Exitoso arranque de la 8ª. Competencia Universitaria de Litigio oral del Poder Judicial del Estado

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Con la presencia de autoridades estatales, magistradas y magistrados, consejeras y consejeros, así como representantes de las escuelas participantes y los estudiantes que participan en la justa más importante de litigio oral en el Sureste, se inauguró esta mañana la 8ª Competencia de Litigio Oral del Poder Judicial del Estado.

En la ceremonia de inauguración del evento, que en esta ocasión reúne a más de un centenar de alumnos de universidades públicas y privadas, el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, exhortó a los alumnos a acercarse a un mejor conocimiento del sistema penal y a desenvolverse, ante todo, con ética y profesionalismo.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado Mauricio Tappan Silveira en representación del Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal. En el presídium estuvieron también el Magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia Ricardo de Jesús Ávila Heredia quien coordina la justa universitaria y el director del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán Rodrigo Ignacio Ortiz Eljure, así como Izmael Magaña Mata, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado.

Luego de la ceremonia, se procedió, mediante una rifa, a la elección de los roles que irán representado cada uno de los 22 equipos que participan en la competencia que se prolongará todo el día de hoy, mañana viernes y hasta el sábado 10 cuando los que lleguen a la fase final se disputen el 1º, 2º y 3er lugar.

Este evento que el Poder Judicial del Estado realiza desde hace ocho años, busca que los estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas se acerquen, adquieran y practiquen conocimientos sobre el sistema penal vigente en el estado y mejoren su preparación para el futuro ejercicio de su profesión. El Poder Judicial otorgará constancias a todos los participantes y además $15,000 al primer lugar, $7000 al segundo y $3000 al tercero.

Los estudiantes, agrupados en equipos de cinco personas más un asesor, se desempeñarán como fiscales y defensores en casos tomados de eventos reales, sobre los cuales serán evaluados con parámetros concretos por parte de jueces de control y de juicio oral y secretarios de 1ª y segunda instancia del Poder Judicial, lo que muestra el nivel de la competencia. De esta manera, todos los estudiantes harán las veces de Fiscales o Defensores.

 Diversas áreas del edificio del Tribunal Superior de Justicia ubicado en la colonia Inalámbrica de esta ciudad de Mérida, serán escenarios de las contiendas, que se realizarán de forma simultánea, hasta llegar ala final que se disputará en la sala de oralidad de este Alto Tribunal.

Las universidades participantes son: Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Mesoamericana de San Agustín, Universidad Latino, Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto, Centro de Estudios Superiores CTM, Instituto Superior José Vasconcelos, Centro Universitario República de México, Universidad Marista, Universidad Del Sur, Colegio Libre de Estudios Superiores y la Universidad Modelo.

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Este jueves iniciará la VIII Competencia Universitaria de Litigio oral del Poder Judicial del Estado

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Este jueves 8 de noviembre iniciará la tradicional competencia universitaria de litigación oral que organiza anualmente el Poder Judicial del Estado, con el objetivo de que los estudiantes de derecho de universidades públicas y privadas se acerquen, adquieran y practiquen conocimientos sobre el sistema penal vigente en el estado y mejoren su preparación para el futuro ejercicio de su profesión.

Esta será la octava edición de esta exitosa justa universitaria y en esta ocasión participarán 110 alumnos en 22 grupos, además de 22 asesores, quienes se desempeñarán como fiscales y defensores en casos tomados de eventos reales, sobre los cuales serán evaluados con parámetros concretos por parte de jueces de control y de juicio oral y secretarios de 1ª y segunda instancia del Poder Judicial, lo que le otorga un nivel muy elevado a esta práctica que tendrá tres intensas jornadas iniciando el jueves 8 y concluirá el 10 de noviembre del presente.

Las actividades de esta competencia, que coordina el Magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia Ricardo de Jesús Ávila Heredia con el apoyo de la Escuela Judicial y del Departamento de Capacitación del Tribunal,  iniciarán a las 10:00 horas de este jueves con una ceremonia de inauguración a la que asisten Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Consejeros y Consejeras de la Judicatura, así como representantes de las 12 universidades públicas y privadas del estado que buscarán ser los vencedores de este certamen.

El auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” será la sede de la ceremonia de inauguración y posteriormente, en ese mismo lugar, se realizará el sorteo de equipos para definir la primera etapa en la que se desarrollarán dos tipos de audiencias: la preliminar que incluye el control de la detención, imputación, vinculación, medidas cautelares y plazo del cierre de la investigación.

Le segunda será una audiencia intermedia en la que los estudiantes, en su papel de Ministerio Público, presentarán su acusación y las defensas realizarán el incidente por exclusión probatoria.

Finalmente, en una segunda ronda, los estudiantes que hayan pasado a esta etapa participarán en dos audiencias de juicio oral. Los equipos que obtengan mayor puntaje serán los que pasen a la ronda de semifinal.

La semifinal y final de la competencia tendrán lugar el sábado 10 de noviembre en la sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.
 
Las universidades participantes son: Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Mesoamericana de San Agustín, Universidad Latino, Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto, Centro de Estudios Superiores CTM, Instituto Superior José Vasconcelos, Centro Universitario República de México, Universidad Marista, Universidad Del Sur, Colegio Libre de Estudios Superiores y la Universidad Modelo.

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Rinden compromiso nuevos jueces de paz en Yucatán

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Nuevos jueces de paz de 63 municipios, nombrados por el Consejo de la Judicatura de Yucatán, a propuesta de las autoridades municipales, rindieron el compromiso constitucional correspondiente en una ceremonia en la que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo, Marcos Alejandro Celis Quintal, resaltó el alto compromiso y responsabilidad que significa esta posición al convertirse en el contacto inmediato de los pobladores de las comunidades con la impartición de justicia.

