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Libera juez yucateco a presunto asesino de un velador en Temozón Norte

29 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



En un fallo sorpresivo, el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero liberó por insuficiencia probatoria al albañil Nemesio Noh Puc, de 62 años de edad, detenido y acusado de asesinar con una enorme piedra a un velador de la Privada Residencial Los Tamarindos, de Temozón Norte, se informa en Formal Prisión.
Mugarte Guerrero, durante la audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio simple, no encontró muchas pruebas que lo incriminaran.
Aunque hubo testigos que vieron a la víctima y al sexagenario embriagándose juntos en el parque de la comisaría de Xcanatún, ninguno se percató cuando el acusado entró o salió de la privada en cuestión.
Durante el cateo que se efectuó en su domicilio, no se ocuparon ropas manchadas con sangre de la víctima.
Pese a que la Fiscalía informó previamente que en el sitio del crimen halló un envase de cerveza y que en ese envase estaban las huellas del acusado, no se incluyó dicha evidencia.
Solamente se incluyó un bidón de agua vacío, con las huellas de Noh Puc, pero esto no fue contundente, pues el albañil si trabajaba en la obra, de manera que no se consideró algo extraño que aparecieran sus huellas en el recipiente.
El juzgador si consideró importante que el occiso, Alberto Ek Tamay, tenía 41 años de edad y Nemesio Noh, 62, de manera que era más joven y el albañil acusado tiene problemas para desplazarse porque tiene unas hernias.
Con esta decisión, ahora ya no se sabe cómo ocurrió el crimen o quién mató a Ek Tamay, porque tampoco se encontró el arma homicida, es decir, la piedra con la que le machacaron el cráneo y parte del rostro.
La Fiscalía deberá buscar más evidencias contra el albañil si decide seguir acusándolo o bien buscar al verdadero responsable del crimen, si es qué hay otro.

César Duarte gana amparo y libra orden de detención

26 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy



Un juez federal otorgó un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado por la administración de Javier Corral como presunto responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos.

MILENIO tuvo acceso a la sentencia que establece que el juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Chihuahua, “carecía” de competencia para librar la orden de captura en la causa penal 780/2017, porque se trata de un asunto del orden federal.

René Ramos Pérez, juez décimo de distrito en el Estado de México, quien concedió el amparo, ordenó al juez local dictar un nuevo fallo donde “resuelva que carece de competencia legal para emitir la orden de aprehensión solicitada”.

La resolución se da en medio de la negativa de Javier Corral de entregar a un juez federal de Ciudad de México a tres ex colaboradores de Duarte, entre ellos, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI.

Corral ha manifestado reiteradamente que se busca “cubrir con el manto de la impunidad” los delitos cometidos por la gestión que encabezaron los priistas en Chihuahua.

A través de su abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, el ex gobernador impugnó la orden librada el 13 de julio de 2017.

El juez Ramos Pérez tomó en cuenta el análisis realizado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que el 6 de abril del año en curso, ordenó al citado juez local entregar a Gutiérrez, así como Antonio Enrique Tarín y a Gerardo Villegas, ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte.

La Fiscalía General de Chihuahua acusó a Duarte, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal otorgó a la Secretaría de Hacienda local, la cantidad de 275 millones de pesos, para que la dependencia estatal lo destinara al rubro de educación, recurso que una vez liberados nunca fueron entregados, sino que supuestamente se desviaron a las cuentas del PRI.

“Las anteriores consideraciones permiten concluir, al igual que lo hiciera el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que los recursos otorgados al estado de Chihuahua, serían destinados al rubro educación, a través de un subsidio, el cual tiene la característica de ser recurso público federal.
"El juez competente para conocer del delito de peculado cuando el bien jurídico se trata del patrimonio de la federación, lo es un juez federal en materia penal y no el del fuero local”, establece el fallo.

Una serie web de 5 capítulos para entender por qué #MatarEnMéxico y salir impune es tan fácil

15 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy 
¿Por qué Matar en México y salir impune es tan fácil? Este fin de semana, Animal Político publicará una serie web de cinco capítulos que intenta responder esa pregunta.

Se trata de un ejercicio inédito que desde el pasado 12 de julio ha publicado un episodio diario a las 8 de la noche y concluirá esta domingo. En la publicación se busca dar a conocer la voz de las víctimas, así como de sus defensores, frente a los descuidos y omisiones de autoridades encargadas de investigar este delito.

Estas son las reseñas de los capítulos publicados, las cuales se actualizarán cada día:

A Carlos Sinuhé le dispararon trece veces cuando regresaba a su casa, en Tlalpan, CDMX. Han pasado casi siete años y su homicidio sigue impune. Varios errores marcaron los inicios de la investigación: el cuerpo no fue resguardado, las cintas de precaución se colocaron varias horas después, hubo dictámenes contradictorios y se perdieron los casquillos. Además, las víctimas nunca tuvieron acceso a las cámaras cercanas y el contenido de una USB se borró. Estos errores pudieron cambiarlo todo.

Hasta la fecha, Lourdes, la madre de Carlos, y Guillermo Naranjo, su representante, siguen buscando justicia. En la primera entrega de la serie, los testimonios de Lourdes y Guillermo ilustran esta historia, que solo revela algunas razones detrás de los altos niveles de impunidad en México.

