Noticias de Yucatán.
La ASF señaló que el Gobierno de Yucatán gastó indebidamente
30 millones 674 mil 300 pesos del FAFEF en 2014, durante la administración de
Rolando Zapata Bello
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto
34 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los
gobiernos estatales y municipales de la Península de Yucatán por desvío o
simulación en la reintegración de recursos provenientes de fondos, programas y
subsidios federales.
Del 2001 a 2017, el máximo órgano fiscalizador del País
interpuso tres denuncias penales contra el gobierno de Quintana Roo y del
gobierno de Campeche
Los ayuntamientos yucatecos acumulan más querellas: 22; en
comparación con Quintana Roo y Campeche que registran acusaciones contra tres y
dos municipios, respectivamente, y una más contra el gobierno de Yucatán.
Esta información fue obtenida del informe “Denuncias penales
presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2018, así como relacionadas con la
simulación de reintegros”, con fecha de corte del 19 de marzo de 2021.
Pablo Montes, coordinador de Anticorrupción del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que el máximo órgano
fiscalizador ofrece a los gobiernos un periodo de tiempo para aclarar las
observaciones realizadas al gasto federal y, en caso de no hacerlo, procede a
interponer una acusación ante la FGR.
“Cuando no se atiende la observación queda manifiesto que
hay un problema, uno que no se pudo resolver o que hubo una afectación. Normalmente,
la Auditoría hace una observación y pide que se solvente, le da la oportunidad
a las dependencias y a los gobiernos a que lo hagan. El que no se solvente
alguna de éstas, quiere decir que hubo mal uso de los recursos. Dependiendo del
tipo de auditoría, podría ser un desvío, podría ser una ineficiencia; pero si
queda sin solventarse, quiere decir que hubo un mal uso de los recursos
públicos”, expone.
Tras Quintana Roo
En 2013, la administración encabezada por el exgobernador de
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, desvío recursos millonarios del Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que provocó un boquete en las
finanzas públicas.
El 11 de mayo de 2017, un año después de que Borge Angulo
dejara el gobierno estatal, la ASF interpuso dos denuncias penales por daños a
la Hacienda pública federal en la ejecución del gasto de dicho fondo.
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la
Hacienda pública federal por un monto de 22 millones 69 mil 529 pesos, más los
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la
cuenta del fondo por transferir recursos del FISE del ejercicio fiscal 2013 a
otras cuentas bancarias, en las que el Estado administró y mezcló recursos de
otras fuentes de financiamiento”, evidenció la ASF en el informe
de auditoría.
Ese mismo documento señaló el pago injustificado por un
millón 421 mil 659 pesos por la falta de documentación que acreditara los
trabajos realizados de la obra “Construcción de Puente Vehicular” ubicada en el
camino rural Escárcega-Chetumal, en el municipio quintanarroense de Othón P.
Blanco.
El 12 de junio de 2017 el órgano fiscalizador del Poder
Legislativo interpuso una querella en contra del Gobierno de Quintana Roo por
transferir 421 mil pesos de la cuenta del FISE a otros fondos, y por la falta
de aplicación de penas por un monto de 999 mil 600 pesos. Lo que provocó un
daño a las finanzas públicas de un millón 420 mil 800 pesos en 2014.
Sin embargo, la administración estatal anterior ni la actual
encabezada por el gobernador Carlos Joaquín González han logrado acreditar el
uso correcto del total del dinero recibido durante los ejercicios del 2013 y
2014.
Campeche, lo persiguen anomalías de 2010
Las irregularidades en el gasto federal persiguen al
Gobierno de Campeche desde hace más de una década.
En 2010 la ASF detectó que la Secretaría de Educación (SE)
realizó pagos millonarios anómalos a trabajadores con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Entre las observaciones presentadas en el informe de
auditoría, se evidenció el gasto de 20 millones 147 mil 400 pesos en
compensaciones salariales a trabajadores bajo conceptos no reconocidos. También
erogó un millón 765 mil 900 pesos en remuneraciones a 57 servidores públicos
que contaron con algún tipo de licencia sin goce de sueldo, así como el pago de
727 mil 100 pesos a cinco empleados que buscaron un cargo de elección popular.
“La SE comisionó indebidamente a 90 trabajadores
federalizados en la sección 04 del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores del
Estado), con goce de sueldo y realizó pagos por 25 millones 974 mil 900 pesos
cuando dichas comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo”, observó la
Auditoría.
“Se ejercieron 438 mil pesos de recursos del FAEB para pagos
de conceptos de gastos que no corresponden a los fines y objetivos del fondo,
como son: arrendamiento de la bodega de libros de texto, adaptación y
adecuaciones de oficinas en la dirección general de profesiones y dirección de
educación media superior y superior de la SE, pago por inserción en el diario
Tribuna de Campeche: ‘Reconocimiento y Respaldo al Secretario General del
Comité Ejecutivo Seccional SNTE’, compra de regalos de n de año: un
refrigerador, una estufa, una lavadora, un televisor y otros artículos”.