Los nuevos jueces de paz, cifra récord que permitirá cubrir 80% de los municipios que requieren esta figura, fueron nombrados en este encargo por el Consejo de la Judicatura, con base en las ternas que, por ley, deben enviar las autoridades municipales. Su capacitación fue impartida por el Poder Judicial, institución ante la que responderán por su desempeño, tal como lo establecen las normas vigentes.

“Gran parte de la labor en materia de justicia en el estado se da en la propia localidad, de ahí la importancia de la labor de los jueces de paz, ya que son el primer vínculo del ciudadano con el sistema de justicia”, expresó el magistrado Celis Quintal.

Es una labor compleja, de una altísima responsabilidad, que requiere una gran autoridad moral con la comunidad para que sus decisiones sean aceptadas y acatadas, continuó.
Dijo también que el perfil de juez de paz se ha ido profesionalizando y, al amparo de las exigencias de ley, por el tamaño poblacional de algunos municipios es obligatorio que los jueces de paz sean profesionales del derecho.

El magistrado Celis Quintal resaltó que el de hoy es un evento con cifra récord de nombramientos de jueces de paz y apenas unos días después del inicio de las nuevas administraciones municipales, por ello reconoció el trabajo intenso de convocatoria, capacitación y de contacto con los municipios para tener este resultado en beneficio de los ciudadanos.

El proceso estuvo coordinado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura que preside el Consejero Luis Jorge Parra Arceo y la capacitación estuvo a cargo de servidores públicos del Poder Judicial e incluyó temas relacionados con derechos humanos, funciones jurisdiccionales de los juzgados de Paz y responsabilidades y conocimiento del Código de Ética del Poder Judicial del Estado, entre otros.

Los jueces que rindieron compromiso constitucional pertenecen a los municipios de Abalá, Acanceh, Akil, Baca, Bokobá, Cacalchén, Cantamayec, Celestún, Chacsinkín, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Conkal, Chocholá, Cuzamá, Dzan, Dzilam González, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Hoctún, Huhí, Hunucmá, Ixil, Kantunil, Maní, Mayapán, Muna, Muxupip, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Quintana Roo, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, San Felipe, Seyé, Sotuta, Sudzal, Suma de Hidalgo, Tahdziú, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Temozón, Tepakán, Tetíz, Timucuy, Tinúm, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixpéhual, Tunkás, Ucú y Yaxcabá.

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Jueces y magistrados arman frente contra reformas de Morena

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En los últimos días, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron a crear un frente común para delinear una estrategia de defensa contra las iniciativas de reforma presentadas por Morena, por considerarlas un riesgo a la independencia judicial en caso de promulgarse, para lo cual realizan cabildeo en varios estados del país y con organismos internacionales.
Jueces y magistrados hicieron público su extrañamiento al Poder Legislativo por la ausencia de diálogo para la discusión de las iniciativas que, entre otras cosas, buscan someterlos a controles como el polígrafo, rotarlos cada seis años y reducir sus salarios.
Todo empezó con el anuncio de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, de buscar ejercer mayor control en los procesos de designación de juzgadores, en aras de acabar con los casos de nepotismo y “amiguismo” que han sido denunciados.
Poco a poco, mediante mensajes de WhatsApp, los juzgadores federales corrieron la voz de que era necesaria una estrategia de defensa. Por ello, el 18 de octubre pasado, el magistrado Ricardo Rivas Pérez, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, convocó a sus compañeros a una reunión informativa con un despacho especializado en litigios ante instancias internacionales.
Se trató del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh), que luego de la reunión del sábado 20 de octubre reconoció que las iniciativas de Morena en el Senado pueden justificarse en nobles intereses de bien común, pero ponen en riesgo el contrapeso que debe ejercer el PJF y podrían terminar socavando sus cimientos.
El primer paso. Integrantes del PJF consultados por EL UNIVERSAL y que prefirieron no se citaran sus nombres, dijeron que la reunión fue un primer paso y que esperan que con un reconocimiento internacional de la vulneración de la independencia judicial y de sus derechos adquiridos y consagrados en la Constitución, la reforma pueda ser frenada.
“No sólo nosotros nos vemos afectados de manera personal, el justiciable también puede resultar afectado, porque si no se le garantiza que los jueces o magistrados actuarán de manera independiente, ni siquiera van a acudir con nosotros porque generará desconfianza”, dijo una de las fuentes.
“¿Cómo se garantiza la independencia? Respetando la carrera judicial, la estabilidad salarial que hasta ahora está en la Constitución, no haciendo las cosas así”, afirmó.
Uno de ellos explicó que mientras no exista una reforma promulgada, el PJF está atado de manos para tomar acciones concretas como la promoción de amparos, razón por la que es necesaria la intervención internacional para que, de existir una reestructuración, sea conforme a los principios generales del Derecho.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el ingreso suficiente, la certeza en las adscripciones y la inamovilidad en los cargos de los juzgadores son condiciones mínimas para salvaguardar su seguridad y garantizar el papel de contrapeso que los poderes judiciales deben desempeñar en los Estados democráticos.
El 23 de octubre, Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional, en la que establece reducir los salarios de los integrantes del PJF y controlar el funcionamiento y designación de los titulares en los Poderes Judiciales locales.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, ordenó integrar una comisión interdisciplinaria para que los jueces y magistrados sean escuchados y sus puntos de vista serán llevados a los representantes de los otros poderes para  “entablar un intercambio respetuoso que permita el fortalecimiento del PJF, sin comprometer su independencia”.
¿Qué puede ocurrir? Para la reducción salarial a los integrantes del PJF, el Presidente de la República debía hacerlo mediante la promulgación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Esa ley debió quedar lista antes del 13 de octubre pasado, pero continúa estancada en la Presidencia.
De promulgarse e incluir la reducción salarial a jueces, magistrados, consejeros y ministros, se convertiría en una ley anticonstitucional.
Esto, debido a que el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces de Distrito, magistrados de Circuito, Consejeros de la Judicatura Federal y ministros de la Corte no podrán ser disminuidos durante su encargo.