Fallas en los peritajes: el caso de Carlos Sinuhé [Episodio 01]
La cadena de custodia es el proceso que debe de seguirse para resguardar y proteger la evidencia de un crimen. La correcta aplicación de este procedimiento resulta fundamental en la investigación de un homicidio.

En el caso de los Feminicidios de Tamuín, San Luis Potosí, donde 5 mujeres fueron asesinadas, las evidencias se perdieron: una camisa fue entregada a las familias y varias prendas ahora están en los ataúdes de las víctimas. Además, la Procuraduría no tenía lugares adecuados para resguardar las evidencias… mientras la cadena de custodia se perdía, aportando así a un esquema de impunidad, donde solo cinco de cada cien casos tiene un/a responsable. 

Sin cadena de custodia: los feminicidios de Tamuín [Episodio 02]
Autoridades no investigan: El caso de Serymar Soto [Episodio 03]

Publicación: sábado 13 de julio, 20:00.

Fabricar culpables: El caso de Yarold Leyte [Episodio 04]

Publicación: domingo 14 de julio, 20:00.
Animal Político

La justicia yucateca: sujeto roba en casa de Mérida y sólo dos horas estuvo detenido

12 julio 2018
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Alexander Iván Hernández Jiménez fue detenido e imputado por robar en una casa de la colonia Obrera, de la cual se llevó un reproductor de MP3 y un reloj.
La juez de control Maritza Virgina Polanco Sabido no lo dejo en prisión, pues le concedió la libertad condicional a cambio de acudir a firmar los primeros 5 días de cada mes; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no acercarse al domicilio de la víctima en un radio de 100 metros; no acercarse al quejoso, y la utilización de un localizador electrónico.
La denuncia en su contra la interpuso Yahveh Israel Fuentes Castillo.
Según el expediente, el 12 de mayo, aproximadamente a las 01:00horas, el ladrón se introdujo a una casa ubicada en la calle 66 entre 97 y 99 de la colonia Obrera.
Se apoderó de lo que pudo y huyó, pero fue visto cuando estaba saliendo, por lo que fue identificado y denunciado, lográndose hoy la captura momentánea.

Con "muerte cerebal" quedó hombre que fue empujado por un guardia en Valladolid

06 julio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Abraham Díaz Martín, mejor conocido como “Chino cochinita”, fue declarado con muerte cerebral, a casi una semana de que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, tras ser empujado por un guardia de seguridad de una joyería del centro de la ciudad.
Según se informó, sus familiares solo esperan un reporte médico, que llegaría el próximo martes, para tomar una decisión, pues tras algunas cirugías, no presenta mejoría. Mientras, el presunto responsable está trabajando de manera normal.
Inocencio Díaz Martín, hermano de “Chino cochinita”, dijo que ahora están enfocados en la recuperación de su familiar, y ya luego se encargarán de la parte jurídica y penal.


En Valladolid piden justicia para "El Chino", bebedor cuya vida corre peligro tras ser empujado

05 julio 2018
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Esto ocurrió en Valladolid. Cicula en las redes un vídeo con imágenes fuertes, en las que se aprecia cómo un sujeto, al parecer vigilante de algún comercio, al parecer una joyería -según comentarios de los cibernautas- empuja a una hombre identificado por su sobrenombre como "El Chino", quien es un bebedor consuetudinario.
Según se menciona, "El Chino" constantemente se acerca a las personas para pedir dinero para comer o para su trago, pero que no es una persona agresiva.
Para la mala suerte de ambos, el pobre hombre alcoholizado se golpeó fuertemente en la cabeza quedando tendido en la calle. 
El agresor intenta levantarlo sin éxito. No se sabe el estado de salud de esta persona, que al parecer no murió porque entre los comentarios piden por su recuperación


El TEEY desechó durante este proceso electoral prácticamente todas las denuncias electorales

30 junio 2018
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  • Cuatro más que se declararon improcedentes "por falta de pruebas" 
  • Absurda ley que exige pruebas imposibles de presentar 


El día de hoy, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), celebró sesión pública, en la que aprobó por unanimidad de votos los Medios de Impugnación que a continuación se precisan.

Expediente PES.- 036/2018 correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el C. Rodolfo Enrique González Crespo, en su calidad de representante legal de Abastos de Mérida, en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a Gobernador del Estado de Yucatán y al C. Efraín Aguilar Góngora, candidato a Diputado por el III Distrito Local, ambos por el partido denunciado; por la supuesta colocación de propaganda electoral en muros o bardas que forman parte de un edificio público perteneciente a Abastos de Mérida-Rastro del Municipio de Mérida. En el proyecto de resolución se declaró inexistente la infracción denunciada; del análisis exhaustivo de las pruebas ofrecidas, solo es posible obtener indicios, ya que no es posible determinar la vinculación de los denunciados con el hecho, ni constatar la fecha y hora de tal imputación, y mucho menos identificar a las personas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se llevó a cabo dicha colocación de propaganda electoral, en razón de que solo refiere la existencia de dicha propaganda, pero no advierte que los denunciados hayan incurrido en faltas previstas en las normas electorales vigentes.

