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(EFE).- Gane quien gane en las elecciones del 1 de julio, el principal desafío será cómo luchar contra la corrupción y la impunidad asociada, que se han convertido en el problema principal del país y lastrado la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
“¿Cómo le van a hacer para acabar con la corrupción?”
Esa es una de las preguntas que estos días, en plena campaña electoral, no deja de surgir en los eventos y foros a los que acuden los candidatos.
Esta lacra no sólo supone un golpe a la credibilidad de políticos e instituciones, sino que repercute económicamente en el crecimiento del país.
Según estimaciones del Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México (CEESP), el costo de la corrupción en el país fluctúa entre nueve por ciento y 10 por ciento del producto interno bruto.
En vista de ello, las demandas de las organizaciones civiles coinciden en un punto que consideran urgente: la necesidad de nombrar al fiscal anticorrupción, tarea que lleva años de retraso.
Esta figura es la pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se echó a andar en 2016 y está compuesto por siete instituciones autónomas.
“Queremos un fiscal que sea independiente. En este país, la justicia nunca ha sido justicia: siempre se ha utilizado para manejar la política y contra los enemigos”, afirma a EFE el Consejero de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) Pablo Girault.
Además de ser autónomo, agrega, esta figura habrá de tener el presupuesto y las capacidades de las que hoy se carecen para perseguir el delito.
Esto es imprescindible para que los ciudadanos acudan a la justicia en el caso de sufrir un crimen, porque hoy en día “93 por ciento de los delitos no se denuncian, y de ese siete por ciento que se denuncia sólo dos por ciento termina en una sentencia favorable a las víctimas, lo cual quiere decir que hay una impunidad total”.
“El punto central es el sistema de justicia”, coincide María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien valora que este ámbito está “hecho un desastre”.
Argumenta que falta voluntad política para eliminar este problema, pero eso no es lo único, ya que habría que llevar a cabo todo un conjunto de mecanismos que tengan como eje la prevención.
“El problema de la corrupción en México es sistémico; atraviesa clases sociales, el sector público y privado, y está en la ciudadanía también”, apunta Casar.
Decir que este tema se concentra en el sector público “es una barbaridad”, aunque la corrupción que se da en este ámbito “duele más” porque hace referencia a los recursos de todos los ciudadanos.
En 2014, Peña Nieto despertó recelos cuando aseveró en un evento que la corrupción en el país es “una debilidad de orden cultural”, argumento que repitió meses después y por el que defendía un “cambio estructural de toda la sociedad”.
Su sexenio (2012-2018) ha quedado marcado por los escándalos de corrupción, entre ellos, el de la llamada “casa blanca”.
El caso está relacionado con la compra de propiedades a contratistas del Gobierno por parte del mandatario y su esposa, Angélica Rivera, y despertó una gran indignación ciudadana -que el propio Presidente reconoció-, aunque una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) negó que hubiera conflictos de interés.
A esto se suma la lista de gobernadores de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), que han sido señalados por corrupción, como Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz que actualmente enfrenta encarcelado varios procesos, o César Duarte, quien cuenta con una orden de detención de Interpol y es acusado de malversación por su gestión en Chihuahua.
Para emprender la titánica tarea de erradicar la corrupción, cada uno de los aspirantes a la Presidencia tiene su propia estrategia.
El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, favorito en las encuestas, opina que el primer paso es que el Presidente dé ejemplo: “Como las escaleras, la corrupción se barre de arriba para abajo”, ha dicho en varias ocasiones.
El conservador Ricardo Anaya ha abogado por acabar con la inmunidad procesal del Presidente, eliminar dinero en efectivo en operaciones de instituciones públicas y asegurar que los corruptos vayan a la cárcel.
En la misma línea, José Antonio Meade, del PRI, se ha mostrado partidario de transparentar los contratos públicos, erradicar el fuero Presidencial y hacer que los funcionarios hagan público su patrimonio de forma exhaustiva.
Por último, el independiente Jaime Rodríguez Calderón, además de defender un fiscal autónomo, tiene otra propuesta menos ortodoxa: “Mocharle (cortarle) la mano” a quien robe del erario.
Por EFE
Este domingo, tras las elecciones, Trump felicitó a López Obrador.