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Hunden a funcionario del Poder Judicial acusado de millonario desfalco

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El juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero vinculó a proceso al ex secretario de actas y acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal, Miguel Gutberto Dzul Flores (a) “Chuletas”, señalado como cabeza de un grupo de abogados que cometió millonario desfalcó contra el Poder Judicial.

Lo vinculó por el delito de robo calificado, pero no ordenó su reclusión, por lo que el ex funcionario seguirá el proceso en libertad.

Dzul Flores está acusado junto con cuatro abogados y la ejecutiva de una afianzadora, toda vez que el primero habría utilizado a los demás para cobrar “billetes” del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, de donde lograron cobrar más de dos millones y medio de pesos.

Sin embargo, el juez Mugarte Guerrero declinó procesar al ex funcionario bajo el cargo de prestación indebida de un servicio público y determinó que el delito de robo calificado cometido en pandilla no se configuraba, pues “Chuletas” actuó por separado con cada uno de los demás involucrados.

El juzgador dejó firme la prohibición de salir del Estado y el uso de localizador electrónico para el ex empleado del Poder Judicial.

Asimismo, estableció que el cierre de investigación complementaria sería en tres meses.

Como informamos, en este caso también fueron vinculados a proceso los abogados Noé Manzano Villajuana, Carlos Mario Rosado Correa, Hugo Antonio Zapata Avila y Mario Alejandro Cetina Burgos, quienes igualmente usan localizador electrónico.

Ellos declararon en contra del “Chuletas”, señalando que le hacían un favor y desconocían que estuvieran cometiendo un delito.

Igualmente fue detenida Ana Gabriela Ramos Chablé, representante de la compañía Primero Fianzas, SA de CV., que declaró tambiénen contra de Dzul Flores.

A ella se le acusa de haber cobrado más de 778 mil pesos.

Formal Prisión

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Actualiza Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado su estándar de calidad

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El Centro Estatal de Solución de Controversias (Centro de Mediación) del Poder Judicial del Estado de Yucatán recibió la actualización de la prestigiosa certificación ISO en su versión 9001:2015, lo que confirma la alta calidad de sus servicios a los ciudadanos de todo el estado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal reconoció en una sencilla ceremonia, el esfuerzo de los servidores judiciales que realizan esta labor de mediación, la cual contribuye a la paz social y a que las personas puedan dirimir asuntos de toda índole sin tener que llegar a proceso judiciales que son más largos, costosos y en muchos casos ahondan las diferencias, al tratarse de litigios.
Resaltó que el Centro de Mediación del Poder Judicial, que desde hace ocho años ofrece servicios especializados de forma gratuita a todos los ciudadanos, es el único en todo el país en tener esta certificación de calidad, lo que incluye a todos sus centros de atención ubicados en Mérida: la sede en juzgados familiares y mercantiles en centro de la ciudad; la oficina de atención en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM ) y en los juzgados del Centro de Reinserción Social del Estado; la oficina de Justicia para adolescentes en el CEAMA y el que se ubica en el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en la Fiscalía General del Estado.
Igualmente certifica a sus centros de atención de todo el estado: Umán, Ticul, Tekax, Valladolid y Kanasín.
El Consejero de la Judicatura, Luis Jorge Parra Arceo, explicó que esta actualización de la certificación ISO con la que ya contaba el Centro, ha sido el resultado de un enorme esfuerzo de todo el personal desde 2012, cuando se iniciaron las primeras inducciones hacia la calidad. En 2013 dio inicio el sistema de gestión para la calidad y en 2014 se obtuvo la certificación inicial de este Sistema, para finalmente lograr la certificación ISO en su edición 9001:2008 en enero de 2016.
Sin embargo, explicó que el Centro ha continuado el esfuerzo para mantener esta certificación, que incluyen una serie de auditorías externas de transición del organismo que la otorga, lo que implicó la participación comprometida del pleno del Consejo de la Judicatura y de diversas áreas a través de un Comité de Calidad.
Esta certificación estandariza y establece claramente las funciones y la evaluación del desempeño de los procesos de mediación, con lo que se incrementa y mide la eficacia de los servicios hacia los ciudadanos ya que, entre otras cosas, recopila, mide y valida datos que sirven para una mejora continua.
La directora del Centro de Mediación del Poder Judicial, Elma Gabriela Avila Miranda, agradeció a los facilitadores y al personal del Consejo que puso su mejor esfuerzo en lograr un servicio de calidez y calidad.

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Ejecutiva detenida por el millonario desfalco al Poder Judicial

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Tras la detención ayer de tres abogados en el millonario desfalco al Poder Judicial, este jueves fue detenida la ejecutiva de una compañía de fianzas que también participó en el megafraude.

Se trata de Ana Gabriela Ramos Chablé, a quien se acusa de haber cobrado más de 778 mil pesos en “billetes” del Fondo Auxiliar del Poder Judicial.

Ella es representante de la compañía Primero Fianzas, SA de CV, y también actuó en confabulación con el ex secretario de actas y acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal, Miguel Gutberto Dzul Flores (a) “Chuletas”, señalado el cabecilla de un grupo de abogados que se apropiaron de millonaria suma del Fondo Auxiliar.

La mujer fue puesta a disposición del juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien obsequió una orden de aprehensión en su contra por el delito de robo calificado cometido en pandilla.

Sin embargo, hoy el mismo juez decidió no dejarla en prision, pues le impuso, como medidas cautelares, resguardo domiciliario, portar un localizador electrónico, no salir de la periferia de la ciudad de Mérida, y someterse a vigilancia.

