Noticias de Yucatán.
La imagen de Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele abrazados y sonrientes lanzaba el mensaje de un nuevo tiempo de cooperación con Centroamérica. Fue el 20 de junio de 2019 en Tapachula, Chiapas. En sus manos, los presidentes de México y El Salvador exhibían una carta de intención firmada por ambos en la que el gobierno mexicano se comprometía a donar 30 millones de dólares (casi 675 millones de pesos) para poner en marcha planes de creación de empleo como los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Una semana después, en Minatitlán, Veracruz, se repitió la operación con Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.
Ha transcurrido un año desde aquellos actos públicos y el dinero no ha llegado a sus destinatarios y los programas no operan en el extranjero, pese a la promesa de entregar el primer reporte de actividades y resultados en marzo de 2020, como dijo, en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard el 14 de agosto pasado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó a Animal Político que “no se han ejecutado recursos financieros de los proyectos”, que la planeación para arrancar actividades se suspendió con la declaración de emergencia sanitaria por la COVID-19; y que “sólo recientemente se encuentran en proceso de reactivación”.
Además, con Guatemala no se firmó el acuerdo, pues cuando se anunció el plan estaba en medio de un proceso electoral y hasta la fecha no se ha retomado.
El dinero para estos programas procede del Fondo Yucatán, que en este sexenio se le conoce también como Fondo México. Se trata de un plan de inversiones para Centroamérica y el Caribe que data de 2011, cuando lo puso en marcha el entonces presidente Felipe Calderón. Según la respuesta obtenida a una solicitud de información pública, los fondos seguían en el Banco del Bienestar hasta el mes de marzo. Luego llegó la pandemia por COVID-19 y se suspendieron actividades.
El gobierno federal dice que hay avances para implementar los programas, pero no ha entregado detalles sobre cuánta gente se ha inscrito, o cuándo tienen previsto arrancar actividades. Apenas en marzo pasado, la SRE respondió en una solicitud de información que los lugares para implementar los programas estaban todavía por definirse, aunque entregó una lista preliminar que incluye 32 municipios de 9 departamentos de Honduras y 72 municipios de 13 departamentos de El Salvador.
A su vez, la Secretaría del Trabajo, a cargo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y la Secretaría del Bienestar, que lleva Sembrando Vida, informaron en distintas solicitudes de información pública que los programas no tienen operaciones en el extranjero.
Quien ha dado más detalles sobre los avances de los programas es la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas. En su cuenta de Twitter, la funcionaria publicó un comunicado en marzo en el que explicó la situación en El Salvador. Según su versión, para el 16 de marzo ya había 8 mil personas inscritas en los dos programas y fue el gobierno de Bukele el que pidió suspender los registros a causa de la pandemia. La funcionaria aseguró que México estaba en disposición de hacer llegar los fondos a estos primeros beneficiarios pero que el Banco de Fomento Agropecuario, la entidad salvadoreña encargada de enviar mensualmente los depósitos, no quiso integrar los padrones “argumentando que esperan la autorización del gobierno de El Salvador para entregar a las y los beneficiarios sus tarjetas bancarias”.
Sobre Honduras no hay detalle. Carrillo Cubillas difundió el 18 y 19 de febrero fotografías de un viaje a ese país en el que se habría procedido al registro de los primeros inscritos en Jóvenes Sembrando Vida.
COVID-19 frenó todo, pero tampoco había avances
Con la pandemia, explicó Cancillería, se “suspendieron temporalmente” las actividades para operar los dos programas sociales. Sin embargo, hasta que se cerraron las fronteras y se decretaron cuarentenas debido al nuevo coronavirus, las labores para poner en marcha Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tampoco cumplían con el calendario anunciado por el canciller, Marcelo Ebrard, en la conferencia matutina del 14 de agosto.
“Se acordó que haremos un primer corte a los ocho meses, es decir, en marzo de 2020 estaremos informando qué se logró con esta acción, qué impacto tuvo, estaremos presentando los resultados de manera conjunta”, dijo Ebrard ese día, sin que a la fecha haya algún reporte de resultados o dispersión de los recursos, que no se han ejecutado.
Los beneficiarios del programa destinado a agricultores recibirían 250 dólares (debían tener un terreno propio de al menos una manzana de extensión), acompañamiento técnico y apoyo en insumos agrarios, que los aportarían los ministerios de agricultura de cada país al 50 por ciento. Los jóvenes, por su parte, percibirían 180 dólares por un máximo de ocho meses, con capacitación en centros de trabajo y una constancia al concluir.
PUBLICIDAD
Ads by Teads
Fue el propio Ebrard el que anunció que Sembrando Vida tendría 20 mil beneficiarios en El Salvador y 13 mil en Honduras, a los que se sumarían otros 7 mil 500 posibles inscritos en Jóvenes Construyendo.
Sobre el progreso para implementar estos programas, la SRE respondió a este medio que “estos esfuerzos de cooperación registran distintos grados de avance en cada uno de los países, respondiendo a sus distintas necesidades y se operan conforme a lo acordado con los países receptores en las mesas técnicas, por lo que las acciones se van construyendo en conjunto y de acuerdo con las necesidades del proyecto”.
La Cancillería también dijo que se han desplegado “capacidades operativas” en esos países centroamericanos para poder implementar los programas, pues “es responsabilidad del Estado mexicano” la operación directa de éstos y asegurar que los recursos sean entregados directamente a los beneficiarios.
Por ahora, no hay datos sobre cuánto ha gastado el gobierno mexicano en el despliegue de funcionarios, cuántos son, ni por cuántos tiempo han tenido actividades en esos países.
El plan para desarrollar empleos en Honduras y El Salvador tiene su origen en los acuerdos entre México y Estados Unidos para frenar la migración centroamericana. En enero de 2019, con López Obrador recién instalado en el gobierno, más de 13 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños llegaron a Chiapas y fueron regularizados con tarjetas de residente por motivos humanitarios en el puente Rodolfo Robles, que separa México de Guatemala.
Un año después, cuando otra caravana trató de alcanzar México en enero de 2020, la única oferta de las autoridades era que se inscribieran en estos programas y regresaran a sus países. La mayoría ignoró esta propuesta. Fueron detenidos, encerrados y deportados.
En 2019, primer año con López Obrador en el gobierno, fueron detenidos 186 mil 750 extranjeros, de los que 157 mil 691 eran centroamericanos. De ellos, 120 mil 549 fueron deportados a sus países, la mayoría a Honduras, El Salvador y Guatemala.
La tendencia al inicio de 2020 iba al alza, con 11 mil 996 centroamericanos detenidos solo en enero, de los que 8 mil 239 fueron devueltos. Sin embargo, la irrupción de la pandemia también ha supuesto un freno casi absoluto en el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En mayo, apenas fueron detenidos 1 mil 864 centroamericanos, de los que fueron devueltos 1 mil 098.
