Noticias de Yucatán
(Proceso).- En el entorno de Andrés Manuel López Obrador, así como entre los candidatos que perfila la alianza Juntos Haremos Historia, que lo postula, hay de todo: mujeres y hombres relacionados, por vínculo familiar o de negocios, con los clanes que el precandidato ha identificado como “la mafia del poder”.
Los clanes más poderosos de México –los que se colocan en todos los bandos de las convulsiones sociales y procesos políticos– están representados en el “gabinete” que López Obrador presentó el pasado 14 de diciembre.
Para la Secretaría de Turismo, por ejemplo, el precandidato presentó al consuegro de Carlos Slim, Miguel Torruco Marqués, padre de la socialité María Elena Torruco, esposa de Carlos Slim Domit.
Torruco Marqués ha sido asesor de López Obrador desde febrero de 2017, cuando abandonó la secretaría capitalina de Turismo, en respuesta al reclamo público del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que lo acusó de ser un “funcionario de medio tiempo”.
Destaca también en ese gabinete la presencia de Marcos Fastlicht Sackler, inversionista de negocios inmobiliarios y de entretenimiento, que desde hace una década se ha enrolado en consejos ciudadanos relacionados con seguridad y derechos humanos. Al margen de su desempeño empresarial y público, este asesor en materia de seguridad es suegro del presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.
Pero no son los únicos. Descendiente del emperador Moctezuma II, Esteban Moctezuma Barragán es también uno de los cercanos a López Obrador, quien lo designó secretario de Educación.
En la genealogía de Esteban Moctezuma se pueden contar, entre otros, el expresidente Miguel Francisco Barragán (1835-1836); Juan Bautista Barragán, diputado al Congreso Constituyente de 1857; y el general revolucionario Juan Barragán.
Esteban Moctezuma Barragán fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo; desde 2002 dirigió la Fundación Azteca, el instrumento de beneficencia del magnate Ricardo Salinas Pliego, de quien se dice que es cercano.
Su hermano, Pablo Moctezuma, es jefe delegacional en Azcapotzalco por Morena.
No es el único de añeja prosapia dentro del gabinete. Josefa González Blanco Ortiz Mena es hija de Patrocinio González Blanco Garrido y de Patricia Ortiz Mena. Patrocinio González fue –como su padre, Salomón– gobernador de Chiapas y secretario de Estado; además es yerno del también exsecretario de Estado y de larga presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (1970-1988), Antonio Ortiz Mena, cuyo nieto es el actual ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena.
Propuesta por López Obrador para ser secretaria de Medio Ambiente, Josefa es también sobrina bisnieta de Tomás Garrido Canabal, iniciador de las políticas antirreligiosas que dieron paso a la Guerra Cristera, y de un linaje que se mantiene en el poder hasta ahora, por ejemplo, con el perredista gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, o bien, con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello (su madre se apellida Coello Garrido).
Los antepasados de la nueva integrante del equipo de López Obrador han ocupado posiciones de primera importancia en siete de los últimos 14 sexenios.
Articulador de su Proyecto 18 y entusiasta promotor de López Obrador, que apenas el pasado lunes 15 lo presentó como coordinador de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil, Alfonso Romo Garza pertenece al clan Madero, cuyo genearca, Evaristo Madero, tuvo 20 hijos que se relacionaron, al estilo feudal, con todos los potentados del siglo XIX.
Encumbrado en los noventa, cuando llegó a ser el millonario número uno de México, Romo es yerno de Alejandro Garza Lagüera, pues está casado con Maca, nieta del magnate Eugenio Garza Sada –asesinado en 1973–, aunque la relación del estratega obradorista con la familia Garza Sada se vio deteriorada después de ocho años de litigio por dinero, lo mismo que ocurre con la descendencia de Roberto Garza Sada, cuyo nieto, Roberto Barceló Garza, se propone como candidato a senador por Morena en Nuevo León.
Además del equipo cercano y el gabinete, López Obrador presentó a la cantante Susana Harp, sobrina del magnate Alfredo Harp Helú, como coordinadora territorial de Morena en Oaxaca.
La coordinación territorial es una figura partidista creada para anticipar, sin violar disposiciones electorales, quiénes serán candidatos. La oaxaqueña buscará llegar al Senado.
