Hace dos décadas las matemáticas salvaron la producción de tequila mexicano. Parece increíble pero es real. La tequilera jalisciense Sauza había reducido la siembra de agave por sobreproducción y plaga. Sin embargo, el mercado del tequila creció y la compañía requería producir más con menos plantas. La solución la encontró el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) con un modelo que partió de la ciencia básica. Los matemáticos descubrieron que no era necesario esperar hasta nueve años para la extracción del agave. Bastaba con tres.
“A veces piensa uno que la ciencia básica no sirve para nada, pero los científicos decimos que, a la larga, sí”, subraya la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ella recordó la anécdota del tequila para ilustrar que, cuando se invierte en ciencia, diversos problemas del mundo se pueden resolver.
Pero considera que, si un gobierno menosprecia la labor científica y “sataniza” a la iniciativa privada y a la academia, es difícil que ese país prospere. Lamentablemente, indica, la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación refleja que esto sucede en México.
La legislación se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo de 2023 y es rechazada por el gremio científico.
Además de criticar que se aprobó sin tomar en cuenta a la comunidad académica, “al vapor”, sin perspectiva de género y “mal redactada”, las investigadoras advierten que impacta negativamente al sector. Con esta ley se limitan los recursos económicos de los proyectos, el otorgamiento de becas carece de reglas claras y se niega a las escuelas privadas.
Quizá lo más preocupante, apuntan, es que resta autonomía a la principal entidad científica del país, antes llamada Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), e incluye a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones del sector.
Una ley “chapucera”
A decir de la doctora Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, la nueva ley se redactó y aprobó sin la comunidad científica. Inicialmente, se convocó a siete foros de discusión para su diseño, pero al final se realizaron dos. “Esta ley fue aprobada al vapor, de forma chapucera”, reclama.
Todo inició con la desaparición de los fideicomisos para proyectos científicos y académicos. El gobierno acusó que operaban con discrecionalidad, sobre todo aquellos fondos mixtos, que incluían dinero de empresas para desarrollos tecnológicos.
Sin embargo, la científica sostiene que estos instrumentos estaban debidamente auditados y, tras su desaparición, algunos proyectos de investigación se quedaron sin recursos para continuar.
“Todo ese dinero de los fideicomisos, que en efecto era mucho y permitía a muchos centros y universidades operar, todo ese dinero se evaporó. Nadie dijo en la 4T a dónde se fue. Pero, lo que sí sabemos, es que dejaron a los investigadores sin recursos para realizar proyectos comprometidos”, afirma.
Otro problema con la nueva ley de ciencia es que niega las becas de posgrado a las academias privadas y no establece reglas claras para su otorgamiento, lo que abre la puerta a la discrecionalidad y al uso político de los proyectos científicos.
La investigadora cita un artículo del escritor Guillermo Sheridan para explicar que la nueva ley parte de una visión antigua, que considera que hay ciencia neoliberal, realizada por élites, y ciencia con mayor apego a las raíces de los pueblos originarios. Una idea de los años 70.
“Sin embargo, no existe ciencia neoliberal, es sólo ciencia, donde se aplica un método científico para demostrar hipótesis, ideas".
Militarización y control
Es más que agregar una “H”. Los cambios al Conacyt, que con la nueva ley se llama Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), no son accesorios. Incluyen, por ejemplo, la inclusión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina a la Junta de Gobierno del organismo, el principal ente de la política científica.
“Se usó la excusa de la H’, porque decían que no estaban representadas las humanidades, para poder quitarle autonomía al Conacyt. Ahora, todas las decisiones las va a tomar la mesa directiva, donde los científicos y los tecnólogos no tenemos ni voz ni voto”, lamenta la doctora Fierro.
Nuevo Conahcyt, versión 4T: ¿se politiza la ciencia a cargo del gobierno?
Ambas investigadoras expresan su preocupación por ello. Mientras las Fuerzas Armadas podrán tomar decisiones relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, el gremio queda relegado. Si desde ahora el sector ha sido ignorado, las científicas temen que esto contribuya a controlar la labor académica.
