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(Proceso).- La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llegó al proceso electoral de 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos como la guerra sucia, firmas falsas, violencia política de género o sólo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas.
Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de corrupción de Odebrecht, que implica al extitular de Pemex Emilio Lozoya en presunto desvío de recursos a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto; así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, ambos con procesos pendientes por desvío millonario de recursos públicos a su partido, el PRI.
En entrevista, el fiscal electoral Héctor Díaz Santana explica: “Ahora trabajamos en el tema de las llamadas falsas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, y le hemos pedido a las compañías telefónicas que nos informen de dónde vienen esas líneas, qué está pasando, pero no existe una ley que les diga a ellos en qué tiempo máximo tienen que entregarnos la información.
“En Estados Unidos se comparten las bases de datos, así que las instituciones de investigación las tienen de manera automática, mientras que en México, mientras la ley no lo regule, de cierta manera dependemos de que ellos informen, y sólo en caso de que no lo hagan o tarden demasiado, solicitamos al juez que genere mecanismos de atención inmediata”.
Sobre el caso Odebrecht, que el PRD denunció ante la Fiscalía en agosto de 2017, Díaz Santana explica que para diciembre de ese año, cuando él tomó posesión del cargo, la investigación apenas estaba “en ciernes”:
“Prácticamente lo que teníamos era la denuncia. Fue necesario agilizar algunos mecanismos que ya se habían solicitado, como las asistencias jurídicas internacionales a Brasil y Suiza. Además, estamos solicitando a otras instituciones (como Pemex) que nos informen sobre los hechos; en caso de encontrar las evidencias, se judicializa”.
(Proceso).- La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llegó al proceso electoral de 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos como la guerra sucia, firmas falsas, violencia política de género o sólo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas.
Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de corrupción de Odebrecht, que implica al extitular de Pemex Emilio Lozoya en presunto desvío de recursos a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto; así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, ambos con procesos pendientes por desvío millonario de recursos públicos a su partido, el PRI.
En entrevista, el fiscal electoral Héctor Díaz Santana explica: “Ahora trabajamos en el tema de las llamadas falsas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, y le hemos pedido a las compañías telefónicas que nos informen de dónde vienen esas líneas, qué está pasando, pero no existe una ley que les diga a ellos en qué tiempo máximo tienen que entregarnos la información.
“En Estados Unidos se comparten las bases de datos, así que las instituciones de investigación las tienen de manera automática, mientras que en México, mientras la ley no lo regule, de cierta manera dependemos de que ellos informen, y sólo en caso de que no lo hagan o tarden demasiado, solicitamos al juez que genere mecanismos de atención inmediata”.
Sobre el caso Odebrecht, que el PRD denunció ante la Fiscalía en agosto de 2017, Díaz Santana explica que para diciembre de ese año, cuando él tomó posesión del cargo, la investigación apenas estaba “en ciernes”:
“Prácticamente lo que teníamos era la denuncia. Fue necesario agilizar algunos mecanismos que ya se habían solicitado, como las asistencias jurídicas internacionales a Brasil y Suiza. Además, estamos solicitando a otras instituciones (como Pemex) que nos informen sobre los hechos; en caso de encontrar las evidencias, se judicializa”.