Expediente PES.- 037/2018 correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el C. Conrado Sánchez Barragán, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano (MC), en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el C. Mauricio Sahuí Rivero; por utilizar y difundir la imagen de niñas, niños y adolescentes en diversas lonas espectaculares de propaganda electoral, vulnerando así el interés superior de los menores que ahí aparecen. En el proyecto de resolución se declaró inexistente la infracción denunciada; toda vez que, si bien existe prueba plena de que existe dicha propaganda proselitista, lo cierto es que consta del consentimiento de los padres o tutores así como también la opinión informada de la niña, niño o adolescente que aparecen en las referidas imágenes.

Expediente PES.- 038/2018 correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el C. Reyes Francisco Leo Ley, en su carácter de representante propietario del Partido Nueva Alianza; en contra del C. Fredy Villareal Mis, alcalde interino de Oxcutzcab, Yucatán y al Partido de la Revolución Democrática (PRD); por la presunta inobservancia al principio de imparcialidad, uso de recursos públicos con el objetivo de promocionar y difundir la candidatura del C. Raúl Antonio Romero Chel, candidato a Presidente Municipal de Oxcutzcab por el PRD. En el proyecto de resolución se declararon inexistentes las infracciones denunciadas; toda vez que, las pruebas ofrecidas por el denunciante resultan insuficientes para establecer que el denunciado utilizó recursos públicos del municipio, de tal manera que influya en la equidad de la contienda.

Expediente PES.- 039/2018 correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Efraín Ernesto Aguilar Góngora, candidato a la diputación local del Distrito III por dicho partido; por presunto retiro de propaganda electoral del partido denunciante y colocación de propaganda electoral del PRI en propiedad privada. En el proyecto de resolución se declararon inexistentes las conductas atribuidas al Partido Revolucionario Institucional y Efraín Aguilar Góngora, toda vez que el partido denunciante no ofreció el material probatorio suficiente que acredite o demuestre una violación al proceso electoral, además no quedan acreditadas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y no existen elementos adicionales para generar convicción sobre la veracidad de los hechos denunciados.

PGR persigue a Anaya pero libera a detenidos que trasladaban 20 mdp al CEN del PRI

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La Procuraduría General de la República (PGR) liberó a los dos detenidos a quienes la policía decomisó 20 millones de pesos que tenían como destino final el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Las autoridades pusieron en libertad a los involucrados cerca de las 12 del día, pues aseguraron que “no había elementos para consignarlos directamente”; que los dos empleados hacían su trabajo sin irregularidades en el traslado y que la empresa responsable “está en regla”.
Sobre la acreditación del dinero, la dependencia señaló que hay una cuenta de origen, pero que “no se ha demostrado quien es el dueño del dinero”.
Anima Político publicó el mismo día de la detención, que la orden de entrega de la empresa de traslado de valores de donde salieron los recursos confirmaba que el destino del dinero eran las instalaciones del PRI, aunque este partido lo rechazó en un comunicado.
El documento asegurado a las dos personas que fueron detenidas, denominado “Comprobante de servicio Valores en Tránsito” expedido por  la empresa Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores SA de CV, detalla como domicilio de entrega del recurso la Avenida Insurgentes Norte número 59 colonia Buenavista.
Hasta ahora, el único comentario oficial emitido por la PGR por este caso era que se solicitaron peritos en materia de contabilidad para el conteo del dinero y revisar en detalle el asunto a efecto de definir la situación jurídica de los implicados.
No hay que olvidar cómo la PGR se ha esmerado mucho en dar seguimiento a denuncias contra el candidato Ricardo Anaya, y que muchos han calificado como una medida electorera. El uso de las instituciones contra adversarios políticos. Animal Político.

Ridícula sentencia a narcomenudista de Mérida hará que siga envenenando a la gente

29 junio 2018
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En un procedimiento abreviado, el narcomenudista Francisco Javier fue sentenciado a dos años de prisión, condena que por ser mínima tiene derecho a la sustitución de la pena corporal, de modo que recuperará su libertad para continuar con su actividad ilícita.
Este recurso de justicia alternativa, según se informa en Milenio, fue autorizado por la juez primero de control de Mérida, Elsy Villanueva Segura, tras llegar a un acuerdo el acusado con la Fiscalía sobre las penas que se le impondrían.
En la audiencia de lectura y explicación de sentencia, realizada ayer en el Centro de Justicia Oral de Mérida fue condenado a dos años de prisión preventiva y a 80 días de multa por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de marihuana.
Uno de los requisitos para el procedimiento abreviado es que el acusado acepte su responsabilidad en los hechos que se le imputan.
Por ello, Francisco Javier se declaró culpable del delito de narcomenudeo en la variante de posesión con fines de comercio de mariguana, pero el delincuente apenas estuvo preso unos cuantos días al inicio de su proceso, ya que al ser consignado ante el Juez se le dejó libre con leves medidas de cautela como lo son el acudir a firmar al Centro Estatal, no salir del estado y estar sujeto a vigilancia.
Los hechos sucedieron el 2 de marzo de este año, cuando el ahora sentenciado fue sorprendido a bordo de un vehículo entregando a otra persona una bolsita que en su interior contenía mariguana.
Al ver que se acercaba la policía dejó caer una bolsa en la que había otras seis bolsitas con la misma hierba seca, lista para su suministro.
Al ser sometido a una revisión, se le decomisaron 60 bolsitas más y en el asiento del copiloto se le detectó 23 bolsitas más que llevaba en una lonchera de plástico. De igual manera, junto a esa bolsa de supermercado había una báscula digital.