Un día antes, como informamos, se detuvo a tres abogados qué también cobraron dinero del Fondo Auxiliar, todos cómplices de Dzul Flores, quien está acusado de distraer en su provecho personal la suma de dos millones 528,492 pesos. Formal Prisión

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Caen tres abogados por el millonario desfalco al Poder Judicial de Yucatán

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La Fiscalía estatal ejecutó este día órdenes de aprehensión contra otros implicados en el desfalco millonario al Poder Judicial.

Se detuvo a tres abogados, presuntamente confabulados con el principal acusado, el ex secretario de actas y acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal, Miguel Gutberto Dzul Flores (a) “Chuletas”, quien debió ser imputado hoy mismo, pero no se presentó a la diligencia.

Los tres detenidos hoy están acusados de ayudarlo a cobrar los “billetes” del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado.

Según se informó, los detenidos son Noé Manzano Villajuana, Mario Rosado Correa y Alejandro Cetina Burgos.

Fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero, por el delito de robo calificado cometido en pandilla.

Otro implicado, Alejandro Ross, se sometió a un criterio de oportunidad, es decir declaró cómo se fraguó el desfalco y reparó el daño que ocasionó, con lo que evitó la cárcel.

A Dzul Flores, como informamos, se le acusa distraer en su provecho personal la suma de dos millones 528,492 pesos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado.

De acuerdo con el expediente del caso, desde diciembre de 2012 a septiembre de 2014, presuntamente Miguel Gutberto firmó y liberó 817 billetes de depósito, que amparaban diversas cantidades por conceptos como cauciones o multas.

El autorizó se le pagará a los ahora detenidos sin dar cuenta al juez, sin existir resolución fundada y motivada que lo autorizara y actuando en funciones del titular, no obstante que en la mayoría de los casos el titular sí se encontraba en funciones.

Dzul Flores, por medio de su abogada y ex esposa, Jacinta Miranda Caballero, presentó ante el juez una receta médica simple para no asistir hoy a la audiencia donde iba a ser imputado como probable responsable de los delitos de fraude y prestación indebida de un servicio público. Formal Prisión

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Capacita Poder Judicial a aspirantes a jueces de paz

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Aspirantes a jueces de paz de 55 municipios del estado iniciaron hoy en el Poder Judicial del Estado un curso de capacitación en temas de justicia civil y familiar para el óptimo desempeño de sus funciones, en caso de llegar a ser nombrados en esa responsabilidad, que implica conocer de algunos asuntos mercantiles y familiares en poblaciones donde no hay juzgados de primera instancia.
El Consejero de la Judicatura Luis Jorge Parra Arceo, exhortó a los aspirantes, quienes por ley son propuestos por los presidentes municipales de cada población, a conducirse en apego a la ética y conducta que rige a todos los integrantes del Poder Judicial y estar conscientes de la enorme responsabilidad que implica estar en una posición en la que deben evitar el abuso del poder y, por el contrario, servir a los ciudadanos con eficacia y en apego a la ley.
Cabe apuntar que los jueces de paz, de acuerdo con la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, pueden conocer, en sus municipios, asuntos civiles cuya cuantía no exceda doscientas veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida y en municipios de hasta cinco mil habitantes; y quinientas veces el salario mínimo en municipios de más de cinco mil habitantes. Igualmente pueden conocer de asuntos que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán y actuar como conciliadores en los asuntos que lo requieran.
La actividad del juez de paz también está regulada en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán que en su artículo 184 los señala como órgano competente de justicia municipal y les reconoce las atribuciones que tienen en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás ordenamientos aplicables.
De acuerdo con este marco legal, los jueces de Paz son nombrados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán a propuesta del Presidente Municipal, quien debe presentar una lista de tres personas que cumplan con los requisitos de ley.
Entre otras atribuciones, el juez de paz funge como un difusor de la cultura jurídica y el estado de derecho al informar y orientar a las partes sobre la justicia alternativa y sus ventajas como forma de solución de controversias, debiendo canalizar a las partes con las instituciones públicas o privadas especializadas para ello.
Si el juez de paz fuere mediador no podrá ejercer la mediación durante el tiempo que dure su encargo, pero si podrá utilizar la conciliación y hacer propuestas a las partes, en los mismos términos y reglas que señala la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán, debiendo ser ratificado el acuerdo o convenio que se firme ante el Centro Estatal de Solución de Controversias.
No obstante, estos jueces están limitados para mediar o conciliar en asuntos de carácter penal donde sólo aplica a jurisdicción de los jueces penales de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Tampoco lo podrá hacer en civil o familiar, cuando se ponga en riesgo el interés superior de los menores de edad, los derechos de las personas con capacidades especiales o cuando se trate de asuntos de violencia familiar.
Algunos de los temas que se abordarán en la jornada de capacitación de hoy son: Organización y Código de Ética del Poder Judicial; Derecho Familiar; Mediación y conciliación; Ley de transparencia e información pública; Derechos Humanos; Derecho civil; Ley Nacional del Sistema integral de Justicia para Adolescentes y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, temas que serán impartidos por jueces, consejeros y personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.

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Proponen iniciativa para terminar con nepotismo en el Poder Judicial

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El coordinador del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca terminar con el nepotismo y sancionar a aquellos servidores públicos que realicen o gestionen indebidamente nombramientos cuando exista un interés personal, familiar o de negocios.
De acuerdo con la iniciativa, publicada este jueves en la Gaceta Parlamentaria, para el ingreso o promoción de los magistrados y jueces de circuito se adiciona un artículo por medio del cual los aspirantes deberán hacer pública su declaración de intereses.
“La cual deberá incluir, en su caso, los vínculos familiares, y de afinidad con integrantes del Poder Judicial de la Federación”.
Además se considerada como causas de responsabilidad para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, realizar o gestionar indebidamente nombramientos, promociones o ratificaciones cuando exista un interés personal o de negocios.
“O pueda generar una ventaja para él o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta en cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con quienes tenga relaciones, profesionales, laborales o de negocios”.
En su iniciativa, el senador Monreal señala que el nepotismo es una práctica aberrante que propicia la desigualdad de oportunidades al acceso laboral dentro del Poder Judicial de la Federación.
Recordó que según el Estudio “El déficit Meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federal”, el 51% de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito, y de ese universo, el 68% son familiares por consanguinidad, es decir, padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos y sobrinos.
El 32% restante corresponde a cónyuges, suegros, cuñados e hijastros.