Otras alcurnias, otras riquezas
Hay alcurnias menos notorias pero de importancia para el ámbito público. Por ejemplo, el canciller del gabinete, Héctor Vasconcelos, es hijo de José Vasconcelos, una figura prominente de las letras y la vida pública del México posrevolucionario y secretario de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón, como lo fue de Instrucción Pública durante la efímera presidencia de Eulalio Gutiérrez.
Está también perfilado como secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú, quien tuvo una larga trayectoria como funcionario en gobiernos priistas. Hijo del general Javier Jiménez Segura, el obradorista está casado con Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, hija de Pascual Gutiérrez Roldán, director de Pemex en el sexenio de Adolfo López Mateos.
Jiménez Espriú es tío político del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, y cuñado de Pascual Gutiérrez Saldívar, cabeza de Grupo Idesa, importante empresa del sector energético en la que hay inversiones de las familias Slim y Del Mazo.
Gutiérrez Saldívar está implicado en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht, pues Idesa es propietaria de 26% de Etileno XXI, que ha tenido relaciones estrechas y poco claras con la compañía brasileña (Proceso 2142).
Con la fórmula de coordinadores territoriales destacan otros acaudalados empresarios locales, como en el caso de Baja California, donde se perfila a la candidatura al Senado a Jaime Bonilla, influyente propietario de medios de comunicación y de la industria inmobiliaria en la península.
También está el expriista coahuilense Armando Guadiana Tijerina, empresario minero, ganadero, de transporte de carga y gasero, que contendió el año pasado por la gubernatura de su estado y ahora quiere llegar al Senado.
Como él, con participación política previa, así como por pertenecer a un clan empresarial, está Tatiana Clouthier, hija del excandidato presidencial panista en 1988, Manuel J. Clouthier, que el 15 de enero fue presentada como coordinadora nacional de campaña.
Y si bien alineada al obradorismo desde 2006, Layda Sansores –hija del extinto cacique campechano y exdirigente nacional del PRI, Carlos Sansores– será candidata en la delegación Álvaro Obregón.
Religión y política
La alianza con el Partido Encuentro Social (PES) despertó críticas en algunos sectores de Morena, debido a las posturas conservadoras que asumen los representantes de dicho instituto político en el Congreso. Sin embargo, como pocas veces se expresa en público, religión y política se entrecruzan también en una candidatura que propone el Partido del Trabajo (PT), el otro aliado, en Nuevo León.
Se trata de la expresidenta municipal Margarita Arellanes, quien desde 2011 enfrenta señalamientos por su riqueza inmobiliaria y diferentes acusaciones por corrupción, una de las cuales hizo que el PAN le abriera un expediente de expulsión, que no llegó a su fin pues ella renunció al partido, aunque aún enfrenta cargos por el desvío de 7.5 millones de pesos. Ella asegura que se trata de una persecución política.
Además del escándalo ha patentado su fe cristiana protestante, como aquel 8 de junio de 2013, cuando en una concentración masiva convocada por pastores y en plena ebullición de la violencia en Monterrey, oró: “Yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a Nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido”, dijo.
No es la única. Al otro extremo del país, Greg Sánchez y su esposa Niurka Sáliva controlan el PES en Quintana Roo, él como presidente y ella como titular del consejo político del partido. Acusado de lavado de dinero, en plena campaña por la gubernatura, Greg fue detenido en 2010 y al año siguiente obtuvo su libertad por falta de pruebas, cuando ya había pasado el proceso electoral. Con una carrera fincada en su liderazgo religioso, su presencia en dicha entidad ha provocado protestas de militantes del PT.
Sin embargo, el matrimonio que controla el PES local no es el único que causa inconformidad en Quintana Roo. El pasado 22 de octubre la entonces secretaria general (hoy dirigente nacional) de Morena, Yeidckol Polevnsky, designó a Marybel Villegas Canché y José Luis Pech Várguez coordinadores de organización estatales; a Jesús Pool Moo como coordinador de organización del cuarto distrito electoral federal; y a Juanita Alonso Marrufo, coordinadora municipal de Organización en Cozumel. Todos ellos son exmilitantes del PRI, y fueron encumbrados durante el sexenio del hoy detenido exgobernador Roberto Borge.
