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Sexenio de ocultar: la TV ignoró “casa blanca”, los gobers, el despido de Aristegui…

09 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



(SinEmbargo).- Justo en 2012, cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República, iniciaron los señalamientos directos de inconformidad contra las coberturas periodísticas de los grandes medios de comunicación del país: radio, impresos y, particularmente, televisivos, sector en el que no había muchas opciones para tomar pues Televisa y Tv Azteca poseían el  96.5 por ciento del mercado de la televisión abierta.
A cinco meses de terminar la administración del mexiquense Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, recibe la atención de los medios comunicación preferidos del actual Gobierno federal, una que no tuvo en su primera elección presidencial, en 2006, ni tampoco 2012, pues hasta antes del proceso electoral 2018 sólo había recibido ataques y guerra sucia por parte de los que ahora parecen brindarle la mano por su triunfo.
Ante la ausencia de esa cobertura tradicional y cercano al poder que detentan aún los priistas, López Obrador –quien será el Presidente más votado de la historia de México con 30 millones 47 mil 700 sufragios, que representan 53.17 por ciento de las preferencias–, generó contenido exclusivamente para promover su imagen a través de redes sociales y se coronó como el preferido, con lo que logró hacer un gran contrapeso a esos medios.
Durante estos seis años, la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión intentó restar el poder a ese reinado. Se licitó una nueva cadena de televisión nacional, salieron otros canales y hay varias legislaciones que podrían obligar a ambas televisoras, pero apenas alcanza.
Aunque eso apenas va, tanto Televisa como Tv Azteca enfrentaron en 2013 el inicio de crisis financiera. Los números comenzaron a bajar, a veces se recuperaban, pero la tendencia general fue a la baja.
Los constantes cambios en sus barras de entretenimiento e informativas mostraron que ambas empresas estaban en proceso de dar un salto en el contenido ofrecido durante años para poder atrapar a quien ya veía en el Internet su nueva televisión, con sus nuevas ofertas de entretenimiento y de información.
Durante la actual administración, fue en Internet o los medios extranjeros quienes publicaron los hechos que marcaron a Peña Nieto y su equipo. Se contó también con alianzas con otros medios radiofónicos e impresos, pero sí hubo un sesgo de las coberturas en televisión.
Estos son 10 casos:
1. LA CASA BLANCA
Una investigación realizada en noviembre de 2014 por el sitio Aristegui Noticias, evidenció la relación entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa. Los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán informaron sobre una casa en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa del empresario Armando Hinojosa Cantú, pero que la Primera Dama Angélica Rivera se encontraba en proceso de adquirir.
Grupo Higa es una empresa que ha sido beneficiada por el Gobierno federal con contratos millonarios, incluso una de las licitaciones más controversiales, la del tren México-Querétaro, se canceló días antes de que se diera a conocer el escándalo.  Sin embargo, casi un año después, el Secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, aseguró que el tema es un caso “legalmente cerrado” por la administración federal.
La mención que se hizo en televisión fue para presentar el video que la Primera Dama presentó a modo de réplica, pero que en nada detuvo la percepción de corrupción que rodea al Presidente Peña Nieto hasta la fecha.
2. ODEBRECHT
En 2016, se hizo pública la red de corrupción que desplegó la empresa Odebrecht en 12 países, de América y África. A lo largo de ese periodo, cada uno de los países inició investigaciones al respecto que han derivado en la detención de funcionarios de altas cúpulas, en incautación de dinero, multas, allanamientos de oficinas públicas y privadas, en investigaciones a ex funcionarios y hasta a una Primera Dama.

Sólo dos países no entraron a esa tendencia: México y Venezuela, donde los casos alcanzaron las campañas electorales de los dos presidentes.
Son cinco los funcionarios implicados en el caso, pero hasta el momento, por otras declaraciones emitidas en Brasil, sólo ha surgido el nombre de Emilio Lozoya Austin. De acuerdo con las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió 4 millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.
3. EL DESPIDO DE CARMEN ARISTEGUI
Luego de la publicación del reportaje de la Casa Blanca, MVS Noticias –empresa de medios propiedad de Joaquín Vargas–  dio por terminada su relación con la periodista Carmen Aristegui, que era hasta entonces titular de su noticiero matutino.
El ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, dijo inmediatamente después, en Twitter: “Es una noche triste para el periodismo y la libertad de expresión. Por más que convocamos al diálogo, imperó la cerrazón”.
Agregó: “Como ombudsman de MVS veo con preocupación y molestia que las miles de peticiones de los radioescuchas no fueron escuchadas ni atendidas. Las condiciones impuestas a la periodista eran simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato”.
Tres años después, Magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvieron por unanimidad que la terminación del contrato entre la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui fue ilegal e indebida, ya que no se dio ninguna razón válida para concretar su despido.
4. #LEYCHAYOTE
El 15 de noviembre de 2017, con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la organización Artículo 19 con el que se aceptó una omisión legislativa que impedía regular la publicidad oficial.
El Congreso de la Unión quedó exhibido por no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social, razón por la que durante la administración de Peña, el dinero en medios se dio violando incluso los topes presupuestales y concentrándolos en la televisión, concretamente en Televisa y Tv Azteca.
Meses después, en abril de este año, el PRI y sus partidos –Verde y Nueva Alianza– se impusieron para aprobar un documento que en nada atiende lo estipulado por la Corte.
Un grupo de Senadores interpuso el mes pasado una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley también conocida como #LeyChayote, lo que abre camino a un nuevo procedimiento en que la Corte señale que en el Congreso no se ha cumplido con el fallo inicial.
5. EX GOBERNADORES
La televisión llegó tarde a los actos de los exgobernadores priistas. En 2017, el país estuvo ante la generación de gobernadores más corrupta de la historia, la mayoría de ellos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos estaban prófugos o impunes.
Estaban el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, recién detenido en Italia; del ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, apresado en Estados Unidos, y del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aprehendido en España en enero de 2016. Otros aún estaban en funciones, pero muchos de ellos eran las promesas del nuevo PRI: Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz; Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila.
Las acusaciones variaban entre corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y otros.
6. TLATLAYA
A mediados de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Semanas después fue saliendo evidencia –revelada por medios extranjeros– que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad.
De acuerdo con la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 30 de junio, hace dos años, fueron ejecutados de forma arbitraria por elementos del Ejército entre 12 y 15 personas en la comunidad San Pedro Limón.
Pese a que presuntos responsables estuvieron sometidos a procesos de justicia en el ámbito civil y militar, hasta el momento todos los militares del 102 Batallón de Infantería implicados se encuentran libres.
La versión oficial de la Sedena afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos.
7. OHL
Una serie de audios revelaron el negocio que desde el Estado de México, el equipo de Enrique Peña Nieto tenía con la empresa española Obrascón Huarte Laín (OHL).
Durante 15 años, OHL ha sido beneficiada por grandes contratos. Los proyectos que tiene actualmente en el país le otorgan anualmente el 15 por ciento de sus ganancias a nivel mundial (524 millones de euros) e incluyen seis autopistas de peaje, ubicadas en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos –Distrito Federal, Estado de México y Puebla– que representan el 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Emilio Lozoya Austin (Pemex) y Enrique Ochoa Reza (CFE), así como el Gobernador Eruviel Ávila han sido involucrados, no ha habido sanciones por el caso.
Hubo auditorías pero no se logró demostrar algún hecho ilícito.
8. HERMANOS MOREIRA
Las acusaciones de vínculos con el narcotráfico persiguen a los dos hermanos de la familia Moreira desde hace años. Humberto y Rubén Moreira fueron señalados por un estudio de la Universidad de Texas que asegura que el control de Los Zetas en Coahuila durante sus administraciones se extendió hasta los jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios, sectores de la Policía federal y del Ejército mexicano.
En el informe realizado por Sarah Gohary y Moravia de la O, estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, diversos testigos detallan que los hermanos Moreira recibieron grandes sumas de dinero durante sus administraciones. Humberto, según los testigos, recibió diversos sobornos por miembros de Los Zetas a través de Vicente Chaires, su secretario personal y del Procurador Jesús Torres Charles.
9. EL ESPIONAJE
Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas han sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas, reveló el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”.
De acuerdo con el documento, entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.
El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
Cada infección exitosa habría costado un alrededor de 77 mil dólares.
10. CAMBIO METOGOLÓGICO DE INEGI
En 2016, el Inegi decidió, de manera unilateral y sin informar previamente, la nueva forma en que se captarían los ingresos de los más pobres.
En su publicación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, documento a partir del cual Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicaría en las siguientes dos semanas los resultados de pobreza nacional y estatal, el Inegi realizó un cambio en las variables de medición.
El Instituto recalcó que el Módulo mantenía el diseño conceptual y estadístico de siempre, pero con “acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo que hacen que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos”.
Aunado a ello, se encontró que esos cambios fueron más evidentes en los números de la población más pobre del país, ya que según el Inegi, en el último año, los ingresos de éstos aumentaron 33.6 por ciento y que la captación del ingreso de los hogares en México ascendió a un billón 524 mil 262.5 millones de pesos, pero aclaró que la información disponible no era comparable con los módulos de condiciones socioeconómicas previos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Peña heredará la deuda más alta de los últimos 25 años

07 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



  • El aumento del saldo presionará la finanzas públicas de la siguiente administración y representa un reto para el diseño del próximo presupuesto, según expertos.

