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La Auditoria Superior de la Federación (ASF) inició procedimientos de sanción en contra de 72 personas y empresas, entre ellos 63 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como contra dos universidades públicas, por su responsabilidad en la firma de convenios irregulares en el año 2013 bajo el esquema de La Estafa Maestra.
Los implicados deben regresar al erario un monto que 1,088 millones de pesos, acorde al daño patrimonial causado por los servicios que no realizaron las universidades que firmaron los convenios.
En conferencia de prensa, el director jurídico de la ASF, Víctor Andrade, explicó que las personas implicadas en los procedimientos de sanción no pudieron, en definitiva, solventar las observaciones que en el momento legal oportuno hizo la auditoría.
“Al día de hoy tenemos iniciados 11 procesos resarcitorios de la Cuenta Pública 2013. Son contrataciones de Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México y esto involucra a 72 presuntos responsables, tanto personas físicas como morales. El estatus actual que tienen estos procesos es en desahogo” señaló.
Andrade explicó que las personas implicadas tienen derecho a presentarse en audiencia para tratar de desvirtuar el pago que deben realizar pero si no lo hacen el mismo quedará firme. Y si no pagan se daría vista al SAT para que proceda con las medidas que considere convenientes para el cobro, entre ellas el embargo de bienes.
El director jurídico de la auditoría dijo que solo se contempla a los funcionarios que de acuerdo con sus atribuciones legales tenían alguna injerencia o responsabilidad sobre los convenios firmados. Agregó que no se pueden dar a conocer los nombres porque son procesos legales en curso.
La auditoría también precisó que pondrá en marcha estos mismos procedimientos de responsabilidades resarcitorias en contra de todos los que resulten responsables por los convenios irregularidades firmados entre dependencias federales y universidades u otros organismos públicos de 2014 a 2016.
Lo anterior luego de que concluya el análisis de los documentos que los distintos involucrados han mandado para intentar solventar las irregularidades.
La otra ruta: denuncias penales
Andrade explicó que de forma paralela a los procedimientos de sanción iniciados por la auditoría, se han presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) que ya dieron paso a 17 averiguaciones abiertas en contra de los funcionarios que resulten responsables por los convenios firmados con universidades y otros entes entre 2013 y 2015.
Estas averiguaciones involucran un monto de 3,037 millones de pesos de posible fraude al erario y abarcan convenios firmados por Sedesol y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con nueve universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
Estos convenios con las universidades y con el ente público fueron firmados aprovechando una excepción del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que indica que el gobierno puede contratar directamente a organismos públicos para realizar servicios. El problema es que dichas instancias contratadas nunca realizan el servicio, sino que subcontratan a terceros que en algunos casos resultan ser empresas fantasma que simulan hacer el trabajo.
El nuevo titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, dijo que el problema no está en la redacción de la ley sino en el uso que se le ha dado a dicha excepción.
El auditor se comprometió a que se continuará dando seguimiento a las denuncias penales presentadas y se trabajará coordinadamente con PGR para que se sancione a todos aquellos funcionarios que resulten responsables.
En el caso de estos procesos penales la responsabilidad de identificar a todos los funcionarios y exfuncionarios que hubieran cometido un delito le corresponde a PGR.
Las auditorías que vienen
En la conferencia de prensa, el auditor Colmenares Páramo hizo énfasis en que el problema de las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones (documentado en el reportaje de La Estafa Maestra) continúa bajo revisión de los auditores con el análisis de la Cuenta Pública 2017 y la que se realizará en la Cuenta Pública 2018.
En octubre próximo se darán a conocer los resultados de dos auditorías forenses relacionadas con convenios firmados por dependencias federales tanto con la Universidad de Campeche, así como con el Sistema de Televisión de Hermosillo, y donde se advierten nuevas anomalías del mismo tipo.
La ASF también anunció que determinó ampliar de ocho a 14 las auditorías forenses relacionadas con la Cuenta Pública 2017.
Colmenares adelantó que la ASF estará fiscalizando temas de amplio interés público entre ellos el uso de recursos de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, el uso de recursos de programas sociales en el contexto del proceso electoral, y diversas obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM).