Lo que derivó en tres acusaciones penales interpuestas ante
la FGR en septiembre de 2015.
La danza de los millones en Yucatán.
En 2014 la ASF observó que el Gobierno de Yucatán, entonces
liderado por Rolando Zapata Bello, gastó indebidamente 30 millones 674 mil 300
pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF), principalmente destinado a compras y obra
pública.
“En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de
Yucatán incurrió en inobservancias de la normativa, las observaciones
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes,
principalmente en materia de adquisiciones y obra pública”, se observa en el
informe de la auditoría.
El 11 de mayo de 2017 el máximo órgano fiscalizador del país
interpuso una denuncia ante la FGR por afectación al erario que ahora deberá
resolver el gobernador Mauricio Vila Dosal.
Y también las alcaldías
Los municipios de Yucatán registran el mayor número de
denuncias penales interpuestas por la ASF ante la FGR por desvío y simulación
en la reintegración de recursos federales: el 13 por ciento de los
ayuntamientos.
En tanto, en Quintana Roo y Campeche, se registran tres y
dos municipios, respectivamente.
De 2001 a 2018, el órgano fiscalizador del Poder Legislativo
interpuso 22 querellas contra 14 municipios de Yucatán por irregularidades en
la ejecución de distintos fondos, programas y subsidios federales que fueron
transferidos de 1999 a 2016.
Las demarcaciones municipales que arrastran una denuncia
penal en su contra son: Chichimilá, Panabá, Maxcanú, Valladolid, Hunucmá, Muna,
Timucuy, Tixcacalcupul, Sotuta, Mayapán, Teabo, Cantamayec, Yaxcabá y Tekax.
En tanto, el 19 de diciembre de 2001 la ASF denunció al
Ayuntamiento de Tenabo, correspondiente a Campeche, en la entonces Procuraduría
General de la República por daño a la Hacienda pública federal en 1999; y el 20
de julio de 2018 lo hizo en contra de la Comuna de Candelaria por gastos
irregulares en recursos recibidos en 2014.
En 2017 el órgano scalizador denunció al Ayuntamiento de
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, por gastos irregulares en un fondo federal
ejercido en 2012; y ese mismo año, también interpuso una acusación más al
municipio de Tulum por malversación de recursos obtenidos de la federación en
2016.
Improbable que termine en castigo
Montes explica que el trabajo de fiscalización del gasto por
parte de la Auditoría es limitado, al realizar observaciones que envía a los
gobiernos y dependencias, y depende de éstos últimos si las atienden, por lo
que las malas prácticas se repiten.
“El esfuerzo de la Auditoría ahí queda y muchas veces en el
informe la Auditoría sí pone el problema que encontró y cómo se podría corregir.
El problema es que esto ya no corresponde a la Auditoría, corresponde a las
dependencias. El hecho de que (las observaciones) no se sigan hace que la ASF,
una y otra vez, esté haciendo las mismas recomendaciones. Entonces, al hacer la
detección, la Auditoría busca que se corrija y que se sancione haciendo estas
denuncias, pero también que se prevenga para que ya no vuelva a suceder, eso ya
le corresponde a cada dependencia”, explica.
“(El trabajo) tiene mucha incidencia desde el punto de vista
mediático, tiene mucha incidencia desde un punto de vista reputacional.
Lamentablemente, no se le da el seguimiento que se debería,
tanto cuando hay una denuncia penal como a corregir este tipo de cuestión”,
dice.
Aunque la ASF interpone querellas contra las dependencias o
gobiernos que realizan un mal uso del dinero público, el porcentaje de
acusaciones investigadas y sancionadas son realmente bajos.
“Este problema puede deberse a muchas causas. De entrada, a
la lentitud y complicación del sistema penal mexicano, también puede deberse a
las capacidades y recursos de la Fiscalía General (de la República) y también
de las fiscalías estatales, pero el efecto es que, a pesar de que se están
encontrando problemas y lo suficientemente graves como para hacer una denuncia
penal, no se están atendiendo”, evidencia.
“No hay una disuasión a dejar de cometer actos de
corrupción, porque yo como servidor público cometo un acto de corrupción… y si
lo detectan (la Auditoría) y me denuncian penalmente, es muy poco probable que
yo vaya a terminar en un castigo”, expone.
“Entonces, al hacer poco probable que haya un castigo, pues
entonces los servidores públicos que se presenten ante una oportunidad de
desviar recursos, pues al menos no van a considerar tanto un problema el
posible castigo. Y eso sí es algo de un tema de impunidad muy presente, no sólo
en denuncias penales sino en impunidad en todos los delitos. Sin duda alguna no
permite corregir y mandar un mensaje de corregir las acciones que está
detectando la Auditoría”.
Fuente: Por Esto
