Tras la aprobación de la raforma a Ley de la Industria Eléctrica en el Congreso de la Unión, viene una ola de amparos de una magnitud mayor a la que se vivió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ahora por parte de todos los generadores de energía. Desde los que participaron en las subastas, los generadores del régimen legal anterior (entre ellos, el autoabasto, la cogeneración y los productores independientes de energía), así como los que construyeron proyectos “merchant” para el nuevo mercado eléctrico, pues todos serán afectados, anticipó David Berezowsky, abogado del despacho Foley Arena en México.
“Viene un problema serio para el país. La aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, tensará aún más el ambiente con los inversionistas, nacionales y extranjeros. En éstos días veremos la promoción de un número considerable de amparos por el sector privado y ONG, así como controversias constitucionales por los entes competentes, y pronto empezarán los arbitrajes internacionales bajo la cobertura de los diferentes tratados internacionales que ha celebrado México”, aseguró.
El efecto económico de este cambio a la reforma energética podría ser comparable al que tuvo la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, prevé Berezowsky quien también advierte sobre el surgimiento de procedimientos de arbitraje internacional de diversas empresas para proteger sus inversiones ya sea bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Asociación Transpacífico, así como el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
Este giro a la ley se puede considerar una expropiación indirecta bajo la cobertura de los tratados internacionales. Los inversionistas llegaron a invertir a México con unas reglas que hoy están cambiando. Sin embargo, una expropiación directa de activos sería complicada, porque el Estado no tiene los recursos para nacionalizar la industria eléctrica, aseguró.
El especialista de Foley Arena advirtió que todos los generadores van a ser muy afectados, no sólo por el despacho de energía, sino porque vendrán cancelaciones de permisos de generación que fueron otorgados bajo el régimen de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre ellos el autoabasto y la cogeneración, así como los productores independientes de energía que le venden a la CFE.
Según su perspectiva, la Comisión Federal de Electricidad no puede por sí sola satisfacer el cien por ciento de la demanda energética del país. Sus centrales, por ser tan viejas, tienen niveles de indisponibilidad importantes en la generación, por lo que los apagones seguirían ocurriendo. Es indispensable la participación privada.
karol.garcia@eleconomista.mx
