ofrecer su testimonio sin poner en riesgo su integridad, salud y credibilidad”, además de que se hará de acuerdo con la familia y la defensa, “sin imponer un criterio administrativo o mediático por sobre las garantías judiciales del adolescente”.
De paso, recordaron que “la filtración de información del caso, los trascendidos y la falta de información oportuna a la familia y la defensa constituyen también una violación continuada de los derechos humanos de este adolescente víctima”.

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Marco Antonio sigue hospitalizado y dice no recordar nada

Noticias de Yucatán

A poco más de un mes de que Marco Antonio, desapareciera por siete días, después que fuera detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en las inmediaciones delMetro El Rosario, el joven de 17 años de edad muestra una recuperación considerable, sigue hospitalizado y aún no recuerda en qué lugar estuvo todos los días que sus familiares no supieron de él.
A su padre y a las autoridades, sólo les ha mencionado que recuerda que los policías capitalinos le dieron una golpiza y que al momento en que lo sometieron, recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. De ese momento dice, todo se le borró y es muy confuso.
Sin embargo, este miércoles subió una fotografia en su cuenta de Instagram en la que se muestra totalmente diferente a la imagen que se difundió cuando fue encontrado deambulando en el Estado de México.
Marco viste una playera blanca sin mangas y su rostro es totalmente diferente, ya no tiene la mirada perdida, ni los moretones y golpes que presentó cuando fue entregado a sus familiares, en segundo plano se alcanza a ver su padre quien esboza una sonrisa. Marco Antonio luce más nutrido y con el pelo un poco más largo.
“Fue en un descuido que estaba jugando con mi celular que se tomó la foto, pero sí, gracias a Dios ya está mucho mejor, no recuerda todo pero ya me ha platicado algunas cosas, los doctores nos piden tener paciencia y que el progreso es poco a poco”, comentó el señor Marco, padre del menor que sigue hospitalizado.

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Mil pesos. En eso vendieron los policías a los 3 italianos. “Es una vergüenza mundial”, dice familia

Noticias de Yucatán 

Los policías que detuvieron a los tres italianos en Tecatitlán, Jalisco, presuntamente recibieron mil pesos como pago por entregarlos al crimen organizado, señaló hoy Danielle Russo, familiar directo de los extranjeros desaparecidos: “Vendieron a mi familia por pocos pesos. Es una vergüenza mundial”, expresó.

Ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la captura de cuatro policías municipales relacionados con la desaparición de Vicenzo Cimmino, Raffaele Russo y Antonio Russo, ocurrida el pasado 31 de enero.

El Fiscal Raúl Sánchez Jiménez dijo en rueda de prensa que los agentes habrían entregado a los tres ciudadanos italianos a grupos delictivos.

Daniel Russo, hijo de Raffaele, hermano de Antonio y primo de Vincenzo, confirmó hoy a SinEmbargo que la Fiscalía de Jalisco, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (Farnesina) y otras autoridades italianas ya les notificaron sobre algunas declaraciones que brindaron los municipales detenidos.

“Lo que nos comentaron fue eso: que los cuatro policías vendieron por pocos pesos a mis familiares, esa fue la declaración de los cuatro policías”, dijo el joven.

El monto que habrían recibido fue de mil pesos, respondió el familiar a pregunta expresa. “Eso es una vergüenza mundial”, insistió.

Agregó que aún no les han dicho a qué grupo criminal ofrecieron a los extranjeros, “ pero para nosotros eso no es importante saberlo, lo único que queremos saber es que los queremos con vida, en nuestro país de regreso porque toda nuestra familia los está esperando. Queremos verdad, queremos justicia, queremos saber dónde está nuestra familia, por favor”.

En un mensaje enviado a diversos medios, la familia de los desaparecidos destacó: “quisiera hacer saber que no llevo rencor a los mexicanos porque la mayoría de ellos son muy buena gente, mi única petición es que, ahora que sabemos que vendieron a nuestros familiares por pocos pesos, solicitamos que las autoridades sigan con las investigaciones para localizar rápido a ese mafioso a fin de llegar a la ubicación de Raffaele, Antonio y Vincenzo”.

Los policías detenidos son Emilio “N”, Salomón “N”, Fernando “N” y Lidia Guadalupe “N”, quienes podrían alcanzar una pena de entre 40 y 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada, según detalló Sánchez Jiménez. Hasta el momento se desconoce el grupo delicito al que fueron entregados los extranjeros y si ellos aún están con vida.

La Fiscalía informó ayer que se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión giradas por el Juez sexto de distrito con sede en Ciudad Guzmán por el delito de desaparición forzada de personas.

Vicenzo Cimmino, Raffaele Russo y Antonio Russo desaparecieron el 31 de enero luego de ser detenidos por policías de Tecatitilán, Jalisco.