Delincuente reincidente es beneficiado por falta de denuncias, en Aguascalientes

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Sergio González Hernández alias “El Trascabo” es uno de los presuntos delincuentes más conocidos por la Policía Municipal de Aguascalientes. En lo que va de 2018 lo han detenido un promedio de tres veces por semana, aunque lleva años en la actividad delictiva. “El Trascabo” es uno de los 300 malhechores reincidentes que tiene detectados la Policía de Aguascalientes.
El secretario de Seguridad Pública municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez, señala que la falta de denuncias por parte de las víctimas hace que dichos asaltantes salgan libres a las pocas horas de ser detenidos. Es por eso que emprendieron una campaña, en la cual buscan fomentar la denuncia.
Este joven ha sido un dolor de cabeza para la Policía, hacemos mención ante la ciudadanía en infografías señalándoles que si alguien ha sido víctima de algún delito por parte de estas personas vengan o vayan a la Fiscalía y los denuncien para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes”, señala Antonio Martínez, secretario de Seguridad Pública municipal de Aguascalientes.
“El Trascabo”, al igual que “El Chilango”, son presuntos delincuentes que la Policía de Aguascalientes tiene bien ubicados, admiten que es común encontrarlos en las calles.
A veces como que se frustra uno de otra vez lo mismo. Aquí en zona centro es muy frecuente las mismas personas, han de ser unas 10, 15 personas de que es siempre”, dice una policía municipal de Aguascalientes.
-¿Qué haces cuando los ves?
Ya sabemos que van a robar o van hacer. Nos manejamos por reporte y para que vean la presencia de Policía, que si quieren hacer algo mejor se retiren porque están viendo la vigilancia en zona centro”, explica la policía.
Otro policía municipal de Aguascalientes indica:
Se siente impotencia de saber que esa persona la acabas de detener y ya está delinquiendo otra vez. La gente, por temor a represalias o porque pierde tiempo en su negocio, tiene que cerrar y levantar la denuncia, no quiere proceder. Entonces todo eso a nosotros nos provoca problemas dentro de las colonias. La gente lo que dice es que lo agarremos y lo encerremos”.
El titular de la Policía Municipal atribuye la reincidencia delictiva a que el sistema penal acusatorio es muy garantista y señala que solicitar la prisión preventiva de los detenidos corresponde al Ministerio Público.
Sin embargo, especialistas en derecho penal aseguran que el problema no solo es la falta de denuncias, sino también la falta de capacitación de los policías y ministerios públicos por parte del Estado.
No hay una adecuada coordinación y comprensión del nuevo sistema en el que los ministerios públicos deben hacer un trabajo jurídico, en el que el sistema sea capaz de reconocer a los delincuentes que son peligrosos de aquellos en los que se puede procesar su caso con otras soluciones, como son reparar el daño”, explica Jorge Tejada Montaño, especialista en justicia penal e investigador del Iteso.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, señala:
Qué sucedió con el nuevo sistema de justicia penal: los 8 años que tuvieron para prepararse, a la implementación, realmente no lo hicieron. La mayor parte del esfuerzo fue construir edificios, que preparar a las personas, y esa preparación se transforma en detenciones que no son apegadas a derecho, en procesos que no demuestran ante un juez que una persona no es un primo delincuente”. Televisa.

Vicente Carrillo hijo de "El señor de los cielos" sale de prisión

27 junio 2018
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"El Ingeniero", obtuvo su libertad y abandonó el Penal Federal de Occidente, en Jalisco
Ciudad de México.-Después de nueve años, dos meses y once días en prisión,Vicente Carrillo Leyva, "El Ingeniero", obtuvo su libertad y abandonó el Penal Federal de Occidente, en Jalisco.
El hijo del extinto capo del Cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos", salió de la cárcel federal a la media noche del pasado 12 de junio, tras compurgar la última condena que tenía pendiente, de 7 años con 6 meses de prisión, por el delito de lavado de dinero, según documentos judiciales.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social(OADPRS) notificó que en esa fecha Carrillo Leyva egresó del penal, en cumplimiento a una orden del Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México.
Carrillo Leyva fue detenido el 1 de abril de 2009 por la Policía Federal en su casa de la Calle de Sauces, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, y desde entonces enfrentó seis procesos penales. Hasta donde se tiene conocimiento, fue absuelto en cuatro y condenado en dos.
El 7 de marzo de 2011 fue encarcelado en el Penal de Occidente, en Jalisco, acusado de haber lavado un millón 930 mil 357 pesos en el sistema financiero, de 1998 a 2009.
Al final ese fue el proceso por el que lo condenaron a 7 años y medio de prisión.
También lo procesaron por usar una credencial de elector falsa con el nombre de Alejandro Peralta Álvarez, un delito por el que fue condenado a 3 años de prisión, pena que ya compurgó.

