CIUDAD DE MÉXICO — López Obrador anunció el lunes que promoverá en marzo una consulta popular
sobre la revocatoria de su mandato al restarle importancia a la escasa
participación que tuvo la víspera el referéndum sobre el enjuiciamiento de
expresidentes, que no logró los votos necesarios para activarse.
En medio de las críticas de sus adversarios -que
consideraron que la consulta fue un “fracaso”- López Obrador desestimó la poca
concurrencia de electores, que alcanzó el 7%, y afirmó que fue un “triunfo” que
participaran más de 6 millones de votantes.
“Nunca va a fracasar la democracia”, dijo durante su conferencia matutina desde el estado occidental de Jalisco y sostuvo
que el referéndum de la víspera fue “trascedente” porque representó “el inicio
formal legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia
participativa”.
En tal sentido, López Obrador anunció que promoverá la
realización en marzo de una consulta popular para preguntarle a los mexicanos
si quieren que continúe su mandato hasta 2024 o que renuncie. “Un demócrata
verdadero no tiene que tener tanto apego al poder”, agregó. El gobernante
inició su período de seis años en diciembre de 2018.
Al referirse a las causas que motivaron la escasa
participación el mandatario atribuyó la responsabilidad al Instituto Nacional
Electoral (INE) y, sin mencionar a las autoridades electorales, dijo que “ellos
no tenían entusiasmo por esta consulta… fingen ser demócratas”. López Obrador
rechazó el argumento del INE de que no tenían presupuesto para realizar el
referéndum sobre el enjuiciamiento a expresidente y planteó que pudieron haber
pedido recursos a los gobiernos estatales para realizar la votación.
Tras el escrutinio del 99% de las 57.000 actas el INE
anunció el lunes que la opción del “si” alcanzó el 97% de los votos mientras el
“no” recibió 1,5%. En la consulta participaron 6.629.798 de electores que
representaron 7% del padrón electoral.
La concurrencia estuvo muy por debajo del requisito de al
menos 40% de participación (37,5 millones) previsto en las leyes para que la
consulta sea vinculante para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales.
A la pregunta de que si la escasa participación limitaba la
realización de procesos legales contra los expresidentes, López Obrador dijo
que es un tema abierto y agregó que las autoridades judiciales pueden actuar en
todo momento en caso de que haya pruebas. Asimismo, expresó que ojalá los
legisladores puedan bajar el tope de 40% de participación para activar los
procesos que se someten a consulta.
El presidente del partido oficialista Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, anunció el domingo que ante “el
clamor de justicia” de las personas que votaron mayoritariamente a favor del
enjuiciamiento de los expresidentes la organización apoyará la constitución de
un “tribunal del pueblo”, una “comisión de la verdad” y una “comisión contra la
impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo”, y una agenda de
“justicia transicional” contra violaciones de derechos humanos del pasado.
“La gente se dio cuenta de que la consulta fue una total
farsa, un engaño y una manipulación más”, afirmó el lunes el dirigente del
opositor Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, al referirse a la
escasa concurrencia, y dijo en un comunicado que López Obrador utilizó el
referéndum como un “distractor ridículo” para hacer un “despilfarro inmoral” de
unos 25 millones de dólares.
Algunos analistas han planteado que independientemente de
los resultados, el proceso electoral no cierra el camino para que el Poder
Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República puedan llevar
adelante cualquier proceso contra los expresidentes de los últimos seis
sexenios.
Después de tres años de mandato, López Obrador se ha quedado
corto en su principal promesa de erradicar la corrupción, con pocos procesos
judiciales de alto perfil abiertos. Las acusaciones de corrupción hechas contra
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique
Peña Nieto (2012-2018) y otros funcionarios de ese gobierno han resultado
difíciles de llevar a juicio.
Ante esa situación los analistas consideraban que López
Obrador buscaba con el referéndum la bendición del electorado para cambiar de
rumbo y perseguir a los exmandatarios -Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente
Fox (2000-2006)- quienes han sido sus más duros críticos.
En total México tiene seis expresidentes vivos, el mayor de
ellos Luis Echeverría, de 99 años. El plazo de prescripción ha expirado para
muchos de los delitos de los que se los acusa, la mayoría de los cuales
involucran corrupción, sobornos, despilfarro de dinero del Estado y mala
gestión económica.
Fuente: AP