(Expansión) - La nueva administración federal que encabece Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones, recibirá de la actual, una herencia que representará una carga para las finanzas públicas.
Cifras de Hacienda al cierre de mayo refieren que los Saldos de la Deuda del Sector Público Federal, la medida más amplia de la deuda, llegaron a los 10.8 billones de pesos, el monto más alto del que se tenga registro.
Al cierre de 2017, esta deuda pública representó 47.2% del PIB, y aunque este último índice fue menor al cierre de 2016; 49.4% del PIB, es el más alto que deja una administración a menos de un año de su salida.
Tan solo los primeros cinco meses del año el saldo aumentó 496,914 millones de pesos (mdp).
“Las finanzas públicas que recibirá el nuevo gobierno están mucho más apretadas que las que recibió la administración actual hace seis años, que recibió una deuda de 36 puntos del PIB, y un costo financiero que es 90% más pequeño al que tenemos ahora”, dijo Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público en México Evalúa.
Tomando en cuenta los primeros cinco años de anteriores administraciones, en 1993, con Carlos Salinas de Gortari, la deuda representó el 26.5% del PIB, con Ernesto Zedillo, en 1999, 24.8%; en 2005 con Vicente Fox, 22.1% del PIB y con Felipe Calderón en 2011, un año antes de heredar el poder a Enrique Peña Nieto, el 34.8%, según datos de Hacienda.
Lamentablemente no existe un rastreo puntual del dinero obtenido por financiamiento durante la actual administración, pero considerando que el gasto de inversión cayó a niveles históricos durante la actual administración, todo indica que se fue a gasto corriente, comentó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El monto de la deuda pública representará uno de los mayores retos para el diseño del presupuesto de la administración entrante, sobre todo porque cada año se deben pagar los intereses que ésta genera (costo financiero de la deuda), agregó el experto.
De enero a mayo de este año el sector público ha pagado 181,724 millones de pesos (mdp) por el costo financiero de la deuda, 21% más que el mismo periodo de 2017.
El costo financiero en mayo de 2011, con Calderón, fue de 50,716 millones de pesos.
Mariana Campos explicó que el incremento en el costo de la deuda se ha dado por el aumento de la tasa de interés de referencia en México y por el incremento en el tipo de cambio, pues cuando es más alto, el servicio de la deuda que se tiene en dólares se incrementa en términos de pesos.

Sancionarían a 63 exfuncionarios de Sedesol y 2 universidades por La Estafa Maestra

06 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


La Auditoria Superior de la Federación (ASF) inició procedimientos de sanción en contra de 72 personas y empresas, entre ellos 63 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como contra dos universidades públicas, por su responsabilidad en la firma de convenios irregulares en el año 2013 bajo el esquema de La Estafa Maestra.
Los implicados deben regresar al erario un monto que 1,088 millones de pesos, acorde al daño patrimonial causado por los servicios que no realizaron las universidades que firmaron los convenios.
En conferencia de prensa, el director jurídico de la ASF, Víctor Andrade, explicó que las personas implicadas en los procedimientos de sanción no pudieron, en definitiva, solventar las observaciones que en el momento legal oportuno hizo la auditoría.
“Al día de hoy tenemos iniciados 11 procesos resarcitorios de la Cuenta Pública 2013. Son contrataciones de Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México y esto involucra a 72 presuntos responsables, tanto personas físicas como morales. El estatus actual que tienen estos procesos es en desahogo” señaló.
Andrade explicó que las personas  implicadas tienen derecho a presentarse en audiencia para tratar de desvirtuar el pago que deben realizar pero si no lo hacen el mismo quedará firme. Y si no pagan se daría vista al SAT para que proceda con las medidas que considere convenientes para el cobro, entre ellas el embargo de bienes.
El director jurídico de la auditoría dijo que solo se contempla a los funcionarios que de acuerdo con sus atribuciones legales tenían alguna injerencia o responsabilidad sobre los convenios firmados. Agregó que no se pueden dar a conocer los nombres porque son procesos legales en curso.
La auditoría también precisó que pondrá en marcha estos mismos procedimientos de responsabilidades resarcitorias en contra de todos los que resulten responsables por los convenios irregularidades firmados entre dependencias federales y universidades u otros organismos públicos de 2014 a 2016.
Lo anterior luego de que concluya el análisis de los documentos que los distintos involucrados han mandado para intentar solventar las irregularidades.

La otra ruta: denuncias penales
Andrade explicó que de forma paralela a los procedimientos de sanción iniciados por la auditoría, se han presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) que ya dieron paso a 17 averiguaciones abiertas en contra de los funcionarios que resulten responsables por los convenios firmados con universidades y otros entes entre 2013 y 2015.
Estas averiguaciones involucran un monto de 3,037 millones de pesos de posible fraude al erario y abarcan convenios firmados por Sedesol y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con nueve universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
Estos convenios con las universidades y con el ente público fueron firmados aprovechando una excepción del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que indica que el gobierno puede contratar directamente a organismos públicos para realizar servicios. El problema es que dichas instancias contratadas nunca realizan el servicio, sino que subcontratan a terceros que en algunos casos resultan ser empresas fantasma que simulan hacer el trabajo.
El nuevo titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, dijo que el problema no está en la redacción de la ley sino en el uso que se le ha dado a dicha excepción.
El auditor se comprometió a que se continuará dando seguimiento a las denuncias penales presentadas y se trabajará coordinadamente con PGR para que se sancione a todos aquellos funcionarios que resulten responsables.
En el caso de estos procesos penales la responsabilidad de identificar a todos los funcionarios y exfuncionarios que hubieran cometido un delito le corresponde a PGR.
Las auditorías que vienen
En la conferencia de prensa, el auditor Colmenares Páramo hizo énfasis en que el problema de las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones (documentado en el reportaje de La Estafa Maestra) continúa bajo revisión de los auditores con el análisis de la Cuenta Pública 2017 y la que se realizará en la Cuenta Pública 2018.
En octubre próximo se darán a conocer los resultados de dos auditorías forenses relacionadas con convenios firmados por dependencias federales tanto con la Universidad de Campeche, así como con el Sistema de Televisión de Hermosillo, y donde se advierten nuevas anomalías del mismo tipo.
La ASF también anunció que determinó ampliar de ocho a 14 las auditorías forenses relacionadas con la Cuenta Pública 2017.
Colmenares adelantó que la ASF estará fiscalizando temas de amplio interés público entre ellos el uso de recursos de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, el uso de recursos de programas sociales en el contexto del proceso electoral, y diversas obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM).
Los resultados de estas nuevas auditorías se darán a conocer el próximo año. Con información de Animal Político.

¿A dónde va a vivir Peña si ni siquiera Yucatán pudo ganar el PRI?

04 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Hace unos días, el todavía presidente formal de México, Enrique Peña Nieto, declaró que le gustaría vivir en Yucatán luego de la entrega formal de lo poco que le queda de poder al nuevo mandatario mexicano. Pero ni siquiera esa entidad será gobernada por el PRI, sino por un panista que le haría difícil su estancia, en el contexto de la ruptura escandalosa de Peña con Anaya -y con amplios sectores del panperredismo-, por su muy probable futura calidad de ex mandatario mexicano más odiado de la historia, se publica en  Notiguía TV.
Peña podría superar al Chupacabras en esa incómoda posición no por los manotazos de neoliberalismo salvaje típicos del peñismo, como liquidar PEMEX -el prototipo de empresa estatal del México postrevolucionario-, medida desastrosa para el país que deja las reformas del ex presidente Salinas -como la de liquidar el ejido-, en el nivel de tímidos desplantes conservadores.

No. Peña ha sido y seguirá siendo repudiado porque logró acumular tal número de asesinatos impunes -en sintonía con el calderonismo-, que dejan los centenares de muertos del salinato -incluido el asesinato de Luis Donaldo Colosio– como un simple ensayo del genocidio espantoso que vendría.
Sólo la historia podrá determinar hasta qué punto la masacre sistemática de la población, perpetrada por grupos criminales al amparo y protección disimulada de un poder público encabezado por neoliberales salvajes comprometidos con un prohibicionismo compulsivo en materia de drogas, forma parte estructural de esa corriente económica tendiente a despojar a grandes mayorías de lo indispensable, mientras minorías cada vez más pequeñas acumulan la mayor parte de la riqueza nacional e internacional en poquísimas manos.
Sólo el tiempo podrá dilucidar si el neoliberalismo salvaje requiere del terror que genera la “guerra contra las drogas” como una forma de garantizar que la población permita -precisamente porque vive en medio de un horror oficialmente estimulado- el saqueo masivo de los recursos públicos y la depauperación creciente de sus niveles de vida.
Me atrevo a formular la hipótesis sociológica de que el neoliberalismo constituye una forma de tiranía que, basado en un régimen presuntamente “democrático”, despoja a la mayoría en beneficio de unos pocos y que tal política de injusticia social absoluta sólo se puede implementar en la práctica si se desata, paralelamente un clima de terror, con cualquier pretexto, como el de “la lucha contra las drogas”, para mantener a esa mayorías despojadas en la santa paz de los sepulcros, hasta que revientan en una revolución democrática auténtica como la que acabamos de vivir los mexicanos.
De ahí la importancia de desmantelar los argumentos de intelectuales orgánicos como Enrique Krauze y Luis Carlos Ugalde, entre otros muchos opinólogos de los medios tradicionales, sobre los famosos “contrapesos” -que nunca les preocuparon cuando los priista se dedicaban a comprar curules opositoras en todos los congresos del país, especialmente en el Estado de México, por cierto- para evitar, dicen, un “ejercicio absoluto del poder presidencial”, argumento con el que invitaban a la población a votar de manera diferenciada.
Fue una sabia decisión del pueblo mexicano, por el contrario, haber otorgado al próximo presidente López Obrador el poder suficiente para corregir las trampas burocráticas y hasta constitucionales del neoliberalismo, porque precisamente se trata de devolver al pueblo la posibilidad de recuperar su bienestar, sin tener que emigrar a los Estados Unidos o morir o desaparecer en un territorio dominado por el terror.