Descuartizó y quemó a joven; fue sentenciado, pero salió libre. Ahora busca pareja en Tinder

26 junio 2018
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(SinEmbargo).- Mató, descuartizó y quemó a una joven de 15 años en 2004. Lo condenaron a 18 años de encierro, pero en 2016 obtuvo la libertad. Ahora busca pareja en Tinder. Se llama Pablo Víctor Cuchán.
Luciana Moretti era el nombre de la joven que Cuchán asesinó. Eran vecinos y habían tenido una relación sentimental. La invitó a su casa y cometió el crimen, de acuerdo con prensa argentina y española.
Horas después de que Luciana fuera localizada muerta , Cuchán fue detenido. Las llamadas de un teléfono celular lo delataron.
Sólo doce años de prisión pasó Pablo Víctor. La buena conducta le ayudó. Ahora vive en Monte Hermoso, a un centenar de kilómetros de Bahía Blanca, en Argentina, y utiliza la red social para conocer mujeres.
En 2017, la presencia de Cuchán en Tinder provocó indignación. Ahora utiliza un nuevo nombre.
El femicida de Luciana Moretti, Pablo Víctor Cuchán, nuevamente en Tinder. Por favor compañeras, difundan. En 2004 la descuartizó y quemó su cuerpo en una parrilla”, escribió una asociación feminista en redes sociales.
El año pasado, el sujeto fue señalado por perseguir, insultar y atacar a otra de sus ex parejas…

La FEPADE, inmovilizada por la ley

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(Proceso).- La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llegó al proceso electoral de 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos como la guerra sucia, firmas falsas, violencia política de género o sólo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas.
Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de corrupción de Odebrecht, que implica al extitular de Pemex Emilio Lozoya en presunto desvío de recursos a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto; así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, ambos con procesos pendientes por desvío millonario de recursos públicos a su partido, el PRI.
En entrevista, el fiscal electoral Héctor Díaz Santana explica: “Ahora trabajamos en el tema de las llamadas falsas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, y le hemos pedido a las compañías telefónicas que nos informen de dónde vienen esas líneas, qué está pasando, pero no existe una ley que les diga a ellos en qué tiempo máximo tienen que entregarnos la información.
 “En Estados Unidos se comparten las bases de datos, así que las instituciones de investigación las tienen de manera automática, mientras que en México, mientras la ley no lo regule, de cierta manera dependemos de que ellos informen, y sólo en caso de que no lo hagan o tarden demasiado, solicitamos al juez que genere mecanismos de atención inmediata”.
Sobre el caso Odebrecht, que el PRD denunció ante la Fiscalía en agosto de 2017, Díaz Santana explica que para diciembre de ese año, cuando él tomó posesión del cargo, la investigación apenas estaba “en ciernes”:
“Prácticamente lo que teníamos era la denuncia. Fue necesario agilizar algunos mecanismos que ya se habían solicitado, como las asistencias jurídicas internacionales a Brasil y Suiza. Además, estamos solicitando a otras instituciones (como Pemex) que nos informen sobre los hechos; en caso de encontrar las evidencias, se judicializa”.

Hay numerosas denuncias pero el INE no actúa contra la compra de votos

23 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Aunado a eso, criticaron que el órgano electoral tampoco ha sido tan enérgico en condenar la violencia que prevalece en el actual proceso
Ciudad de México.- Académicos, activistas y ciudadanos consideraron, tras sostener una reunión con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha tenido el suficiente interés en actuar de oficio para evitar y sancionar la compra y coacción del voto.
Lo anterior, dijeron, pese a que distintos medios de comunicación han reportado cómo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se repartió dinero a ciudadanos que a cambio dieron su credencial de elector para votar, así como el reparto de dádivas en Coyoacán por parte del PRD.
Encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, los ciudadanos sostuvieron hoy una reunión con Córdova, a quien le expusieron distintas inquietudes que tienen de cara a la jornada electoral, principalmente la compra de votos, la violencia a lo largo de las campañas y la seguridad de los sistemas informáticos del INE.
En un mensaje a medios, acusaron que, aunque reiteradamente le advirtieron sobre la compra del sufragio, el consejero presidente les informó que únicamente se han presentado cuatro quejas, lo cual desató críticas de los presentes con el argumento de que el organismo debería de actuar de oficio.
"Nos mostró la información, cuatro quejas o denuncias, o sea dio la impresión de que no se ha denunciado suficientemente y que pues por eso no es la responsabilidad del INE, sin embargo como bien recordó Porfirio Muñoz Ledo, tiene facultades de oficio o sea no se necesita la denuncia", recriminó la abogada y ex legisladora Loretta Ortiz.
Quiso echarle la bolita a nuestro lado, como decir 'es un problema de denuncias que tienen que hacer la sociedad civil, las ONG o los ciudadanos o los partidos y la sociedad civil'
El académico Alberto Aziz pidió al INE que haga un llamado más enfático a la ciudadanía para que ejerza el voto libre, mientras que Muñoz Ledo lamentó que el reparto de dinero que hizo el PRI en sus oficinas centrales, el cual fue documentado por REFORMA, haya quedado impune.
"Si no es responsable el INE, ¿pues quién es responsable?, lo que no podemos permitir es la impunidad y es un caso abierto de impunidad (la entrega de dinero en las oficinas del tricolor)", aseveró Muñoz Ledo, quien afirmó que Córdova no comentó nada al respecto.
Muñoz Ledo también lamentó que el INE no haya sido tan enfático en condenar la inseguridad, a diferencia de Janine Otálora, Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ayer acusó al narco de decidir las candidaturas.
"¡Cómo es posible que sea Janine, con quien hablé en la mañana, Otálora, que no está en su competencia, quien hable con una muy buena frase: en México son los narcos quienes deciden quién es candidato!"
Yo se la atribuiría más al INE, que es el que organiza la elección, no está en la competencia de Janine
El padre Miguel Concha, por su parte, expuso que le pidió a Córdova blindar los sistemas informáticos del INE, especialmente los relacionados al PREP, a lo cual, el consejero presidente respondió que todo lo relacionado a ese programa es auditado por universidades públicas, entre ellas la UNAM.
El especialista Javier Quijano señaló que se propuso que un grupo de científicos acompañara la revisión de los procesos informáticos del INE, lo cual fue descartado debido a falta de tiempo; mientras que Ricardo Valero externó su preocupación de que todavía en 2018 hay riesgo de que se manipule la voluntad ciudadana.
En tanto, el especialista Alejandro Mendoza llamó a la ciudadanía que descarguen aplicaciones móviles, surgidas desde la sociedad civil, que buscan aumentar la vigilancia de los comicios, entre las que están "Denuncia Prodefensa Voto Libre".
Pese a las críticas, comentaron que hubo puntos de concordancia con Córdova, quien les aseguró que los sistemas del INE están blindados ante cualquier intromisión.
A la reunión con el consejero presidente, también asistieron Clara Jusidman, Ifigenia Martínez, Cecilia Soto, Jorge Eduardo Navarrete, Amalia García, entre otros.