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Rinden compromiso constitucional jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Yucatán

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Los jueces de primera instancia Verónica de Jesús   Burgos Pérez, Sergio Javier Marfil Gómez y Níger Desiderio Pool Cab fueron ratificados por el pleno del Consejo de la Judicatura por un periodo de cuatros años que comprende del día 25 de septiembre del año en curso al 24 de septiembre del 2022. Asimismo, fue nombrado como juez de primera instancia el licenciado José Enrique Sáenz Dzul quien asumirá el cargo a partir del 1 de octubre.
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Marcos Alejandro Celis Quintal presidió la ceremonia protocolaria que se realizó esta mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia. En ella expresó que el papel que desempeña el juez es un verdadero reto para resolver con convicción y castigar a quienes resulten culpables y proteger a la sociedad, al mismo tiempo que tiene el deber de respetar los derechos humanos de todas las partes, en audiencias públicas en procesos totalmente transparentes.
Exhortó a los juzgadores a seguir trabajando con rigor y profesionalismo, como ha sido trayectoria a lo largo de este tiempo como juzgadores.
En la ceremonia estuvieron presentes la Consejera de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida y los Consejeros Luis Jorge Parra Arceo y Luis Alfredo Solís Montero, así como las Magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Ligia Aurora Cortés Ortega, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Leticia del Socorro Cobá Magaña, así como los Magistrados Luis Felipe Esperón Villanueva, Ricardo de Jesús Ávila Heredia  y Santiago Altamirano Escalante.

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Reunión nacional de juzgadores en Mérida

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Independencia judicial, autonomía presupuestal y constante capacitación son los elementos principales para fortalecer las judicaturas locales y con ello alcanzar la impartición de justicia que México requiere, coincidieron en señalar hoy aquí los más altos representantes de los órganos impartidores de justicia a nivel federal y estatal, quienes resaltaron la valiosa, profesional labor que realizan los juzgadores en todo el país.
Lo anterior se puso de relevancia en el panel “La Justicia que México requiere”, en el marco de la XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) que se celebró este día en la capital yucateca y que contó con la presencia de más de 300 jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas, magistrados, consejeras y consejeros de judicaturas del ámbito local y federal.
Momentos antes, en la ceremonia de inauguración de dicho evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán y anfitrión del evento, Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal, reconoció que “el México actual vive una etapa de grandes cambios en todos los escenarios” los cuales traen aparejados visibles oportunidades, “retos formidables para la justicia mexicana” que son “una inmejorable ocasión para contar con los elementos normativos y organizacionales que nos permitan responder las altas expectativas que los mexicanos tenemos”.
“Hoy es tiempo de riesgo y esperanza para la justicia mexicana”, aseguró el magistrado Celis Quintal.
Reconoció al Gobernador Rolando Zapata Bello “por el respaldo, voluntad de coordinación y sobre todo, el respeto irrestricto al Poder Judicial de Yucatán” por lo que hoy tenemos, dijo, un Poder Judicial cada vez más fuerte y autónomo.
Por su parte, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró en su mensaje que México requiere, hoy más que nunca, seguridad jurídica que derive de una impartición de justicia regida por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia “tal como lo ordena nuestra Ley Fundamental”.
Consideró que las decisiones judiciales son también fuente del desarrollo democrático del país. “En cada sentencia emitida por un Juzgado, por un Tribunal, se escribe una parte del presente y el futuro de México. Porque, en suma, también construimos la democracia”, apuntó el presidente de la Corte.
En su oportunidad, el gobernador Constitucional del Estado de Yucatán Rolando Zapata Bello, habló de su convicción y la visión de que el Estado de Derecho “es la herramienta y el instrumento más sólido para que una sociedad pueda vivir en armonía, para que en una sociedad se puedan resolver los conflictos y cada quien pueda percibir lo que le corresponde y, de esa manera, avanzar”.
El gobernador resaltó que los impartidores de justicia requieren el apoyo y respaldo de todos los actores políticos y sociales. “Cada una de las personas que integramos la sociedad mexicana podemos, desde nuestros espacios de responsabilidad, contribuir con este importantísimo objetivo”, dijo.
Luego de la inauguración se dio paso a la mesa panel “La Justicia que México Requiere”, moderada  por el magistrado Celis Quintal y en la que también participaron el presidente de la Corte Ministro Aguilar Morales;  el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza; la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine M. Otálora Malassis; la Ministra Margarita Luna Ramos y los Ministros, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek y Jorge Pardo Rebolledo.
Entre los temas que se debatieron estuvo el de los principales obstáculos que enfrentan los juzgadores para alcanzar las mejoras que la sociedad requiere y qué cambios requieren los tribunales del país para que la sociedad mexicana tenga más confianza en su labor.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que la demanda de justicia va en aumento y la respuesta a esta demanda es cada vez más compleja, plantea nuevos retos y requiere constante capacitación de los impartidores para resolver los nuevos planteamientos que se van generando con los cambios sociales.
En su oportunidad el ministro Pardo Rebolledo destacó que la justicia es un reto que se renueva cotidianamente y por ello todos los impartidores de justicia deben actualizarse y reconoció el papel de la AMIJ como punto de reunión de los impartidores de justicia para alcanzar una homologación de criterios.
El ministro Laynez Positek apuntó la necesidad de fortalecer la autonomía de los órganos impartidores de justicia principalmente de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, puesto que son el primer contacto de la sociedad con la impartición de justicia.
En su momento, la ministra Luna Ramos apuntó que la justicia va a la par con los cambios que la sociedad tiene, puesto que las sociedades son dinámicas y por ello el derecho debe de ir evolucionando.  La ministra reconoció que el papel del juzgador es un papel complicado debido a que la parte que no resultó favorecida automáticamente culpa al juez.
Por su parte el Magistrado Medina Peñaloza refirió que las judicaturas locales hacen todo lo posible para poder impartir justicia, sin embargo, reconoció que no se cuenta con los recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo, ya que, en promedio, los poderes judiciales locales solo cuentan con 1.3 por ciento del presupuesto de los Estados.
El ministro presidente de la SCJN Aguilar Morales señaló que todos los juzgadores se encuentran comprometidos con una mejor impartición de justicia y resaltó el trabajo que los jueces de todos los fueros y ramas realizan cotidianamente y que la sociedad ignora.
“Estoy orgulloso de cada uno de los juzgadores de nuestro país” apuntó
Todos los panelistas coincidieron en resaltar que el aumento en presupuesto para los Poderes Judiciales también ayudaría a la implementación de mejoras tecnológicas que hagan la atención más expedita, incluso a través de servicios en línea.