En Sonora, el 17 de noviembre López Obrador difundió un video en sus redes sociales anunciando la incorporación a Morena de Célida Teresa López Cárdenas, hasta entonces panista y colaboradora del exgobernador Guillermo Padrés Elías, en cuyo sexenio se desempeñó como subsecretaria de Desarrollo Social, presidente de la instancia responsable de obras públicas y luego diputada local.
En ese estado se perfila como candidata a la conductora de TV Azteca Lilly Téllez, hasta hace poco crítica de López Obrador. En esa entidad, Morena es coordinado por Alfonso Durazo, exsecretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, en este último caso también vocero, quien renunció al cargo y terminaría apoyando desde 2006 a López Obrador.
Como Téllez hay otras personalidades que han pasado de la pantalla, o bien del mundo del espectáculo a la política de Morena: Sergio Meyer, exintegrante de Garibaldi, y el comediante Ausencio Cruz, quienes buscarán ser diputados. O María Rojo, que repite su aspiración a gobernar Coyoacán, donde inició una participación política que la ha llevado a distintos puestos de representación popular.
Cerca del escándalo
Hay más excolaboradores de políticos polémicos, acusados de corrupción o expuestos por inmoralidades. Por ejemplo, en Puebla la alianza perfila como candidatos a Alejandro Armenta y a Nancy de la Sierra. Él fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Mario Marín, El Góber Precioso, y ella, diputada priista. Armenta no ha estado exento de señalamientos por corrupción, aunque ha declarado que se trata de una persecución del grupo del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Lo mismo ocurre en el Estado de México, donde la alianza plantea postular al Senado a la excandidata a gobernadora Delfina Gómez y a Higinio Martínez, presidente municipal de Texcoco, donde fue exhibido recortando nóminas a empleados municipales.
Y naturalmente está el caso de la Ciudad de México, donde los perfiles de candidatos delegacionales han causado molestia al menos en los casos de Víctor Hugo Romo, quien fue jefe delegacional de Miguel Hidalgo hasta 2015 y sobre cuya gestión pesan acusaciones de corrupción. El pasado jueves 18 dijo que lo persiguen por irse del PRD a Morena.
También está Francisco Chiguil, exjefe delegacional de Gustavo A. Madero, quien está propuesto para repetir en el cargo, y cuya salida de ese puesto se precipitó tras el siniestro de la discoteca News Divine en 2008, cuando murieron 12 personas y había claros indicios de corrupción en la demarcación. Su esposa será candidata a diputada federal.
En Benito Juárez se perfila a Fadlala Akabani, quien fue delegado por el PAN de 2003 a 2006 y en cuyo periodo se le acusó de corrupción inmobiliaria y nepotismo.
En diferentes casos la corriente encabezada por René Bejarano y su esposa, Dolores Padierna, tras su salida del PRD, está engrosando filas y listas de candidatos.
Bejarano es recordado por los videos que lo exhibieron tomando dinero de Carlos Ahumada, en uno de los episodios políticamente más costosos para López Obrador, de quien era secretario particular. Padierna será candidata a diputada federal.
La atracción de exmilitantes del PRI, PAN, PRD y PVEM es más o menos generalizada en el país, pero sin duda el caso más polémico es el del exgobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que gobernó intermitentemente la entidad, por presuntos problemas de salud, y finalmente abandonó el cargo.
Vallejo contenderá por la alcaldía de Morelia, mientras su hijo, del mismo nombre, irá por una diputación federal, ambos propuestos por el PES.
Durante su mandato, Vallejo fue relacionado con grupos delictivos e inclusive otro de sus hijos, Rodrigo, fue detenido tras difundirse un video en el que el joven apareció departiendo con Servando Gómez, La Tuta, identificado por el gobierno federal como líder de Los Caballeros Templarios.
A diferencia de otros casos, en el de Vallejo López Obrador sí emitió una declaración ante la prensa, pero evadió cualquier responsabilidad en esa postulación.
En Actopan, Veracruz, entidad donde ha pasado dos semanas del periodo de precampaña, dijo que cuando hay antecedentes de corrupción no debe permitirse a nadie participar, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar su imagen. Sin embargo, añadió que las decisiones las tomaban los comités estatales –el polémico método de las encuestas– para rematar: “Se puede escuchar a todos, y ser respetuosos, no satanizar a nadie, pero sí cuidar que no se afecte la imagen de Morena”.