La Iglesia justifica a un cura que abofeteó a un bebé durante un bautismo... pero fue el último

22 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy


Días atrás un sacerdote que llevaba adelante un bautismo en Francia le dio una bofetada a un bebé porque no paraba de llorar. Las imágenes fueron registradas en un video que se hizo viral provocando repudio en las redes. Si bien la diócesis de Meaux sancionó al religioso, justificó su accionar.
La institución resolvió que el hombre no pueda oficiar más este tipo de ceremonias, ni tampoco bodas. No obstante, según informó La Vanguardia, también sostuvieron que la situación es "explicable" ya que "un bautismo es largo y el bebé lloraba mucho".
"Entre una caricia y una palmadita"
En esa línea el sacerdote declaró a France Info que "durante la misa, todo fue bien, pero en el momento del bautismo, el bebé comenzó a llorar". Asimismo explicó que el niño tiene dos años y medio y esa "no es una buena edad para bautizar", ya que "saben que algo está sucediendo, pero aún son demasiado pequeños para comprender y darse cuenta".
"Le dije 'cálmate', pero él no se estaba calmando", añadió. Fue ahí que le pegó la bofetada que el cura definió como "entre una caricia y una palmadita". "Estoy terminando mi ministerio ahora, fue mi último bautismo, hay un final para todo", concluyó.
La familia del menor denunció al religioso y señaló que nunca quiso que las imágenes se difundieran.


Otro alcalde-candidato (el de Sucilá) en campaña en horas hábiles es exonerado por el TEEY

21 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

Expediente PES.- 031/2018 correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por los ciudadanos Rita de la Cruz Farjat Vázquez, María Eugenia Núñez Zapata, Juan Elías Chaia Shaadi y Alberto Arjona Ordaz; en contra del Partido Revolucionario Institucional y del C. Diego Alberto Lugo Interián, candidato a reelegirse como Presidente Municipal de Sucilá, Yucatán del partido antes mencionado; por la violación al principio de imparcialidad, derivado de la presunta participación del candidato en actividades proselitistas en días y horas hábiles.
 En el proyecto de resolución se declaró inexistente las infracción denunciada; después del análisis exhaustivo de las pruebas presentadas, no se advirtió aspecto alguno que permita tener por acreditada las afirmaciones realizadas por los denunciantes respecto a la comisión de actos de proselitismo en días y horas hábiles, ya que las pruebas no permiten generar convicción alguna respecto de la veracidad de su contenido.
El caso de Tekax, en los mismos términos
Ayer dimos a conocer que las mismos quejosos presentaron denuncia contra el alcalde de Tekax que también aspira a ser alcalde de nuevo por el Verde y hace campaña en horas de trabajo, pero el TEEY declaró improcedencia por falta de pruebas.

Alcalde de Tekax, hace campaña sin pedir licencia, lo acusan y el TEEY dice que no procede

20 junio 2018
Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El día de hoy, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), celebró sesión pública, en la que aprobó por unanimidad de votos el Medio de Impugnación que a continuación se precisa.
Expediente PES.- 033/2018 correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por los ciudadanos María Eugenia Núñez Zapata, Juan Elías Chaia Shaadi y Alberto Arjona Ordaz; en contra del Partido Verde Ecologista de México y del C. Josué Manancé Couoh Tzec, candidato a reelegirse como Presidente Municipal de Tekax, Yucatán del partido antes mencionado; por la presunta violación al principio de imparcialidad, actividades proselitistas en días y horas hábiles, alternándolas con sus responsabilidades y funciones de Presidente Municipal de Tekax, Yucatán y la no separación del cargo para contener como candidato a reelegirse. En el proyecto de resolución se declararon inexistentes las infracciones denunciadas; ya que las pruebas aportadas hacen inconcuso que no existen elementos para establecer la imputación contra el denunciado, toda vez que en el Acuerdo 041/2018 del Consejo General del IEPAC, quedan establecidos los horarios para la realización de actos de campaña así como también establece que los alcaldes que pretendan reelegirse, no necesariamente se deben separar del cargo para poder competir en la contienda electoral.