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En Yucatán se realizará cumbre sobre justicia

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Con el panel “La impartición de justicia que México requiere” en el que participarán el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Madeline Otálora Malassis el Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza presidente de Conatrib y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Magistrado Marcos A. Celis Quintal, iniciará este 22 de septiembre la XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).
El evento, que continuará y concluirá ese mismo día con trabajos en seis mesas posteriores de discusión y análisis, convoca a Ministros, Magistrados, Jueces y Consejeros del ámbito federal y local de todo el país, quienes protagonizarán esta Cumbre en la expondrán y dialogarán en torno a problemáticas y propuestas de los grandes temas relacionados con su alta labor.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Magistrado Celis Quintal explicó que se ha confirmado la participación de cientos de impartidores de justicia, quienes, luego de la inauguración y el panel de análisis, se distribuirán en grupos para discutir los siguientes temas: gobierno judicial, justicia constitucional, justicia electoral, género y justicia, justicia penal y justicia administrativa.
Recordó que la AMIJ es un organismo que se constituyó hace 11 años con base en la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano publicadas en el Libro Blanco de la Reforma Judicial de la SCJN. El Magistrado Armando Maitret Hernández es actualmente el Secretario Ejecutivo de este importante organismo.
Explicó que esta Asociación está conformada por órganos jurisdiccionales y administrativos federales y locales en sus diversos ámbitos de competencia (civil, penal, familiar, laboral, electoral, fiscal, administrativo, agrario y constitucional), cuya representación descansa en Ministros, Magistrados, Jueces y Funcionarios Jurisdiccionales, agrupados en 11 apartados que incluye a Tribunales Superiores de los Estados y Tribunales especializados.
La XIII Asamblea de la AMIJ se enmarca en un importante momento político del país, por lo que se espera que los impartidores de justicia, quienes viven día a día las problemáticas derivadas de la complejidad de su alta labor, emitan posicionamientos trascendentes para dibujar el tipo de justicia que requiere nuestra nación, expresó el magistrado Celis Quintal.

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Rinde compromiso constitucional juez de primera instancia en Yucatán

Noticias de Yucatán. Noticias de Hoy

El juez de primera instancia, Luis Fernando Dorantes Canché fue ratificado por el pleno del Consejo de la Judicatura para ejercer el cargo por un nuevo periodo de cuatro años que inicia el día 19 de septiembre y finalizará el 18 de septiembre del año 2022.

La ceremonia de rendición de compromiso constitucional se realizó esta mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia y fue presidida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Marcos Alejandro Celis Quintal.

El Magistrado Celis Quintal felicitó al juez Dorantes Canché por su ratificación y le exhortó a trabajar con excelencia, calidad y sobre todo con sentido humano con el fin de brindarle a la sociedad la impartición de justicia que requiere.

El juez Dorantes Canché actualmente se desempeña como titular del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado con sede en la ciudad de Valladolid.

En la ceremonia estuvieron presentes la Consejera de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida y los Consejeros Luis Jorge Parra Arceo y Luis Alfredo Solís Montero, así como el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Santiago Altamirano Escalante.

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Pedirán bajar sueldos en todo el Poder Judicial Federal