Peña y Calderón -quienes mantuvieron un amasiato que les permitió imponer una suerte de dictadura neoliberal perfecta en nuestro país, basada en una alternancia fingida entre PAN y PRI que conocemos como prianismo y que fue rota accidentalmente por la ambición de poder de Ricardo Anaya, son los autores, inconscientes quizá, de este genocidio que Andrés Manuel López Obrador está obligado a detener de manera drástica, porque es justamente la indiferencia criminal de Peña ante ese inmenso dolor -provocado por su absurda estrategia de seguridad- lo que generó el voto masivo en su contra.
El pueblo que votó por López Obrador no entiende mucho de economía. Sólo le complace saber que no va a haber más gasolinazos, por ejemplo. Pero lo que sí sabe perfectamente es que la eventual legalización de marihuana y cocaína con fines lúdicos, sumada al control absoluto del mercado del opio con fines medicinales en zonas específicas de Guerrero, medidas con las que parece simpatizar su próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aparejado al nombramiento de policías con arraigo en todas las comunidades grandes y pequeñas del país, en un número proporcional a cada poblado, profesionalmente equipados y entrenados, elegidos democráticamente y perfectamente coordinados con la guardia nacional, podría significar el fin casi inmediato de la era de terror en la que vivimos.
El nuevo gobierno no puede gozar de los beneficios democráticos derivados de la gran madurez reflejada por el pueblo de México en los recientes bienaventurados comicios y al mismo tiempo determinar que somos inmaduros para fumar o inhalar lo que como adultos se nos venga en gana sin que ningún policía nos esté molestando, o cargar una arma para defender a nuestra familia y nuestro patrimonio ante la manifiesta incapacidad del gobierno actual para garantizar nuestra seguridad plena.
Así de simples y, al mismo tiempo radicales tendrán que ser las medidas que adopte el nuevo gobierno si no quiere decepcionar al pueblo desesperado que rompió la inercia a la que nos han sometido medios de comunicación que, de cualquier forma, seguirán poniendo el grito en el cielo ante cualquier planteamiento que les parezca “radical” simplemente porque les interesa que se recupere el viejo orden que tanto ha beneficiado sus bolsillos.

Y, por cierto, ¿Qué esperan para poner de patitas en la calle al colombiano Juan Carlos Osorio? No tanto porque fue incapaz de llevar con éxito a la Selección de México a un quinto partido en el Mundial, fracaso que comparte con muchos entrenadores que le precedieron y que ahora andan dando lecciones en sus vergonzosas mesas de análisis y crónicas televisivas de los partidos, sino porque Osorio lo hizo con un equipo extraordinario de jugadores con experiencia y talla internacional que, de haber sido bien dirigidos, es decir, de haberlos integrado como equipo en vez de estarlos rotando a lo pendejo, seguramente habrían logrado un papel mucho más allá del famoso quinto partido.
Osorio simplemente destruyó a un gran equipo potencial mexicano y por ello debe ser despedido de inmediato junto con los inútiles que lo mantuvieron en el cargo a pesar de sus evidentes y escandalosas tonterías. Esos hombres de pantalón largo, los dueños de los equipos y de las televisoras, son los responsables de tanta frustración de un pueblo ávido de triunfos futboleros como un pobre paliativo a la miseria en que los han obligado a vivir los malos gobiernos. Hasta en esos rubros esperamos que cambien las cosas con López Obrador. Ya veremos.


Rosario Robles negó vínculos de secretarías con "empresas fachada", pero e-mails la desmienten

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Durante la gestión de Rosario Robles, funcionarios de Sedesol y Sedatu simularon expedientes y comprobantes para engañar a los auditores que indagan presuntos desvíos por un monto de 7 mil 700 millones de pesos en ambas dependencias.
Los hallazgos de Aristegui Noticias contrastan con las declaraciones del nuevo titular de la ASF sobre el tema.



Lee la investigación especial de Aristegui Noticias


AMLO tras su reunión con Peña: Estabilidad económica y paz social, la prioridad

03 julio 2018
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(apro).- En encuentro informal, el presidente Enrique Peña Nieto recibió hoy a Andrés Manuel López Obrador, que a dos días de su victoria electoral ofreció amplio reconocimiento al mandatario en funciones y, aun cuando mencionó que su tarea es acabar con el régimen de corrupción, habló extenso de sus experiencias recientes.
“Fue un encuentro amistoso y productivo”, dijo desde el Salón Tesorería, habilitado como sala de conferencia para que López Obrador, explicara la reunión y respondiera prácticamente todos los cuestionamientos de la prensa.
Como dijo el pasado domingo en su discurso triunfal, dio un reconocimiento a Peña Nieto por no haber intervenido en el proceso electoral, pues sostuvo que padeció ese intervencionismo en el pasado que no corresponde con la democracia.
Recibido sin el carácter de presidente electo, el acuerdo al que llegaron es en sí una obviedad: la transición iniciará cuando el Tribunal Electoral valide su triunfo, algo que de hecho es lo legal, pero que en esta ocasión incluye la participación del próximo gobierno en la definición del presupuesto 2019, así como de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
La prioridad es la estabilidad económica y garantizar La Paz y la tranquilidad, expuso.
La integración del presupuesto incluirá los programas sociales anunciados durante la campaña, cómo las becas para jóvenes y ayudas a adultos mayores, así como la reducción salarial para altos funcionarios del gobierno, la promesa de no usar las aeronaves gubernamentales, e inclusive, el Estado Mayor Presidencial para su protección, tema este último abordado en el encuentro con Peña Nieto.
Prudente, lejos ya de los tonos y expresiones de campaña, López Obrador expuso que, al presidente Peña Nieto le preocupa la seguridad del próximo Jefe de Estado, por lo que ofreció la protección del EMP, pero el tabasqueño, antes que rechazarlo, le respondió que lo pensará.
No obstante, fue insistente en que dicho cuerpo de custodia presidencial y de altos funcionarios se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como ofertó en campaña.
La prioridad del encuentro, expuso, es mantenerse en comunicación para mantener la estabilidad económica, garantizando la autonomía del Banco de México y otras políticas que, a partir de la confirmación de su triunfo, implicará trabajo directo de su equipo económico de transición, en el que participaran el perfilado secretario de Hacienda, Carlos Urzua, así como Alfonso Romo.
Equipo de transición
Y es que, esta mañana, López Obrador dio a conocer también a quienes integrarán su equipo de transición:
En la parte política, confirmó la participación de quien será secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; además, de Tatiana Clouthier, y la incorporación de Julio Scherer Ibarra.
En tanto, Héctor Vasconcelos, propuesto para ser secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard, se encargarán de la transición en materia de política exterior, acompañando con el equipo gubernamental las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que López Obrador planteó como un buen trabajo, que conocerá su equipo a fondo en unas semanas.
Invitado a la cumbre de APEC
Por lo pronto, ya Peña Nieto lo invitó a la cumbre de APEC en Puerto Vallarta, a celebrarse el próximo 24 de julio, cuando el tabasqueño espera ya tener validado el resultado de la elección presidencial.
La reunión de hoy es inusual pues el encuentro entre presidente entrante y saliente, suele realizarse, una vez que se declara legalmente un presidente electo.
Entre otros temas, aseguró que hablaron del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo contenido se empezará a ver a partir de la transición.
De hecho, las expresiones de López Obrador así como los temas en los que alcanzaron acuerdos, perfilan una transición tersa y declaradamente ordenada, pues como dijo, generando cierta polémica desde hace un mes, le resulta importante acompañar al gobierno peñanietista hasta el final de su periodo.
Además, aseguró que ya ha tenido reuniones con empresarios, y que mañana sostendrá otra, para generar la tranquilidad económica.
El triunfador en los comicios del pasado domingo adelantó que hoy mismo sostendrá una reunión con su equipo asesor en materia de seguridad, a fin de iniciar la convocatoria de líderes religiosos, dirigentes sociales y defensores de derechos que coadyuven a un plan de paz, en la que no mencionó inclusión de víctimas.

AMLO llega con 'ánimo de conciliación' a Palacio Nacional

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

En punto de las 11:00 horas, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, arribó a Palacio Nacional en donde sostuvo el primero, de tres, encuentros con el presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el evento el peso se apreciaba en el mercado mayorista. Así, la divisa norteamericana se vendía hasta en 19.56 pesos, un 2% más barato que a la apertura.


(Estoy) con ánimos de conciliación para buscar una transición ordenada para todos”, dijo AMLO a su llegada.

En el evento de carácter privado se prevé que el virtual ganador el presidente intercambien puntos de vista en torno a los temas económicos, financieros, de seguridad y política internacional que el Gobierno federal tiene.

Además, se espera que aborden el tema de la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual, aseveró a Grupo Imagen el representante del partido republicano en México, Larry Rubin, podría estar listo en septiembre, antes de que López Obrador tome posesión como presidente.