Tribunal revoca sentencia de casi 112 años a violador y ladrón de autobús

19 junio 2018
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(apro).- Dos meses después de que Ramón MG, “El Lagarto”, presunto partícipe en robo y violación a bordo de un camión de pasajeros de la Línea ETN en 2016, fuera sentenciado a casi 112 años de prisión, un juez revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento, debido a que la juez que inició el procedimiento no fue la misma que lo culminó y dictó el resolutivo.
El Tribunal de Alzada del Poder Judicial mexiquense ordenó lo anterior, luego de resolver un recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, con el fin de respetar el “principio de inmediación” que, por ley establece la obligación de que el juez ante quien se desahoguen todas las pruebas sea quien dicte la sentencia respectiva.
El 8 de junio de 2016, “El Lagarto” y otro sujeto identificado como Galindo subieron al camión que iba de la Ciudad de México a San Luis Potosí y, cuando circulaba por Coyotepec, sobre la carretera México-Querétaro, procedieron a asaltar a los pasajeros y ahí violaron a la usuaria Rosa Margarita Ortiz Macías, esposa del exdiputado priista Adolfo Micalco Pérez.
Los delincuentes y agresores fueron detenidos y el primero fue sentenciado a 102 años por la violación, y nueve años seis meses por robo contra los pasajeros, se recordó hoy en un comunicado.
Por ello, el Poder Judicial mexiquense determinó que la jueza que intervino en primer lugar y recibió los testimonios será ante quien se desahoguen la totalidad de los medios de prueba y la que resuelva en definitiva el caso.
Y ante la juzgadora comparecerán para rendir su testimonio los policías federales que intervinieron en el aseguramiento del acusado; un policía de investigación estatal; un testigo de pre-existencia y capacidad económica y diversos peritos en medicina legal, criminalística, retrato hablado, psicología y valuación.

ASF: otra pieza para el blindaje de Peña

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 (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto piensa que puede eludir la acción de la justicia si debilita a las instituciones encargadas de sancionar los actos de corrupción. En mayor o menor medida, muestran las huellas de sus embestidas las seis entidades públicas incluidas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura Federal.
Esto es sobre todo evidente en los siguientes casos: En el de la fiscalía anticorrupción, no ha sido posible designar a quien deberá ser titular transitorio hasta el 30 de noviembre de este año; en el de la Fiscalía General de la República, tampoco fue posible avanzar; por lo demás, fue muy cuestionada la designación del nuevo titular de la ASF, y en cuanto al TFJA sus nuevos magistrados se designaron con el voto favorable de sólo 49 senadores (apenas 38% de los 128 integrantes del Senado) en una de las últimas sesiones del último período.
En lo que respecta a la Fiscalía General, la injerencia presidencial provocó la movilización de un grupo de organizaciones de la sociedad civil en el movimiento denominado Fiscalía que Sirva, a fin de solicitar la reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer un procedimiento de designación de su titular que garantice su independencia del presidente. Aunque no se ha podido avanzar en la creación de la mencionada fiscalía ni en la designación de un fiscal anticorrupción, la Procuraduría General de la República opera bajo el mando de un encargado de despacho que descabezó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y frenó todas las investigaciones vinculadas a la corrupción, particularmente las relacionadas con el caso Odebrecht.
La Fiscalía Anticorrupción y el TFJA son particularmente importantes porque serán las instancias responsables de sancionar por la vía penal y administrativa los actos de corrupción. En lo que atañe a la primera, su intento de dejar a un fiscal a modo (conocido popularmente como “fiscal carnal”) no prosperó y puede pagar caro su desmesura, pues las posibilidades de designarlo en la actual Legislatura ya son mínimas.
En el caso del tribunal, logró operar de último minuto, el 25 abril, en la antepenúltima sesión ordinaria de la actual Legislatura, la aprobación de los magistrados propuestos por el presidente de la República para integrarlo y asegurar la llegada de jueces afines al actual gobierno.
Mientras tanto, la ASF en lo general ha sido eficaz para detectar los delitos e irregularidades que se cometen en las entidades obligadas, incluyendo el ejercicio del gasto público federalizado en las entidades; pero sus denuncias y recomendaciones han sido prácticamente ignoradas por los órganos de control internos, responsables de sancionar las faltas administrativas hasta antes de la creación del SNA, y por los ministerios públicos, tanto federal como estatales, encargados de integrar las averiguaciones previas para consignar ante el Poder Judicial.
Por ello la designación del nuevo titular de la ASF, al concluir el período constitucional de Juan Manuel Portal, era crucial porque del buen desempeño de dicha instancia depende en gran medida la posibilidad de sancionar los actos de corrupción, ya que la ASF es la responsable de identificarlos y denunciarlos ante las instancias correspondientes.
Peña Nieto lo sabía y sus diputados operaron para conformar una terna a modo. A partir de la misma designaron a David Rogelio Colmenares Páramo, priista que fue secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca durante el mandato de Heladio Ramírez, de 1986 a 1992, y aspiró a suceder a su jefe. También fue representante del gobierno de Oaxaca en el entonces Distrito Federal (1998-1999) durante el gobierno de José Murat, y director de Administración y Finanzas de Liconsa (1995-1998).
En apenas dos meses al frente de la ASF Colmenares ya removió a tres de los cuatro titulares de las Auditorías Especiales (las de Cumplimiento Financiero, Desempeño y Gasto Federalizado), movimientos que pasaron prácticamente de¬sapercibidos, hasta que removió la semana pasada a la directora general de Auditoría Forense, Muna Dora Buchahin Abulhosn. Entre otras cosas, esta funcionaria fue la responsable de realizar la auditoría que permitió denunciar la llamada “estafa maestra”, que hasta la fecha alcanza un monto de 7 mil 700 millones de pesos e involucra a funcionarios de la Sedesol, Sedatu, universidades públicas y particulares involucrados como supuestos proveedores.
Buchahin hizo pública una carta en la que cuestiona la decisión de separarla de su cargo sin razón explícita, así como la negativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF a realizar otras dos auditorías forenses a la Sedatu a partir de denuncias documentadas, a pesar de los graves antecedentes.
El nuevo titular de la Auditoría Especializada en Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, justifica la separación de Buchahin por un presunto conflicto de interés y, eventualmente, en un presunto desvío de recursos humanos.
Sin embargo, los cuestionamientos de conflicto de interés ya se habían expuesto en la Cámara de Diputados, cuando el propio Lozano compareció ante la Comisión de Vigilancia, que entrevistaba a los candidatos a ocupar el cargo de auditor superior. Los atajó de la siguiente manera:
“Tengo que decir: no litigamos, no vendemos consultorías, auditorías a los gobiernos de estados, no hacemos libros blancos, no ofrecemos asesorías de solventación de auditorías, no ofrecemos intervención ante ningún organismo…lo que hemos hecho 10 años es difundir la educación y hacer capacitación antifraude, que es un capítulo internacional que tuvimos la oportunidad de fundar con el auditor Portal en México… Entonces, yo no veo ningún conflicto de interés”. Añadió que la labor de Buchahin en la organización de la sociedad civil era pro bono y que eso estaba permitido.
Si efectivamente existe presunción de algún tipo de conflicto de interés o desvío de recursos, debe solicitarse la intervención de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, responsable de iniciar la investigación y fincar las responsabilidades, lo que según Lozano ya hizo; pero en ese caso hay que esperar el dictamen correspondiente y no adelantarse a las actuaciones de la misma y despedir a Buchahin.
Todo apunta a que el nuevo auditor se dispone a integrar un equipo a modo para intentar proteger al actual presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete; es una pieza más de este blindaje que el titular del ejecutivo pretende construir para evadir la acción de la justicia.