“Se quiere determinar desde el poder quién investiga qué, cuáles son los temas de seguridad nacional y, esto es lo más grave, los científicos no tenemos voto, sólo algunas voces, ninguna de ellas crítica”, lamenta la doctora Souza.
Para guiar la política científica de un país, subrayan, se necesitan personas expertas en la materia y, también, libertad académica y libertad de expresión. Algo casi imposible en el imaginario militar.
Presupuesto limitado
Al bajo presupuesto para ciencia que México ha tenido durante años, se suman obstáculos para financiar proyectos con dinero privado. La vinculación ciencia-industria era una de las funciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, pero la nueva ley lo elimina.
Esto reduce las opciones de financiamiento. La doctora Julieta Fierro recurre a otra anécdota. Cuenta que para la construcción del telescopio espacial James Webb, la NASA pidió apoyo a la industria. Este telescopio fue lanzado al universo en 2021 y es, hasta ahora, el de mayor resolución.
“Eso facilitó que se hiciera un proyecto tan caro, porque la industria apoyó a la ciencia. Lo que quisiéramos los científicos mexicanos es que fuéramos un poquito más abiertos con el aprecio a la industria y a la ciencia. Pero este gobierno sataniza a la industria y también sataniza a los científicos. Es terrible”, reprocha.
Otro aspecto que destaca es que la legislación carece de perspectiva de género real. En el papel, en el uso del lenguaje, la legislación visibiliza la problemática de la desigualdad que enfrentan las mujeres; pero, en los hechos, no incluye ninguna acción específica para impulsar su inclusión en posgrados y en el mercado laboral. Tampoco se consideran estímulos para que convivan la maternidad y el desarrollo profesional.
Aunque no lo parezca, la desconexión con la ciencia sale cara. Las dos científicas coinciden: si este gobierno hubiera colaborado de mejor manera con la academia, habría evitado dos grandes errores durante la pandemia de covid-19: una vacuna que llega tarde, ya que terminó la emergencia sanitaria, y el diseño de ventiladores mecánicos inservibles.
Sin la inclusión de más mujeres en el sector, las investigaciones continuarán sesgadas.
“Mientras no haya más mujeres en la ciencia, vamos a seguir con estas horribles pruebas de cáncer de mama, vamos a seguir sufriendo la menopausia, los problemas menstruales, porque estos no se van hasta que las mujeres los atiendan”, afirma la astrónoma.
¿Ley en manos de la Corte?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es casi la última esperanza de la comunidad científica. Legisladores de oposición han anunciado que interpondrán una acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley de ciencia, en un intento de que ocurra lo mismo que con la reforma que buscaba transferir la Guardia Nacional a la Sedena y que, tras impugnarla, la Corte detuvo.
Además, la Red Ciencia Plural MX alista una lluvia de amparos contra la denominada “Ley Buylla”, en referencia a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. El objetivo es lograr una suspensión provisional o definitiva de los efectos de la legislación.
La otra opción es exigir a las y los próximos candidatos a la presidencia de la República propuestas que rectifiquen las iniciativas actuales. “Pero lo ideal sería que la Suprema Corte declare que se aprobó esta ley de manera irregular”, dice Julieta Fierro.
Ya no cree en un diálogo con el Congreso de la Unión o las autoridades de Conacyt. Al principio del sexenio, narra, la comunidad científica creó un documento sobre el desarrollo de la ciencia en México a 5, 10, 20 y 30 años. También hubo contrapropuestas a la ley actual, pero nadie escuchó. La Cámara de Diputados y el Senado prometieron una reunión que nunca llegó.
A decir de las científicas, la nueva ley de ciencia deja de lado que con mayor y mejor apoyo al sector también se contribuye a la atención de problemáticas sociales, como la pobreza, el acceso a la salud y la desigualdad de género.
En cambio, las decisiones gubernamentales avanzan en sentido contrario. “Entre líneas uno puede ver este enorme deseo de controlarlo todo, hasta la manera en que uno piensa y hace ciencia. Las reglas eran claras y estaban basadas en algo que no le gusta a la actual administración: el mérito académico”, advierte la doctora Valeria Souza.
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