Daniela y sus papás administran desde hace diez años una pequeña escuela privada en la colonia Del Valle, que imparte educación preescolar y primaria. Desde su fundación, nunca tuvieron problemas para cumplir con las normas que marca la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para su funcionamiento, incluyendo la instalación en su plantel de un sistema de alerta sísmica.
La familia, aún antes de abrir la escuela, pasaba largas temporadas en Estados Unidos, y por eso les pareció casi natural traer de ese país un sistema de alerta sísmica que les costó 200 dólares, que es el rango en que esta tecnología de alertamiento puede adquirirse del otro lado de la frontera.
“Cuando hicimos todos los trámites para abrir la escuela, (en la Secretaría de Protección Civil) nos dijeron que necesitábamos alertas con el sistema NOAA, y eso fue justo lo que compramos”, dice Daniela.
Este equipo extranjero no les falló en ningún sismo.
Sin embargo, a finales de 2016, un grupo de inspectores de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México llegó a su escuela para anunciarles que su alerta sísmica era ilegal, no porque incumpliera con las características técnicas exigidas por la ley, sino porque no era de una marca en específico, la marca Sarmex, cuyo único vendedor en México es el consorcio CIRES-MDreieck.
Por no haber adquirido sus alertas a este consorcio empresarial, la Secretaría de Protección Civil les anunció que su escuela quedaba clausurada.
Los representantes del plantel le explicaron a los funcionarios lo que más de un técnico, y su propia experiencia, les decía: que sus alertas funcionaban perfectamente. Pero no había espacio para la negociación, simplemente no eran las autorizadas.
Luego de esto, los funcionarios les proporcionaron a los dueños de esta escuela los datos del “distribuidor” autorizado y les informaron que, si se apresuraban a comprar sus sistemas a dicho distribuidor, quizá podrían iniciar clases a tiempo.
Daniela y sus padres no lo dudaron. En la misma colonia Del Valle, a unos dos kilómetros de distancia, está una oficina del consorcio CIRES-MDreieck, que les cobró 85 mil pesos por instalar un sistema similar al que ellos habían comprado en Estados Unidos por 200 dólares (menos de 4 mil pesos).
Los representantes de esta escuela no lo sabían, pero el 7 de abril de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México había emitido la “Norma Técnica Complementaria NTCPC-007-SAS- 2016”, con la que se designó al consorcio empresarial CIRES-MDreieck como único órgano autorizado para “certificar” cualquier sistema de alertamiento sísmico instalado en la capital del país.
En teoría, cualquier fabricante de alertas sísmicas podría obtener dicha certificación, si cumple con todos los requisitos técnicos impuestos por la autoridad. Sin embargo, tal como señala el consorcio CIRES-MDreieck en sus páginas de internet, los únicos equipos a los que han otorgado esta certificación son, precisamente, los que ellos mismos venden de la marca Sarmex.
De hecho, los equipos de alertamiento que comercializa CIRES-MDreieck son los únicos que cumplen a cabalidad con los requisitos impuestos por el gobierno capitalino, por una razón: para determinar dichos requisitos, las autoridades utilizaron un radio Sarmex como modelo ideal.
Finalmente, en marzo de 2017, esta norma técnica fue nuevamente actualizada, ahora para establecer que el único sistema autorizado para advertir sobre la aproximación de ondas sísmicas en la capital del país es el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, que fue creado con recursos públicos, pero luego entregado al consorcio CIRES-MDreieck para su operación, mediante un convenio sin fecha de vencimiento.
Con esta medida, otras empresas que también buscaban desarrollar tecnologías de alerta sísmica quedaron eliminadas del mercado y el consorcio CIRES-MDreieck quedó libre de competencia.
En una primera entrevista realizada en agosto de 2016, el director del CIRES (siglas que significan Centro de Instrumentación y Registro Sísmico), Juan Manuel Espinosa, negó que el consorcio que encabeza incurra en prácticas monopólicas e incluso negó que existiera ningún tipo de relación entre CIRES, que oficialmente es una asociación civil “sin fines de lucro”, y la empresa MDreieck.
No obstante, en una segunda entrevista (realizada el 13 de septiembre de 2017), el mismo Juan Manuel Espinosa reconoció que CIRES creó la firma MDreieck SA de CV, para eludir las barreras legales que impiden a las asociaciones civiles realizar actividades empresariales.
Con Información de Animal Político
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Norberto Ontiveros, fiscal ministerial y Yezca Garza, titular de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia en Coahuila