De acuerdo con el equipo de López Obrador, se espera que el morenista emita un mensaje para informar sobre los resultados del encuentro con el presidente en el marco de la transición.

Además, por la tarde se espera que también se reúna con su gabinete y con colaboradores que integrarán su gobierno. Fuente:dineroenimagen

Respaldaremos a quien sea elegido como nuevo presidente; dice Peña Nieto

01 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



 (EFE).- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que él y su Ejecutivo respaldarán a quien sea elegido como nuevo mandatario del país tras una jornada que, aseguró, es “verdaderamente histórica”.
 “No solo lo digo hoy, lo he dicho siempre: el presidente de la República y su Gobierno será absolutamente respetuoso y dará respaldo a las autoridades que resulten electas en esta jornada”, aseveró el mandatario tras emitir su sufragio.
El presidente acudió a votar alrededor de las 12.45 hora local (17.45 GMT) a una escuela cercana a la residencia oficial de Los Pinos, acompañado por su esposa, Angélica Rivera, y los seis hijos que ambos suman de sus matrimonios anteriores.

Peña Nieto inicia hoy martes 26 veda electoral

26 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

 (apro).- De acuerdo con su agenda preliminar, el presidente Enrique Peña Nieto iniciará su periodo de veda electoral a partir de hoy martes 26, por lo cual suspenderá sus actividades públicas.
Todavía ayer lunes el mandatario federal tuvo un evento público en Mérida, Yucatán, donde inauguró el Hospital Materno Infantil y el Palacio de la Música, los cuales tuvieron una inversión de 779 y 431 millones de pesos, respectivamente.
El mandatario solo suspenderá sus actos públicos, ya que en el transcurso de estos días emitirá mensajes grabados con motivo de las elecciones, los cuales serán transmitidos por cadena nacional.
Para el día de las elecciones, el próximo domingo 1 de julio, Peña Nieto emitirá su voto a las 11:30 horas, en la escuela primaria ubicada frente a la residencia oficial de Los Pinos, desde donde seguirá la jornada electoral.
En las últimas semanas, en los eventos donde participa, Peña Nieto ha dado mensajes centrados principalmente en los temas electorales y en los logros conseguidos durante su administración.

Congreso de la Unión exhorta a Peña a retirar toda colaboración con EE.UU. en seguridad

22 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

 (apro).- Por unanimidad, todas las bancadas del Congreso de la Unión se pronunciaron de manera “rotunda y contundente” contra las medidas antimigratorias aplicadas por el gobierno de Donald Trump; en tanto que la Comisión Permanente demandó al presidente Enrique Peña Nieto que “retire de inmediato” toda cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.
En medio de la peor crisis humanitaria derivada de la detención y separación ilegal de más de dos mil menores migrantes, la mayoría de Centroamérica y México, la Comisión Permanente, en voz del presidente del Senado, Ernesto Cordero, demandó que Trump “se rasque con sus propias uñas” contra el terrorismo, la delincuencia organizada y en materia migratoria hasta que trate con dignidad a los migrantes que llegan a su país.
En conferencia de prensa previa al inicio de la sesión plenaria, Cordero indicó que en el punto de acuerdo “exhortamos al Estado mexicano a que le tome la palabra a Trump y si no está contento, pues que se rasgue con sus propias uñas y que haga su propio esfuerzo”.
Luis Humberto Fernández Fuentes, vicecoordinador de la bancada del PT-Morena en el Senado, aseguró que Trump no sólo ha declarado la guerra comercial al mundo, sino que ahora quiere “horadar” el sistema internacional de derechos humanos con su política migratoria.
 “Esta semana Donald Trump no sólo insiste en separar familias, no lo hace como un cálculo de maldad inherente, lo hace de la mano de retirarse del órgano de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, abundó.
La vicepresidenta de la Comisión Permanente, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal del PAN, consideró que el trato inhumano y cruel a los niños migrantes constituye “un tema global, de violación de todos los derechos humanos de estas familias que no están cometiendo ningún delito en los Estados Unidos más que buscar una mejor forma de vida”.

ASF: otra pieza para el blindaje de Peña

19 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

 (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto piensa que puede eludir la acción de la justicia si debilita a las instituciones encargadas de sancionar los actos de corrupción. En mayor o menor medida, muestran las huellas de sus embestidas las seis entidades públicas incluidas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal.
Esto es sobre todo evidente en los siguientes casos: En el de la fiscalía anticorrupción, no ha sido posible designar a quien deberá ser titular transitorio hasta el 30 de noviembre de este año; en el de la Fiscalía General de la República, tampoco fue posible avanzar; por lo demás, fue muy cuestionada la designación del nuevo titular de la ASF, y en cuanto al TFJA sus nuevos magistrados se designaron con el voto favorable de sólo 49 senadores (apenas 38% de los 128 integrantes del Senado) en una de las últimas sesiones del último período.
En lo que respecta a la Fiscalía General, la injerencia presidencial provocó la movilización de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el movimiento denominado Fiscalía que Sirva, a fin de solicitar la reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer un procedimiento de designación de su titular que garantice su independencia del presidente. Aunque no se ha podido avanzar en la creación de la mencionada fiscalía ni en la designación de un fiscal anticorrupción, la Procuraduría General de la República opera bajo el mando de un encargado de despacho que descabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y frenó todas las investigaciones vinculadas a la corrupción, particularmente las relacionadas con el caso Odebrecht.
La Fiscalía Anticorrupción y el TFJA son particularmente importantes porque serán las instancias responsables de sancionar por la vía penal y administrativa los actos de corrupción. En lo que atañe a la primera, su intento de dejar a un fiscal a modo (conocido popularmente como “fiscal carnal”) no prosperó y puede pagar caro su desmesura, pues las posibilidades de designarlo en la actual Legislatura ya son mínimas.
En el caso del tribunal, logró operar de último minuto, el 25 abril, en la antepenúltima sesión ordinaria de la actual Legislatura, la aprobación de los magistrados propuestos por el presidente de la República para integrarlo y asegurar la llegada de jueces afines al actual gobierno.
Mientras tanto, la ASF en lo general ha sido eficaz para detectar los delitos e irregularidades que se cometen en las entidades obligadas, incluyendo el ejercicio del gasto público federalizado en las entidades; pero sus denuncias y recomendaciones han sido prácticamente ignoradas por los órganos de control internos, responsables de sancionar las faltas administrativas hasta antes de la creación del SNA, y por los ministerios públicos, tanto federal como estatales, encargados de integrar las averiguaciones previas para consignar ante el Poder Judicial.
Por ello la designación del nuevo titular de la ASF, al concluir el período constitucional de Juan Manuel Portal, era crucial porque del buen desempeño de dicha instancia depende en gran medida la posibilidad de sancionar los actos de corrupción, ya que la ASF es la responsable de identificarlos y denunciarlos ante las instancias correspondientes.
Peña Nieto lo sabía y sus diputados operaron para conformar una terna a modo. A partir de la misma designaron a David Rogelio Colmenares Páramo, priista que fue secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca durante el mandato de Heladio Ramírez, de 1986 a 1992, y aspiró a suceder a su jefe. También fue representante del gobierno de Oaxaca en el entonces Distrito Federal (1998-1999) durante el gobierno de José Murat, y director de Administración y Finanzas de Liconsa (1995-1998).
En apenas dos meses al frente de la ASF Colmenares ya removió a tres de los cuatro titulares de las Auditorías Especiales (las de Cumplimiento Financiero, Desempeño y Gasto Federalizado), movimientos que pasaron prácticamente de¬sapercibidos, hasta que removió la semana pasada a la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin Abulhosn. Entre otras cosas, esta funcionaria fue la responsable de realizar la auditoría que permitió denunciar la llamada “estafa maestra”, que hasta la fecha alcanza un monto de 7 mil 700 millones de pesos e involucra a funcionarios de la Sedesol, Sedatu, universidades públicas y particulares involucrados como supuestos proveedores.
Buchahin hizo pública una carta en la que cuestiona la decisión de separarla de su cargo sin razón explícita, así como la negativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF a realizar otras dos auditorías forenses a la Sedatu a partir de denuncias documentadas, a pesar de los graves antecedentes.
El nuevo titular de la Auditoría Especializada en Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, justifica la separación de Buchahin por un presunto conflicto de interés y, eventualmente, en un presunto desvío de recursos humanos.
Sin embargo, los cuestionamientos de conflicto de interés ya se habían expuesto en la Cámara de Diputados, cuando el propio Lozano compareció ante la Comisión de Vigilancia, que entrevistaba a los candidatos a ocupar el cargo de auditor superior. Los atajó de la siguiente manera:
“Tengo que decir: no litigamos, no vendemos consultorías, auditorías a los gobiernos de estados, no hacemos libros blancos, no ofrecemos asesorías de solventación de auditorías, no ofrecemos intervención ante ningún organismo…lo que hemos hecho 10 años es difundir la educación y hacer capacitación antifraude, que es un capítulo internacional que tuvimos la oportunidad de fundar con el auditor Portal en México… Entonces, yo no veo ningún conflicto de interés”. Añadió que la labor de Buchahin en la organización de la sociedad civil era pro bono y que eso estaba permitido.
Si efectivamente existe presunción de algún tipo de conflicto de interés o desvío de recursos, debe solicitarse la intervención de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, responsable de iniciar la investigación y fincar las responsabilidades, lo que según Lozano ya hizo; pero en ese caso hay que esperar el dictamen correspondiente y no adelantarse a las actuaciones de la misma y despedir a Buchahin.
Todo apunta a que el nuevo auditor se dispone a integrar un equipo a modo para intentar proteger al actual presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete; es una pieza más de este blindaje que el titular del ejecutivo pretende construir para evadir la acción de la justicia.