Absuelven a policía yucateco por delito de extorsión a conductor ¡que raro!

18 junio 2018
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El Tribunal Segundo de Juicio Oral absolvió al policía de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Manuel, quien estaba acusado de extorsión, junto con su compañero Eulogio, debido a que el denunciante no lo identificó como uno de los autores de los hechos, además de que cuando se cometió el delito este elemento estaba de descanso.
Esta resolución solo favorece a Jaime Manuel, pues su coacusado promovió un amparo contra la vinculación a proceso decretada por un juzgado de control, mismo que no se ha resuelto.
La sentencia absolutoria fue dictada por unanimidad por los integrantes del Tribunal Segundo de Juicio Oral, María del Socorro Tamayo Aranda, Verónica de Jesús Burgos Pérez y Sergio Javier Marfil Gómez, quienes señalaron que las pruebas aportadas por los fiscales no fueron suficientes para responsabilizar a Jaime Manuel del delito de extorsión.
Los jueces señalaron que durante el desahogo de las pruebas, el denunciante no identificó al acusado como alguno de los elementos que lo extorsionaron y que tampoco fue a él, a quien le entregó el dinero del chantaje.
Además se exhibió una bitácora de la propia Secretaría de Seguridad Pública en la que estaba la lista del personal, sus horarios de labores, lugares de vigilancia asignados y días de descanso.
En este documento se señala que en el primer contacto del denunciante con los policías que lo extorsionaron, Jaime Manuel estaba de descanso.
Según el expediente, la denuncia fue interpuesta por Sergio Manuel, quien dijo que el 11 de mayo de 207, a las 21:00, horas transitaba sobre la carretera Progreso-Telchac y cerca de “El Corchito” lo detuvieron los dos agentes porque, según le dijeron, iba a exceso de velocidad.
Le pidieron dinero para no multarlo y llevárselo detenido, a lo que les respondió que no llevaba la cantidad que le pedían, que era de dos mil pesos.
Amenazaron con hacerle daño a su familia, de manera que les entregó 300 pesos, pero le advirtieron que “era sólo el anticipo”.
Y cumplieron, pues ya habían tomado sus datos personales de la licencia y los que se vio obligado a darles, de manera que el 16 uno de los agentes se comunicó con él y le exigió el resto del dinero.
Fue al sitio y les dio el dinero, pero al lugar fueron elementos de la Policía Estatal de Investigación y los sorprendieron en plena extorsión, de manera que los detuvieron.
Fuente: Sipse

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