La bancada de Morena en el Senado rechazó el recorte que anunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 852.8 millones de pesos a su presupuesto para 2019, revelado por EL UNIVERSAL.
La fracción mayoritaria en la Cámara Alta tiene listo un punto de acuerdo que hoy impulsará, con el fin de pedir a los ministros de la Corte hacer más por la austeridad, que bajen más el presupuesto para el próximo año, incluidos sus sueldos, también otras instancias como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En el documento, se hace referencia a lo publicado por este diario sobre el anuncio del presidente de la SCJN, el ministro Luis María Aguilar, de reducir el gasto en 852.3 millones, y recuerda que el presupuesto del Poder Judicial para 2018 ascendió a 71 mil millones de pesos, por lo que la cantidad anunciada como disminución equivale para el próximo año a 1.1% del total.
En los resolutivos, el texto pide de forma respetuosa en su autonomía al Poder Judicial de la Federación, que realice ajustes al gasto presupuestado para lo que queda de este año y, en su caso, considere una propuesta racional para el correspondiente a 2019.
En el punto de acuerdo, promovido por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pide implementar austeridad para los años que vienen, y eliminar prestaciones excesivas, en un ejercicio de autorreflexión.
“No se puede seguir teniendo a un pueblo en la pobreza con jueces, magistrados, ministros, gobernantes y políticos en el exceso, la opulencia y privilegios”, dice el texto.
Señala que el Poder Judicial debe establecer medidas efectivas para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, seguros, casas, compensaciones y cualquier otra cosa.
Precisa que sólo “el Consejo de la Judicatura Federal, [cuya presidencia recae también en el ministro titular de la SCJN], tuvo un subejercicio de más de 3 mil millones, que representa 4.6% del total”.
En el texto, que se prevé sea sometido hoy a votación en el pleno del Senado, se considera que las medidas de austeridad republicana deben incluir por lo menos a la propia Corte.
“Sabemos que en estos órganos se contemplan los sueldos más altos del servicio público, y el anuncio hecho no considera recortes salariales, como sí se ha adelantado en los poderes Legislativo y Ejecutivo que está por asumir el 1 de diciembre”, asegura.
En el documento se señala que las medidas de racionalización en el gasto público no deben darse sólo en rubros como vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, sino que debe atender a una visión más integral de racionalidad presupuestaria en los órdenes material, humano y financiero.
“Esto no puede continuar así, debemos realizar un cambio radical que se refleje en la disminución del dispendio de recursos, nuestro país se encuentra en emergencia económica”, explica.
“Vemos con precupación que en lo que hace al Poder Judicial de la Federación, estas medidas aún no se ven reflejadas en los recursos públicos asignados a ese poder”, y en seguida detalla que esas plazas gozan “actualmente de una gama de ingresos y beneficios a los que tienen acceso un gran número de funcionarios”.
Gesto mínimo: Monreal. Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, consideró como un “gesto mínimo” la reducción de 852.8 millones de pesos en el Presupuesto 2019 de la SCJN, por lo que deben hacer más.
“Es un gesto mínimo de la Corte que tiene casi 72 mil millones de pesos de presupuesto anual, y los últimos años la SCJN ha devuelto al erario entre 3 mil y 4 mil millones de pesos de subejercicio. Eso quiere decir que si habla de 5 mil millones, ese es el subejercicio que va a tener, y eso no es ni un esfuerzo de ahorro”.
En contraparte, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, felicitó al máximo tribunal del país por tomar medidas en favor de la austeridad. El Universal.

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Realizarán en Yucatán reunión México-Canadá por la justicia de adolescentes

En el marco de un proyecto de cooperación Canadá-México, autoridades de ese país y de las instituciones de los poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán que intervienen en el sistema de justicia para adolescentes, se reunirán en esta ciudad del 10 al 12 de septiembre próximos, con el fin de coordinar la implementación, en modo piloto, de un nuevo Modelo Nacional de Atención de Adolescentes del Sistema de Justicia Penal (MNAASJP).
El magistrado presidente de la sala unitaria de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Santiago Altamirano Escalante, informó que dicho Modelo se diseñará e implementará en Yucatán “por las condiciones óptimas de coordinación que tienen todas las autoridades que intervienen en la procuración, impartición y reinserción de los adolescentes que cometen algún delito” y a recomendación del Grupo encargado de su implementación.
Expuso que las autoridades canadienses acompañarán, con su experiencia, en la actualización e implementación del Modelo, cuya aplicación iniciará en el Centro Estatal para la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), bajo la supervisión del juzgado de ejecución de sanciones del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
La cooperación entre México y Canadá para este tema inició el año pasado, cuando se implementó el Grupo de Trabajo Interdisciplinario (GTI), contemplado en la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes que entró en vigor en todo el país en junio de 2016. Dicho grupo está encabezado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Es en este marco que se realiza la presente visita de las autoridades canadienses a nuestro país, particularmente al estado de Yucatán. Además del apoyo a la implementación del Modelo, esta reunión servirá también para diseñar una estrategia de comunicación social. Las reuniones se realizarán en la sede del Tribunal Superior de Justicia en esta ciudad de Mérida y una ceremonia de inauguración, que está abierta a todo el público, tendrá lugar este lunes 10 de septiembre a las 10:00 horas, en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del citado recinto judicial

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Presentarán Código de Familia del Estado de Yucatán

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El Poder Judicial del Estado presentará mañana martes 4 de septiembre a las 17:00 horas la obra “Comentarios al Código de Familia del Estado de Yucatán” en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia ubicado en esta ciudad de Mérida.

Esta publicación es resultado de la firma de convenio de coedición realizada el pasado 12 de junio entre el Poder Judicial del Estado y la Editorial Tirant Lo Blanch México, cuyo fin principal es difundir la cultura jurídica en el sureste del país y darla a conocer en todo el mundo.

El libro Comentarios al Código de Familia del Estado de Yucatán nace como preparación ante los nuevos cambios paradigmáticos que se avecinan en el país con motivo de de las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 15 de septiembre de 2017, en materia de justicia cotidiana, que implicará, entre otras cosas, la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La obra es coordinada por el Magistrado Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Rivero Evia y en ella participaron Carlos Manuel Cetina Patrón, Sara Elena Toledo González, Paula Florentina Lugo Martín, Luis Alfonso Méndez Corcuera, Francisco José Parra Lara, Lourdes Isabel Reyes Arce y Ricardo Barrera Magaña.

La presentación de esta obra será realizada por el Magistrado Rivero Evia, la catedrática de la Universidad Autónoma de Yucatán, Martha Cecilia Ferráez Evia; y el titular de la emisión de radio “Jurídico Fácil”, Felipe Rubén Osorio Paredes.