Presume Peña Nieto el triunfo de México en un "tuit"

18 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Con este mensaje, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presume que "México compite y gana frente a los mejores del mundo". Muchas felicidades a mi selecciónmx. Gran Partido.
Ojalá y hubiera más tuits así sobre economía, industria, cultura, gasolina, etc.
Pero, apenas es el primer partido. Cuidado no seamos triunfalistas y de modo muy anticipado.
Bien por México, ojalá y siga así y que gane la copa. Es nuestro deseo. Ojalá se logre, aunque parezca misión imposible.

Peña deja la salud pública en la ruina; el fracaso se paga con el ahorro de pacientes y familias

17 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

(SinEmbargo).- En 1950, la tercera parte de la población mexicana fallecía a consecuencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, y el promedio de vida no llegaba ni a 50 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hoy, los habitantes de la República Mexicana mueren principalmente por enfermedades crónicas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónicas se caracterizan por ser de larga duración y generalmente de progresión lenta. Los padecimientos respiratorios, cardíacos, infartos, cáncer y diabetes, expone en su página oficial, son las causas principales de mortalidad en el planeta.
En 2017, el Inegi reportó como las primeras causas de muerte en el país a la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las del hígado, las cerebrovasculares, las crónicas de las vías respiratorias inferiores y las hipertensivas, además de las agresiones.
El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, dijo en marzo pasado que las enfermedades crónico-degenerativas son la causa del 50 por ciento de las muertes en el país.
Sin embargo, el sistema de salud pública en México está limitado, es altamente desigual y se encuentra “desbordado”. Además, los pacientes y sus familias son propensos a los problemas económicos, pues se ven en la necesidad de pagar por medicamentos o servicios en el sector privado, ante la incapacidad del Estado mexicano de cumplir con lo que dicta el Artículo 4 de la Constitución:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
En este escenario, plantean centros de investigación, es urgente dar pasos hacia la transformación y universalización del sistema de salud, lo cual requiere compromiso pero, sobre todo, presupuesto suficiente.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT) arrojó que la prevalencia de diabetes en el país llegó a 10.3 por ciento en mujeres y a 8.4 por ciento en varones. Además, cifras del INEGI revelan que en ese año fallecieron 105 mil 574 personas a consecuencia de dicha enfermedad no transmisible, mientras en 1990 las muertes llegaban a 25 mil 782.
Datos del Gobierno de México señalan que a partir de 2006, el cáncer de mama desplazó al cáncer cérvico uterino como la primera causa de muerte por cáncer en el sexo femenino. En 2013, por ejemplo, se registraron 5 mil 405 defunciones y las entidades con mayor mortalidad por dicha causa son Coahuila, Sonora y Nuevo León.
En el país, existen pocos datos estadísticos sobre la leucemia, sin embargo, el médico Alberto Olaya Vargas, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que se diagnostican aproximadamente 7 mil casos nuevos de leucemia en la población mexicana por año y de ellos, aproximadamente la mitad corresponden a leucemia mielógena crónica.
De acuerdo con datos de la Fundación Mexicana del Riñón, en el país existen alrededor de 140 mil pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y de ellos, sólo la mitad es atendida en el Sector Salud. El Seguro Popular, por ejemplo, no cubre los tratamientos para esa enfermedad.
A pesar de la situación, el país invierte sólo el 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector; es decir, apenas una tercera parte de lo que destinan, por ejemplo, Suiza y Francia: 9.1 y 9.2 por ciento, respectivamente.
Aunado a ello, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el presupuesto del Ramo 12 Salud ha sido trasquilado. Los recursos destinados al sector con los que arrancó el Gobierno federal su administración están prácticamente igual que al cierre, en números cerrados, 122 mil millones de pesos.
“México está en un problemón, se han hecho esfuerzos, pero relativamente escasos. El presupuesto en salud ante el contexto tan complicado en finanzas públicas se ha reducido en términos reales y no hay compromiso real para que este presupuesto se mantenga, por lo menos que no se reduzca. [El sistema mexicano de salud] está llegando a un límite, está desbordado”, dijo Fatima Masse, consultora en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en entrevista para SinEmbargo.
La investigadora explicó que al descontar el efecto de la inflación, es posible observar que entre 2012 y 2018 el presupuesto cayó en 20 por ciento, es decir, lo que se podía comprar con lo que recibió la Secretaría de Salud a principios del sexenio, a finales del mismo resulta menor.
“Es preocupante porque se traduce en menores acciones y es una señal que indica que el sector salud está rebasado”, comentó.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ramo 12 revela que en 2012 se destinaron 113 mil 480 millones de pesos, mientras que al final del sexenio, en 2018, bajó a 90 mil 558 mdp.
Actualmente, 21 millones 424 mil 924 de personas no tienen afiliación a alguna institución de salud, y únicamente el 42 por ciento de los mexicanos cuenta con cobertura con amplio paquete de atención, dice un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El número de afiliados a los distintos servicios de salud públicos varía. En su último análisis “Sistema Universal de Salud. Retos de cobertura y Financiamiento”, el CIEP apunta que el Seguro Popular cuenta con 55.6 millones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 43.4, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 6.8, los hospitales de Petróleos Mexicanos (Pemex) con uno y el programa IMSS Prospera con 1.3.
Pero, ¿a quiénes atiende cada servicio?
El Seguro Popular brinda servicio a quienes no se encuentran inscritos en alguna institución, no tiene costo para la población con menos recursos económicos, pero puede llegar a cobrar cuotas anuales que rondan los 11 mil pesos. El IMSS atiende a los trabajadores del sector formal, el ISSSTE acoge a los trabajadores del Estado. Los hospitales de Pemex benefician a los empleados de la paraestatal, quienes no están obligados a aportar cuota alguna. El programa IMSS Prospera se dirige a quienes cuentan con escasos recursos, viven en comunidades rurales o urbanas marginadas y no son derechohabientes de ningún otro organismo.
La brecha de desigualdad en los servicios de salud es amplia: quienes están afiliados al Seguro Popular –que depende del presupuesto de la Secretaría de Salud– tienen acceso a un catálogo de mil 603 intervenciones médicas entre las que se cuentan diagnósticos, vacunas, cirugías y tratamientos, sin embargo, no cuentan, por ejemplo, con el tratamiento para la insuficiencia renal, cuando el resto de las instituciones mencionadas sí brindan ese servicio.
En contraste, el servicio médico de Pemex, cuyo presupuesto proviene de la paraestatal, incluye más de 8 mil intervenciones médicas e incluso sus derechohabientes cuentan con acceso a cirugías estéticas y cosméticas, según el CIEP.
Además, dicho centro de investigación reveló que los recursos destinados por paciente anualmente, es también desigual entre organismos. Una muestra: Pemex invierte cerca de 9 mil pesos por derechohabiente, mientras IMSS Prospera apenas un 10 por ciento de esa cantidad.
La afiliación no implica forzosamente el acceso a los servicios necesarios para cada paciente, dijo a este medio digital Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del CIEP: “Por un lado tenemos sistemas que resultan muy generosos, como es el caso de Pemex, y sistemas que están muy limitados, como el caso de IMSS Prospera o el Seguro Popular. Empezando por ahí, el hecho de ser derechohabiente de alguna de las instituciones, no te garantiza que tengas acceso a la atención de un gran catálogo de enfermedades”.
En el mismo sentido, Masse declaró que el sistema mexicano de salud “está llegando a un límite”, pues, por un lado tiene cobertura insuficiente y a pesar de que se han dado pasos hacia la universalización de la cobertura, por ejemplo, con la implementación del Seguro Popular, hay desabasto de medicamentos: en 2016, sólo el 61 por ciento de las personas que acudieron a consulta en los servicios estatales de salud salieron con todos sus medicamentos, o sea que el 39 por ciento restante tuvo que comprar.

EXCESIVO EL GASTO DE BOLSILLO
El IMCO define el gasto de bolsillo como el desembolso directo de las familias para solventar requerimientos de la atención de la salud. En el caso de las enfermedades crónicas, las cuotas pueden llegar a provocar que una familia entre en condición de pobreza.
“Es usar dinero de la cartera de las familias para solventar gastos de salud para diversas enfermedades. Eso no implica dinero para comprar un seguro de gastos médicos mayores, sino es para comprar una consulta médica, medicamentos, hospitalizaciones. Cuando se destina el gasto de bolsillo para cubrir el gasto de enfermedades crónicas, incluso en proporciones relativamente pequeñas del 20 ó 30 por ciento, puede condicionar a que las familias caigan en pobreza. Estamos hablando de familias de clase media y clase media alta”, comentó Masse.
México es el segundo país dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor porcentaje de gasto de bolsillo dirigido al rubro: 41 por ciento; mientras el promedio se encuentra en 21 por ciento.
En un México ideal, la creación de un Sistema Universal de Salud tendría cabida, es decir, que se garantice el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad a todos los habitantes del país.
Para lograrlo, el CIEP toma en cuenta tres aspectos: afiliación, gasto que se destina y servicios de atención.
Además, el IMCO propone:
–Crear métricas de calidad en los servicios de salud.
–Fortalecer a la Cofepris para que sea más transparente y tenga mayor alcance.
–Implementar acciones para centrar los servicios de salud en el paciente.
–Implementar acciones para centrar los servicios de salud en el paciente.
–Fortalecer el primer nivel de atención.
–Mejorar la capacitación del personal de salud.

