Noticias de Yucatán
(apro).- Desesperada, Alicia Zapata Anguiano acudió al
Congreso local, a fines de junio pasado, porque necesitaba completar el pago
para el traslado del cadáver de su hijo, quien el 27 de ese mes falleció en
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a causa de un infarto.
La familia quería llevar los restos a su tierra natal en
Ciudad del Maíz.
Acompañada por otra de sus hijas, Alicia se dirigió al
diputado panista Mariano Niño Martínez, a quien pidió la apoyara para reunir
los 23 mil pesos que cobraba el servicio funerario por el traslado del cuerpo.
Entre hermanos, primos y otros familiares lograron reunir 11 mil pesos. Les
faltaban 12 mil.
En la oficina Niño Martínez le pidieron que presentara su
credencial de elector, un oficio con la petición y algunos datos más. Quedaron
de responderle.
Pasaron casi tres meses y, luego de varias vueltas a la
oficina del panista, le respondieran con una negativa. “No hay recursos por los
sismos en la Ciudad de México y el sur del país”, fue la justificación que le
dieron.
Pero la mujer ignoraba que el 1 de agosto la Junta de
Coordinación Política del Congreso recibió una carta del legislador donde
exponía, a nombre de Alicia, la necesidad de que se le pagara una factura
“porque no cuenta con los recursos suficientes”.
La carta se acompañó de un oficio supuestamente firmado
por la solicitante, en la que requería el apoyo de los diputados para comprar
materiales de construcción, “ya que somos de bajos recursos aquí en la
comunidad donde nos ubicamos dentro del municipio de Ciudad del Maíz”.
Ese mismo día, el Congreso expidió una factura a nombre
de la empresa Fradima, S.A. por 38 mil 836 pesos, que amparaban el pago de
varilla, cemento, alambre y yeso.
Ese entramado se conoció después de ser revelado por la
organización ciudadana Ganemos, que forma parte del Frente Ciudadano
Anticorrupción. Su dirigente, Óscar David Reyes Medrano, dijo que se trata de
“la segunda ecuación de la corrupción” en el Congreso local, cuyos escándalos
en este rubro escalan cada vez más.
A principios de junio se conoció la primera “ecuación de
la corrupción”. En este caso, un video difundido por el periódico Pulso exhibió
a otro diputado del PAN, Enrique Flores Flores, en una reunión con un alcalde a
quien pidió un “moche” a cambio de “limpiar” las irregularidades u observaciones
en la cuenta pública de su administración.
Apro publicó
que la extorsión era práctica común de Flores y diputados de otras fracciones,
algunos de los cuales solicitaron licencia cuando el reclamo ciudadano alcanzó
la toma del Congreso, además de que se interpusieron denuncias penales, que a
la fecha no han prosperado en la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Mientras se conocía el video de esa primera “Ecuación de
la corrupción”, los desvíos de recursos en el Congreso local, específicamente los
destinados a la “ayuda social” que entregan diputadas y diputados, siguieron su
curso.
En estas maniobras apareció el nombre de Mariano Niño
Martínez, ingeniero industrial con maestrías en Administración, especializado
en finanzas y gestión pública aplicada.
Como militante del PAN desde hace 20 años, el legislador
ocupó los cargos de dirigente municipal y secretario del Comité Directivo
Estatal. En la iniciativa privada ha formado parte de la Coparmex y la Canirac.
Y, según describe con sus propias palabras en su resumen profesional publicado
por el Congreso, es miembro del Consejo de administración del Lomas Raquet
Club.
Los oficios, facturas y datos que recibió y rastreó la
organización Ganemos, mismos que fueron exhibidos en denuncia pública y en una demanda
ante la PGJ, este martes 12, apuntan a que por lo menos seis solicitudes se
hicieron bajo el mismo esquema; es decir, la oficina de Niño tramitó y cobró –a
través de diversos prestadores que supuestamente facturaron servicios de
variada índole– cerca de 200 mil pesos entre marzo y octubre de este año.