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¿Nepotismo? más de la mitad de los jueces tiene un familiar en el Poder Judicial Federal

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¿Nepotismo en el Gobierno? En el Poder Judicial, los rastros son muchos y sólo basta echar un vistazo al estudio “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación“ para saber que algo no está bien en la estructura del Poder Judicial y los cargos que se asumen, gracias a los vínculos familiares de los magistrados y jueces.
Va el dato:
Más de la mitad de los jueces y magistrados del PJF (Poder Judicial de la Federación) tienen un familiar trabajando en el área y en algunos estados la proporción es de hasta el 80%, como en Jalisco.
O sea, existe una alta incidencia de nepotismo por parte de los magistrados y jueces. Todo sea por colocar a familiares o gente de su afinidad en los puestos del Poder Judicial.
“El 51% de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito”, explicó Julio Ríos, investigador del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y autor del estudio que comprendió la totalidad de los 28 mil 65 empleados del PJF.
Hay de todo y para todos siempre y cuando se tenga una relación de familia con los jueces y magistrados:
Suegros, padres, novios, novias, esposas, esposos, sobrinos y hasta cuñados. Sin embargo, este hecho, además de reflejar hasta dónde llega el nepotismo, es una de las causas para que se cierren las oportunidades a quienes se prepararon para desempeñar determinada función en el poder judicial.
“Los concursos que se realizan para seleccionar jueces y magistrados no están abiertos a cualquier joven licenciado en derecho que tenga vocación de juzgador”, pues en la mayoría de los casos ya están reservados para quienes tienen un puesto en el PJF, explicó Julio Ríos al detallar que muchas veces esas personas que consiguieron un empleo lo hicieron por conexiones familiares.
Además del sesgo en las oportunidades, las personas que suelen llegar a los cargos no están realmente capacitadas para ejercerlo.
Esto significa que las decisiones de los jueces pueden estar basadas en “decisiones políticas, compadrazgos” y hasta favores.
Los estados
El estudió recopiló 525 casos y, como ya mencionamos, Jalisco es el estado con mayor incidencia, pero a la lista de nepotismo le siguen Nuevo León, con 73%, Tlaxcala con el 70%, San Luis Potosícon 65% y Guanajuato con el 63%, donde los jueces tienen al menos un familiar en el trabajo.
La organización administrativa
Ríos encontró que existe una retroalimentación en la estructura de las instituciones que integran el poder judicial y su organización administrativa.
El nepotismo y la endogamia se vuelven entonces cíclicos en el Consejo de la Judicatura Federal, la SCJN o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre otros.
La importancia de este estudio radica en que permite advertir la situación para buscar una solución, pues no se trata de proponer un desmantelamiento, sino el fortalecimiento del Poder Judicial, así lo explicó Julio Ríos, cuyo estudio fue respaldado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
**Foto de portada: pjf.gob.mx
**Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Milenio, Mexico.com y Reforma

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Redes familiares se perpetúan en el Poder Judicial de la Federación: MCCI

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(apro).- En el Poder Judicial de la Federación (PJF), 51% de los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tiene al menos un familiar laborando, y en algunos casos la proporción es de hasta 80%, como es el caso de Jalisco.
Lo anterior se desprende del informe El déficit meritocrático, que denuncia que el nepotismo y las redes familiares provocan sesgos en las sentencias.
El documento fue presentado por Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reporte destaca que, tras 25 años de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se perpetúan redes familiares, abundan carreras judiciales incompletas y hay una falta de carreras administrativas.
De igual manera, resalta que a pesar de que los cargos de juez de distrito y magistrado de circuito son por concurso, hay “graves problemas” para una selección transparente.
La investigación encontró que entre 1995 y 2016, 87% de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían inscribirse personas ya dentro del PJF. Es decir, excluían a profesores, académicos y abogados litigantes.
De los más de 50 distintos puestos de trabajo que hay en el PJF, que engloba desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces de distrito y tribunales unitarios, sólo 11 participan en el procesamiento de casos y sentencias, y solo cinco de estos últimos son parte de la carrera judicial.
De esos cinco, sólo dos puestos (juez de magistrado y distrito) se obtienen por concurso de oposición y exámenes estrictos, en tanto que los otros tres se consiguen “esencialmente a discreción de jueces y magistrados”, apuntó la investigación, y halló que ello incentiva a la creación de redes familiares que en el 47% cubren plazas sin filtros meritocráticos.
De estos familiares contratados, el 68% son por consanguinidad –49% de ellos son padre/madre a hijo/hija–, mientras que el 32% restante son contrataciones por “afinidad”, y en su mayoría, el 65% de los casos, se da trabajo al cónyuge.
Por estados, los más “solidarios” con la familia, según el reporte, son Jalisco, con 77%; Nuevo León, 73%; Tlaxcala, 70%; San Luis Potosí, 65%, y Guanajuato, con 63%. Por otra parte, las entidades menos “solidarias” son Nayarit, con 3%; Tabasco, 16%; Colima, 20%; Oaxaca, 24%, y Guerrero, con 31%.
Sin embargo, faltan los datos del circuito judicial de Ciudad de México y de Toluca, por lo que “es probable que las cifras reales sean bastante mayores”, abundó Ríos Figueroa. Pero a pesar de las diferencias regionales, el 51% promedio es “muy alto” si se compara con otros países, subrayó.
En Estados Unidos, por ejemplo, una reciente encuesta externa reportó un 8% de familiares en el Departamento de Justicia. Y en España el 14% de los miembros del Tribunal de Cuentas tienen familiares en la institución, remarcó el investigador.
El cargo más común para familiares es de oficial administrativo, que requiere muy pocos requisitos. El nombramiento recae en el titular del juzgado y tiene un salario bajo, por lo que puede ser una “plataforma para ingresar fácil” y después subir de categorías, abundó.
Estos factores merman la credibilidad del sistema judicial en México, ya que según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 71% de los mexicanos cree que hay corrupción en la Justicia y, según un estudio de World Justice Project (WJP), el 68% cree que tener familiares es “decisivo” para hacer carrera en la Justicia mexicana.
(Con información de Zeta)

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Trabajadores miden desempeño mediante encuesta a dos consejeras judiciales de Yucatán

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Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán publicó la siguiente información:
Resultados de las encuestas realizadas sobre el desempeño de las consejeras Sara Luisa Castro Almeida y Silvia Carolina Estrada Gamboa.

SILVIA CAROLINA ESTRADA GAMBOA

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