Peña: "México hará historia al convertirse en el país en organizar tres Copas del Mundo"

13 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a la Federación Mexicana de Fútbol tras conocer la noticia de que aquella nación, junto a EE.UU. y Canadá, conformarán la sede norteamericana del Mundial 2026.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expreso su satisfacción: "México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo". En efecto, su país ya había sido anfitrión en las ediciones de 1970 y 1986, cuando obtuvieron sus trofeos Brasil y Argentina, respectivamente.
"Me da gusto por la gran afición mexicana", comentó Peña Nieto, y añadió que "la decisión de la FIFA es un reconocimiento a los tres países y a la capacidad de organización". Según el político, su nación cuenta con "calidad de infraestructura" para albergar el torneo deportivo más importante del planeta, que en este caso llevará la marca 'United 2026' (Unidos 2026).
Además, repasó los atractivos turísticos: "Tenemos magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos". A su vez, sumó que actualmente ese territorio norteamericano alberga grandes eventos deportivos, "como el Gran Premio de México de la Fórmula 1, el Torneo de Golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis". 
Por otro lado, el exalcalde de la capital y actual coordinador del proyecto de Gobierno de coalición ante una eventual presidencia de Ricardo Anaya, Migue Ángel Mancera, publicó: "Fuimos la primera ciudad de la candidatura en entregar los requerimientos que solicita FIFA para que Ciudad de México vuelva a vivir la experiencia de ser sede de la Copa Mundial". 

Conagua y el Ejército burlan orden de EPN y excavan pozos en acuífero protegido

11 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Entre los años 2015 y 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó la perforación de seis pozos para regar 492 hectáreas donde el Ejército mexicano cultiva forraje para ganado, en el estado de Chihuahua. Esos pozos, no obstante, fueron excavados en una zona en la que, más de dos años antes antes, el presidente Enrique Peña Nieto prohibió nuevas excavaciones para extraer agua, dada la grave sobrexplotación que sufre el acuífero de la zona, denominado “Meoquí-Delicias”.
Tal como consta en documentos internos del organismo, de los que Animal Político posee copia, para eludir la prohibición establecida por el presidente Peña Nieto, la Conagua alteró diversos expedientes oficiales, para simular que los pozos ya existían antes de la veda declarada en 2013, y por lo tanto ésta no les afectaba.
La documentación obtenida, además, indica que las obras de excavación, construcción y tecnificación de los pozos fueron asignadas a empresas privadas, tanto por parte del Ejército como de la Conagua, sin que se siguieran los procedimientos establecidos por la ley para realizar adjudicaciones directas.
Dichos procesos legales de adjudicación no sólo fueron eludidos, sino que, al menos el Ejército, simuló que la elección del proveedor fue legal, sin que en realidad cumpliera con los requisitos establecidos.
Según los registros de Conagua, desde los años 70, el Ejército gozaba de una “dotación” de agua  equivalente a 1.5 metros cúbicos por segundo, para regar los campos de cultivo de su Criadero Militar de Ganado Santa Gertrudis.
Esa agua asignada al Ejército no provenía de ningún pozo, sino que brotaba de la “Mina de Naica”, y era bombeada por la empresa minera Peñoles hacia la superficie.
No obstante, en el año 2015, la Mina de Naica se Inundó y las labores de bombeo se redujeron al mínimo, dejando al Criadero Militar Santa Gertrudis sin el volumen de agua que solía aprovechar.
Por ello, el 25 de noviembre de 2015, Conagua y la Secretaría de la Defensa Nacional pactaron la “perforación y equipamiento de seis pozos”, en los terrenos del Criadero Militar, tal como quedó registrado en un oficio con fecha del 22 de diciembre de 2015, enviado por el subrecretario de la Defensa Nacional, Noé Sandoval Alcázar, al delegado de la Conagua en Chihuahua, Kamel Athie.
Ese convenio, sin embargo, no tomó en cuenta que, dos años y ocho meses antes, el 5 de abril de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto expidió un “Acuerdo general”, en el que se ordena suspender el “libre alumbramiento” de pozos, en 16 polígonos ubicados sobre el acuífero Meoquí-Delicias.
Esta decisión presidencial fue tomada debido a que, tal como se subraya en el acuerdo de Peña Nieto, “se están realizando sin control extracciones superiores a la recarga de los acuíferos”, lo que, de continuar, “pondría en peligro el abastecimiento seguro de los habitantes de la zona y frenaría el desarrollo socioeconómico”.
Pese a dicha disposición presidencial, la documentación oficial obtenida por Animal Político revela que los pozos para el Ejército fueron tramitados a finales de 2015, y excavados a principios de 2016, dentro del polígono denominado “Zona 2” del acuífero Meoquí-Delicias, es decir, en un área prohibida.
Oficio de la Sedena, en la que establece el compromiso con Conagua para excavar seis pozos en el Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, zona donde estaba prohibido realizar nuevas perforaciones para extraer agua del subsuelo.Un acuífero a merced de su protectorEl 3 de diciembre de 2015, una semana después de que se estableció el acuerdo con el Ejército, el delegado de Conagua en Chihuahua, Kamel Athie, emitió un documento interno denominado “Informe para el director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. Avances sobre los compromisos adquiridos Conagua-Sedena”.
Sin que se mencionen las violaciones al acuerdo general del presidente Peña Nieto, este documento establece que, además de construir los seis pozos para el Ejército, la Conagua también se comprometió a “darle sustentabilidad legal” a dichas obras, y en un segundo “informe” (de enero de 2016), se establece que, para lograr ese objetivo, lo que se debe hacer es “convertir” la antigua “dotación” agraria de aguas que brotaban de la Mina Naica, y que el Ejército aprovechaba, en algo distinto: una “concesión” de aguas subterráneas.
Para ello, según el documento de enero de 2016, “la dirección local (de Conagua en Chihuahua) ya inició el proceso de regularización de la DOTACIÓN (sic) para convertirla en una CONCESIÓN (sic) en favor del Criadero (Militar de Ganado Santa Gertrudis)”.
Sin embargo, para que la operación de esos nuevos pozos fuera legal, ésta tendrían que haber existido antes de abril de 2013, es decir, previamente a que Peña Nieto emitiera la prohibición de nuevas perforaciones en la zona, ya que el acuerdo presidencial otorgaba un plazo de 60 días para regularizar aquellos pozos preexistentes.
Consultada al respecto, la Comisión Nacional del Agua aseguró, a través de un escrito dirigido a Animal Político, que los pozos del Criadero Militar son legales, ya que los “usuarios” que en esa zona “efectuaban la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo” con anterioridad al acuerdo de Peña Nieto de abril de 2013, pueden “continuar realizándolo”.
Así, para la Conagua, el Ejército ya contaba con esos pozos antes de que, en 2013, el presidente prohibiera nuevas excavaciones en el acuífero Meoquí-Delicias, y lo único que hacía falta era regularizarlos, “dentro de un plazo que no exceda 60 días hábiles”, contados a partir de la fecha en que Peña emitió su acuerdo.
Dicho trámite, según la Conagua, fue realizado por el Ejército el 13 de junio de 2013, es decir, dentro del plazo fijado en el acuerdo presidencial.
El escrito elaborado por la Conagua y dirigido a Animal Político, indica que el número de expediente asignado a cada uno de esos pozos (que en todos los casos concluye con la clave “13-06-13”) es prueba de que el trámite de registro se realizó el 13 de junio de 2013, ya que, se subrayó, dicho folio “señala la fecha de la solicitud ante la Dirección Local Chihuahua”.
No obstante, la postura pública de Conagua entra en contradicción con otro documento del organismo federal, éste interno, denominado “Informe para el Director General de Conagua. Avances sobre los compromisos adquiridos Conagua-Sedena”, fechado el 8 de octubre de 2016, en el cual, el delegado estatal del organismo, Kamel Athie, reportó a su superior que la verdadera fecha en que el Ejército inició el trámite para la excavación de estos pozos fue el 10 de noviembre de 2015, es decir, cuando la prohibición ya tenía dos años y ocho meses en vigencia.