Raffaele estaba de paso por el municipio jalisciense cuando dejó de contestar su teléfono celular. Preocupados, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo salieron en busca del también vendedor de generadores eléctricos

Lo último que se supo de ellos, es que policías municipales presuntamente detuvieron a Antonio y a Vincenzo cuando ambos buscaban a Raffaele. Antonio, envió tres audios a su hermano en los que informaba la detención.

“Daniele, estábamos poniendo gasolina y paramos a la policía, dos motos policiales y un carro nos dijeron ‘síganos’ […] ahora estamos detrás de las motocicletas que dijeron ‘síganos’ […] y un auto va detrás”, dijo Antonio en tres audios de whatssapp que envío a sus dos hermanos, Daniele y Francesco, con quienes mantenía comunicación durante la pesquisa. Esas notas de voz, son el último contacto que la familia tuvo con ellos.

Las autoridades de jalisco confirmaron que los italianos llegaron al municipio de Ciudad Guzmán, cercano a Tecalitlán, días antes de su desaparición en dos camionetas blancas que tampoco han sido localizadas.

El pasado 20 de febrero, el Fiscal de de Jalisco comentó que los tres hombres ingresaron al país para realizar actividades comerciales y no turísticas. Además, aseguró que uno de ellos había sido detenido anteriormente en el estado de Campeche por el delito de fraude y cohecho

El caso se dio a conocer luego de que en días pasados familiares de los tres italianos realizaron una protesta en la Ciudad de Nápoles, de donde son originarios, y exigieron la aparición de los tres hombres. En el estadio de San Paolo, desplegaron una manta con la leyenda: “Liberen a los napolitanos en México”. Sin Embargo

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Denuncian más de 20 desapariciones de estudiantes de la Universidad Veracruzana

Noticias de Yucatán

 (apro).- La investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), Rosío Córdova Plaza, informó que se han registrado 20 desapariciones de estudiantes en los últimos tiempos, además de que no cesan la violencia, los “levantones” y robos contra estudiantes de la comunidad universitaria.
Al presentar los resultados del proyecto “UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”, aseguró que estas cifras están sostenidas por encuestas realizadas a los alumnos de las cinco regiones donde se ubica la UV, e insistió: “estos casos son recientes”.
Córdova Plaza aseguró que la mayoría de los casos de estos delitos no son denunciados y se suman a la “cifra negra” que no es reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Me sorprendió ver que miembros de la comunidad fueron secuestrados. No es un porcentaje muy alto, pero sí existen y es sorprendente porque en general no se sabe. Estos miembros no regresaron. Tenemos detectados en las cinco regiones y las cuatro regiones de la UVI, más de 20 casos”, dijo.
Ante estas declaraciones, la Rectoría de la UV y la FGE hicieron una sinergia comunicacional para desacreditar el estudio elaborado por Córdoba Plaza y respaldado por el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de esa casa de estudios.
La UV dijo que no compartía la elaboración de dicho estudio: “es necesario precisar que la presente administración universitaria no avala tal información”, dijo. Mientras, la Fiscalía envió un citatorio a Rosío Córdova para “comparecer” este viernes 23 a las 18:00 horas.
La doble maniobra para desacreditar el trabajo de la investigadora ocasionó la indignación y el repudio de varios académicos de la UV, quienes hicieron sentir su coraje en las redes sociales.
Córdova Plaza expuso que en este estudio quedaron fuera los secuestros y asesinatos de académicos y personal administrativo de la máxima casa de estudios.
“Además, existen otros delitos de los que son víctimas los estudiantes como el robo, la extorsión, el acoso, y los asesinatos. Es sorprendente que las amenazas normalmente no se denuncian. En Xalapa se han presentado más casos debido a la mayor concentración de alumnos que existe”, insistió.
De los datos arrojados por las encuestas realizadas, indicó que la meta es de ocho mil 500 encuestas y hasta ahora se han levantado casi siete mil; de éstas, dos mil 500 han sido procesadas.
La matrícula de la Universidad Veracruzana en sus cinco campus es de casi 20 mil alumnos.
El oficio que giró la FGE, rubricado por el titular, David García Galván, señala que Rosío Córdova tendrá que comparecer en calidad de “testigo” por una “noticia criminal”, abierta tras notas periodísticas recogidas y anexadas en la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/18/2018, para que aporte los datos de prueba que sustenten la información que dio a conocer.
“Se giró solicitud de informe a la Rectora de la Universidad Veracruzana, para que remita la información que soporte los datos dados a conocer por la académica de dicha Casa de Estudios. Lo anterior, para estar en posibilidades de investigar los hechos referidos por Rosío Córdova Plaza, los cuales, según su dicho, no han sido denunciados ante las autoridades competentes”, redundó la FGE.
Por separado, en un comunicado, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, expresó que la Universidad “celebra la libertad de expresión”, cátedra e investigación de nuestra comunidad académica. Sin embargo, aclaró que no avala el estudio “UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”.

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