Los resultados de estas nuevas auditorías se darán a conocer el próximo año. Con información de Animal Político.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) inició procedimientos de sanción en contra de 72 personas y empresas, entre ellos 63 funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como contra dos universidades públicas, por su responsabilidad en la firma de convenios irregulares en el año 2013 bajo el esquema de La Estafa Maestra.
Los implicados deben regresar al erario un monto que 1,088 millones de pesos, acorde al daño patrimonial causado por los servicios que no realizaron las universidades que firmaron los convenios.
En conferencia de prensa, el director jurídico de la ASF, Víctor Andrade, explicó que las personas implicadas en los procedimientos de sanción no pudieron, en definitiva, solventar las observaciones que en el momento legal oportuno hizo la auditoría.
“Al día de hoy tenemos iniciados 11 procesos resarcitorios de la Cuenta Pública 2013. Son contrataciones de Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de México y esto involucra a 72 presuntos responsables, tanto personas físicas como morales. El estatus actual que tienen estos procesos es en desahogo” señaló.
Andrade explicó que las personas implicadas tienen derecho a presentarse en audiencia para tratar de desvirtuar el pago que deben realizar pero si no lo hacen el mismo quedará firme. Y si no pagan se daría vista al SAT para que proceda con las medidas que considere convenientes para el cobro, entre ellas el embargo de bienes.
El director jurídico de la auditoría dijo que solo se contempla a los funcionarios que de acuerdo con sus atribuciones legales tenían alguna injerencia o responsabilidad sobre los convenios firmados. Agregó que no se pueden dar a conocer los nombres porque son procesos legales en curso.
La auditoría también precisó que pondrá en marcha estos mismos procedimientos de responsabilidades resarcitorias en contra de todos los que resulten responsables por los convenios irregularidades firmados entre dependencias federales y universidades u otros organismos públicos de 2014 a 2016.
Lo anterior luego de que concluya el análisis de los documentos que los distintos involucrados han mandado para intentar solventar las irregularidades.
La otra ruta: denuncias penales
Andrade explicó que de forma paralela a los procedimientos de sanción iniciados por la auditoría, se han presentado denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) que ya dieron paso a 17 averiguaciones abiertas en contra de los funcionarios que resulten responsables por los convenios firmados con universidades y otros entes entre 2013 y 2015.
Estas averiguaciones involucran un monto de 3,037 millones de pesos de posible fraude al erario y abarcan convenios firmados por Sedesol y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con nueve universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.
Estos convenios con las universidades y con el ente público fueron firmados aprovechando una excepción del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que indica que el gobierno puede contratar directamente a organismos públicos para realizar servicios. El problema es que dichas instancias contratadas nunca realizan el servicio, sino que subcontratan a terceros que en algunos casos resultan ser empresas fantasma que simulan hacer el trabajo.
El nuevo titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, dijo que el problema no está en la redacción de la ley sino en el uso que se le ha dado a dicha excepción.
El auditor se comprometió a que se continuará dando seguimiento a las denuncias penales presentadas y se trabajará coordinadamente con PGR para que se sancione a todos aquellos funcionarios que resulten responsables.
En el caso de estos procesos penales la responsabilidad de identificar a todos los funcionarios y exfuncionarios que hubieran cometido un delito le corresponde a PGR.
Las auditorías que vienen
En la conferencia de prensa, el auditor Colmenares Páramo hizo énfasis en que el problema de las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones (documentado en el reportaje de La Estafa Maestra) continúa bajo revisión de los auditores con el análisis de la Cuenta Pública 2017 y la que se realizará en la Cuenta Pública 2018.
En octubre próximo se darán a conocer los resultados de dos auditorías forenses relacionadas con convenios firmados por dependencias federales tanto con la Universidad de Campeche, así como con el Sistema de Televisión de Hermosillo, y donde se advierten nuevas anomalías del mismo tipo.
La ASF también anunció que determinó ampliar de ocho a 14 las auditorías forenses relacionadas con la Cuenta Pública 2017.
Colmenares adelantó que la ASF estará fiscalizando temas de amplio interés público entre ellos el uso de recursos de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017, el uso de recursos de programas sociales en el contexto del proceso electoral, y diversas obras relacionadas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM).
Los resultados de estas nuevas auditorías se darán a conocer el próximo año. Con información de Animal Político.