Documento interno de Conagua, en el que se señalan los números de expediente de los pozos del Criadero Militar. Dichos folios señalaban que su tramitación inició el 10 de noviembre de 2015. Luego, esos folios fueron alterados, para simular que el trámite arrancó en junio de 2013.¿Cómo hacer legal lo ilegal?La documentación oficial en poder de Animal Político revela que, para regularizar los pozos del Ejército excavados en zona prohibida, la Conagua realizó un procedimiento singular: alteró las fechas en las que el Ejército inició el trámite, de tal forma que la prohibición de Peña Nieto no les afectara.
El cambio de los folios de expediente, y de las fechas oficiales de inicio del trámite, queda evidenciada por el mismo informe interno de Conagua, elaborado en octubre de 2016.
En dicho informe, firmado por el delegado del organismo federal en Chihuahua, Kamel Athie, se afirma textualmente que la “Sedena ingresó seis solicitudes de Concesión de Aguas Subterráneas al Centro Integral de Servicios de la Conagua, cuyos número de expediente se indican a continuación: CHI-L-3516-10-11-15; CHI-L-3518-10-11-15; CHI-L-3519-10-11-15; CHI-L-3520-10-11-15; CHI-L-3521-10-11-15; CHI-L-3522-10-11-15”.
Cabe recordar que, según el escrito dirigido por la Conagua a la redacción de Animal Político, el número de expediente “señala la fecha de la solicitud”, lo que confirma que todos estos trámites fueron iniciados por el Ejército el 10 de noviembre de 2015 (10-11-15), y no en junio de 2013.
Pese a ello, cuando a finales de 2016 la Conagua emitió las seis concesiones en favor de los pozos del Ejército, éstos ya no se identificaban con su número de expediente original, sino con folios nuevos, en los que ahora el día de tramitación ya no correspondía a noviembre de 2015, sino al 13 de junio de 2013, es decir, una fecha que quedaba dentro del periodo de gracia que el presidente otorgó a aquellas personas que ya contaban con un pozo operativo, pero no regularizado.
Así, Conagua simuló que en junio de 2013 el Ejército ya contaba con esos seis pozos, y el trámite era sólo para regularizarlos.
No obstante, la documentación oficial que se cruzaron en 2015 y 2016 el subsecretario de la Defensa Nacional, el director nacional de Conagua y el delegado en Chihuahua, revela lo contrario: que para 2013 los pozos no existían, y que éstos fueron tramitados a finales de 2015, y construidos a principios de 2016, cuando la prohibición ya tenía más de dos años vigente.
Destaca un hecho: Conagua autorizó estos pozos para el Ejército, prácticamente al mismo tiempo en que sus especialistas determinaban que el acuífero Meoquí-Delicias pierde 170 metros cúbicos de agua, que ya nunca recupera, cada hora.

Registro de uno de los pozos del Criadero Militar, ya con el número de expediente alterado, para simular que el trámite inició en el año 2013, antes de que se prohibieran nuevas excavaciones en la zona.Mentiras a floteAunque Conagua se negó a conceder una entrevista para hablar de las irregularidades detectadas en estos pozos, en el escrito que dirigió a la redacción de Animal Político se establece que dicho organismo federal ignora cómo fueron pagadas las obras.
De hecho, Conagua subraya en su escrito que la información financiera sobre la construcción de estos pozos “no obra en los expedientes (del organismo), ni tiene por qué hacerlo”.
Sin embargo, nuevamente la postura pública de Conagua contradice los que se señala en los informes internos que su titular recibió a lo largo de 2016, según los cuales, este organismo no fue sólo el encargado de autorizar y “dar sustento legal” a los pozos excavados en zona prohibida, sino que también se encargó de pagar su perforación.
En octubre de 2016, por ejemplo, en el “Informe” dirigido por la dirección regional de Conagua al director general del organismo, Roberto Ramírez de la Parra, se establece que “el presupuesto estimado para la construcción, equipamiento, interconexión y conducción de los 6 pozos fue de 25 millones de pozos”, aunque también se reporta que hubo gastos no previstos, “lo que nos llevó a tener el presupuesto real que se requiere, siendo de 34 millones 825 mil 533 pesos, IVA incluido”.
En ese documento, el encargado regional de Conagua en Chihuahua, Kamel Athie, informa a su superior que, dado el incremento en los costos, “se están realizando los trámites para la ampliación (del presupuesto para la obra) por el 24% (más de lo que se tenía previsto), ante la Secretaría de Hacienda, para pagar el faltante el próximo año”.
Según el documento de Conagua del que Animal Político posee copia, este organismo federal sí fue el encargado de pagar las obras, por lo cual, legalmente está obligado a reportar esos gastos y conservar en sus archivos la información relativa, lo cual, tal como se informó oficialmente, no se pasó.
Cabe destacar que, por su costo (34 millones de pesos), la excavación de esos pozos debía otorgarse a la empresa que ganara una licitación pública, con la oferta más baja, o al menos debió realizarse un proceso de licitación pública.
Para eludir ese proceso, sin embargo, la dirección regional de Conagua propuso a la dirección general del organismo alegar causas de “seguridad nacional” para entregar la obra por adjudicación directa, es decir, de forma discrecional.
De hecho, el director regional de Conagua, Kamel Athie Flores, reportó a su titular (el 3 de diciembre de 2015), que la obra podía iniciar antes de que se obtuvieran los recursos, e incluso antes de que se formalizara el procedimiento de adjudicación, ya que, aseguró el funcionario en su informe, “debe destacarse que existen empresas en el estado (de Chihuahua) que pueden iniciar los trabajos señalados bajo la promesa de pago”.
 Informe interno de Conagua, del 3 de diciembre de 2015, en el que se propone entregar las obras a empresas privadas, aún antes de que se definiera el proceso de adjudicación.Empresas amigasAl analizar la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó que en ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional pagó 17 millones de pesos, para instalar en los campos del Criadero Militar Santa Gertrudis un sistema para regar el agua extraída de los seis pozos excavados, dinero que también se entregó a empresas privadas, sin que se diera previamente el proceso legal de adjudicación.
La Auditoría, de hecho, no sólo detectó que el Ejército eludió este proceso, orientado a obtener los mejores precios de mercado, sino que, además, concluyó que el instituto armado simuló que dicho proceso legal sí se había realizado.
La Auditoría demostró este intento de engaño por parte del Ejército, luego de percatarse de que la empresa proveedora dio cursos de capacitación al personal militar, para el uso del sistema de riego instalado, antes de que formalmente se solicitaran cotizaciones a a los diversos proveedores existentes.
Es decir, el Ejército primero entregó los trabajos a una empresa elegida discrecionalmente, y para ocultar ese procedimiento irregular, luego escenificó una supuesta convocatoria a proveedores para seleccionar al mejor postor.
Tras detectar este proceso irregular, la Auditoría concluyó que “antes del inicio del procedimiento (para elegir a la empresa con los mejores precios), ya se había seleccionado al proveedor con el que se llevaría a cabo la compra, y ya se habían adquirido los bienes”.
Cuando la Auditoría le pidió al Ejército que explicara esta irregularidad, el instituto armado le notificó que “debido a la suspensión en el suministro de agua que abastecía en esta zona, el Criadero Militar de Ganado se coordinó con algunas instancias estatales y federales, para materializar un proyecto de exploración, perforación y equipamiento de seis pozos (…) y con el fin de no perder el ciclo agrícola del año 2016, por falta del suministro del vital líquido, en forma paralela a la perforación y equipamiento de pozos, el Criadero Militar decidió coordinar la entrega anticipada e instalación de los sistemas de riego, sin efectuar pago alguno hasta la firma del contrato correspondiente”.
Es decir que el Ejército no sólo admitió haber simulado el proceso de legal adjudicación, sino que, además, reconoció ante la Auditoría que los pozos no existían desde 2013 (como afirma Conagua), sino que fueron planeados y excavados en 2016, cuando en la zona ya estaba prohibido alumbrar nuevos puntos de extracción de aguas subterráneas.
Para conocer la postura del Ejército en torno a todas estas irregularidades, Animal Político solicitó entrevista con un representante oficial, desde hace una semana. Dicha petición no obtuvo respuesta favorable.  (MSN).

Cierre de campaña de Peña costó 22.8 mdp en el Azteca

10 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El cierre de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, representó para la coalición Compromiso por México 22.8 millones de pesos. El alquiler del Estadio Azteca fue por 16.2 millones de pesos, más gastos de transportación, grupos musicales y otros.
Originalmente, los partidos que postularon al hoy presidente, PRI y PVEM, reportaron un gasto en ese evento por 18.2 millones de pesos, pero durante la fiscalización se detectaron 4.6 millones de pesos más, sobre todo en gastos adicionales.
La factura por la renta del inmueble, emitida por OCESA, reflejó un gasto por 16.2 millones de pesos.
El Instituto Federal Electoral (IFE) detectó gastos que no habían sido reportados, de modo que los montos se modificaron para quedar, al final, en contrato de Banda El Recodo por 348 mil pesos y traslado de asistentes por 2 millones 42 mil 761 pesos.
Esa candidatura presidencial prorrateó los gastos del cierre, que fue el 24 de junio, con otros abanderados de esa coalición que integraron PRI y PVEM, por lo que el gasto acreditado a la campaña presidencial en ese evento quedó en 347 mil pesos.
Antes que él, el ex presidente Felipe Calderón realizó también su cierre de campaña en 2006 en el mismo estadio, pero debido al modelo que existía para la revisión de ingresos y gastos —cuando no había un Sistema Integral de Fiscalización— los costos de alquiler del inmueble no están disponibles, pues se reportaban montos generales.
Sin embargo, consta en los expedientes de esa campaña gastos de producción de spots grabados por Televisa S.A., en ese lugar, por un millón 570 mil pesos, además ese partido pagó en transportación de simpatizantes en 109 autobuses, un millón 68 mil 100 pesos.
En este caso los gastos también fueron prorrateados por candidatos del PAN a diputados y al Senado.
Ahora, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se propone cerrar su campaña presidencial también en el Estadio Azteca. (El Universal).

La CIDH sepulta la “verdad histórica” del gobierno de Peña en el caso Ayotzinapa

07 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la OEA, acabó por “sepultar” la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la conclusión a la que llegó sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
“El Estado mexicano, a pesar de que hay toda una institucionalidad trabajando en las investigaciones de este caso, a la fecha no ha llegado a obtener los objetivos de la propia investigación… encontrar a los estudiantes”, declaró en conferencia de prensa Esmeralda Troitiño, relatora especial para México de la CIDH, al presentar el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala.
El órgano jurídico autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió y saludó el fallo del Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas que el lunes pasado desmoronó la narrativa oficial del gobierno de Peña Nieto enmarcada en la famosa frase del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la “verdad histórica”, según la cual los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por miembros del crimen organizado del estado de Guerrero.
“La investigación ha sido exageradamente lenta, ha sido paquidérmica, la verdad, ha sido endémica, no puedo concebir que llevemos ya más de tres años y medio y no tengamos un resultado fehaciente”, agregó por su parte Luis Vargas Silva, el otro relator de la CIDH para el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala.
 “La verdad no admite clasificaciones, ni admite nombres, eso de verdad histórica y de verdad procesal y de verdad real son eufemismos que se han estado creando para distorsionar, en el fondo, los hechos”, sentenció Vargas Silva.
El informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que cumple con las recomendaciones que hiciera en julio de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la misma OEA, es contundente al exponer la falta de interés del gobierno de Pena en intentar indagar para saber la verdad del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa.
“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, resalta el informe de la CIDH.
La exigencia general del órgano autónomo de la OEA es que el Estado mexicano no pare en realizar la búsqueda, investigación, persecuciones y sentencias judiciales que se deban hacer, hasta que se logre determinar la auténtica verdad de lo que pasó con los normalistas en Iguala.
“Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, se acusa en el reporte.
Cuando a los relatores para el caso se les preguntó si consideran que el próximo gobierno que resulte de las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio, podría hacer todo lo contrario de lo que hasta ahora ha hecho la administración de Peña Nieto para determinar el paradero de los 43 normalistas, Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, dio una respuesta institucional:
“Quisiéramos que todos los candidatos (a la Presidencia) asumieran un compromiso con la verdad de lo que ocurrió realmente con los estudiantes”, indicó Abrāo.
Entre varios de los aspectos del informe presentado en Washington se destaca la queja de la CIDH de que el gobierno de Peña Nieto no explica la cantidad ni calidad de la información del expediente, ni por qué cambio la narrativa del caso.
Vargas Silva, por ejemplo, mencionó la ausencia de explicaciones de parte del gobierno mexicano a las preguntas sobre los casos de tortura a los que han sido sometidos algunos de los detenidos, la manipulación de pruebas y la contaminación de evidencias, como en las que incurrió Tomás Zerón, el exfuncionario de la PGR al hacer un recorrido por el río San Juan, donde presuntamente se tiraron las cenizas de los estudiantes tras haber sido quemados en el basurero de Cocula.
Al relator de la CIDH se le inquirió sobre si consideraba la posibilidad en un futuro de que a Zerón se la fincaran delitos por la manipulación o contaminación de pruebas y evidencias, y expresó:
“El tema de la responsabilidad de Zerón corresponde a los investigadores, nosotros lamentablemente no somos las personas que directamente vamos a determinar porque no tenemos competencia ni responsabilidades, pero sí es importante que el Estado mexicano, a través de la PGR, las establezca. Es decir, si hay responsabilidad de Tomás Zerón, en qué consiste ésta, y que sea mucho más efectivo, más directo el resultado de las investigaciones”, concluyó Vargas Silva.
La CIDH también ensalzó el fallo del Tribunal Colegiado respecto de la creación de una Comisión de las Verdad para el caso Ayotzinapa, pero en la que se dé participación y voz a los familiares de las víctimas.

Peña condena agresión contra marinos en Ciudad Guzmán; “se la rifan” por cuidar el país, dice

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

 (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto condenó la agresión que sufrió un grupo de elementos de la Secretaría de Marina Armada (Semar) de México en Ciudad Guzmán, Jalisco.
“Como presidente de la República condeno estos hechos, los lamento profundamente. Rechazamos este nivel de violencia, y más cuando se atenta contra una de las instituciones pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas, cuyos elementos dan sus vidas por proteger a nuestra nación”, puntualizó durante la ceremonia por el Día del Medio Ambiente.
En el Desierto de Los Leones, el mandatario dijo que los mexicanos no deben dejarse llevar por enojos, agravios o resentimientos que solo generan violencia, “a veces legítima y a veces no tanto”.
Por último, llamó a los mexicanos a respaldar y solidarizarse con las Fuerzas Armadas, pues sus elementos, recalcó, “se la rifan y se la juegan, y dan su vida por cuidar y preservar nuestro país”.
La tarde de ayer, una manifestación en Ciudad Guzmán para exigir el retiro de personal de la Semar terminó con un hombre herido de bala y una camioneta de la dependencia federal completamente dañada.
Varias personas cerraron la entrada sur del municipio de Zapotlán El Grande –también conocido como Ciudad Guzmán– para exigir el retiro de los marinos, debido a que cometen abusos de autoridad, señalaron.
Los inconformes atacaron con botellas y piedras una camioneta de la dependencia federal y la “grafitearon” con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los mensajes: “bola de putos, queremos respuestas”, “chinguen a su madre” y “traidores a la patria”.
En respuesta, los elementos de la Marina hicieron disparos al aire, tal como se observa en un video que captó el portal Tráfico ZMG.

El 1er. gran reto del próximo presidente: limpiar el fango de la corrupción que heredará

02 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


(EFE).- Gane quien gane en las elecciones del 1 de julio, el principal desafío será cómo luchar contra la corrupción y la impunidad asociada, que se han convertido en el problema principal del país y lastrado la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
“¿Cómo le van a hacer para acabar con la corrupción?”
Esa es una de las preguntas que estos días, en plena campaña electoral, no deja de surgir en los eventos y foros a los que acuden los candidatos.
Esta lacra no sólo supone un golpe a la credibilidad de políticos e instituciones, sino que repercute económicamente en el crecimiento del país.
Según estimaciones del Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México (CEESP), el costo de la corrupción en el país fluctúa entre nueve por ciento y 10 por ciento del producto interno bruto.
En vista de ello, las demandas de las organizaciones civiles coinciden en un punto que consideran urgente: la necesidad de nombrar al fiscal anticorrupción, tarea que lleva años de retraso.
Esta figura es la pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se echó a andar en 2016 y está compuesto por siete instituciones autónomas.
“Queremos un fiscal que sea independiente. En este país, la justicia nunca ha sido justicia: siempre se ha utilizado para manejar la política y contra los enemigos”, afirma a EFE el Consejero de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) Pablo Girault.
Además de ser autónomo, agrega, esta figura habrá de tener el presupuesto y las capacidades de las que hoy se carecen para perseguir el delito.
Esto es imprescindible para que los ciudadanos acudan a la justicia en el caso de sufrir un crimen, porque hoy en día “93 por ciento de los delitos no se denuncian, y de ese siete por ciento que se denuncia sólo dos por ciento termina en una sentencia favorable a las víctimas, lo cual quiere decir que hay una impunidad total”.
“El punto central es el sistema de justicia”, coincide María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien valora que este ámbito está “hecho un desastre”.
Argumenta que falta voluntad política para eliminar este problema, pero eso no es lo único, ya que habría que llevar a cabo todo un conjunto de mecanismos que tengan como eje la prevención.
“El problema de la corrupción en México es sistémico; atraviesa clases sociales, el sector público y privado, y está en la ciudadanía también”, apunta Casar.
Decir que este tema se concentra en el sector público “es una barbaridad”, aunque la corrupción que se da en este ámbito “duele más” porque hace referencia a los recursos de todos los ciudadanos.
En 2014, Peña Nieto despertó recelos cuando aseveró en un evento que la corrupción en el país es “una debilidad de orden cultural”, argumento que repitió meses después y por el que defendía un “cambio estructural de toda la sociedad”.
Su sexenio (2012-2018) ha quedado marcado por los escándalos de corrupción, entre ellos, el de la llamada “casa blanca”.
El caso está relacionado con la compra de propiedades a contratistas del Gobierno por parte del mandatario y su esposa, Angélica Rivera, y despertó una gran indignación ciudadana -que el propio Presidente reconoció-, aunque una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) negó que hubiera conflictos de interés.
A esto se suma la lista de gobernadores de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), que han sido señalados por corrupción, como Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz que actualmente enfrenta encarcelado varios procesos, o César Duarte, quien cuenta con una orden de detención de Interpol y es acusado de malversación por su gestión en Chihuahua.
Para emprender la titánica tarea de erradicar la corrupción, cada uno de los aspirantes a la Presidencia tiene su propia estrategia.
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, favorito en las encuestas, opina que el primer paso es que el Presidente dé ejemplo: “Como las escaleras, la corrupción se barre de arriba para abajo”, ha dicho en varias ocasiones.
El conservador Ricardo Anaya ha abogado por acabar con la inmunidad procesal del Presidente, eliminar dinero en efectivo en operaciones de instituciones públicas y asegurar que los corruptos vayan a la cárcel.
En la misma línea, José Antonio Meade, del PRI, se ha mostrado partidario de transparentar los contratos públicos, erradicar el fuero Presidencial y hacer que los funcionarios hagan público su patrimonio de forma exhaustiva.
Por último, el independiente Jaime Rodríguez Calderón, además de defender un fiscal autónomo, tiene otra propuesta menos ortodoxa: “Mocharle (cortarle) la mano” a quien robe del erario.
Por EFE

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